LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

miércoles, 28 de abril de 2010

El proceso ‘vacía’ las arcas del municipio


Para Torreblanca el anuncio de que Costas quiere declarar el Prat como zona de dominio público marítimo no solo ha supuesto un disgusto para la localidad, ya que las arcas municipales también se han resentido.

Así, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Josep Vicent Rubert, asegura que “este asunto está siendo costoso para el Ayuntamiento porque se deben pagar los informes para demostrar que el Prat es un humedal y no un espacio del litoral”.

Otro de los costes del proceso abierto por el Gobierno central son los abogados. “Es imprescindible que Costas retire la demanda del dominio público y acabar ya con este problema”.

Los propietarios han unificado sus reclamaciones, que han presentado a través de procuradores. Aunque el proceso se prevé largo porque después de la colocación de los mojones delimitadores del nuevo deslinde, se abrirá otro periodo de alegaciones. El asunto incluso podría llegar hasta la vía judicial.

lunes, 26 de abril de 2010

Ferrada afirma que deslinde en Torreblanca y Cabanes es "expolio encubierto"

Según afirma en un comunicado que este deslinde "afectará a más de 80 propietarios en Torreblanca y en gran medida al término municipal de Cabanes".

El senador ha mantenido hoy una reunión con los alcaldes de Torreblanca y Cabanes, Juan Manuel Peraire y Artemio Siurana, respectivamente, quienes le han explicado la situación en cada uno de los términos municipales.

Según Ferrada, "los alcaldes de Torreblanca y Cabanes se encuentran sorprendidos por las acciones del Ministerio de Medio Ambiente, un mapa con la nueva línea marítimo-terrestre, pero sin adjuntar los estudios preceptivos ni, por supuesto, ninguna explicación de por qué la línea de la costa tiene que ir por ahí".

El senador popular ha vuelto a exigir al Gobierno Central que "cumpla lo que prometió la ex ministra Cristina Narbona y prepare el plan específico de protección y regeneración de la costa antes de realizar cualquier deslinde".

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=359863

Los expertos ratifican que el Prat es un humedal y no una zona marítima

Los expertos son contundentes: el Prat de Torreblanca-Cabanes es una zona húmeda y no hay una intromisión marítima. Esta es la principal teoría en la que se basan los dos municipios del parque para evitar que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino lo declare de dominio público marino y se lo apropie.

El profesor en Hidrogeología de la UJI Ignasi Morell así lo ratifica. “Es evidente que es un enclave húmedo y es conveniente que se conserve tal y como está porque es un bien con alto valor ecológico”. Morell explica que es “una antigua albufera, cuya agua procede de un acuífero, no del mar, con lo que la delimitación litoral que se pretende aplicar no tiene ninguna base científica”.

Tanto Torreblanca como Cabanes han estado recabando información técnica, como dos estudios de las especies animales y vegetales que habitan en la zona, así como un informe de los parámetros que marcan el grado de salinidad. Según explica el concejal de Urbanismo de Torreblanca, Josep Vicent Rubert, “el nivel de sal, que es lo que defiende Costas para quedarse con el enclave, depende de muchos factores y, según los documentos que se están elaborando, la salinidad es variable, porque depende de las circunstancias físicas y químicas”.

FLORA Y FAUNA // El profesor Morell destaca del paraje su “rica flora y fauna, con especies endémicas de alto valor, por eso se ha de mantener como hasta ahora. El deslinde parece que se ha efectuado más con parámetros administrativos que científicos”.

Por su parte, el doctor en Biología Gerardo Urios, que redacta un estudio para Cabanes sobre el enclave, destaca que “el humedal cuenta con fauna y flora propias de agua dulce como el samaruc o anfibios galápagos. También su vegetación, como los juncos, son de este tipo”. Por otro lado, indica que “hay cierta intrusión marina, pero es reversible y en absoluto es un indicativo de que sea una zona de dominio marítimo”.

Otro de los argumentos que desmontan la teoría de Costas es que “se produce una captación pluvial por medio subterráneo y hay salidas de agua al mar, no entradas, a través de las golas”, detalla Urios, quien considera que el deslinde propuesto por el Gobierno es “cuanto menos, sorprendente porque propone un cambio radical e incorpora cientos de metros al litoral”. Además, recuerda que “el Prat es un lugar de interés comunitario y está declarado como parque natural, con lo que está protegido por diversas leyes”.

Esto supone, según el biólogo, que “allí no se produce un conflicto de usos ni una demanda social. Allí no se va a instalar ningún chiringuito, por lo que no se entiende el porqué de este interés de que pase a ser de dominio público marítimo”, concluye.

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=554702

viernes, 23 de abril de 2010

Acta de la sesión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (22/03/2010)

4.Declaración de las autoridades españolas sobre las peticiones relativas a la Ley de Costas

Intervienen: la presidenta, Alicia Paz Antolín, Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, William Floyd (representante de la Comisión), Roger Helmer, Gabriel Mato Adrover, Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer, Rosa Estaràs Ferragut, Miguel Ángel Martínez Martínez, Giles Chichester, Diana Wallis, Pablo Arias Echeverría, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marta Andreasen y Zita Gurmai.

Conclusión: a falta de la intervención de los peticionarios, prevista para el día siguiente, la comisión concluye que existe un problema de seguridad jurídica y de indemnización justa, que las declaraciones de los representantes del Gobierno español y de la Comisión no son satisfactorias y que el Parlamento proseguirá el examen del asunto.

