LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 29 de junio de 2010

22 casas y 98 fincas, afectadas por el deslinde de Igueste


La lista de propiedades afectadas por el nuevo deslinde Costas en Igueste sigue creciendo. Ya son 22 casas y 98 las fincas rústicas que se han incluido dentro del dominio público. Los vecinos sospechan que hasta otras 22 viviendas pueden encontrarse en esta situación. Esto implicaría que casi la mitad de las propiedades del pueblo quedarán fuera de ordenación, con lo cual estarán condicionadas por una fuerte bajada en el valor catastral y se limitará la ejecución de obras.

La cifra, según el abogado de los vecinos, José Luis Langa, puede ser ya tomada por definitiva después de que durante las últimas fechas hayan llegado notificaciones a los vecinos afectados . En estos escritos, el organismo estatal anunciaba que el deslinde de 100 metros incluía las propiedades de los vecinos, que solicitan que el deslinde sea de 20 metros porque estiman que residen en una zona de asentamientos rurales.

No obstante, se han localizado algunos errores, ya que algunas fincas habían sido vendidas con anterioridad. También se da la circunstancia de que hasta un sólo vecino posee 42 fincas. Pero en su mayor parte casi todos los notificados sólo tienen una o dos propiedades cada uno.

Una vez que Langa ha recogido ya toda la documentación, ahora procederá a analizarla con el fin de presentar posteriormente un recurso ante la Audiencia Nacional en contra de la decisión del organismo estatal.

De forma paralela en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se discute otro recurso presentado por Costas contra la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias (Cotmac) después de que este último organismo declarara los asentamientos como urbanos y que, por lo tanto, se aplicara una zona de servidumbre de 20 metros. De esta manera, se salvarían la mayor parte de las propiedades que ahora están afectadas. En este mismo contencioso, el TSJC se decantó a favor de los núcleos costeros de Tachero, Roque de Las Bodegas y Almáciga. Por ello, el abogado de la mayor parte de los residentes de Igueste considera que hay posibilidades de que este último asentamiento también corra la misma suerte. Costas, sin embargo, ya ha anunciado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo (TS).
Recordatorio para la Sra Ministra Espinosa:
Artículo 46 de la Constitución Española
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley Penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

lunes, 28 de junio de 2010

Los populares entregan siete centenares de alegaciones a Costas en contra del deslinde


El partido de la oposición reitera su rechazo frontal a la propuesta ministerial para que recapacite «sobre esta barbaridad»
La presidenta del Partido Popular de Guardamar, Carmen Verdú, se desplazó el pasado viernes al Servicio Provincial de Costas en Alicante, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, para entregar las últimas trescientas alegaciones que quedaban pendientes de registrar, dentro de la campaña emprendida por el partido de la oposición para movilizar a la ciudadanía en contra del deslinde propuesto por el organismo estatal para la zona de las dunas.

En total, el PP de Guardamar ha presentado ante el Ministerio alrededor de 700 alegaciones contra el deslinde que propone el Gobierno central «y que afectaría al derecho de propiedad sobre centenares de viviendas de este pueblo», recuerdan desde el partido de la oposición.
Verdú recuerda que a lo largo de las dos últimas semanas la formación del Partido Popular ha ido recogiendo las alegaciones que se han hecho sobre un modelo genérico confeccionado por los servicios jurídicos del partido, y que se pusieron a disposición de los afectados y de todos aquellos que consideran que la propuesta es inadmisible.

Este documento se hizo llegar casa a casa a muchos de los afectados, aunque también se puso a disposición de todos los asistentes a la concentración del pasado 20 de junio, en la cual se recogieron 300 alegaciones.

A pesar de que el plazo para presentar estas reclamaciones finalizó este viernes, desde la formación se indica que las alegaciones que se reciban en la sede popular se seguirán presentando en Costas, «porque lo importante es que el Ministerio sepa que tiene a todo el pueblo de Guardamar en contra de esta barbaridad», señalan desde los populares guardamarencos.

La campaña se ha sumado a la movilización ciudadana que tuvo lugar el pasado fin de semana a instancias del PP. Los populares en ella achacaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de querer «rematar la crisis inmobiliaria en nuestro municipio». Verdú reitera que los centenares de firmas «expresan la fuerte oposición de los ciudadanos a este proyecto tan negativo».

Asimismo los populares recuerdan que van a preguntar en el Congreso de los Diputados, y en Las Cortes Valencianas una serie de cuestiones sobre la nueva delimitación que desea realizar Costas.
http://www.laverdad.es/alicante/v/20100627/orihuela/populares-entregan-siete-centenares-20100627.html
Sra ministra: si quieren quedarse con nuestras propiedades...¡¡páguenlas!! Lo que Costas está haciendo con los deslindes se llama CONFISCACIÓN.

jueves, 24 de junio de 2010

Costas derribará en septiembre las casitas de la playa de El Puig


Los vecinos se quejan de que tendrán que pagar la demolición pese al acuerdo con el Ministerio, que prometió indemnizarles

Las olas golpean con fuerza contra la escollera que protege las 49 casitas de pescadores de El Puig. El invierno no ha tenido piedad con esta playa, y ya no queda rastro de arena. Costas no se ha preocupado en regenerarla, porque detrás se sitúan las centenarias casitas de pescadores, 49 viviendas pendientes de demolición. Y parece que ahora ya no va a haber más aplazamientos. La Demarcación Provincial de Costas ha comunicado a los propietarios que el próximo 30 de septiembre, «tenemos que dejar las puertas abiertas». Ese día, las casitas desaparecerán para siempre.

Los vecinos han peleado hasta el minuto 90, aplicando un símil futbolístico, para que no les derribaran sus casas. Al final, el Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que veía «ineludible consecuencia la orden de demolición».
Los propietarios saben que están fuera de ordenación, llevan 40 años escuchando la misma cantinela, y la ley de Costas de 1988 acabó con sus esperanzas de conseguir una escritura, ya que sus propiedades, construidas en el siglo XIX, se han ido transmitiendo de generación en generación, sin papeles de por medio. Así se hacían las cosas antiguamente y por este motivo el deslinde les perjudicó: quedaron en tierra de Costas.

La mayoría de sus propietarios, como Leonor, son hijos y nietos de pescadores. Ya no se dedican a la pesca, sino que utilizan las casitas para pasar el verano en primerísima línea de playa. El pasado verano ya temían que fueran sus últimos meses junto al mar. «Estuvimos con la directora de la Demarcación, con Lidia Pérez, hace unas semanas, y nos dijo que la demolición sería en septiembre para que pasáramos el verano», explicó Ángel, uno de los vecinos de estas casitas, que disfrutará del mar hasta que le deje Costas.
Los vecinos están muy cabreados porque el Ministerio de Medio Ambiente ha revocado su acuerdo para pagarles una indemnización. Al contrario, se quedarán sin casa y sin dinero y, además, tendrán que pagar de su bolsillo lo que cueste derribar las viviendas. El alcalde de la localidad, José Miguel Tolosa, acompañó a los vecinos de El Puig a la reunión en la Demarcación de Costas. «Como han ganado en todas las instancias judiciales, el Ministerio cree que ya no hay nada con lo que negociar y por este motivo no tendrán ni indemnización», explicó Tolosa, que sin embargo avanzó que los propietarios tendrán una ayuda del Consistorio para sufragar parte de la demolición.

