LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

viernes, 29 de enero de 2010

Crimen en Lanzarote


Corría el año 1880. Gabino Medina trabajaba en las salinas de los Cerdeña. Gabino era un hombre emprendedor, y decidió establecerse por su cuenta. Gabino compraba la sal a los Cerdeña, la llevaba en camello al Berrugo y allí la ponía a la venta en unos almacenes. La cosa funcionó y años después Gabino y Ginés Díaz decidieron asociarse y montaron las salinas de Berrugo. Gabino ponía los terrenos que tenía en la zona y Ginés aportaba el capital para arrancar el negocio.

Haciendo honor a su nombre, la sal sirvió para ganar el salario a decenas de familias durante varias décadas. Gabino y su esposa pudieron sacar adelante a sus diez hijos. Entre ellos Santiago Medina, uno de los ecologistas decanos de Canarias. Cuando Santiago se crió en aquellas chozas de Berrugo (con 5 años cuidaba las cabras mientras sus hermanos echaban una mano en las salinas), nunca imaginó que algún día vendrían unos señores con 6500 kilos de goma 2 para destrozar la playa, los restos arqueológicos y un paraje natural. Esta noche Juan Francisco Rosa, imputado en el caso Unión, podrá celebrar en su bodega junto a los otros promotores del Puerto Rubicón su primera victoria judicial: la familia de Santiago Medina será desalojada de las casas que han habitado durante más de un siglo.

El presidente del grupo ecologista El Guincho, Santiago Medina, salió en las portadas de los periódicos madrileños hace 2 años. En su casa había puesto “Si luchamos podemos perder, si no luchamos estamos perdidos”. El slogan le gustó mucho al presidente del Real Madrid que lo puso en el vestuario. El Real Madrid gana copas mientras en Lanzarote las copas de los poderosos se llenan del vino de Juan Francisco Rosa, ese vino embriaga al sector más corrupto de la clase política, que se ha saltado las leyes necesarias para que Rosa haga sus negocios. Ahora la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Arrecife obliga a desahuciar a la familia Medina, que estaba pendientes de un recurso ante la Audiencia Provincial. Pero para los pobres la justicia no tiene plazos ni recursos. Eso sólo vale para los ricos o los diputados que disfrutan de la inmunidad parlamentaria y gozan de una justicia de clase Business.

¿Dónde está el presunto consejero de Medioambiente del gobierno canario ante semejante atropello? Domingo Berriel se reunió con los dueños de los hoteles declarados ilegales en Lanzarote. Había sentencias firmes de altos tribunales, pero el consejero se comprometió a buscar una salida y evitar su derribo. ¿Por qué Berriel no se reúne con la familia de Santiago Medina? ¿Qué dice el nuevo presidente del cabildo de Lanzarote? ¿Sólo hay que proteger los hoteles ilegales? ¿Sólo hay que abrir la boca para que no tumben las urbanizaciones que se hicieron después de la Ley de Costas, sin licencias legales?¿Sólo hay que proteger los intereses de Juan Francisco Rosa, que en junio de 2001 reconoció que había donado una propiedad suya a CC para que montara su sede en la capital conejera? En aquellos tiempos Juan Carlos Becerra era consejero de Turismo del Gobierno canario y líder de Coalición Canaria en Lanzarote.

Sería bueno que Domingo Berriel nos explique si la familia de Santiago Medina también forma parte de las especies endémicas que CC y el PP quieren descatalogar. Que nos cuente si el interés general de los negocios de un patrocinador de CC en Lanzarote debe primar sobre las modestas casas de una familia que lleva más de un siglo en Rubicón. Que hable Berriel, que hable el gobierno del cabildo conejero. Que nos cuenten a todos qué signica “gobernar para nuestra gente” en el caso del Berrugo. Hoy se va a cometer un crimen en Lanzarote. Las víctimas son la familia de don Gabino. Les ofrezco dos pistas importantes: los asesinos patrocinan campañas electorales, y los cómplices viajan en coches oficiales. ¡Que asco!

http://www.canariasahora.com/opinion/5353/

Costas aplaza los deslindes de Moncofa y Nules al 2011


El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha ampliado en 12 meses el plazo de resolución y notificación del expediente de deslinde de dos tramos de costa en la provincia de Castellón, que se hará ya en el 2011. En concreto, se trata de unos 1.160 metros del término municipal de Nules y otros 2.660 correspondientes a Moncofa, como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) hecho público ayer.

Este anuncio ratifica lo ya manifestado por la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar sobre el aplazamiento la señalización de la nueva línea divisoria del dominio público marítimo-terrestre, como respuesta a la demanda de los alcaldes de las localidades costeras de la provincia, que exigen, antes de cualquier actuación, un plan integral contra la regresión.

Nules y Moncofa, en concreto, tienen otra particularidad, puesto que el deslinde que se debe marcar afecta a viviendas situadas en la primera línea de la playa. Unas villas que quieren proteger con el objetivo de evitar los derribos previstos para el próximo 2018 --cuando terminan las concesiones de Costas--, declarándolas como bien de relevancia local.

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=528013

jueves, 28 de enero de 2010

Alcalde blinda poblado Calnegre al conseguir incoación expediente BIC


Jódar ha dicho hoy en Puntas de Calnegre ante los vecinos del poblado que las gestiones del consistorio han conllevado que se incoe el expediente para declarar BIC el conjunto de 49 casas que lo conforman, en las que viven 93 personas de forma permanente.

La consejería de Cultura incoó el expediente el pasado 15 de enero "y por ley desde ese momento el poblado está protegido", ha explicado el alcalde, que ha afirmado que "las casas no se pueden demoler ni por el Gobierno de España ni por nadie".

El alcalde ha calificado el inicio de este expediente como "un logro muy importante", producto de "una batalla emprendida por la alcaldía para conseguir lo que quieren los vecinos, que es permanecer en sus casas y que éstas no se derriben".

Jódar comunicó ayer el nuevo estado de la cuestión a los grupos municipales en la oposición, al delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, y a la jefa de la Demarcación de Costas en Murcia, Francisca Baraza.

A todos ellos ha solicitado que no luchen en contra del expediente BIC y que no lo recurran "porque eso supondría ir en contra de los intereses de los vecinos" que ven peligrar sus viviendas desde que en 1977 una orden ministerial aprobó el deslinde, que fue ratificado en 2004 y recurrido sin éxito por los vecinos y el ayuntamiento en varias instancias judiciales y ahora en el Supremo.

La noticia del inicio del expediente para declarar BIC y proteger el poblado se produce días después de que los servicios jurídicos del ayuntamiento consideraran que hay pocas posibilidades de que el Tribunal Supremo de la razón a los vecinos de Calnegre.

En el caso de que se produzca esa sentencia negativa, que se espera desde 2008, el Gobierno "podría mantener la línea de demarcación pero no podrá tirar las casas" ha puntualizado Jódar.