Decision: solicitar al Presidente Buzek que remita un escrito al Presidente del Gobierno español, haciendo hincapie, entre otros, en la aplicacion arbitraria de la ley, la falta de seguridad juridica y la indemnizacion injusta; escribir una carta a la Comisaria Viviane Reding para solicitarle una aclaracion de los aspectos de las peticiones relacionadas con la Carta de los Derechos Fundamentales y el CEDH. Los coordinadores debatiran otras posibles medidas de seguimiento.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-439.974+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES

miércoles, 21 de abril de 2010

Los vecinos de 'Nueva Berria' recuperan sus viviendas tras 20 años de litigio



El Supremo anula dos autos de la Audiencia Nacional que instaban a ejecutar un segundo deslinde público

El calvario ya ha terminado. Han sido 20 años de lucha, de pleitos, de desgaste económico, físico y moral pero al final la justicia ha dado la razón a los 56 propietarios de las viviendas de la colonia 'Nueva Berria', en Santoña.

La última sentencia del Tribunal Supremo anula dos autos de la Audiencia Nacional, de enero y mayo de 2008, en los que se instaba a los propietarios a la ejecución de un segundo deslinde con los mismos límites que el primero y a la inscripción preventiva del dominio público de los apartamentos en el Registro de la Propiedad. El primer deslinde, realizado por Costas en 1989 y que supuso que el terreno sobre el que se edificaron estas viviendas pasara a ser público y la propiedad de los apartamentos a manos del Estado, fue anulado por la propia Audiencia Nacional en 1996.

La nueva decisión del Supremo refrenda así la última resolución del Tribunal Constitucional, fechada en noviembre de 2009, y que ya determinó que la propiedad de los títulos de los apartamentos pertenecían a las familias y no al Estado. Unas sentencias que han puesto punto final a esta lucha judicial, ya que no cabe la posibilidad de recurso alguno y que han sido recibidas con «muchísima alegría» por los 56 propietarios.

«La justicia es lenta pero al final llega», asegura Isidro Goñi, propietario y portavoz de estos vecinos. «Estábamos confiados en que iba a ser así, ya que tenemos una base sólida de que esto lo habíamos comprado legalmente». Y es que estos apartamentos adosados se edificaron en 1966 tras calificarse el suelo como urbano.

Nulidad de todos los actos

Atendiendo al recurso de casación presentado por los propietarios, el Supremo anula los dos autos y ordena a la Sala de Instancia de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional «que sustancie el incidente promovido por la representación procesal de los recurrentes a fin de decidir acerca de la pretensiones por ésta formuladas en el escrito presentado ante la Sala, en noviembre de 2007».

Un escrito en el que la comunidad de 'Nueva Berria' pedía que «se declaran nulos todos los actos dictados por la Administración demandada para la incoación de un nuevo deslinde contrario a los pronunciamientos firmes».

Ahora, los vecinos están esperando a que se pronuncie la Dirección General de Costas y anule el deslinde que está en vigor. «La abogada nos ha dicho que lo harán en unos tres meses», señala Goñi.

Hay que remontarse hasta 1990 para encontrar el origen de este interminable litigio.

En ese año, una orden ministerial incluía a la comunidad de propietarios de 'Nueva Berria' dentro de la linea de deslinde del dominio publico marítimo-terrestre. La comunidad perdió así, de la noche a la mañana, todos los derechos de propiedad sobre sus bienes. Lo demás ha sido un 'vía crucis' de pleito tras pleito.

En 1996 la Audiencia Nacional reconoció que 'Nueva Berria' no debía incluirse en la zona marítimo terrestre trazada en el deslinde de 1990 por lo que ordenó a Costas que procediera a un nuevo deslinde que excluiría estos bienes.

Pero el abogado del Estado recurrió esta decisión y el proceso se fue demorando. Hasta diez juicios se han llevado a cabo para determinar la propiedad de estas viviendas. «Unos contenciosos en los que los tribunales -cuenta Goñi- han fallado siempre a nuestro favor pero Costar recurría una y otra vez».

«Persecución maquiavélica»

El portavoz denuncia que Costas y algunos funcionarios han realizado una «persecución maquiavélica» y obsesiva contra 'Nueva Berria'. «Nos tenían en el punto de mira constantemente», dice.

Pero no sólo la insistente postura de Costa ha alargado este conflicto. Según Goñi, el hecho de ser los primeros en Cantabria y en España afectados por la nueva ley de Costas de 1988 también ha sido una complicación. «No teníamos ningún caso de referencia y hemos ido por las dos vías procesales posibles, por la civil y por lo contencioso administrativa, lo cual lo ha alargado aún más», cuenta. "Únicamente teníamos que haber ido por lo contencioso, pero, ante la posibilidad de perder, decidimos también ir por lo civil de manera que si el estado se quedaba con la propiedad de los terrenos al menos recibíamos una indemnización».

Una vez concluida esta pelea judicial, Goñi se pregunta si la Administración les va a resarcir de los agravios que han padecido durante este tiempo. Sabe que no y crítica que la Administración es «inmune e impune y que no le va ocurrir nada por haberles vulnerado principios como la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la irretroactividad de los actos declarativos de derechos».

Ellos ya han cerrado este amargo episodio de sus vidas, pero Goñi tiene presente que aparecen nuevos conflictos similares al suyo. "Para estos y para casos como los de Cerrias y Argoños podemos ser una referencia de que a la Administración se le puede ganar», remacha. «A toda esta gente les diría que luchen. Es una lucha larga y costosa, van a tener muchos sinsabores y sufrimientos, pero, al final, como nosotros, se puede ganar a la todopoderosa Administración».

«Persecución maquiavélica»

El portavoz denuncia que Costas y algunos funcionarios han realizado una «persecución maquiavélica» y obsesiva contra 'Nueva Berria'. «Nos tenían en el punto de mira constantemente», dice.

Pero no sólo la insistente postura de Costa ha alargado este conflicto. Según Goñi, el hecho de ser los primeros en Cantabria y en España afectados por la nueva ley de Costas de 1988 también ha sido una complicación. «No teníamos ningún caso de referencia y hemos ido por las dos vías procesales posibles, por la civil y por lo contencioso administrativa, lo cual lo ha alargado aún más», cuenta. "Únicamente teníamos que haber ido por lo contencioso, pero, ante la posibilidad de perder, decidimos también ir por lo civil de manera que si el estado se quedaba con la propiedad de los terrenos al menos recibíamos una indemnización».