Los descendientes de aquellos pescadores recuerdan que a principios del siglo XX había 150 metros desde sus casitas hasta el mar. «Mi madre me contaba que delante tenían un camino de carros, una marjal donde se cultivaba arroz, una playa de canto rodado y otro de arena». Ahora apenas lo separan unos diez metros. «La Administración ha dejado morir esta playa». Fue la construcción del puerto de Sagunto la que provocó que la arena fuera desapareciendo. Las corrientes del Mediterráneo siempre van de norte a sur y la construcción de la infraestructura portuaria cortó el aporte de arena.
Junto a las pequeñas casitas, algunas de apenas 30 metros cuadrados, se alzan imponentes torres de apartamentos y chalés legales. «El deslinde les ha dejado dentro de la ley. A nosotros no. ¿Es justo? No creo en las Administraciones, porque parece que los pobres no podamos disfrutar de la playa», dicen.

Desde 2004, según datos del Ministerio, se han realizado más de un millar de demoliciones y aún hay pendientes derribos en 700 kilómetros del litoral.
Poco hay que decir viendo las fotos. Costas derriba a los pobres pero deja construir a los promotores nuevas viviendas en la misma línea de playa que los pescadores, allá en el siglo XIX, construyeron sus hogares. Estas nuevas viviendas, no tienen orden de derribo.
El método para liberar y quedarse Costas con los terrenos es sencillo: deja que se degrade la costa sin regenerarla, pero sólo la zona elegida, el resto, como se puede ver en la foto, cuidan de ellas.
Los pescadores han tenido la desgracia de estar entre las nuevas urbanizaciones, por lo que la única posibilidad de que el campo de golf que se ha proyectado detrás tenga playa, es quitándolos de enmedio.

¿Es que los jueces no ven lo que está sucediendo que encima ayudan?

lunes, 21 de junio de 2010

La Diputación de Castellón pedirá a la Unión Europea que evite la retroactividad de la Ley de Costas

La Diputación de Castellón liderará y coordinará la petición ciudadana a la Unión Europea (UE) para evitar la retroactividad de la Ley de Costas, a través del gabinete europeo de la institución provincial, ya que la norma supone "graves problemas" para los ayuntamientos que tienen zona costera.

"Hay municipios como Nules que tiene muchas viviendas construidas que tendrán que derribarse cuando acabe la concesión que establece la ley", informó hoy la corporación en una nota.

La Diputación acogió hoy la reunión de todos los alcaldes de los municipios de costa de la provincia con el vicepresidente de la corporación, Vicente Aparici, y las responsables del Gabinete de Promoción Económica y del departamento de Relaciones Externas, Carmen Vilanova y Teresa Tena, respectivamente.

Los ciudadanos son los únicos que pueden acudir a la Comisión de Peticiones de la UE, por lo que los ayuntamientos se ponen a disposición de los ciudadanos para canalizar, a través de la Diputación de Castellón, sus reivindicaciones en defensa de sus derechos.

Este acuerdo se produce tras la petición de los alcaldes de Nules, Mario García, y de Xilxes, Vicente Lapuerta, de que sea la Diputación, como ayuntamiento de ayuntamientos, la que lidere la petición a la UE para evitar una retroactividad de la ley.

El alcalde añadió que "toda ayuda es buena para conseguir esta reivindicación y entendemos que la diputación es una de las instituciones más adecuadas para plantear estas demandas, en el ámbito europeo, aprovechando además que dispone de un Gabinete específico para temas europeos que está a disposición de los ayuntamientos de la provincia", afirmó García.

Los alcaldes tendrán que hacer llegar al departamento de asuntos europeos un informe en el que se detalle la problemática que afecta a cada municipio, ya que cada uno tiene una situación distinta, que se concreta básicamente en el derribo de viviendas cuando acabe la concesión de 30 años, como ocurre en el municipio de Nules, y la posibilidad de nuevos deslindes en la costa, como el caso de Torreblanca.

A la reunión asistieron alcaldes o concejales de los Ayuntamientos de Alcalà de Xivert, Nules, Oropesa, Burriana, Almassora, Benicàssim, Benicarló, Peñíscola, Xilxes y Castellón de la Plana, así como las diputadas de Relaciones Institucionales y Turismo, Esther Pallardó y Susana Marqués, respectivamente.

DESARROLLO TURISTICO.

El vicepresidente Vicente Aparici destacó la necesidad de que "todos, ayuntamientos y demás administraciones se impliquen si queremos llevar la cuestión al Parlamento Europeo. Es importante para el litoral castellonense evitar la retroactividad de la Ley de Costas y, en este sentido, la institución provincial no puede ser una excepción.

Estamos al lado de las reivindicaciones que son buenas para los municipios de la provincia y, especialmente, para el litoral castellonense con una gran incidencia para el desarrollo turístico en la provincia".

El encuentro que los alcaldes de zonas costeras mantuvieron en Bruselas, con motivo del Pacto de Alcaldes, tuvieron la oportunidad de mantener una reunión con la europarlamentaria Marta Andreasen, experta en temas relacionados con la aplicación de la Ley de Costas.

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-06-21/303931_diputacion-castellon-pedira-union-europea.html

domingo, 20 de junio de 2010

LA ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PÚBLICOS


La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm debatirá el próximo lunes una propuesta para autorizar a las dos torres que se construyen en la Punta Llisera de Benidorm, a escasos metros del mar, a realizar la acometida eléctrica. El grupo municipal del PP en la localidad manifestó ayer que la licencia para dotar de energía eléctrica a los edificios ha sido solicitada por Edificaciones Calpe, promotora del proyecto, y el expediente se presentará a la comisión "a propuesta de Jaime Llinares, el concejal que hace cuatro años anunció un acuerdo del Ministerio de Medio Ambiente para adquirir la parcela y evitar la construcción de las torres de Punta Llisera".
Este proyecto, que lleva por nombre Gemelos 28, consta de dos torres de 22 alturas a escasos metros del mar, aunque sus obras han estado durante meses paralizadas después de que el Gobierno central anunciara, días antes de las municipales de 2007, su intención de expropiar el solar para incorporarlo al dominio público marítimo-terrestre y crear un parque público. Este anuncio, no obstante, chocó contra los intereses y recursos interpuestos por la mercantil, filial del grupo Ballester y que además disponía de varios fallos judiciales avalando la licencia de edificación, que le fue concedida antes de la aprobación de la Ley de Costas. Finalmente, en abril de 2009, Costas anunció que desistía de continuar con los trámites de expropiación, aludiendo al "interés general" y a los procesos judiciales en contra de la misma.
El grupo del PP, por medio del edil José Ramón González de Zárate, señaló ayer que su partido "nunca" se creyó "las mentiras de Navarro, Llinares y los dirigentes del PSOE", de los que dijo que ahora "les toca tragarse el sapo y todas las promesas que hicieron cuando aún eran oposición", y recordó que serán ellos quienes "van a tener que viabilizar ahora el suministro eléctrico a los edificios que decían que no se iban a hacer".
Según las estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente, el 98% de los recursos referentes a la Ley de Costas se pierden. El 2% restante debe quedar reservado para casos como el de este gran promotor, dónde la licencia, otorgada meses antes de julio de 1988, tiene validez y las otorgadas en 1680 (sí han leido bien, 1680), carecen de ella por... ¿ser demasiado antíguas? ¿por no ser poderosos? ¿por ser una construcción de la que se ha encaprichado el gobierno? ...¿o porque la ley se interpreta dependiendo de a quién se le aplica?