El alcalde ha recordado que el poblado de Calnegre tiene una antigüedad acreditada de unos 200 años, que cuenta con viviendas de tres tipologías arquitectónicas bien definidas y singulares, y que en su origen estuvo habitado por pescadores, agricultores y mineros.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=251812

El pleno del Ayuntamiento de Moncofa que se celebrará esta noche tiene previsto aprobar la solicitud planteada por la Asociación de Vecinos de la Playa de Moncofa para proteger las viviendas de primera línea de mar afectadas por la Ley de Costas. El objetivo es iniciar un expediente, tal y como hizo la localidad vecina de Almenara en su momento, para solicitar la declaración como Bien de Relevancia Local de estas casas.
Según explicó el concejal de Urbanismo, Enrique Navarro, «el acuerdo plenario dará la autorización para comenzar todo el proceso, así como la realización de las pertinentes tareas de documentación y expedientes administrativos sobre las viviendas». «Se trata de buscar la fórmula más adecuada para proteger las edificaciones, posiblemente a través de la declaración de las mismas como Bien de Relevancia Local», apuntó.
En este sentido, Navarro indicó que, «una vez esté terminado todo el proceso administrativo, el tema retornará al pleno para aprobar el expediente y remitir la solicitud a la Generalitat, que es quien tiene la última palabra». De esta manera, el Consistorio espera que, a través de la figura del Bien de Relevancia Local, el Consell declare protegidas las 91 viviendas afectadas en la playa del municipio, de las que 60 tienen concesión administrativa en vigor hasta 2018 en virtud de la Ley de Costas.
Cabe recordar que Almenara inició el pasado septiembre el proceso a petición de la Asociación de Afectados. En diciembre se remitió la documentación a la Generalitat, que todavía no se ha pronunciado al respecto.
Asimismo, otras localidades, como Nules, tiene previsto tomar medidas similares en un futuro próximo con el objetivo de proteger las edificaciones de primera línea de playa afectadas igualmente por la Ley de Costas.

http://www.lasprovincias.es/20100128/castellon/moncofa-imitara-almenara-acordara-20100128.html

miércoles, 27 de enero de 2010

La polémica sobre la propiedad pone en peligro el futuro de Portu Errota


El PSE defiende que es propiedad del Estado y que no permite su reparación
La Diputación ha recomendado al propietario del molino de Portu Errota, en Gautegiz Arteaga, que solicite la moratoria del expediente que va a declarar monumento la histórica edificación. De esta forma, según explicó ayer la diputada de Cultura, Josune Ariztondo, el Gobierno vasco declararía definitivamente el molino como bien protegido y el propietario podría iniciar las obras de reparación del edificio, que resultó dañado por los temporales del pasado año.

Josune Ariztondo compareció ayer en la Comisión de Cultura de las Juntas Generales, a petición del PP, para explicar la situación del molino, el único harinero de mareas de los seis que existieron en Urdaibai. Su apoderado, Arturo Aldecoa, advirtió de que cuando el propietario solicitó la licencia de obras al Ayuntamiento para reparar las cubiertas dañadas por los temporales, "la Demarcación de Costas comunicó al Consistorio que no puede dar el permiso ya que no reconoce los títulos de bienes adquiridos legalmente con anterioridad a la Ley de Costas de 1986".

La diputada de Cultura relató que el pasado 13 de enero se reunieron con el dueño del molino y le recomendaron solicitar una moratoria del expediente para lograr la declaración definitiva de monumento. Así, la Diputación establecería una nueva orden de ejecución a la propiedad y el Ayuntamiento otorgaría la licencia para la reforma, "ya que es un acto reglado independiente de los derechos de terceros". Ariztondo recordó que la Diputación dispone de subvenciones para la restauración de bienes de interés cultural propiedad de particulares, "al que la propiedad del molino podría acogerse". Por su parte, el apoderado socialista Francisco Valdelande advirtió de que "el ocupante no es el propietario del molino", sino la Administración del Estado, en virtud de la Ley de Costas, al estar dentro de un dominio público marítimo terrestre. Esta decisión fue recurrida por el propietario y actualmente está pendiente de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. A este respecto, la diputada consideró que si la propiedad es del Estado, "mayor razón para que los arreglos se resuelven antes de que se caiga". Asimismo, pidió a las tres partes involucradas -propietario, Costas y Gobierno vasco-, "que agilicen los procesos".

http://www.deia.com/2010/01/26/bizkaia/la-polemica-sobre-la-propiedad-pone-en-peligro-el-futuro-de-portu-errota

¿PUEDE ÁLGUIEN EXPLICAR COMO UN "OKUPA" PUEDE OCUPAR SU PROPIA CASA?

Definición de la Real Academia Española de la Lengua del término ocupar.

1. tr. Tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él.

Jon Iturribarria (Propietario del molino de Portu Errota)

Como directo afectado de la Ley de Costas creo que el título del artículo, «Sería una aberración perder la propiedad y no ser indemnizados» no recoge claramente lo que realmente está pasando con la nefasta aplicación de esta Ley. Si, desde luego, sería una aberración que el Estado confisque propiedades a sus legítimos propietarios, esto es perder la propiedad y no ser indemnizados, pero este efecto, si bien es muy grave, se titula como si fuera el origen del problema en condicional. No describe cual es la causa, que permite a Costas, en definitiva al Estado, a vulnerar los principios básicos del derecho de toda sociedad moderna. La principal causa de todos los problemas generados por la Ley de Costas es la aplicación retroactiva de la Ley.

La Constitución Española, de obligado cumplimiento, también para el Estado, prohíbe expresamente en el artículo 9 la retroactividad de las leyes. ¿Cómo es posible que una propiedad legal y registrada antes de la entrada en vigor de Ley de Costas de 1988 no reconozca los derechos de propiedad anteriores?.

Este es el origen de los problemas de la aplicación de la Ley de Costas, en Nueva Berria o en mi propiedad, el molino Portu Errota que habiéndose construido en 1683 el estado me lo confisca aplicando en este caso una retroactividad de 5 SIGLOS.

El segundo gran problema es la arbitraria aplicación que Costas hace de la Ley, adicionalmente a la aplicación retroactiva, que es la evidente, demostrada, y denunciable arbitrariedad de costas en la definición y establecimiento de la línea de deslinde. La arbitrariedad de la Ley también está expresamente prohibida por la Constitución Española, artículos 9 y 14. El estado únicamente con estas dos vulneraciones a nuestros principios básicos de la sociedad ya está cometiendo una ABERRACION hoy, en presente, y no en condicional y/o futuro, además de una serie de ilegalidades. Si esto lo hacen con la Ley de Costas y la Constitución, ¿Cómo no van a crear otras aberraciones como la CONFISCACION de propiedades y derecho a vivienda también vulnerando sistemáticamente lo artículos 33 y 47 de la Constitución. Desgraciadamente el número de artículos de la Constitución que se saltan es mayor y podríamos empezar también a enumerar la cantidad de artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea claramente vulnerados por el estado.

Volviendo al título del artículo, y problema de fondo que tenemos los afectados de la Ley de Costas, la aberración ya se está produciendo, y, especialmente con todos los legítimos propietarios de bienes registrados anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costas. Bastaría que el Estado dejase de vulnerar los artículos 9 y 14 de la Constitución, esto es irretroactividad de las leyes e igualdad ante la Ley, no a la aplicación arbitraria, para que desaparecieran la mayor parte de problemas y denuncias que se están tratando actualmente en los diferentes estamentos administrativos, legales y judiciales tanto en España como en la Comunidad Europea y desaparezca a su vez esta inseguridad jurídica a la que estamos sometidos los afectados por la Ley de Costas.