Una vez concluida esta pelea judicial, Goñi se pregunta si la Administración les va a resarcir de los agravios que han padecido durante este tiempo. Sabe que no y crítica que la Administración es «inmune e impune y que no le va ocurrir nada por haberles vulnerado principios como la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la irretroactividad de los actos declarativos de derechos».

Ellos ya han cerrado este amargo episodio de sus vidas, pero Goñi tiene presente que aparecen nuevos conflictos similares al suyo. "Para estos y para casos como los de Cerrias y Argoños podemos ser una referencia de que a la Administración se le puede ganar», remacha. «A toda esta gente les diría que luchen. Es una lucha larga y costosa, van a tener muchos sinsabores y sufrimientos, pero, al final, como nosotros, se puede ganar a la todopoderosa Administración».

sábado, 17 de abril de 2010

La fábrica de Sidra El Gaitero, afectada por un deslinde de Costas en la ría


La fábrica de Sidra el Gaitero, buque insignia de la industria de Villaviciosa, se verá afectada por un nuevo deslinde de Costas. Así lo confirmó ayer Ramón Galán, jefe de la Demarcación de Costas en Asturias, tras salir publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En concreto, esta recuperación del espacio público afectará a un tramo de 3.408 metros de longitud situado en la margen derecha del estuario, desde la Enciena de Tornón hasta el porreo del Salín.

Según explicó Galán, «éste es el último tramo de la ría que faltaba por deslindar». Según la orden ministerial del 5 de marzo de 2010 que aprobó esta actuación, ahora debe ser la Demarcación de Costas en Asturias «la que inicie las actuaciones que conduzcan a rectificar las situaciones jurídicas contradictorias con el deslinde aprobado».

El jefe de la Demarcación de Costas en Asturias señaló que las personas y entidades afectadas podrán solicitar la concesión de los terrenos siempre que acrediten que son los titulares de los mismos. Esta cesión puede tener una duración de treinta años, con posibilidad de renovarla por otros treinta. Lo que parece seguro es que perderán la propiedad sobre estos espacios, que revertirá en el Estado.

Funcionamiento normal

«Entiendo que este deslinde no debe afectar al funcionamiento normal de Sidra El Gaitero», señaló Galán, quien apuntó que «lo normal es que la empresa solicite la concesión de los terrenos y, si acredita su titularidad, el siguiente paso es que se le conceda. Lo normal es que El Gaitero siga funcionando tal y como está».

Por su parte, el gerente de Sidra el Gaitero, José Cardín Zaldivar, indicó ayer que todavía no había recibido notificación oficial sobre este deslinde y que esperará a tenerla y a estudiar la situación antes de realizar declaraciones públicas.Según recoge el anuncio publicado en el BOE, «contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante la ministra Espinosa». También podrán optar por presentar un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses en la Audiencia Nacional.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100415/villaviciosa/fabrica-sidra-gaitero-afectada-20100415.html
El Jefe de Costas ve normal que te quiten una fábrica que lleva allí desde 1897, que pidas una concesión, y que siga funcionando como si no hubiera pasado nada. ¿Y este señor es ingeniero? pués no tiene ni idéa de números.

Todo el mundo sabe que si te quitan el patrimonio estás en QUIEBRA TÉCNICA. Sólo hay que ir a un banco a pedir financiación para ser consciente de la ruina en que te ha dejado el Gobierno. Cuando la gente oye hablar de la Ley de Costas, después de la campaña mediática que se ha encargado de hacer el Ministerio, piensa que la ley es buenisima porque la costa está llena de hormigón.

Craso error, sólo es necesario mirar la fotografía para ver dónde está la costa y hasta dónde ha llegado el deslinde. Sólo hay que ir a Google Earth para ver que no existe destrucción paisajística ni especulación. Sólo existe la sinrazón de la politica de Costas empeñada en arruinar la vida a cientos de miles de familias en los momentos más críticos de la economía española. Esta es la cruda realidad de la Ley de Costas.

UNA LEY QUE PERMITE NACIONALIZAR CUANTO SE LE ANTOJA AL GOBIERNO, NO PUEDE PERMITIRSE EN UN PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA.

viernes, 16 de abril de 2010

Justicia, igualdad y...(ANTONIO ALONSO ORIHUELA)


Parece que el centro mediático de este país en estas semanas es el juez Garzón. Sólo falta que aparezca en reality show o en algún programa de cotilleo mañanero para tener toda la parrilla informativa cubierta. Y es que este señor, se ha metido él solito en un problema, del que nos quieren hacer participes a todos, mediante opiniones, (muchas fuera de lugar, de formas y de algo más) tertulias, y declaraciones, que llevan más a la confusión que a la solución del problema.

Lo único que entiendo de justicia, lo aprendí de los miembros de las fuerzas armadas, cuando rodearon mi casa, para desalojarme y derribar mi casa, y con esa inolvidable lección, sólo puedo imaginar lo que hubiera pasado si este juez, residiera en el popular barrio de Cho Vito. Posiblemente, la injusta ley de costas, inflexible y confiscatoria, tendría una tendencia a suavizar sus formas y métodos de aplicación, debido al apoyo recibido, de muchas personalidades de este país, mediante actos de encierro, protestas en prime time televisivo, declaraciones y debates.

Puestos a imaginar, ya me veo, asistiendo a las numerosas reuniones de vecinos, rodeados de ex políticos afines a mi causa, de cantantes, artistas y actores, a ex fiscales miccionando fuera del mingitorio, o mejor dicho, meando fuera del tiesto. Pero la imaginación es tan grande, que incluso puedo visionar la aparición del alcalde de Candelaria, el que nos defendía, el que tiene una casa en una segunda planta, y puede pescar desde la ventana del salón (eso sí, con licencia de pesca, que hay que respetar la ley) el de los desalojos de vecinos por orden judicial, (archivadas), el fan número uno de Ricky Martín, en fin, me imagino a Gumersindo, pidiendo moderación, quitándole la palabra a Almodóvar, y dándole el turno a su concejal de urbanismo, que de leyes sabe más.