Más curioso resulta aún que un juez base la sentencia en que la licencia se otorgó antes de que la ley se pusiera en vigor, cuando, un día sí y otro también, salen sentencias en contra de propiedades y pueblos enteros que tienen siglos de antigüedad, basándose, otros jueces, en el art 7 de la Ley de Costas "Conforme a lo dispuesto en el artículo 132.1 de la Constitución, los bienes de dominio público marítimo-terrestre definidos en esta Ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables" y, sobre todo en el art. 8 "A los efectos del artículo anterior, no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente Ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad".

Dicen las encuestas que el 65% de los españoles no creen en la justicia. Viendo noticias como éstas, el porcentaje se me hace corto.

jueves, 17 de junio de 2010

El Ayuntamiento elabora un plan para dejar las casas de El Palo fuera del dominio público

La propuesta plantea que el muro del paseo marítimo sirva de deslinde entre la zona pública y la privada.
El Ayuntamiento ha elaborado por propia iniciativa, y pese a no tener competencias para ello, un documento que contempla la propuesta de deslinde de la franja marítima entre las barriadas de Pedregalejo, El Palo, Las Acacias, Playa Virginia y La Araña, que suponen un total de 517 casas, con 1.523 vecinos.
La propuesta, que fue presentada ayer a los vecinos, plantea que el actual muro de ribera sea el que sirva de deslinde entre el dominio público marítimo-terrestre y el dominio privado. Con esta solución, las casas quedarían en la parte privada que sería desafectada del dominio público y las casas puedan ser legalizadas.
En la reunión estuvieron presentes el alcalde, Francisco de la Torre; el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz; la delegada del distrito, Teresa López, y representantes vecinales de las asociaciones de vecinos de La Araña, Zona Popular, Rebalaje, El Palo, Pedregalejo, federación Unidad, la asociación de empresarios Málaga Este y Aehma.
A pesar de no ser la entidad con competencias par ello, el Ayuntamiento «ha estimado procedente tomar la iniciativa y agilizar este procedimiento para que el Ministerio de Medio Ambiente desarrolle las medidas necesarias para ofrecer a los residentes de las casas afectadas una solución definitiva para que esos inmuebles dejen de ocupar terreno público».
El estudio elaborado por la Gerencia de Urbanismo será entregado ahora a las asociaciones vecinales y sociales para que lo estudien y realicen las aportaciones que crean necesarias.
El documento se llevará al pleno municipal de este mes de junio, para que pase a exposición pública una vez aprobado; paralelamente se remitirá a la administración del Estado, a la Junta y demás órganos administrativos públicos que pudieran resultar afectados o interesados, para su toma de conocimiento.
El periodo de exposición pública para alegaciones estará abierto hasta finales de septiembre. Volverá entonces al pleno del Ayuntamiento de octubre para que, una vez ratificado, se acuerde s0licitar al Ministerio de Medio Ambiente que inicie de oficio el procedimiento de deslinde para que las casas afectadas dejen de ocupar terreno público y sus propietarios puedan obtener una solución definitiva que les permita consolidar la propiedad de sus viviendas.
La franja litoral afectada comprende dos tramos. El ocupado por más viviendas va desde la calle Ángel Guimerá hasta El Candado, de 2.340 metros y 497 viviendas. El segundo tramo comprende desde El Candado hasta la barriada de La Araña, de 2.026 metros y 20 casas.
En el procedimiento de revisión actual del PGOU, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino emitió dos informes, uno con fecha 13 de febrero de 2009 y otro de 24 de julio del mismo año, donde se señala que las viviendas existentes en las citadas barriadas «deben quedar fuera de ordenación y estarán sujetas a las determinaciones establecidas en la Ley de Costas», instando al Consistorio a modificar el PGOU en tal sentido.
No obstante, desde el Ayuntamiento se tiene en cuenta la realidad de las barriadas, que permanece inalterable desde 1988, además de las medidas de defensa adoptadas al efecto, donde ya en los 80 fue construido el paseo marítimo que estableció, mediante la construcción de un muro bajo, el límite de la ribera del mar, y valoró también que el citado dominio público se encontraba deslindado de forma parcial cuando entró en vigor la Ley de Costas.

El ministerio ya modificó el deslinde en el litoral de Barcelona, pero no para salvar 517 viviendas, sino para que se pudiera construir en los terrenos ganados al mar contraviniendo la Ley de Costas. ¿Qué excusa va a poner para negar el mismo trato a Málaga o al resto de España que a Barcelona? Plano de modificación del deslinde de Barcelona para su posterior desafectación y entrega al Ayuntamiento.

Cabanes declara Torre la Sal bien de interés local para evitar derribos


El pleno del Ayuntamiento de Cabanes aprobó pedir a la Conselleria de Cultura la declaración de Bien de Relevancia Local (BRL) el poblado marítimo de Torre la Sal, para evitar que sean demolidos inmuebles en aplicación de la Ley de Costas. Se suma así el municipio a la línea mantenida por otros consistorios afectados, casos de Nules, Xilxes, Almenara y Moncofa. Precisamente los alcaldes de estos cinco municipios han sido convocados por el vicepresidente segundo de la Diputación de Castelló, Vicente Aparici, el lunes a una reunión para abordar una estrategia para lograr una moratoria de la ley.
El Ayuntamiento de Cabanes atiende así la petición formulada por la Asociación de Vecinos de Torre la Sal. El alcalde, Artemio Siurana, afirma que "se trata de una actuación que ha sido consensuada por todos", y afirma que se iniciarán "los trámites oportunos para que las reivindicaciones de los vecinos de Torre la Sal sean una realidad en el menor plazo de tiempo posible". Anunció que trasladará la decisión a los redactores del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que incluyan el poblado en el Catálogo de Bienes y Espacios protegidos como Espacio Etnológico de Interés Local. Siurana recuerda que la conselleria ve viable y fundada la petición municipal.

Las reuniones del lunes
Ayer mismo, apenas 24 horas después de que el delegado gubernativo, Antonio Lorenzo, recibiera a plataformas cívicas y alcaldes del sur de la provincia afectados por la aplicación de la Ley de Costas, la diputación convoca otra con idénticos protagonistas. El encuentro será el lunes. Sin embargo, si la de anteayer era para buscar la mediación ante el Gobierno, la del lunes busca llevar el problema al Parlamento Europeo.
El mismo lunes, los representantes de las 6 plataformas vecinales afectados por los anunciados derribos de viviendas en primera línea se reunirán para elaborar un documento reivindicativo, planteando la moratoria de la ley y la paralización de los deslindes, para que los alcaldes se lo entreguen al subdelegado del Gobierno.
http://www.levante-emv.com/castello/2010/06/16/cabanes-declara-torre-sal-interes-local-evitar-derribos/714936.html

miércoles, 16 de junio de 2010

La lucha provincial contra la ley costera suma adeptos

Burriana, Benicarló y Almassora se unen a la petición de ayuda al Gobierno...