Afectado significa que nos está minando la vida, anímicamente, el no poder mantener tu propiedad, la inseguridad jurídica y el cabreo de saber que para quitarte tu propiedad el Estado está incumpliendo sus propias leyes, además de unos costes económicos derivados de todos los procesos administrativos y judiciales que tenemos que abordar.

Si, el titular del artículo únicamente hacía referencia a que se nos quitaba la propiedad sin pagarnos, pero no es únicamente el dinero lo que vamos a perder, sino lo que nos estamos dejando en esta lucha desigual con la administración, que es nuestra vida. ¿Es justicia que ante una clara vulneración de derechos tengamos que estar luchando durante 15 o 20 años? ¿Sabe la administración el daño personal que hace con ello a los afectados?. Como afectado afirmo que si, y juega con ello, minando nuestra calidad de vida y nuestra economía con el objetivo final de que abandonemos nuestra lucha. Gracias al Diario Montañés por la publicación de este y otros artículos referentes al tema, ya que ante tanto abuso la mayor parte de medios de comunicación están jugando el triste papel de ocultación de la conculcación de los derechos básicos de nuestra sociedad.

martes, 26 de enero de 2010

El juez imputa a Bartomeu Vicens por unas recalificaciones del caso Andratx

El juez Francisco Pérez ha citado, en calidad de imputado y para el próximo 16 de febrero, a Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio en el anterior Consell de Mallorca por Unió Mallorquina (UM), para que explique por qué unos solares del ex jefe de Costas fueron calificados de urbanos, cuando fincas en idénticas circunstancias fueron protegidas. Vicens declarará en una de las piezas separadas del caso Andratx, donde, entre otros delitos, se investiga si hubo tráfico de influencias. Los terrenos pertenecían a Antonio Garau Mulet, jefe de la Demarcación de Costas de Balears durante muchos años.
El pasado 3 de noviembre ya declararon en esta misma pieza separada Jaume Massot, ex jefe del área municipal de Urbanismo de Andratx y director general de Ordenación del Territorio del anterior Govern del PP, y Antonio Garau Obrador, hijo del ex jefe de Costas.
La fiscalía anticorrupción sostiene que en relación a estas fincas pudo haber tráfico de influencias y prevaricación, puesto que otras muchas propiedades en idénticas circunstancias fueron protegidas por el Consell de Mallorca.
Vicens, defendido por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, presidió entre 2003 y 2007 la Comisión Insular de Urbanismo, un organismo que tuvo frecuentes roces con el consistorio de Andratx, gobernado por Eugenio Hidalgo (del PP). Las diferencias entre ambas administraciones se centraron especialmente en las licencias y expedientes de urbanización que el Ayuntamiento concedía sobre numerosas fincas que el Consell mantenía eran espacios protegidos por su riqueza medioambiental o paisajística.
Jaume Massot fue interrogado acerca de un certificado que emitió en 1999 respecto a la condición de urbanas de aquellas parcelas. Massot, que entonces era el jefe municipal de Urbanismo de Andratx y que se halla en prisión cumpliendo dos condenas por el caso Andratx desde finales del año pasado, explicó que consideraba que todos los terrenos en idéntica situación eran urbanos.
La controversia versaba sobre los llamados "falsos urbanos", parcelas que, según Massot y otros expertos, eran urbanas dado que antes de la entrada en vigor de la Ley de Espacios Naturales contaban con los servicios básicos como aceras, suministro de agua, etc.
El Supremo, en su sentencia relacionada con el restaurante ilegal que Carlos Hidalgo, hermano de Eugenio Hidalgo, construyó sobre una parcela protegida como ANEI desmontó la teoría de los "falsos urbanos". La clasificación de los terrenos de la familia Garau fue tratada en la Comisión Insular de Urbanismo, donde las Normas Subsidiarias de Andratx fueron frenadas por sus excesos urbanísticos.
Vicens ya está condenado a 4.5 años de cárcel por una pieza separada del caso Son Oms, el pago con fondos públicos del Consell de una gratificación de 11.000 euros a su ex contable y ha abonado tres fianzas para seguir en libertad en otros procedimientos.
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/01/26/juez-imputa-bartomeu-vicens-recalificaciones-caso-andratx/540322.html

viernes, 22 de enero de 2010

Priors Demolition in Vera

A ESTOS DRAMAS SE REFERÍA LA EURODIPUTADA MARTA ANDREASEN.

EN ESPAÑA NO HACEN FALTA TERREMOTOS PARA DESTRUIR VIVIENDAS, TENEMOS AL GOBIERNO, AUTONOMÍAS Y AYUNTAMIENTOS, QUE ES LO MISMO.

miércoles, 20 de enero de 2010

Spanish PM warned over land grab

Euro-MPs have demanded the immediate repeal of notorious Spanish land laws that continue to wreck the holiday-home dreams of Britons in the Valencia region.

Spanish Prime Minister Jose Luis Zapatero, visiting the European Parliament in Strasbourg, was warned he could face a campaign to stop EU subsidies to Spain unless he intervenes to stop the confiscation of expatriate properties.

Thousands of holiday villas in Spain have even been demolished without compensation for their owners. In some cases, the authorities have charged the property owners for the installation of local services, even after they have lost their property.

About 15,000 mostly British, Belgian, German and French property owners lodged a formal petition with MEPs four years ago in desperation over a 1994 Valencia land and town planning law which triggered 20,000 compulsory purchases of land or property for "urban" development.

The law's aim was to ensure community development plans were not blocked by individual land-owners, but a loophole meant unscrupulous developers could reclassify rural land as urban without the owners' permission - effectively giving themselves compulsory purchase rights on foreign-owned homes at a fraction of the market value.

The European Court of Justice has already ruled the "land-grab" law illegal, but the European Commission says a replacement law - the Ley Urbanistica Valenciana - still breaches EU public procurement regulations and therefore fails to protect citizens' rights.

An inquiry by the European Parliament's Petitions Committee resulted in a report slamming Spanish planning loopholes which leave homeowners defenceless against developers seizing part or all of their property.

But the abuses are still going, and UKIP MEP for the South East Region, Marta Andreasen, seized on his visit to name four constituents she said faced financial ruin as a result of the property rules: Mr and Mrs Prior, and Ms Snook of Berkshire, and Mr Lohmann of Buckingham.

The Priors' Spanish home has been demolished, and Ms Snook and Mr Lohmann cannot live in their properties because of a lack of basic services and infrastructure.