Es mucho imaginar. Prefiero volver a la realidad, dura, pero real. Prefiero ver que muchos de mis vecinos, y miles de afectados por las aplicaciones arbitrarias de las leyes, por errores de la justicia, por sentencias claramente injustas, ahora guardan silencio, estupefactos, cuando todos estos colectivos apoyan a un ciudadano que ha cometido presuntamente un delito.

Que yo sepa, nadie debe estar por encima de la ley, aún cuando esa ley vulnere siete artículos de la Constitución, y se aplique de una forma caprichosa y arbitraria, pero yo no he visto a todos estos personajes, apoyar a los afectados por la Ley de Costas, no los he visto, solicitar su modificación, ni impedir un derribo.

Por eso, la justicia no implica igualdad en su aplicación, no garantiza derechos, no es igual para el rico o famoso, que puede costearse un abogado de prestigio, que para el pobre, que tiene uno de oficio. Por eso, se han cometido muchas injusticias, y no hay ningún juez famoso en la cárcel.

En España, los afectados por la aplicación de la ley de costas, suman ya el millón y medio de personas, la UE investiga su aplicación y mientras se siguen vulnerando derechos fundamentales del hombre, como el derecho a la propiedad privada, (art.17 Derechos Fundamentales. ONU. 1948), en España, políticos españoles, niegan ese derecho.

Y todos estos "personajillos ocasionales" salen a la palestra hablando de derechos, de democracia, de libertades... A todos ellos, les invito a guardar un prudente silencio, ante las deliberaciones de los jueces, a no intentar presionar a los tribunales, por el bien de todos, y no por la justicia para uno.

LOS DESLINDES DE COSTAS AFECTAN A 700 VECINOS DEL MUNICIPIO


MARINA DE CUDEYO

Más de 700 afectados por los deslindes en Marina de Cudeyo han recibido, durante los dos últimos días, información sobre su situación por parte de técnicos de la Demarcación de Costas de Cantabria en una serie de reuniones celebradas en las escuelas de Orejo, donde se han colgado los planos en los que figuran las fincas afectadas. El ambiente en ambas jornadas ha sido de máxima preocupación y la respuesta a la convocatoria ha sido masiva.

En el municipio de Marina de Cudeyo los deslindes de la Ley de Costas abarcan toda la superficie de suelo comprendida entre Pontejos hasta Elechas, Pedreña y Rubayo. En este pueblo afecta a la marisma del Conde, de varios cientos de hectáreas, que prácticamente está perdida para cultivos y pradería. Hay otras otras marismas afectadas en Pontejos, Gajano y Orejo, que en su día fue terreno ganado al mar y son muy utilizadas por los ganaderos. En algunos casos hay viviendas afectadas, como en Pontejos, entre el embarcadero y Pedrosa.

Federico Aja, portavoz del PP en el Ayuntamiento, es uno de los afectados que estuvo presente los dos días en Orejo. Para él, el asunto tiene «difícil solución, porque abarca mucho terreno». Aja aseguró que si el PGOU, que data de 1987, se hubiera revisado y puesto al día, se conocerían las calificaciones de los terrenos y los deslindes quizás fueran menos gravosos para los propietarios. «Se trata de zonas de dominio público marítimo terrestre, donde llegan las mareas, con servicios de paso de seis metros y cien metros en suelo rústico, con lo cual se limitan los usos. No se quita la propiedad a nadie, sigue en posesión de los afectados», dijeron los técnicos, que explicaron los usos que se permiten en estas zonas. Los que tengan títulos de propiedad la mantienen y pueden venderla pero nunca cambiar su uso, bien sea urbano o industrial. Han de conservarse tal cual están ahora porque son de dominio público. Aja, además, indicó que el POL afectó al 30% del suelo de Marina de Cudeyo, «y ahora Costas suma otro porcentaje por los deslindes».

Algunos afectados barajan crear una plataforma, pero otros se mostraron desanimados por los gastos en abogados y porque la mayoría tiene fincas pequeñas.

ASÍ EMPIEZA COSTAS. NADIE LE DA IMPORTANCIA HASTA QUE TE QUITAN LA PROPIEDAD.

Hoy se ha inaugurado la senda costera que discurre por los pueblos de Pontejos, Elechas y Pedreña (2007)
El delegado de Gobierno defendió que la costa "es patrimonio de todos" e indicó que el Ministerio de Medio Ambiente ha situado la recuperación de los espacios costeros en un "lugar prioritario de su actuación política

DESPUÉS VENDRÁN LOS PLANES DE UN PUERTO DEPORTIVO, UN CENTRO COMERCIAL, UN CAMPO DE GOLF.....Y NUEVAS URBANIZACIONES CON MILES DE VIVIENDAS.

miércoles, 14 de abril de 2010

El Congreso insta al Gobierno a paralizar el deslinde de Empuriabrava


El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a paralizar el procedimiento de deslinde llevado a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente en la marina de Empuriabrava (Girona).

La propuesta, debatida en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca a petición del grupo parlamentario de CiU, ha recibido el apoyo de todos los grupos.

El texto aprobado plantea que se realice un estudio exhaustivo sobre el "encaje" de la aplicación de la Ley de Costas en esta zona del litoral gerundense.

La diputada de CiU Montserrat Surroca ha pedido el apoyo al resto de grupos parlamentarios para que el Gobierno cumpla otra proposición no de ley debatida y aprobada en 2009 en la que ya se emplazaba al Ejecutivo a paralizar el proceso de deslinde marítimo terrestre.

