El propietario de la única casita que ha quedado en pie en El Puig, tras el derribo ordenado por Costas, no está dispuesto a tirar la toalla y ha presentado una demanda contra la resolución que le obliga a demoler su vivienda.
El titular señala que hace unos días recibió una notificación «en la que me aseguraban que me habían enviado hasta tres escritos pero eso es mentira porque yo en ningún momento he recibido nada hasta este aviso. Por ello, les acuso de falsedad en documento público porque esto no es así», explica Ramón Chulvi.
El propietario reclama a Costas que se abstengan «de tocar nada de la casa si no es a través de una orden judicial porque el único que puede estar autorizado a tirarla es un juez. Quieren hacer esto por las bravas pero no tienen razón, así que yo seguiré hasta el final», asevera el dueño del ultimo inmueble.
Mientras, los trabajos de retirada de escombros del resto de edificaciones demolidas continúan desde que comenzaran a mediados de la semana pasada. Según informaron ayer desde la Demarcación de Costas, el primer paso ha sido la retirada selectiva de los escombros calificados como «especiales» del resto, los «inertes» cuya recogida será mucho más rápida. Los cálculos de Costas hablan de dos semanas más de trabajo para poder despejar toda la zona.
Una vez concluida la retirada de escombros se procederá al «saneado y eliminación de todos los elementos enterrados que están desnaturalizando el terreno, tales como fosas sépticas, cimentaciones, pozos, etcétera, para conseguir una recuperación ambiental del territorio en ese tramo litoral», según puntualizaron desde Costas.
Fue el pasado día 7 de octubre cuando las máquinas acabaron con las 49 casitas de El Puig. La demolición fue gestionada por los propietarios con la ayuda del Ayuntamiento. Las edificaciones, afectadas por la Ley de Costas, quedaron arrasadas en pocas horas pero sólo una quedó en pie, ya que el propietario no autorizó la orden de derribo.