She told Mr Zapatero, holding the EU Presidency for the next six months: "We want a solution now. We want the people to be able to live in the houses they bought. If this is not possible, they need to be granted fair compensation."
http://www.google.com/hostednews/ukpress/article/ALeqM5jNFSnMPBJXAfBUkQoyhkcJ5Op9NQ

Eurodiputadas británicas reprochan a Zapatero que sus compatriotas pierdan sus viviendas en Canarias


José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, escuchó este miércoles en Estrasburgo (Francia) los reproches de tres eurodiputadas del Reino Unido porque, según relataron, sus compatriotas británicos “han visto cómo demolían sus casas” o, como ocurre con un ciudadano inglés residente en Lanzarote, “no pueden vivir en ellas”.

Marta Andreasen, del Grupo de la Europa de la Libertad y la Democracia (EDF), relató a Rodríguez Zapatero la situación en la que vive “el señor Lohmann en Lanzarote, quien no puede vivir en la casa que se ha comprado porque no cuenta ni con los servicios, ni con las infraestructuras apropiadas”. Lo mismo le ocurre a la “señora Snook en Alicante”, aseguró.

La eurodiputada, procedente del sudeste de Inglaterra, también contó al presidente español las experiencias sufridas por otros ciudadanos ingleses residentes en España, “quienes vieron cómo demolían sus casas porque las autoridades (españolas) decían que su construcción violaba la Ley de Costas”.

Además, le trasladó las quejas de “otros ciudadanos europeos”, que “han estado sufriendo los abusos urbanísticos en la costa mediterránea y en otras partes de España desde hace mucho tiempo”.

“Este Parlamento ha aprobado tres informes que instan a las autoridades españolas a que tomen medidas”, pero “no se ha llevado a cabo ninguna acción específica para defender a la gente afectada”, recriminó.

Futuro del turismo

Andreasen aseguró sentirse “preocupada por el futuro del negocio del turismo español, ahora que la prensa está contando la mala suerte que han tenido estas personas”, indicó.

Luego, en medio de su intervención, la europarlamentaria pasó del inglés al español, “que también es mi lengua materna”, (es de origen argentino), para explicar a Zapatero en su idioma que “los afectados no son personas de gran fortuna, son simplemente ciudadanos que con el fruto de su trabajo compraron una casa en este país de clima benigno y buena gente para vivir después de su jubilación”.

En este sentido, añadió que “esta gente se ve injustamente abocada a pagar honorarios de abogados y otros expertos para defender el caso por vía judicial, todo ello sin grandes perspectivas de éxito”.

Solución urgente

Por último, informó al presidente de que “queremos una solución ahora. Queremos que la gente pueda vivir en las casas que compraron”. “Si esto no es posible”, sostuvo, “es necesario que les concedan una compensación justa que les permita comprar una propiedad similar”, demandó.

Y advirtió: “Este Parlamento se ha limitado a las amenazas, con el bloqueo del pago de subvenciones a España, pero puedo asegurarle que si esta situación no se resuelve durante la Presidencia española, haré todo lo que pueda para pasar de las amenazas a la acción”, remató.

Las otras dos eurodiputadas británicas que abordaron este asunto durante su intervención en la Eurocámara, y apoyaron las palabras de Adreasen, fueron Glenis Willmott (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) y Diana Wallis (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa).

Rodríguez Zapatero escuchó estas críticas tras presentar a los eurodiputados las prioridades de la Presidencia española de la Unión Europea (UE), en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo (Francia). Luego participó en un debate europarlamentario, en el cual intervinieron las eurodiputadas británicas
http://www.lavozdelanzarote.com/article35415.html

martes, 19 de enero de 2010

"Auken Report", which recommended EU sanctions against Spain if it did not act on illegal building and urban abuse


Margarite Auken, Danish MEP for the Green party and author of the controversial "Auken Report", which recommended EU sanctions against Spain if it did not act on illegal building and urban abuse, demanded yesterday in open parliamentary session that the EU ask for an official report from Madrid on how it will protected property rights for people who have purchased illegal homes.
The question, directed to the President of the European Parliament Jerzy Buzek, coincided with the appearance in front of the EU Parliament of Spanish President Zapatero, who was in Brussels to explain the six month Spanish programme for the EU. Spain took over the rotating presidency of the EU on the 1st of January 2010.

During her question, Ms Auken referred to the "worrying facts" revealed by her report. The Auken Report was approved by the EU in March 2009. "Spain has permitted a culture of endemic corruption to build up around construction" she said.It revealed to the EU the wide range of issues in Spain that has permitted the construction of hundreds of thousands of homes without any permits whatsoever.President Buzek did not reply immediately to the question, but is expected to give a response in the next few days."Many Spanish citizens feel that they must quietly accept fraud and corruption from building companies who can expel them from their homes without any compensation" said Ms Auken.Ms Auken pointed out that the Spanish government has so far refused to give an official reply to the Auken report and so she believes the time has come for the EU to officially demand a reply to the report.The report recommends EU sanctions against Spain if it does not act to tackle urban abuse and property instability in the region.

Spanish MEP speaks out

Willie Meyers, the Izquierda Unida MEP for Andalucia, also used the opportunity to attack the Spanish government for urban abuse.

The Reader recently had an exclusive interview with Mr Meyers when he visited Almeria during a fact finding mission on urban abuse in the province (An interview with MEP Willie Meyers ) where he explained his horror at what he had discovered.Mr Meyers's office has sent an official request to a number of Spanish departments within the Junta de Andalucia and the Spanish government to ask what, if any, notice they have taken of the Auken report.Mr Meyers has also bought the specific example of the Almanzora Valley to the attention of interested parliamentary groups within the EU.Meyer's office released a statement saying "he condemned the many examples of urban abuse produced by rampant and uncontrolled development over the last few years" and saying that innocent home owners must be protected at all costs.
British MEP writes to President Zapatero
Meanwhile, Michael Cashman MEP, has written an open letter to Prime Minister Zapatero. Mr Cashman was one of the MEPs who asked for a European Parliamentary resolution to get Spain to put its house in order given the enormous number of petitions and complaints about building, environmental and urban abuses it had received. According to Mr Cashman there have been over 15,000 petitions as well as a daily flood of letters on this matter.

La eurodiputada Margrete Auken pide que España dé explicaciones sobre el informe del PE que denuncia abusos urbanísticos


La eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken instó hoy al presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, a exigir al Gobierno español una reacción al informe de la Eurocámara que denuncia abusos urbanísticos en España y las "gravísimas" consecuencias de un modelo de desarrollo "insostenile".

Esta petición, que no obtuvo respuesta de Buzek, coincide con la comparecencia que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, protagonizará este miércoles ante el pleno de la Eurocámara, reunido en Estrasburgo, para explicar el programa de la presidencia española de la UE este semestre.

En su intervención durante la apertura del pleno que se celebra en Estrasburgo (Francia), Auken hizo referencia a la "preocupación" que generó su informe, aprobado en marzo de 2009, por la "violación" de las leyes urbanísticas en España.

"Muchos ciudadanos españoles tienen la sensación de que han de aceptar fraudes y corrupción por parte de sociedades inmobiliarias que pueden expulsarles de sus domicilios sin que reciban ningún tipo de compensación", criticó.

La eurodiputada de Los Verdes se quejó de que "el Gobierno español no ha respondido hasta ahora" a las críticas recogidas en dicho informe y consideró necesario que Buzek pida a España que explique "su posición" en relación al citado texto.