Surroca ha recordado las repercusiones de índole social y económica que esta actuación del Ministerio puede provocar ya que la marina de Empuriabrava -según ha dicho- es la más grande de Europa con más de 5.000 amarres.

Asimismo, ha afirmado que desde el primer momento hay una oposición a este procedimiento de deslinde por varios motivos, entre los que ha señalado que las edificaciones se habían construido en una legalidad anterior a la actual Ley de Costas.

Para el diputado del PSOE Alex Sáez un estudio en el que participaran todas las administraciones a las que afecta esta actuación daría "una garantía más" al proceso.

Sin embargo, la diputada del PP Dolors Nadal ha asegurado que la competencia en esta actuación en Empuriabrava es del Estado, aunque en el estudio participen todas las administraciones y ciudadanos afectados.

Además, ha añadido que la realización de un estudio podría paralizar de forma indefinida la toma de una decisión y mantener la incertidumbre en los propietarios, ante lo que ha propuesto la fijación de unos plazos para hacer el estudio propuesto.

En representación de Esquerra Republicana, el diputado Francesc Canet ha apoyado esta proposición y ha dicho que, en este caso, la competencia de la Generalitat es "clara", pues la competencia sobre esta marina de Espuriabrava fue traspasada.

http://www.adn.es/local/lleida/20100414/NWS-2879-Empuriabrava-Congreso-Gobierno-paralizar-deslinde.html


La presidenta del Partido Popular (PP) de Tenerife y diputada autonómica, Cristina Tavío, aseguró este miércoles que "el poblamiento costero tradicional en Canarias reclama atención de las administraciones públicas y no destrucción, como pretende el Gobierno socialista de Zapatero con la aplicación inflexible en las islas de la Ley de Costas", informó el partido en un comunicado.

Cristina Tavío, que abanderó ayer en el Parlamento de Canarias una iniciativa legislativa en defensa de estos núcleos de población, criticó que "la interpretación intransigente de la Ley de Costas en Canarias por parte del Gobierno central contrasta con la flexibilidad y la voluntad de acuerdo que ha demostrado el mismo Gobierno en la aplicación de la misma Ley con el caso de los chiringuitos de playa en la costa de la provincia de Málaga".

"No entiendo cómo este mismo Gobierno socialista se ha avenido a regularizar decenas y decenas de instalaciones y actividades económicas susceptibles de infringir la Ley de Costas en la provincia de Málaga, se conduce con semejante desprecio con cientos de familias que a través de varias generaciones han habitado la costa de Tenerife, de Gran Canaria, de Lanzarote, de La Palma, de La Gomera, del Hierro o de Fuerteventura", añadió.

Tavío informó de que "gracias a la iniciativa aprobada ayer por el Parlamento de Canarias con el rechazo frontal de la oposición socialista--que es cómplice del Gobierno central- los núcleos urbanos costeros disponen hoy de una mayor seguridad jurídica para permanecer en sus viviendas y en su entorno natural".

Además, es objetivo del Partido Popular que las administraciones públicas implicadas, ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias, emprendan cuanto antes la labor de catalogación técnica y científica de los valores patrimoniales, etnográficos y socioeconómicos que reúnen estos poblamientos.

Frente común

Cristina Tavío aseguró que "si todos los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias hacemos un frente común en pro de la mejora y embellecimiento de estos núcleos, en pro de su catalogación, y nos plantamos ante el Gobierno socialista, es muy posible que dé marcha atrás, como ha hecho en Andalucía, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, donde incluso ejercen competencias exclusivas en materia de Costas debido a la entrada en vigor del nuevo Estatuto".

"Hay un camino por recorrer ahora. Tenemos que poner en marcha todas las medidas correctoras en estos núcleos que en ocasiones se han ido deteriorando por el abandono de las administraciones públicas ante la situación de inseguridad que pesaba sobre ellos. Pero es de justicia reconocerlos como nuestros y defenderlos porque, además, quién es capaz hoy de decir qué era o no suelo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas", argumentó.

La presidenta del PP tinerfeño advirtió de que "en el Partido Popular ni hemos permanecido de brazos cruzados ante esta injusticia de ley ni vamos a permanecer en silencio mientras el PSOE pretenda ejecutar administrativamente el presente de estos núcleos de población que forman parte de nuestra historia pero también de nuestro presente", agregó.

http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=191330

Nuevo intento de CC y PP para legalizar los núcleos costeros

CC y PP aprueban con el voto en contra del PSC una iniciativa para "promover las reformas precisas en la legislación canaria para permitir la reclasificación de los suelos contiguos al dominio público marítimo-terrestre para la reubicación de los usos residenciales que no fueren autorizables por la Ley de Costas".
Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), han hecho hoy en el Parlamento un nuevo intento para legalizar los núcleos urbanos costeros que vulneran la nueva Ley de Costas.

Así, y con el voto en contra del PSC, la Cámara ha instado al Ejecutivo regional a "promover las reformas precisas en la legislación del territorio de Canarias, con el fin de permitir la reclasificación de los suelos contiguos al dominio público marítimo-terrestre cuando resultaren necesarios, aunque estuvieren aislados de la malla urbana, para la reubicación de los usos residenciales que no fueren autorizables en virtud de las previsiones de la Ley de Costas, de aquellas edificaciones etnográficas susceptibles de conservación".

La diputada Cristina Tavío (PP) defendió esta iniciativa ante la insensibilidad del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley que modificó el texto refundido de Ordenación del territorio y Espacios Naturales aprobada hace un año para evitar el derribo de viviendas ilegales en las costas canarias.

"CC y PP no queremos que se tiren más poblados marineros en Canarias y que Canarias siga siendo Canarias y no Marbella, Malibú o Miami. Queremos que Canarias siga teniendo sabor canario junto al mar", ha asegurado.

