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La lectura del auto judicial citado, produce un cierto rubor y desconcierto al constatar cómo algunas instituciones públicas se saltan a la torera y con pleno conocimiento sentencias firmes anteriores que certifican cómo sus decisiones han vulnerado el legítimo derecho de otras personas. Pero sobre todo, al menos lo que puedo sentir en mi entorno, es que autos judiciales tan contundentes como este que se comenta, generan un enorme desasosiego y un gran escándalo público ante la aparente impunidad con que los políticos toman y mantienen decisiones lesivas e injustas para terceros en el ejercicio de su poder, sin que la justicia ponga las cosas en su sitio, salvo en el papel, no en la vida cotidiana y sí para divertimento o estudio en las facultades de derecho. Basta leer el fundamento jurídico tercero, contra la decisión anterior de no aceptar la paralización cautelar de todo el proyecto ahora recurrida, “…el recurso de apelación se articula en varios apartados: a) ausencia de un interés general preferente toda vez que el único beneficiario de la ejecución es el promotor a quien ha sido adjudicado todo el aprovechamiento urbanístico del sector frente al que debe prevalecer el interés de los demás propietarios, que han sido preteridos en la tramitación urbanística, los cuales, cuando pusieron estos hechos en conocimiento de la Administración, no obtuvieron respuesta alguna, y, unido a lo anterior, ausencia de un interés general en la ejecución de un centro comercial a través de obras que no se ajustan a la legalidad…