El resto de municipios de la provincia con problemas de regresión en su litoral, Burriana, Almassora y Benicarló, se suman a la petición de regeneración del litoral y prórroga de la ley de Costas que el subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, llevará al propio Ministerio de Medio Ambiente.

Lorenzo pactó con los alcaldes de Nules, Xilxes, Almenara, Cabanes y Moncofa trasladar sus solicitudes al Estado que pasan por recuperar el litoral por la agresiva erosión. Por ello, las tres localidades expresan su apoyo a esta iniciativa al tiempo que recuerdan los deberes pendientes.

Así, el alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, indica que “hay que prorrogar la ley y regenerar la costa porque la zona norte tiene peligros de derrumbe”.

Por su parte, su homólogo en Burriana, José Ramón Calpe, recuerda que “hay muchos deberes pendientes por parte de Costas y por ello apoyamos las reivindicaciones”. Entre las deudas, Calpe detalla “el espigón de la playa sur del puerto, que hace dos años que se prometió y del que todavía no se sabe nada, ni siquiera del proyecto”. También menciona “la regeneración de la zona de Sant Gregori” y resalta que “para aplicar sanciones a los chiringuitos, Costas sí que está operativa, pero para otros asuntos, se olvida”.

Por último, fuentes del Ayuntamiento de Almassora reclaman al Ministerio “una acción directa para frenar pronto la regresión del litoral, de hecho, lo lleva exigiendo desde hace más de media década”. Por otro lado, Iniciativa lamentó ayer la “pérdida de 376.000 euros de inversiones en la zona de Torre la Sal, debido a la agresión de los temporales”.

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=570840

martes, 15 de junio de 2010

Costas abre una puerta a escuchar a Guardamar y modificar su deslinde

La alcaldesa de Guardamar del Segura, Marylènne Albentosa, volvió ayer de Madrid tras entrevistarse con los responsables de la Dirección General y de Costas y lo hizo con un mensaje de optimismo: Hay una alternativa al deslinde. No será fácil, pero los técnicos responsables de llevarlo a cabo no se cierran a escuchar ni las alegaciones que presentará el Ayuntamiento de Guardamar del Segura -que elaborará la Universidad de Alicante- ni tampoco la de los cientos de vecinos que se verán afectados por el linde. Ahora bien, hay que convencerlos.
Albentosa aseguró al periódico que la clave está en que Costas entienda dos aspectos fundamentales de Guardamar del Segura. Uno es que no se puede tratar todas las dunas del término municipal por igual; y el segundo, que "Guardamar ya ejerce una protección específica de las dunas porque forman parte de nuestras gentes y de nuestra forma de entender el medio ambiente", explicó la regidora, quien acudió a Madrid con el ex conseller Antonio Escarré, con técnicos municipales y concejales en el Ayuntamiento. Los dos argumentos formarán, sin duda, parte de las alegaciones que el Ayuntamiento presentará.

Dos zonas
Como ya publicó el periódico, Guardamar quiere hacer valer los estudios de la Universidad de Alicante que distinguen entre las dos zonas dunares. Una de ellas, la litoral y otra, la repoblada con pinos y que se encuentra más próxima a los núcleos urbanos, lo que ha motivado que Costas los haya incluido dentro de la zona de afección del deslinde.
Albentosa, viendo lo sensible que se encuentra en estos momentos la Dirección General de Costas con este asunto -Alicante es la provincia donde el deslinde está más atrasado de todo el territorio nacional- no quiso entrar a valorar por qué el Ministerio de Medio Ambiente no habló antes de pintar la línea con el Ayuntamiento sobre este asunto.
Ahora bien, para la regidora
"no tiene sentido que si en el deslinde de 1992 la zona afectada era de doscientos metros ahora la nueva sea de un kilómetro". Marylènne Albentosa tiene seguro que no va a permitir el equipo de gobierno del PSOE -ni tampoco la oposición del PP que también se ha posicionado en contra del deslinde- la actual alternativa que se ha dado.

Sra Alcaldesa: esté segura que para Costas sí tiene sentido la ampliación del deslinde. Costas no hace nada sin que antes haya planificado al milimetro la zona que va a despojar a su legítimos dueños. Primero hará un paseo marítimo y después... ¿habrá pensado en un parque maritimo? ¿En un campo de golf? ¿En un hotel de 5*****? ¿en una marina interior?...Lo que puedo asegurarle es que de proteger el litoral, nada de nada.

PP promoverá cambios Ley Costas desde Parlamento para legalizar los nucleos de la costa

El portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Manuel Ruiz Rivas, ha asegurado hoy que su partido promoverá en la Cámara autonómica una proposición para ser debatida en el Congreso, con el objeto de modificar la Ley de Costas y legalizar los asentamientos tradicionales en el litoral gallego.

Ruiz Rivas explicó en conferencia de prensa que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional los dos intentos legislativos hechos desde Galicia para legalizar estos asentamientos tradicionales que la Ley de Costas no contempla.

El dirigente del PPdeG recordó que la Xunta aprobó un decreto en 2005 que fue recurrido por el Gobierno, y que lo mismo le ocurrió a una la Ley de Vivienda aprobada por el bipartito la pasada legislatura, que incluía una enmienda para legalizar estos núcleos que se encuentran en localidades como Marín, A Illa, Moaña o Ribeira, entre otras.

El argumento esgrimido por el Gobierno es que la Xunta no tiene capacidad para legislar en un área de competencias estatales.

Por este motivo, según indicó Ruiz Rivas, "hay que ir a la raíz del problema" e intentar modificar la Ley de Costas en el propio Congreso.

En esta ocasión, según indicó el portavoz del PPdeG, el factor diferencial es que los socialistas carecen de mayoría en la Cámara Baja, por lo que, a su juicio, hay una oportunidad para que la iniciativa que salga de Galicia -que contará al menos con los votos a favor del PPdeG- sea aprobada

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=419549

domingo, 13 de junio de 2010

Un deslinde de alto riesgo social (Ley de Costas)

Si las dunas amenazaron a principios del siglo XX el casco urbano de Guardamar debido a su avance hacia el interior y con riesgo de enterrar fincas y casas, ahora las arenas vuelven a crear problemas, no por un fenómeno natural como en el primer caso, sino por una decisión que todavía no es firme pero que ha puesto en alerta a todos, como es el deslinde marítimo terrestre propuesto por Costas. Sorpresa al principio e indignación después. Éste es el sentir generalizado de los vecinos de Guardamar del Segura cuyas viviendas han sido incluidas dentro del deslinde provisional publicado en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) del día 27 de mayo por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Lo primero, porque nunca se habían podido imaginar que el futuro de sus propiedades, muchas de ellas casas construidas hace dos siglos y otras de reciente construcción, queden en manos de las decisiones de Costas. O bien que en terrenos urbanizables y pendientes de desarrollar no se podrá poner ni un ladrillo pese a su condición de urbanizables dentro del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Guardamar. Lo segundo, porque sus bienes estarán, si se aprueba finalmente el deslinde, a disposición del ministerio para conceder autorización para cualquier tipo de obra de reforma.