Tavío ha considerado necesario acabar con la "incertidumbre jurídica de los miles de canarios que se han visto afectados en sus derechos en litigios con la Dirección General de Costas" debido a la "interpretación tortuosa, sectaria y contraria a los intereses de los canarios" por parte del Estado.

"Son viviendas de canarias y canarios que albergan actividades turísticas y económicas dignas de respeto y protección. ¿Qué peligro generan los puestos de trabajo en las costas canarias en un momento de crisis económica". Parece insensato acabar con esos núcleos", ha afirmado Tavío.

El socialista Manuel Fajardo Palarea consideró muy grave que se acuse al Estado de crear "inseguridad jurídica" por recurrir ante el TC cuando en un Estado de Derecho tanto el Ejecutivo como los particulares pueden ejercer esa potestad.

Además, ha acusado al Ejecutivo regional de llevar tres años de brazos cruzados, pues puede declarar los BIC que quiera y aplicar el régimen de protección etnográfica" para evitar que se inicien los expedientes de derribo.

La propuesta aprobada también busca la elaboración del censo de edificaciones del dominio marítimo-terrestre canario y sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, con valoración técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.

Asimismo, y en coordinación con los entes locales implicados, se promueve "una línea de actuación pública dirigida a la mejora y acondicionamiento de aquellas áreas urbanas costeras de Canarias, así como la preservación y mejora de sus valores etnográficos, arquitectónicos o pintorescos".
http://www.laopinion.es/tenerife/2010/04/13/nuevo-cc-pp-legalizar-nucleos-costeros/280850.html

jueves, 8 de abril de 2010

FRANCIA INDEMNIZA LOS DERRIBOS DE LAS CASAS COSTERAS A PRECIO DE MERCADO



1.393 foyers vont être détruits en Charente-Maritime et Vendée. Les premières acquisitions à l'amiable seront menées dans le courant de l'été.

Les autorités ont commencé, mercredi 7 avril, à présenter la cartographie des "zones noires", cinq semaines après le passage de la tempête Xynthia. Cette cartographie précise le nombre d'habitations qui vont être démolies ainsi que leur localisation. 1.393 maisons vont être détruites en Charente-Maritime et Vendée dont 674 à la Faute-sur-Mer et 241 à l'Aiguillon-sur-Mer. Conscient des difficultés que cette annonce va représenter pour les foyers touchés, le préfet Jean-Jacques Brot a déclaré: "Nous sommes conscients que les choix peuvent être douloureusement vécus. Nous ne répondons pas à un principe de précaution exacerbé mais a un principe de bons sens".

Procédures d'indemnisation et d'acquisition

En tenant compte du prix de l'habitation et du terrain, chaque foyer sinistré touchera en moyenne 250.000 euros d'indemnisation selon le président de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), Bernard Spitz. Les procédures d'indemnisation et d'acquisition à l'amiable vont être financées par le Fonds Barnier, doté d'un budget de 300 à 400 millions d'euros et les assurances. Les propriétaires des résidences concernées seront informés via des cellules mises en place pour l'occasion. Les estimations pour les habitations principales seront prêtes avant fin mai et les premières acquisitions à l'amiable seront menées dans le courant de l'été. Bernard Spitz a simplement indiqué que les délais de paiement seraient "rapide", rappelant que les compagnies d'assurance ont déjà proposé des avances de règlement. Globalement, la tempête Xynthia devrait coûter 1,5 milliards d'euros aux compagnies d'assurance.

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100408.OBS2077/xynthia-250-000-euros-seront-verses-par-habitation-rasee.html

EN ESPAÑA, COMO LA PROPIEDAD NO ES UN DERECHO HUMANO (sic, Miguel Angel Martinez, PSOE) EL GOBIERNO CONFISCA NUESTROS HOGARES SACANDO A LA GENTE POR LA FUERZA.

SI FRANCESES Y ESPAÑOLES SOMOS CIUDADANOS EUROPEOS ¿PUEDE LA UNIÓN EUROPEA PERMITIR ESTA DIFERENCIA DE TRATO?

EN FRANCIA SE AYUDA A SUS CIUDADANOS A VOLVER A EMPEZAR

EN ESPAÑA NOS DEJAN EN LA MISERIA PARA EL RESTO DE NUESTRAS VIDAS Y LAS DE NUESTROS HIJOS

martes, 6 de abril de 2010

Más de 400.000 familias, atadas por las expropiaciones de la Ley de Costas

LOS AFECTADOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO
Veintidós años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 -que tuvo efecto retroactivo- más de 400.000 familias continúan pagando impuestos e hipotecas para propiedades que, según el Estado, ya no les pertenecen por el deslinde efectuado, y muchas otras familias ven cómo se hunden sus viviendas, sin posibilidad de poder arreglarlas. Además, los vecinos denuncian la "arbitrariedad" del Gobierno a la hora de establecer las zonas afectadas que, en muchos casos, no afecta a complejos hoteleros o de ocio. La semana pasada, la Aeplc acudió al Parlamento Europeo para denunciar su situación.

La semana pasada, la Asociación europea de perjudicados por la Ley de Costas (Aeplc) denunció ante el Parlamento Europeo la "arbitrariedad" e "inseguridad jurídica" en la que les dejó la Ley de Costas de 1988. Allí, "consiguieron unir a todos los partidos excepto al PSOE", según ha comentado Carmen del Amo, presidenta de Aeplc, a EL IMPARCIAL.

"Se dieron cuenta de que es un asunto sobre derechos fundamentales", ha explicado Del Amo, que ha dicho que el 26 de abril se reunirán los coordinadores y se decidirá si el asunto se zanja en este Comité o se pasa a otra Comisión.

La presidenta de Aeplc ha dado a conocer, además, las polémicas declaraciones del eurodiputado socialista, Miguel Ángel Martínez, que dijo que "la Ley de Costas pueda despojar de los bienes adquiridos legalmente a sus legítimos propietarios al negar el derecho fundamental a la propiedad".