El informe de Auken recogía también la amenaza de congelar las ayudas regionales a España si no se resuelven los abusos urbanísticos.

http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-eurodiputada-pide-espana-explicaciones-informe-pe-denuncia-abusos-urbanisticos-20100118193237.html

sábado, 16 de enero de 2010

Open letter from Michael Cashman MEP to Prime Minister Zapatero


Dear Prime Minister Zapatero,

Recent events have compelled me to write to you again to raise the issue of widespread urban abuse in Spain , particularly in the Valencia , Murcia and Andalucía autonomous communities. Tens of thousands of people from all EU Member States have now been affected by irregularities in regional land law. At the last count the European Parliament's Petitions Committee has handled over 15,000 petitions and letters flood into my office on a daily basis. Several fact-finding missions have taken place, in which we have spoken to people on the ground and gathered evidence which has formed the basis of Parliamentary Reports. Inaction can no longer be excused.


Sadly, the new year has begun in the worst possible way for one community in Andalucía where eight properties in the village of Albox have been served with demolition notices. In 2002 Albox Town Hall granted building licenses for all of the properties in question. However late in the same year The Junta de Andalusia reversed this decision and after lengthy court proceedings succeeded in having the building licenses nullified. The homes many bought in good faith and in conformity with the regional property law, with the hope of enjoying a new life or peaceful retirement, now face imminent demolition.


Ultimately it is the Spanish Government alone who can bring an end to these abuses. In this way the Spanish Presidency of the European Council represents an opportunity to decisively tackle these long-standing problems once and for all, especially in the autonomous communities of Valencia , Andalusia and Murcia . I urge you to intervene and ask the regional governments to resolve this so the people who acted in conformity with legal practice and the law are not left as the victims.


Yours Sincerely,


MICHAEL CASHMAN MEP

http://www.almanzora-au.org/

El fracaso de una ley (Joan Olmos)

No es de extrañar que la presión urbanística de los últimos años sobre el litoral haya alcanzado intensamente a la franja de dominio público costero. Un concepto este último, bastante difuminado y sobre el que pesan, desde que el mar se convirtió en recurso de ocio, presiones de todo tipo.
La Ley de Costas de 1988, que inició su trámite con fuerte oposición y amplia polémica, es ahora cuestionada de nuevo por motivos análogos a los de entonces.

No creo que resulte muy arriesgado afirmar que la ley ha resultado, en su aplicación y gestión, un fracaso. Para empezar, los sucesivos gobiernos han sido superados por la dificultad de aplicar una norma que afecta a competencias de 10 comunidades autónomas, 25 provincias y casi 500 municipios. Una norma compleja que incluía objetivos no solo sancionadores, sino también de planificación y gestión, que si bien ponía el acento en la defensa del dominio público, prestaba escaso cuidado a las cuestiones medioambientales

En el plano urbanístico, la ley era -y sigue siendo- un elemento fraccionador del orden jurídico-administrativo, al establecer un territorio -la quinta provincia catalana gobernada desde Madrid, como lo calificó entonces el diputado Miquel Roca en el debate del Congreso- con unas particularidades difíciles de conjugar con la legislación del suelo, ya de por sí excesivamente compleja y cambiante.

Por si fuera poco, el ámbito de su aplicación, el dominio público litoral, estaba -y todavía lo está en algunos puntos- por delimitar, ya que la modorra administrativa y los conflictos jurídicos han impedido completar el preceptivo deslinde. Una delimitación que ponía el énfasis en la zona de tierra, olvidando que también la ley trataba de proteger el mar litoral.

La crítica de aquel momento al "excesivo afán proteccionista" de dicho dominio público, vistas las consecuencias de su aplicación, resulta hoy un sarcasmo, basta comprobar los desmanes que han salpicado nuestras costas. En este sentido, paradójicamente, una aplicación sesgada de la ley ha generado, por un lado, una absurda inseguridad jurídica sobre realizaciones que eran legales con anterioridad a 1988 (a causa, la mayor parte de las veces, de cambios en el deslinde ocasionados por obras promovidas o consentidas por la Administración) mientras ha consentido actuaciones posteriores claramente contrarias a la norma.

La protección se ha centrado, por otra parte, en garantizar el uso lúdico del litoral: construcción de paseos marítimos, no siempre acertados, y una pléyade de costosísimas obras de regeneración de playas que, en algunos casos, una y otra vez han sido arruinadas por los temporales. Otras atenciones y cuidados que requería el litoral han quedado inéditos.

Mientras tanto, el urbanismo depredador, desde el lado "privado" del litoral fue saltándose a la torera la ley, sus limitaciones, sus zonas de afección, creando, ante la confusión competencial y a río revuelto, barreras de hormigón y ladrillo, alterando el régimen de brisas y en definitiva el paisaje costero. En cuanto a los usos que la ley permitía para la zona de dominio público, se ha creado la sensación de que todo era posible en esa preciosa franja de territorio de todos.

La reciente crisis de los chiringuitos es una buena prueba de esto último. La permisividad de las administraciones y la impunidad con la que se ha actuado, han favorecido la proliferación de prácticas abusivas. Las presiones de los empresarios para mantener situaciones irregulares nos han deparado el lamentable espectáculo de unas administraciones locales incitando lisa y llanamente a incumplir la ley, utilizando el populismo y la demagogia hasta niveles insoportables. No es, por desgracia, el primer intento de desobediencia o boicot que nuestra Administración autonómica viene practicando en los últimos años contra leyes del Gobierno del Estado. Para completar el espectáculo, cabe lamentar la posición del líder de la oposición socialista valenciana sumándose al coro y pidiendo una reforma de la ley para consolidar los "excesos". No he podido evitar, al leer la noticia en este diario, mirar la página contigua (sálvense todas las distancias), donde se daba cuenta de la propuesta del Consell para desproteger El Cabanyal. No son los únicos casos en que aparece una regresión muy preocupante respecto de las leyes que en los años ochenta impulsaron la protección de nuestro patrimonio natural y arquitectónico. Véase, por citar una muestra, lo ocurrido en un valioso tramo virgen de la costa de Murcia, donde el Gobierno regional desprotegió 11.000 hectáreas de terreno en 2001 para permitir una urbanización. Y en cuyo caso, por cierto, el perezoso Tribunal Constitucional lleva ocho años sin resolver el conflicto planteado.

Probablemente la ley necesita una reforma a fondo, para simplificar su gestión, resolver de manera razonable el conflicto de competencias, acentuar su carácter proteccionista, ampliando ambientalmente los objetivos y también, cómo no, para garantizar un uso público democrático de la franja costera.

Los ciudadanos necesitamos acercarnos al mar con la seguridad de que unos servicios públicos en condiciones van a garantizar nuestro ocio, el disfrute o simplemente el paseo. Eso afecta no solo a los establecimientos hoteleros, tan respetables como los de tierra adentro, pero que han de entender que ocupan un suelo público de alto valor; también atañe a los servicios de seguridad, de transporte colectivo, de higiene o de simple capacidad para acoger otras actividades no mercantiles, tan escasas en nuestras costas, como por ejemplo, entre otras, la de favorecer instalaciones para muchas familias que no se pueden permitir acudir a los restaurantes. Todo ello, insisto, reforzando el carácter público, protegiendo los valores ambientales y paisajísticos, y admitiendo, por tanto, en algunos casos, restricciones al uso humano.