Afectados
Domingo Verdú es uno de los afectados. Con 66 años, reside en una vivienda de la calle Colón construida por sus bisabuelos hace casi 200 años. "No estamos de acuerdo en nada con Costas y sólo queremos lo nuestro; está bien que protejan la pinada pero que no nos incluyan, y además el mar está a un kilómetro de aquí".
Aunque ni tuvo ni tiene intenciones de vender la casa de sus antepasados, asegura que con el nuevo linde el inmueble se ha desvalorizado. "Hace meses me ofrecieron por la casa 120 millones (de las antiguas pesetas) y ahora no ofrecen nada" apostilla. Su hermana asegura que "la alcaldesa no está de acuerdo con el linde y el Ayuntamiento nos va a ayudar en lo que haga falta".
Otra vecina de la calle Colón asegura que está recogiendo firmas para ir en contra del deslinde y señala que "esto es casco urbano de toda la vida, diga Costas lo que diga; no es lógico lo que quieren hacer".
Julia Valero, residente en la calle Hermanos Pinzón, un lugar también afectado por el deslinde, califica de "burrada" los propósitos de Costas. Relata que su vivienda se sitúa en un bloque de edificios de cuatro fases. Dos de ellos no están afectados, un tercero completamente y el cuarto parcialmente. Sobre lo último asegura que "hay habitaciones que están dentro del deslinde y otras no. En la misma vivienda; es ilógico".
En la calle Colón, donde se sitúa la Casa de Cultura (un edificio que sí está dentro de la línea trazada por Costas), hay otro inmueble de reciente construcción de varias alturas donde los pisos de la izquierda no están afectados por el deslinde pero los de la parte derecha sí.
Otra vecina de la calle Colón cuya vivienda es de planta baja y donde reside "desde siempre" critica que no pueda hacer lo que quiera con su propiedad. "Es mía y está en el casco urbano por lo que si quiero derribarla para construir pisos nadie me lo puede impedir; ¿Qué se han creído?; voy a hacer lo que me salga por los...".

Reuniones
Si la próxima semana los responsables del Ayuntamiento de Guardamar y la Dirección General de Costas no llegan a un acuerdo en sus reuniones previstas para que se modifique el deslinde, según anunció la alcaldesa Maryléne Albentosa, los cientos de propietarios afectados tendrán que acudir previsiblemente los días 7 y 8 de julio a la Casa de Cultura, donde se les informará con detalle del deslinde y se procederá a la delimitación física del dominio público marítimo terrestre.

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2010/06/13/deslinde-alto-riesgo-social/1018530.html

Afectados por el deslinde de Costas creen que el proyecto es «un acto confiscatorio» del Gobierno

El deslinde de la pinada de Guardamar del Segura ha armado un gran revuelo en la ciudad que ha vivido volcada con su espacio natural desde hace décadas. Este espacio se creó para proteger a las viviendas del avance de la arena marina, que amenazaba con tragarse literalmente las casas de la primera línea de playa, pero ahora los residentes se verían asfixiados por la Administración central si el proyecto saliera adelante. Los propietarios consideran que este acto administrativo tiene todos los tintes de ser «confiscatorio al no tener compensación alguna», y por otra parte también lo tachan de «ilegal».

http://www.laverdad.es/alicante/v/20100613/orihuela/afectados-deslinde-costas-creen-20100613.html
BOP DE ALICANTE (Orden de deslinde)

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2010/05/27-05-10.pdf

Qué nadie se lleve a engaño y se crea a salvo de un nuevo deslinde : si Costas quiere, mañana todo el pueblo será suyo, tan sólo es preciso que se acumule la arena de la playa en cualquier calle debido al viento. Lo dice la Ley de Costas, y Guardamar tiene todas las posibilidades de que esto suceda. Si álguien piensa que está a salvo de Costas porque cree que su casa está lejos del mar, comete un error, nadie está a salvo de la depredación de Costas. Los deslindes pueden hacerse indefinidamente.

3. Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución:

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales.

sábado, 12 de junio de 2010

Mayor Oreja anuncia que el PP modificará la Ley de Costas si gana las elecciones


El eurodiputado admite que Europa no tiene competencias para modificar una ley estatal. Explica que los diputados del PP en Bruselas se suman al trabajo de los diputados nacionales para cambiar la normativa
El eurodiputado del PP, Jaime Mayor Oreja, se comprometió ayer en Formentera ante los afectados por el deslinde a que si su partido gana las próximas elecciones modificará la Ley de Costas de 1988, lo que permitirá ajustar el deslinde de la zona marítimo terrestre a las características de la isla respetando los derechos de propiedad de los vecinos afectados.

Junto a su compañera en Bruselas, Rosa Estaràs, el presidente del PP balear, José Ramón Bauzà y su homólogo insular, José Manuel Alcaraz, Mayor Oreja detalló que tras las reuniones que mantuvo en la mañana de ayer (una interna con los cargos de su partido y otra con los representantes de «la sociedad civil»), pudo extraer una conclusión: «Formentera vive una situación de marcada injusticia en la aplicación de la Ley de Costas». Añadió que para el PP, paliar este hecho supone «un compromiso» basado en la convicción de que su partido ganará las elecciones, «tanto locales y autonómicas como las generales». Desde esa previsión aseguró que el PP ha definido los objetivos y marcado las pautas para «corregir esa injusticia».

Mayor Oreja avanzó que los eurodiputados del PP se han puesto a disposición de los afectados para que lleven a Bruselas el problema que sufren a raíz de la aprobación del deslinde de Costas en 1997. Al ser preguntado sobre las competencias que tiene la Unión Europea (UE) para cambiar una ley estatal, reconoció que «depende del Congreso, del Senado y de las instituciones de Balears».

Indicó no obstante que lo que puede hacer su grupo es incorporarse al trabajo que ya realizan los diputados regionales y nacionales. Asimismo, entiende que lo que Europa debe hacer es estar «más cerca de la realidad de Formentera y de sus problemas».

El ex ministro reconoció que su visita es fruto de la insistencia de su compañera en el el Parlamento europeo, Rosa Estaràs, para luego reconocer que es la primera vez que pisa la isla, lo que calificó de «pecado grave» porque la impresión que se lleva de Formentera es que es «sorprendente y distinta».

Por su parte, la eurodiputada y ex presidenta del PP balear explicó que su grupo trabaja en Bruselas para que la UE aplique los artículos que reconocen las desventajas de la insularidad de las islas recogidas en el Tratado de Amsterdam de 1997 y en el más reciente Tratado de Lisboa. La eurodiputada del PP manifestó al respecto: «Europa tiene que pasar a la acción y nuestra lucha es hacer toda la presión para que Europa aplique esos artículos que no se están aplicando».