Carmen del Amo ha aludido a que con estas palabras Martínez se saltó el Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en el que se afirma que "toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente" y que "nadie será privado arbitrariamente de su propiedad". Hay que recordar que el Parlamento Europeo condenó a España por abuso urbanístico y por no respetar la propiedad privada.

Los deslindes desarrollados hace más de dos décadas en las costas han dejado a más de 400.000 familias sin sus propiedades y sin indemnizaciones económicas que les sufraguen nuevas viviendas. Además, la Ley no permite a los dueños de las casas afectadas repararlas, por lo que la situación de muchas propiedades es ruinosa.

Por otra parte, los perjudicados denuncian la "arbitrariedad" con la que la Administración ha actuado, permitiendo a muchos complejos hoteleros y de ocio seguir en sus emplazamientos.

EL IMPARCIAL ha hablado con algunos de los más de 800 afectados que se han unido en la Asociación europea de perjudicados por la Ley de Costas (Aeplc)

Un molino de mareas histórico a punto de perderse
Jon Iturribarría es el dueño del
molino de mareas de Portu Errota (Vizcaya), el único que sigue en funcionamiento en la costa vasca y que conserva los materiales originales del siglo XVII. Este monumento de 1683 está afectado por el deslinde la Ley de Costas de 1988, que impide que, tras el temporal que azotó el año pasado el litoral cantábrico y que derrumbó el techo del edificio, Iturribarría pueda arreglar este monumento puesto que "su casa no es suya, es del Estado, sin haberla pagado".

La Administración alude a que la casa se sitúa en una zona inundable en la ría de Guernica, a 7 kilómetros de la costa, algo lógico dado que el mecanismo de funcionamiento de esta antigua infraestructura se basa en el movimiento gracias a la subida del nivel del mar.

El hecho de que este vasco conserve todas las escrituras, el registro, de que un informe pericial le diese la razón y de que haya presentado estudios topográficos de poco ha servido para que pueda arreglar el molino de mareas, ya que "la Dirección General de Costas prohibió al Ayuntamiento que le diese la licencia de obras para comenzar con las reparaciones, saltándose las competencias del Consistorio".

"Pedí permiso a Patrimonio para arreglarlo porque estoy obligado por ley, pero no me lo dio, además, la Diputación de Vizcaya me exige que lo repare pero Costas me obliga a incumplir la ley", ha explicado Jon Iturribarría a este diario.

El Artículo 46 de la Constitución española dice que "los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio".

Sin embargo, esta situación no es nueva para esta víctima de la Ley de Costas ya que le prohibieron los arreglos en 1996, fecha desde la que la Administración cuenta con los papeles que dan la razón a Jon Iturribarría.

Este vasco ha calificado, además, de "vergonzosa" la actuación de la Audiencia Nacional, que desestimó sus alegaciones y falló a favor de Costas, a pesar de que la ley reconoce que los territorios considerados privados antes de la Ley de Costas de 1880 se mantienen como tales.

Por último, este vasco ha comentado a este diario que cuenta con el apoyo del Gobierno vasco y ha considerado que lo que pretenden es "quedarse con su molino", ya que los otros colindantes -que no conservan la maquinaria original- "sí han sido declarados privados".

Expropiación sin previo aviso
Margarita García compró en 1991 un dúplex construído en el Puerto de Santa María (Cádiz) en 1981. Al realizar la compra, todo estaba en regla y contaban con el permiso de la Dirección General de Costas. Sin embargo, en el año 90 se había realizado un deslinde por detrás de la vivienda.

A pesar de la gravedad de la situación, nadie avisó a Margarita García y a su familia de que al estar afectada su vivienda, perdían la titularidad de ésta, que pasó a ser del Estado. "No nos avisaron, de casualidad lo supimos por el BOE y pudimos presentar las alegaciones el último día", ha explicado esta vecina de El Puerto a EL IMPARCIAL.

Aún así, las alegaciones fueron rechazadas por el Tribunal Supremo, que falló a favor de la ley. La única alternativa que quedaba a esta familia era solicitar a la Administración una concesión que les permitiría seguir en la casa 30 años, con la posibilidad de ampliarla a otros 30. Con este procedimiento se deja un período de tiempo para el disfrute de la propiedad y luego se rescata el terreno para dominio público. Sin embargo, la Dirección General de Costas se ha negado a darles esta concesión, según señala la afectada, que ha denunciado en este diario las malas formas de uno de los responsables de la Demarcación de Costas del Atlántico en Cádiz que les ha manifestado su obsesión con tirar sus casas y que se niega a darles información, incumpliendo la ley.

La historia se enrevesó todavía más cuando Margarita García y su familia se dieron cuenta de que en el registro sus nombres habían desaparecido como propietarios de la casa. Además, tienen constancia de que el Ayuntamiento va a construir un paseo marítimo que pasaría por el lugar donde se ubican sus viviendas.

"Ya han empezado las expropiaciones forzosas a seis metros del deslinde", ha explicado Margarita García, que ha aclarado que "no se da dinero" puesto que no se consideran expropiaciones, sino que ese terreno se considera público y el Estado tiene que quitártelo, así que "vivimos como ocupas y seguimos pagando el IBI, los impuestos, las hipotecas, etc.", ha matizado García.

Además, los vecinos de estas casas han denunciado la "arbitrariedad" de la Administración a la hora de expropiar edificaciones. "El deslinde es arbitrario, hay casas que están a la misma distancia de la línea de pleamar (zona donde el agua puede llegar como máximo y a partir de la que se hace el deslinde) que las nuestras y no están afectadas", ha contado otra vecina de estos dúplex a este diario.

Para más inri, hay casas a las que el deslinde les afecta, pero sólo a parte de su terreno y no a su vivienda, y éstas han recibido dinero por quitarles parte de la servidumbre, han asegurado estas víctimas de la Ley de Costas.