Al releer lo que escribí en este mismo diario hace 20 años, analizando las dificultades que presumía para la aplicación de la nueva ley por su complejidad (17-12-1988) compruebo que el mensaje que se difundió por aquellas fechas desde determinados sectores (que la nueva norma no respetaba los derechos adquiridos, y que iba a suponer un obstáculo al crecimiento del turismo costero), acabó calando en las sucesivas administraciones, y al mismo tiempo constato que mis temores de entonces, sobre el futuro de nuestras costas, lamentablemente, estaban fundados.

Joan Olmos es ingeniero de caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia.

miércoles, 13 de enero de 2010

Peralta: La moratoria otorgada prueba la flexibilidad con que actúa Gobierno

Preguntado por los medios de comunicación, Peralta ha destacado la decisión del Gobierno de conceder esta licencia a los dueños de los locales "cuando todavía no está resuelta la autorización -sobre las dimensiones de las terrazas- que éstos han solicitado" para el año 2010.

"El Gobierno les ha dicho que pueden continuar utilizando la autorización que se les dio para 2009. Ésta es la realidad por la que las terrazas están funcionando a día de hoy con normalidad en la Comunitat", ha aseverado.

A su juicio, la "estrategia política" de "usar la Ley de Costas contra el Gobierno de España" sólo sirve para perjudicar los intereses de los empresarios de hostelería afectados y crear confusión entre los ciudadanos, "para que no conozcan la situación de estos negocios".

"Es pura estrategia partidista, absolutamente negativa, en la que no voy a participar", ha criticado el delegado al tiempo que se ha mostrado "siempre dispuesto" a encontrar una solución al problema, "pero siempre en el marco de la ley".

Por otro lado, ha recordado que las competencias del departamento que dirige se circunscriben a la aplicación de la ley "y no a modificarla", materia que, según ha dicho, corresponde a las fuerzas políticas.

"Yo estaré encantado de escuchar las propuestas que se hagan en ese sentido, pero lo que compete a la Delegación del Gobierno es la aplicación de la ley", ha indicado, y agregado que de momento no se ha fijado ninguna nueva reunión con los empresarios afectados.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=232537

SR. PERALTA:
La frase correcta es a nuestro juicio que la "ESTRATEGIA POLITICA" de " USAR LA LEY DE COSTAS CONTRA LOS CIUDADANOS DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO" hace que se perjudique la credibilidad del Gobierno y la imágen de España como destino de inversión.
Todos somos conocedores de las nefastas consecuencias de la aplicación arbitraria, retroactiva e injusta que el Ministerio está llevando a cabo con la Ley de Costas, dejando en completa indefensión e inseguridad jurídica a cientos de miles de familias. La conocemos perfectamente porque lo estamos padeciéndo.
Es el Gobierno Español es que no conoce la situación que está generando y, tampoco tiene interés en conocerla.
¿Por qué se niega nuestro Gobierno a modificar la Ley de Costas cuando ha modificado todas las leyes, algunas incluso con una fuerte contestación social? ¿Por qué la Ley de Costas no puede ser modificada a pesar de los graves perjuicios que está ocasionando a una parte muy importante y numerosa de la sociedad?...
¿A qué viene esa cerrazón de llevar a la destrucción a miles de propiedades? ¿Qué gana el Gobierno con ello?....

martes, 12 de enero de 2010

La Fiscalía abre una investigación por la situación del litoral norte de Benicarló

La Fiscalía ha abierto una investigación contra el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos de las partidas Surrach, Riu y Aiguaoliva de Benicarló por la "grave regresión marina" que, a su juicio, afecta al litoral norte de ese término municipal. Según ha informado hoy el presidente de la asociación vecinal, Manuel Roca, el Fiscal Jefe de Castellón, Javier Carceller, comunicó la pasada semana a los interesados que, "desprendiéndose la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente", acordaba "continuar las diligencias de investigación penal" abiertas en ese sentido. El portavoz de esta entidad, formada por propietarios de terrenos o edificaciones situadas en esta zona del litoral, ha considerado la decisión judicial de "un triunfo" de los afectados respecto a una reivindicación realizada "desde hace años sin que hasta la fecha se les haya atendido, a pesar de las múltiples peticiones efectuadas". Roca ha afirmado que el Ministerio, a través de la Dirección General de Costas, está cometiendo con Benicarló un "agravio comparativo" respecto a "otras zonas" en las que, según ha dicho, está invirtiendo "cantidades millonarias en cuestiones estéticas". En ese sentido, ha citado el paseo marítimo de Vinaròs como "zona donde se está invirtiendo", mientras que en el caso de Benicarló, "donde se está produciendo una degradación continuada que puede poner en peligro casas e incluso personas, no se realiza ninguna inversión". Además de la denuncia presentada en noviembre, que ahora deriva en la apertura de la investigación, la asociación vecinal ha anunciado además para hoy el levantamiento de acta por parte de un notario y un fotógrafo de "los nuevos desperfectos" que en el citado litoral han causado los últimos temporales.

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=522766

PSOE pide reunión de Ayuntamiento y vecinos sobre situación poblado Calnegre


Los afectados se mantienen a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso interpuesto por sus abogados contra la orden ministerial que exige la demolición de unas 50 viviendas por invadir el dominio público marítimo terrestre.

El secretario general del PSOE, Diego Ferra, ha solicitado la reunión después de que el alcalde, Francisco Jódar, "lleve durmiendo un año en los laureles" en relación con este problema, y ha criticado que "no haya dado los pasos necesarios para la reubicación de las viviendas".

Además Ferra ha hecho público un documento fechado el 29 de septiembre de 2009, en el que el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino se ofrece "de manera expresa a colaborar con el ayuntamiento ofreciendo su apoyo mediante la aportación de recursos procedentes de sus programas de actuación para la sostenibilidad de la costa".

El dirigente socialista ha afirmado que el ministerio considera el plan urbano de Lorca como "el instrumento adecuado para resolver la situación actual" y ha añadido que "ofrece una excelente oportunidad" de solución "a través de la gestión urbanística".

Ferra ha insistido en la "voluntad" del ministerio "para resolver el problema" de los vecinos del poblado y ha denunciado la "ineficacia" del alcalde para reubicar las viviendas que tendrán que ser demolidas de acuerdo con el deslinde.

El poblado de Puntas de Calnegre, surgido hace 200 años de un antiguo núcleo pesquero, tiene 45 viviendas que se encuentran a pocos metros de la costa y que ocupan áreas públicas de protección según la Ley de Costas, lo que obligaría a la expropiación y derribo de las casas.

El origen del litigio se remonta a un deslinde aprobado por orden ministerial en 1977, ratificado en 2004 y recurrido por los vecinos en varias instancias y ahora en el Supremo.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=230667

¡¡Y LUEGO DICEN QUE LA LEY NO SE APLICA CON RETROACTIVIDAD!! EL PUEBLO TIENE 200 AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y LA LEY 21. ¿CÓMO SE LLAMA A ESTO?