El objetivo es que en el próximo reparto de fondos, que abarca el periodo 2013 a 2020, el Estado español haga «toda la fuerza» necesaria para que «se traduzca en euros».

viernes, 11 de junio de 2010

El ayuntamiento prestará ayuda económica para pagar el recurso

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, Luz Reverón, quien ayer mantuvo una reunión junto a la concejal del Distrito de Anaga, Sheila Trujillo, con los vecinos de Tachero, Almáciga y Roque de Las Bodegas, reiteró la voluntad de la corporación municipal de prestarles apoyo económico en sus gastos por el proceso judicial que mantienen ante el Tribunal Supremo por la intención del Ministerio de Medio Ambiente de aplicar la Ley de Costas, lo que podría traer aparejado derribos.

No obstante, una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desestima el recurso del Ministerio y consolida estos núcleos como asentamientos urbanos, se considera como firme al no presentarse ningún recurso, circunstancia que se adjuntará al recurso de casación ante el Supremo.

Reverón dijo que por este contencioso hay 103 vecinos afectados, que han sido los que han venido asumiendo el gasto de todo el proceso judicial, entre los que hay más de 80 personas mayores y con escasos recursos, "por lo que sigue vigente el compromiso de ayudarles económicamente".

Por parte de los vecinos se manifestó ayer que al margen de las fórmulas de ayuda que se puedan establecer desde el ayuntamiento, los principales inconvenientes se presentan ahora en la búsqueda de los documentos que certifiquen la dotación de servicios de estos núcleos, necesarios para justificar que estas dotaciones son anteriores a la Ley de Costas. Se trata de documentos que incluyen los viarios, alumbrado o suministro de agua, que se aportarán al TS, junto a la sentencia del TSJC para el reconocimiento como enclaves urbanos y, por tanto, limitar el deslinde del espacio marítimo- terrestre a 20 metros, en vez de los 100 que defiende Costas, lo que afecta a más de 200 casas.

http://www.eldia.es/2010-06-11/SANTACRUZ/3-ayuntamiento-prestara-ayuda-economica-pagar-recurso.htm

Una vecina de Tufia consigue que la Justicia paralice de forma cautelar el derribo de su casa


Si el resto pide lo mismo a los tribunales, el barrio tendrá prórroga.
Se abre una puerta a la esperanza para los vecinos de Tufia que tienen sus casas en el punto de mira de Costas. Una de los afectadas ha logrado que la justicia suspenda de forma cautelar la orden de de demolición de su vivienda. Si el resto pide lo mismo a los tribunales, entonces Tufia tendrá prórroga.

El auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias data del 14 de mayo pasado y concede la solicitud de una de las afectadas, Yéssica Rocha Sánchez, para que se suspendiera la orden de derribo que pesaba sobre su vivienda, expedientada por invadir suelo de dominio público.

Según publica Canarias7, no se ha podido confirmar si es la única de los vecinos que pidió acogerse a una suspensión cautelar, pero fuentes jurídicas consultadas aseguraron ayer que, una vez dictada esta resolución, puede sentar jurisprudencia para el resto de los afectados. Si los demás lo piden en iguales términos, se les dará.

La representación legal de Rocha, en manos del letrado Paulino Montesdeoca, interpuso recurso contencioso contra la orden de Costas y de forma paralelo solicitó que se suspendiera cautelarmente porque el Gobierno canario está tramitando la declaración del poblado costero de Tufia como enclave de interés etnográfico con la intención de salvarlo de Costas. Si la casa logra esa declaración y la tiran antes, el perjuicio sería irreparable. De ahí que lo que pidió Rocha fue que Costas esperase a que la justicia decida quién tiene la razón.

El despacho de abogados de Montesdeoca presentó además una certificación de la empresa pública Gesplan que confirma que está realizando un estudio etnográfico del caserío de Tufia.

No urge la demolición
La Sala que preside la magistrados Cristina Paéz entiende en su decisión que no existe necesidad urgente de tirar la casa de Rocha porque no hay detrás un riesgo para las personas, sino que todo se debe a una mera cuestión de legalidad urbanística. Así las cosas, el derribo puede esperar a que se resuelva el caso.

Ojos de Garza podría beneficiarse
Las casas afectadas por la orden de derribo de Costas son las situadas en primera línea de playa de Tufia. Suman más de 20. Los vecinos optaron primero por presentar un recurso de alzada en vía administrativa contra la decisión de este organismo del Ministerio de Medio Ambiente, pero dado que las respuestas han ido llegando negativas en todos los casos, los afectados han optado por recurrir ante los tribunales de justicia.

La opción de la cautelar
En principio, esta es la primera vez que salta a la luz pública la posibilidad de solicitar una medida cautelar para paralizar los derribos solicitados. Al haberse concedido, sienta un precedente. Los abogados que no la hayan solicitado podrán hacerlo ahora, porque la ley ya no obliga a pedirla en el momento en que se interpone el recurso contencioso.

Otros 55 afectados
Esta esperanza judicial también podrá beneficiar a los vecinos de Ojos de Garza que han sido expedientados igualmente por Costas. Son 55, aunque sólo se hayan desarrollado los expedientes de 26 de ellos. De hecho, este enclave costero fue el primero en solicitar al Ayuntamiento de Telde que tramitara la solicitud al Gobierno de Canarias para que declarase este caserío como poblado de interés etnográfico, arquitectónico y pintoresco. Se aprobó en pleno. Luego vino Tufia.

Plataforma
De forma paralela, todos estos afectados han constituido una plataforma para una defensa conjunta.

miércoles, 9 de junio de 2010

Movilización contra el deslinde

El Ayuntamiento anuncia una cruzada contra la decisión de Costas y advierte de que la línea que se ha trazado afecta a una superficie de entre uno y dos millones de metros cuadrados de casco urbano
La alcaldesa de Guardamar del Segura, Marylène Albentosa, advirtió ayer a los responsable del Servicio Provincial de Costa, organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente, que movilizará a los vecinos del municipio, sin olvidar las medidas jurídicas a tomar, si no da marcha atrás en el deslinde provisional marítimo-terrestre que se publicó recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia y que afecta, según las primeras estimaciones, a entre uno y dos millones de metros cuadrados, tanto de casco urbano consolidado como de otros terrenos calificados como urbanizables y que aún están por desarrollar.
La alcaldesa realizó ayer estas declaraciones al periódico durante la segunda reunión que ha mantiene en los últimos días con vecinos afectados. El objetivo de estos encuentros es preparar una estrategia en común. La reunión se realizó ayer por la tarde, en el salón de plenos municipal. A la misma asistieron cerca de cien personas, aunque la cifra de afectados por el deslinde en el municipio es mucho mayor; de hecho, el Ayuntamiento está convocándolos a estas reuniones de manera sectorial, para, al mismo tiempo, analizar los problemas concretos que les ocasiona el nuevo deslinde y abordar estrategias.