Margarita García ha aludido, por último, al Artículo 9 de la Constitución que dice que "la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

El Estado vende unos terrenos para viviendas y luego los expropia
Otro de los casos más llamativos es el que viven 78 familias de Valencia que son propietarias de unas viviendas construidas hace más de 40 años en la urbanización La Casbah de El Saler.

Estas familias, que han sufrido numerosos deslindes desde los años 60, han perdido la propiedad sobre unos terrenos que les vendió la misma Administración que ahora les expropia las viviendas sin compensación económica. "Son barbaridades y algún día tendrán que ir a la cárcel por ellas", ha explicado a este diario Mercedes Gómez, una de las propietarias afectada.

"Ahora, quieren darnos una concesión, sin embargo, eso es una falacia puesto que luego podrían quitárnosla", ha matizado esta vecina de El Saler.

Encima, los dueños de estas viviendas denuncian "arbitrariedad" a la hora de realizar las expropiaciones y ponen como ejemplo el parador "Luis Vives", que se ha salvado de las expropiaciones estando a la misma altura que la urbanización La Casbah al darle la vuelta. También se ha preguntado por qué mientras en otros lugares han solucionado el problema poniendo espigones, en su caso no lo han hecho.

Mercedes Gómez también ha dado a conocer el riesgo del nuevo puerto de Valencia, que "se ha ido comiendo la playa, incluso los técnicos han avisado, ya que se quitó un muro que les protegía del puerto". Esta vecina ha explicado, además, que "la playa no se ha regenerado con los fondos europeos recibidos, puesto que lo único que se hace es poner arena y ya está".

Por último, esta vecina ha asegurado que "van a ir hasta el final" y que los responsables "no se van a ir de rositas", ya que si no ganan en la Audiencia Nacional el recurso al deslinde, irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Un negocio a punto de extinguirse
El caso de Francisco Javier Martínez es distinto de los anteriores, puesto que afecta a su forma de ganarse la vida. Francisco Javier vive en Cádiz, donde posee una empresa salinera. Esta empresa forma parte de la playa ya que las salinas se consideran zonas marítimo-terrestres.

Este es un problema que se ha generalizado en la zona, ya que en el siglo XIX había más de 150 empresas, que han ido abandonando las salinas. Sin embargo, la finca es anterior a 1845, cuando comenzaron los registros. Además, la Ley de Costas de 1969 estableció como límite a esta empresa salinera el caño de Sancti Petri.

El Estado ha ofrecido a Francisco Javier una concesión de 30 años, tras el fallo del Tribunal Constitucional del año 91 en el que se reconocía su derecho a ocupar este terreno, pero eso no soluciona su problema. "Ha bajado el valor patrimonial de la empresa, los bancos se niegan a darnos créditos, no se puede invertir etc.", ha comentado este vecino de Cádiz.

Este empresario salinero se queja de la "inseguridad jurídica" generada y ha querido destacar el enorme coste de los trabajos de excavación, de acondicionamiento y de mantenimiento de las salinas.

Además, Francisco Javier ha denunciado que hay "unos agravios comparativos increíbles porque a algunas urbanizaciones y a un polígono industrial no les afecta".

http://www.elimparcial.es/nacional/ley-de-costas-60253.html

sábado, 3 de abril de 2010

¿SABEN LOS MIEMBROS DE GOBIERNO QUE LA PROPIEDAD NO ES UN DERECHO HUMANO?

Jose Luis Rodriguez Zapatero, presidente del Gobierno

  • Un chalet en la urbanización "el Mirador de Vera" en la playa de Vera (Almería) valorado en 400.000 euros (a nombre de su mujer)
  • Vivienda en las rozas, concretamente en la urbanización Eurogar
  • La familia zapatero-espinosa habría adquirido unos terrenos para la construcción de un chalet en una de las zonas más caras de León, en las Eras de Renueva

http://www.idealista.com/news/archivo/2009/10/30/0112379-zapatero-familia-victimas-burbuja-inmobiliaria?author=dmontero

Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta 1ª

  • Un piso en una de las zonas más caras de Madrid, valorado en casi 1.000.000 de euros.
  • Un ático de 180 metros cuadrados en una de las mejores zonas del Paseo Marítimo de Palma de Mallorca, que podría superar los 700.000 euros.
  • Un chalet de más de 500 metros cuadrados con parcela de 1.000 mts en La Granja (Segovia).
  • Varias fincas y casas en la provincia de Ávila.

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/363588/02/08/El-gran-patrimonio-de-De-la-Vega-sus-multiples-propiedades-y-su-casa-nueva.html

Elena Salgado. vicepresidenta 2ª y ministra de Economía y Hacienda

  • Una exclusiva propiedad inmobiliaria en la Costa Azul en un palacete clásico en pleno centro de Niza.
  • Una garçonnière en la plaza más elegante de Niza.
  • Diversas propiedades inmobiliarias en los mejores barrios de la capital de España.

http://www.intereconomia.com/noticias/elena-salgado-mujer-gustos-caros

José Bono, presidente del Congreso de los Diputados

  • Tres pisos en Madrid.
  • Una vivienda y un chalé en Olías del Rey (Toledo).
  • Una casa y dos fincas rústicas en su pueblo natal, Salobre (Albacete).
  • Bono ha comprado a su hijo de 160 metros cuadrados en el Madrid de los Austrias de 1.800.000 euros.

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/exigen-bono-que-diga-donde-sale-dinero-piso-hijo

José Blanco, ministro de Fomento

  • Un chalet en Madrid
  • Un ático en Isla de Arousa (Villa PSOE)

Patrimonio declarado en el B.O.E. (alguno de ellos está en quiebra técnica al tener más deuda que patrimonio. ¿Cómo es posible?)

http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/15/pdfs/BOE-A-2009-16468.pdf

Y EL EURODIPUTADO MARTINEZ, ¿CUANTAS PROPIEDADES POSEE?.....