El jefe provincial de Costas y los vecinos examinan hoy el futuro de los núcleos marinenses del litoral

El jefe provincial de Costas, Cristóbal Fernández, los portavoces de las plataformas del litoral de Marín y representantes municipales se reúnen hoy para examinar el estado del proceso de reconocimiento de los núcleos marítimos de este municipio. Esta reunión la solicitaron los vecinos en octubre del año pasado y fue confirmada por una carta personal de la ministra pocos días después. Ahora la reunión servirá para que Fernández les explique los trabajos del deslinde aprobado por el Congreso en su día. Los afectados también quieren saber en qué condiciones informará Costas al PXOM de Marín, donde se incluyen los núcleos con una franja de afección menor a los cien metros actuales.

Por su parte, el portavoz de las plataformas, Enrique Méndez, explicó que el nuevo plan de litoral, que está elaborando la Xunta, puede ser una solución más rápida. Méndez indicó que esperaba que este plan prevea una franja reducida en los núcleos de Marín, reconociendo su categoría tradicional y calificándolos como suelo urbano.

Recalcó que sobre estos dos reconocimientos se habían puesto de acuerdo los tres partidos representados en la Cámara gallega. Indicó que si finalmente la Xunta optase por esta vía, sería necesario que Costas no impugnase esta solución. Méndez precisó: «Creemos que la norma se puede ajustar a derecho y dentro de las competencias propias de la autonomía gallega». También matizó que «sería una solución al problema que evitaría que otras comunidades pudiesen utilizarla para resolver problemas diferentes que en ocasiones se confunden».

En todo caso, en la reunión de esta mañana los vecinos pedirán un cronograma sobre la tramitación del deslinde y de la solución de su problema. «Estamos preocupados por los plazos debido a la lentitud de estos procesos y el tiempo de espera para la resolución definitiva», concluyó.

http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2010/01/12/0003_8220718.htm

lunes, 11 de enero de 2010

Spain's property shame

Imagine the scene. You’re putting the finishing touches to the Christmas tree when there’s a knock at the door and a Spanish police officer cheerfully hands you an envelope. But it isn’t a Christmas card, rather a demolition order for your beloved Spanish retirement home.

That’s what happened on December 22 to John and Muriel Burns, a retired couple living in Albox, a rural town in Almeria in south-east Spain. Two years earlier another retired couple, Len and Helen Prior, were the first British expats to witness their Spanish home demolished without warning and without having been invited to be part of the legal processes. The Spanish supreme court in Madrid has now ruled in their favour but they are yet to receive any compensation.

It’s easy to dismiss such stories with a cynical grunt and a cliché about expats just not doing their homework but in this case it’s simply not true. In the same area, another seven British families were served with similar demolition notices for properties bought in all good faith but which are now deemed by the Andalucía regional government to be illegal. How can this happen?

Let’s look at the facts. It is estimated that British expats own more than 600,000 properties in Spain, the highest number situated in Andalucía and in the Valencia region. During the Spanish property boom back in the nineties, thousands of Brits jumped at the chance to buy new dream homes in the coastal and rural areas.

Property agents would bend over themselves to offer them an all round service coordinating between developer, local lawyer and council planning official to secure the deal. In the case of the hapless eight in Almeria, their illegal new builds on rural protected land had been approved by the local Albox council which had even issued the appropriate building licences. The Andalucía regional government then revoked the licences as illegal and ordered the properties to be demolished.

This is just the tip of the iceberg and it does not just affect British expats. Thousands of illegal homes have been built in the last twenty years, 15,000 for example in Chiclana, Andalucía, many of which are owned by Spanish residents.

It seems that British expats are in a lose, lose situation when buying property in Spain. If they purchase on the coast they are likely to find themselves in hot water with the arbitrary ley de costas, the retrospective coastal law inaugurated in 1988, and if they buy new properties in rural zones, they might find themselves caught up in a property scam such as that which has occurred in Albox in Almeria.

Historically buying property in Spain has never been straightforward. Some British buyers are still licking their wounds after the collapse of the Spanish construction industry when thousands lost early stage payments with companies such as Martinsa-Fadesa which went into administration leaving British investors’ dreams in tatters.

Others found their legitimate rural properties being requisitioned in what was known as “land grabs”, when they were suddenly re-classified as urban zones and handed over to big developers.

While the Spanish supreme court and the European Court of Human Rights decide what to do about the whole sorry mess, the Andalucía regional government has, with no trace of irony, backed a new real estate network hoping to lure British expats to buy in the region. It promises to offer “quality, legal assurances and innovation” to foreign buyers.

For those awaiting the imminent demolition of their homes, there is no immediate comfort. The only hope is that with the intervention of the European court the corrupt perpetrators of these scandals will soon find their chickens coming home to roost.

An expat action support group, Abusos Urbanisticos Almanzora (AUAN), can be found at www.almanzora-au.org .

http://blogs.telegraph.co.uk/expat/annanicholas/10136431/spains-property-shame/

BRITÁNICOS HUYEN EN DESBANDADA


ADIÓS AL EDÉN ESPAÑOL
VÍCTIMAS. Len y Helen Prior en Vera, Almería. Demolieron su casa en 2007 sin compensación alguna y, desde entonces, viven en su garaje sin agua ni electricidad. A. Daniels
Cuando Liz y John Browne, una pareja de jubilados escocesa, compraron hace cinco años una casa en el valle almeriense de Almanzora, pensaron que por fin cumplían su sueño de retirarse en España. «Su aire seco es ideal para la salud, es la Florida europea», les habían dicho cuando visitaron el lugar meses antes. Jamás imaginaron que se metían en un infierno al adquirir una de las 11.000 casas ilegales construidas en la zona. Como ellos, decenas de miles de extranjeros -la mayoría jubilados- se deshicieron de su pasado e invirtieron todos sus ahorros para comprar propiedades en España buscando sol y un lugar agradable donde pasar el ocaso de sus vidas. Sólo para caer víctimas de un oscuro entramado de estafas. «Estamos atrapados, no dejamos nada en Reino Unido. El constructor nos aseguró que los papeles estaban en regla, así que pagamos la mitad del valor de la casa, unos 140.000, y mira lo que tenemos», afirma John señalando una vivienda a medio construir, una cáscara de hormigón, junto a muchas otras similares a lo largo de un camino de tierra con palmeras muertas.
Llevan cinco años alquilando una casa por 600 euros al mes, esperando en vano que alguien termine su casa o se les indemnice. «Hace unos meses me detectaron cáncer. Estoy desesperado, no quiero dejar a mi esposa sin nada y renunciar a mi sueño», añade mientras me muestra la cáscara por dentro. El promotor, la firma española Classic Andalusian Homes, continúa operando bajo otro nombre y la Justicia sigue sin darles una respuesta.