Madrid
Albentosa aseguró también a los vecinos que mantendrá una próxima reunión, tanto en Alicante, con la Dirección Provincial de Costas; como en Madrid, con el Ministerio de Medio Ambiente, para negociar con sus responsables y revisar el deslinde, buscando uno nuevo, que "tenga sentido común, ya que el actual es una barbaridad", aseguró la regidora, que dijo que no puede ser que desde Madrid, "un técnico haga un dibujito que afecta a tantos ciudadanos e incluya zonas urbanas ya consolidadas", al tiempo que aseguró que "el objetivo de la Dirección General de Costas es proteger las dunas y en eso todo lo apoyamos, pero se ha creado un problema de propiedades y edificabilidad".
Albentosa manifestó ante los vecinos que fue una sorpresa para ella ver publicado el deslinde, ya que se había negociado que se iba a revisar antes de publicarlo y que se iba a sacar de la linea las áreas urbanizables que ahora están en conflicto. Sobre la reunión en Madrid dijo que el día 16, a su regreso de la misma, hablará de nuevo con los afectados y les contará el resultado de sus negociaciones, y "esperamos tener buenas noticias, pero con papeles firmados, porque la situación que se ha creado es más técnica que política".
Algunos vecinos calificaron el nuevo deslinde propuesto por Costas como "ridículo y vergonzoso" asegurando que "se han vuelto locos".

lunes, 7 de junio de 2010

La Ley de Costas afila tensiones entre el Estado y el Gobierno canario

Los enclaves de Tufia, Ojos de Garza o el Anexo II de Playa del Inglés son algunos de los principales quebraderos de cabeza del Estado a la hora de aplicar la Ley de Costas, topándose en muchos casos con las realidades de los vecinos, la incredulidad de las corporaciones locales y las discrepancias del Gobierno de Canarias.
Tan enrevesada está la situación en las Islas que incluso la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas -a la que se han adherido los afectados del citado centro comercial del sur, los de Ojos de Garza y Tufia- mantuvo una reunión la semana pasada con el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, quien se mostró receptivo a trasladar el ambiente que se respira en el Archipiélago entre los afectados por la aplicación de la Ley a la cúpula de su partido a nivel nacional. De momento, la Asociación se mantiene a la espera de una respuesta que incluya posibles acuerdos.
Situación más que compleja
Y es que la recuperación de las zonas costeras degradadas es, o debería ser, una actuación prioritaria para los gestores del litoral, pero como todas las buenas gestiones exige tener en cuenta la realidad existente. Estos axiomas fundamentales se están obviando de manera continuada en el caso de las Islas.
Muchos de los terrenos que pretende recuperar Costas están habitados desde hace más de medio siglo. Abundan en nuestro litoral los acuerdos de palabra por los que bien la marina o los terratenientes, entonces propietarios de dichas parcelas, permitían construcciones en zonas de inútil uso para sus actividades. Hasta tres generaciones han vivido en estos lugares, construidos y mantenidos con su propio esfuerzo.
Entre los enclaves más antiguos, sirva como ejemplo Tufia. Al no estar incluido en el plan de ordenación, no han contado durante sus más de 50 años de existencia con los servicios de la administración, pero si, han tenido que hacer frente a los pagos y recibos convenientes.
Así lo reconoce José Antonio Perera, alcalde en funciones y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde al hablar del objetivo: «Intentaremos que sean lugares bien integrados en la costa, por lo menos que se puedan identificar los orígenes pesqueros y que la singularidad que tienen se pueda ver en su trama urbana estando bien mantenidos, con la dotación de servicios necesaria y que sean enclaves cómodos, no sólo para vivir sino para visitar como lugares emblemáticos», de la misma manera afirmó que Tufia «no corre peligro, porque el Ayuntamiento peleará con todas su fuerzas para que no desaparezca».
Vías de actuación
Dos vías de actuación responden a la aplicación de la Ley de Costas en Telde. Mientras el abogado de Tufia se posiciona contra los derribos y persigue una modificación de la Ley del Estado por estar blindada -a su juicio, estar cargada de perversiones-, el catedrático de la ULPGC de Urbanismo Carmelo Padrón, acepta la aplicación de la Ley y señala al Gobierno de Canarias para que haga posible el realojo.
Hay que recordar que la Declaración de Tufia y Ojos de Garza como Lugares de Interés Paisajístico y Cultural fueron llevadas al Pleno municipal a petición de los vecinos el pasado 30 de abril y 28 de mayo consecutivamente, contemplando ambas en su conjunto como un núcleo urbano. Y todo ello sin mencionar que en Tufia, por el momento, se han iniciado 22 expedientes en el marco de la Ley de Costas, prácticamente la primera línea de playa en su totalidad. De esos 22, 16 pusieron recurso de alzada y 6 no lo han hecho.
Por lo tanto, y desde el momento que se autorice, Costas puede solicitar el permiso para empezar a demoler, aunque afirman que están esperando para realizar una demolición conjunta. Incluso de los 16 anteriores, hay 14 expedientes resueltos por la Dirección General de Costas y dos pendientes. Y de esos 14, hay 8 propietarios que han interpuesto recurso ante el Tribunal de Justicia de Canarias.
Frente a la problemática de la aplicación de la Ley de Costas, también en esta línea, es decir, aceptando los derribos de las propiedades que estén dentro del Dominio Público Marítimo Terreste (DPMT), pero apostando por un plan de realojo se muestra el catedrático de la ULPGC en Urbanismo, Carmelo Padrón.
¿Dónde y cómo piensan realojar a 400.000 familias y empresas? ¿Con qué dinero y en qué terrenos?

sábado, 5 de junio de 2010

Aparici: "La Diputación llevará a Europa el problema de la costa de Castellón a través de los ciudadanos"

El Vicepresidente de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, asegura que el departamento de relaciones institucionales que dirige estudia una propuesta para "hacer llegar la petición de todos los vecinos afectados al parlamento europeo".

Por esa razón, recogiendo la sugerencia de los alcaldes de Nules y Xilxes, los técnicos encargados del departamento que dirige Vicent Aparici y en base a la reunión que el vicepresidente de la Diputación y la diputada de Turismo mantuvieron en Bruselas con la eurodiputada Marta Andreasen, están estudiando "a través de qué mecanismos la legislación europea permite a los afectados hacer una defensa de sus problemas ante la comisión europea para a partir de ahí reunir a todos los alcaldes e informarles de cuál va a ser el proceso".

Aparici dice no entender la reacción de los alcaldes socialistas de Almenara y Moncofa que critican la reunión mantenida con los alcaldes de Nules y Xilxes, ya que "esta reunión se hubiera mantenido igual con cualquier otro alcalde que la hubiera pedido, como siempre ha hecho la institución, con la diferencia que el planteamiento se hará a todos los alcaldes cuando se tenga el borrador de la propuesta a llevar adelante".

Esta forma de actuar de la Diputación, recuerda Aparici, es muy distinto a la que se ha llevado a cabo por la subdelegación del gobierno que "sólo se ha reunido con el municipio de Almenara y todavía no ha llevado a cabo la reunión con todos los alcaldes demandada hace largo tiempo, sin embargo no hemos oído a los alcaldes socialistas ni una crítica a este respecto".