Aún así, los Browne son afortunados. Fueron los únicos que pagaron la mitad por la propiedad, la decena de dueños de las demás cáscaras de la avenida de las palmeras muertas abonaron el 95%. La esposa de uno de ellos, Edith Watson, falleció el año pasado dejando a su esposo Robert solo, casi sin ahorros y teniendo que pagar facturas del agua de una casa que ni siquiera puede ocupar.

Un caso simbólico es el de los británicos Len y Helen Prior en Vera, Almería. Les derribaron la casa en 2007 sin compensación alguna, y desde entonces viven en su garaje sin agua ni electricidad (una actuación que, por cierto, después fue declarada irregular por el Tribunal Constitucional).

Des trabajaba como administrativo mientras su esposa Jenny pasó su vida en el Duty Free del aeropuerto de East Midlands. Decidieron venir a España buscando un clima cálido después de que él sufriera una aparatosa operación de espalda. Si ahora pierden todo, lo único que les quedará será una pensión de unos 1.000 euros mensuales entre los dos. «Amamos España, queremos vivir aquí pero no es justo lo que nos están haciendo», sentencia el marido. Por si fuera poco, en 2006, tras mucho insistir, el alcalde de la zona les dio permiso para construir pilones de electricidad que ahora se pueden divisar desde su pintoresco chalé blanco. Las 13 parejas pagaron 120.000 euros pero cuando sólo restaba conectarse a la red principal la empresa eléctrica se negó a hacerlo.

UNA BALA EN LA PUERTA

A unos 15 km de allí, en El Fas, Cantoria, un vecino decidió que ya había tenido suficiente. Bruce Hobday, de 63 años, veterano militar británico condecorado por la Reina de Inglaterra, quien sirvió en África, Malta, Chipre y Alemania, organizó en 2008 una manifestación de cientos de afectados frente al Ayuntamiento. Sus quejas iban contra el promotor holandés Daniel Poetsema de la empresa Southern Spain Consultants. Lo que consiguió fue que alguien dejara una bala frente a su puerta, amenazas de muerte y calumnias derramadas por internet.

Esto es sólo la punta del iceberg. Hay denuncias por toda la costa mediterránea, Madrid y hasta Asturias donde empresarios sin escrúpulos les estafaron. Han acudido a manifestaciones masivas en Valencia, Almería, Albox… todo para nada. «Son decenas de miles los afectados, si no más, la mayoría no españoles, es el caso más grande que he visto jamás», afirma a Crónica Margrete Auken, eurodiputada danesa de los Verdes quien presentó un informe adoptado en marzo por el Parlamento Europeo amenazando a España con congelar fondos estructurales si no resolvía este problema. Denuncia frente a la que eurodiputados del PP y PSOE han hecho causa común para evitar incluir esta resolución en el presupuesto europeo.

http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2010/743/1263078005.html

jueves, 7 de enero de 2010

Alarte insta a buscar una solución de fondo "con cambios legislativos, si son necesarios", para aplicar la Ley de Costas

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, destacó hoy la "difícil aplicación" de la Ley de Costas en la Comunitat Valenciana y subrayó que "hay que buscar, no solo moratorias o aplazamientos, sino también una solución de fondo, con propuestas de cambio legislativo, si son necesarias, siempre al servicio del interés general".

VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS)

Alarte realizó estas declaraciones en la rueda de prensa en la que compareció tras reunirse con el equipo económico del PSPV, al ser preguntado por el encuentro que mantendrá esta tarde con representantes de los restaurantes de la playa, para abordar la aplicación de la Ley de Costas.

El secretario general del PSPV indicó que el Gobierno central hizo una "gestión de última hora" al prorrogar la autorización de los restaurantes de playa de Pinedo y El Saler para que estos establecimientos no se vean obligados a desmontar sus terrazas hasta que resuelva la solicitud de la autorización correspondiente a 2010, pero subrayó que hay que buscar "no solo moratorias o aplazamientos, sino también una solución de fondo"

En opinión de Jorge Alarte, "hay que preparar las playas de la ciudad para que esa otra ciudad que vamos a construir cuando llegue el AVE, sean una oferta peramenente para la gente que venga en 90 minutos de Madrid a Valencia".


http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1816358/01/10/Alarte-insta-a-buscar-una-solucion-de-fondo-con-cambios-legislativos-si-son-necesarios-para-aplicar-la-Ley-de-Costas.html

miércoles, 6 de enero de 2010

El 'caso Cerrias', camino de Estrasburgo


Los propietarios de las viviendas denuncian una vulneración del derecho al respeto de sus bienes

Los propietarios de las viviendas de Cerrias 1 (Liencres) -sobre las que pesa una sentencia de derribo- mantuvieron ayer, lunes, una reunión con los abogados que les representan para perfilar los detalles del recurso que los letrados presentarán el próximo día 9 de enero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, documento en el que denuncian una vulneración del derecho al respeto de sus bienes y piden que acuerde «de inmediato» la paralización de la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

En el recurso, los vecinos solicitan que el Tribunal «admita la demanda y le dé curso y, previas las comprobaciones y trámites que procedan, declare que los poderes públicos españoles, por acción o por omisión, han vulnerado el derecho de los demandantes al respeto de sus bienes». Igualmente, piden que «mientras se sustancia la demanda, y de conformidad con el artículo 39 del Reglamento del Tribunal, acuerde de inmediato la medida provisional consistente en paralizar la ejecución de la sentencia acordada en el auto recurrido».

Y ello, añade el documento, «por ser de todo punto oportuno a la defensa de los intereses que los demandantes invocan ante el tribunal y para prevenir que la vulneración que denuncian, por parte de los poderes públicos españoles, se consuma con la demolición de las viviendas de las que son propietarios».

Respeto a los bienes
El texto, al que se adjunta un relato de los hechos sintetizado aunque ampliamente documentado, se remite al artículo 1 del Protocolo Adicional Primero del Convenio, que dispone que «toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional».

Para los propietarios de las viviendas, «lo que aquí está en juego es algo más grave que una garantía expropiatoria deficientemente aplicada o de una reglamentación de la propiedad de carácter abusivo». Se trata, «lisa y llanamente», añade el recurso, «de la afectación más radical del derecho de propiedad sin más contrapartida ni horizonte compensatorio que emprender un complejo y tortuoso procedimiento judicial de resultados poco esperanzadores».
Como quiera que el Tribunal Europeo dispondrá de un plazo de cuatro a seis meses para decidir si admite o no a trámite el recurso elevado por les vecinos de Cerrias, y considerando que el TSJC ha dado un plazo de seis meses para que la ejecución de la sentencia se lleve a efecto, los abogados solicitarán al Tribunal de Estrasburgo que acuerde «de inmediato» la «paralización» de la ejecución de la sentencia, pues pudiera darse el caso de que para cuando admita a trámite el documento, si lo hiciera, las casas ya hayan sido demolidas. Sería una desgraciada paradoja.










EDIFICACIONES CON TODAS LAS BENDICIONES DE COSTAS Y SIN QUE NINGÚN GRUPO ECOLOGÍSTA HAYA PEDIDO SU DERRIBO



































¿POR QUÉ HAY DOS VARAS DE MEDIR?
¿QUIÉN HACE MÁS DAÑO AL MEDIO AMBIENTE?