El vicepresidente de la Diputación, Vicent Aparici, concluye que "trasladar el problema de lo que entendemos una mala aplicación de la Ley de Costas al parlamento europeo va a servir para que algunos conceptos que el gobierno socialista intenta fijar de forma equivocada y algunas veces interesada se puedan ver de forma diferente por quienes tienen capacidad para aprobar directivas que afectan a las leyes españolas y por tanto abre una posibilidad para la moratoria y la no retroactividad de la aplicación de la Ley de Costas en España".

http://www.elperiodic.com/nules/noticias/76119_aparici-diputacion-llevara-europa-problema-costa-castellon-traves-ciudadanos.html

La UE avisa de que la Ley de Costas vulnera el derecho a la propiedad

El Comité de Peticiones de la UE se ha dirigido a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, para advertirle que la Ley de Costas de 1988 provoca inseguridad jurídica al vulnerar el derecho a la propiedad -protegido por las instituciones comunitarias- de miles de afectados.
En el caso de los dueños de inmuebles que eran completamente legales hasta la entrada en vigor del nuevo deslinde, señala la UE, el Gobierno debería expropiar sus terrenos mediante el pago de una indemnización, en lugar de arrebatarles la propiedad sustituyéndola por una concesión a 30 años, como ocurre en la actualidad.
Cerca de 400.000 familias están amenazadas por esta normativa en toda España, según explicó ayer a ABC la presidenta de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, Carmen del Amo.
En la costa alicantina , uno de los casos más flagrante es el de Rocafel de la Albufereta, donde 800 dueños de pisos -que fueron construidos legalmente en 1964- están a punto de perder su propiedad pese a contar con varias sentencias favorables. En el municipio de Guardamar, el nuevo deslinde ha incorporado 540 hectáreas de suelo al dominio público. Y en Javea hay cerca de un millar de afectados, casi todos ellos extranjeros residentes
http://www.abc.es/20100604/valencia-valencia/avisa-costas-vulnera-derecho-20100604.html#anclaHerramientasArticulo

Europa no traga (Iñaki ZARAGÜETA)

El Parlamento Europeo ha vuelto a advertir al Gobierno de España de que ha de garantizar la seguridad jurídica para los ciudadanos. Como publicábamos ayer en estas páginas, desde Luxemburgo entienden que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se interese por la recuperación del litoral, pero no a costa de la propiedad privada. Al contrario, ordena compatibilizar los dos objetivos.
Viene esto al caso por el desarrollo de la Ley de Costas promulgada por el Gobierno de Zapatero, que ha provocado problemas a miles de propietarios a lo largo de las costas españolas, sobre todo en la mediterránea. Y es que, si considerar de dominio público los cien metros próximos al mar ya plantea dificultades en multitud de edificios, la retroactividad aplicada en la Norma mantiene enfrentado a los propietarios a las instituciones europeas con el Gobierno de España. Son demasiados ciudadanos continentales los afectados por este asunto como para dejarlos en la estacada.En fin, que el paso de aquella ministra, ínclita ella y por nombre Cristina Narbona, sigue dando quebraderos de cabeza no sólo a los españoles sino a un buen número de extranjeros. Por más que haya quedado olvidada en la historia de la política por su ineficacia, dejó, especialmente a los valencianos, amarga memoria de ella. Como el personaje universal de Zorrilla.
Así es la vida

viernes, 4 de junio de 2010

El TSJC salva los caseríos de Tachero, Almáciga y el Roque de las Bodegas

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso que el Ministerio de Medio Ambiente puso contra la decisión de la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que dio a esos populares núcleos poblacionales de Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero la categoría de asentamientos urbanos, por lo que son considerados legales y permite evitar su demolición, tal y como entendía la Dirección General de Costas para poder aplicar la Ley de Costas que conlleva los derribos.

Según anunció ayer el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, en el ámbito de la rueda de prensa de los asuntos del Consejo de Gobierno, "los vecinos pueden estar tranquilos", una situación que permite evitar acontecimientos como el ocurrido con el barrio pesquero de Cho Vito, en el término municipal de Candelaria, que finalmente fue derribado en aplicación de la citada ley promovida por el Estado, aunque advirtió de que a pesar de que contra esta sentencia no cabe recurso, "sí existe la posibilidad de que se pueda recurrir al Tribunal Constitucional".

El TSJC desestimó el recurso interpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Costas en el que se pedía la impugnación de la denegación de un primer requerimiento previo a juicio que pedía la anulación del acuerdo de la Cotmac.
Este primer recurso fue rechazado porque estaba dirigido contra una administración que no tenía competencia en el asunto y porque se presentó fuera de plazo. [...]

jueves, 3 de junio de 2010

Diputación liderará la lucha contra la actual ley de Costas en Europa

Apuestan por que todas las localidades afectadas se unan a esta nueva estrategia.El institución provincial atiende la demanda de ayuda de Xilxes y Nules.
Los alcaldes de Nules y Xilxes, Mario García y Vicente Lapuerta, respectivamente, solicitaron ayer a la Diputación de Castellón que lidere una estrategia para pedir una moratoria a la polémica ley de Costas del año 1988. Este es uno de los resultados de la reunión que mantuvieron con el vicepresidente del ente provincial, Vicent Aparici, para plantear los pasos a seguir para paralizar esta norma mientras no haya acciones contra la regresión pidiendo ayuda a la Unión Europea (UE).

Los dos munícipes han adoptado esta decisión después de las reuniones mantenidas por Diputación con la eurodiputada británica Marta Andreasen --encargada de esta materia--, quien les ofreció su apoyo para defender a los municipios de la Plana ante los derribos de viviendas. En concreto, los primeros ediles han considerado que es oportuno que la institución provincial encabece este programa de trabajo que, “necesariamente, tiene que pasar por una modificación de la normativa relativa al litoral”.

En concreto, García señaló que “nos hemos dado cuenta que en Europa nos atienden mejor y más rápido que en España y tenemos que preparar una buena estrategia para luchar contra una legislación que está desfasada y que aplica unos criterios de retroactividad que no se entienden”. Y recordó que “hace meses que esperamos que el subdelegado del Gobierno nos reciba para ver cómo lograr una moratoria de la ley y no tenemos respuesta”.

Lapuerta, por su parte, indicó que la “Diputación cuenta con más medios que los ayuntamientos para mover el tema por Europa”. “No podemos quedarnos parados porque en Xilxes ya hemos sufrido los derribos y, ahora, están amenazadas 92 viviendas”.

Desde la Diputación aseguran que, a través de esta estrategia que se va a iniciar, pretenden que Bruselas medie ante el Gobierno, competente en esta materia, en la medida de los posible, para paralizar la aplicación de la ley que se plantea desde Madrid.

El primer edil nulense remarcó que la de ayer “es solo la primera de un conjunto de reuniones en las que nos gustaría que estuvieran todos los municipios afectados”. “El ente provincial no excluye a nadie y es muy importante definir bien la línea a seguir”, insistió. Además, apuntó que “cada localidad del litoral está afectada de diferente manera por la norma de 1988, por lo que se deben tener en cuenta las diferentes posiciones existentes”.

Por su parte, Aparici adelantó que “se van a realizar los trabajos necesarios y encaminados a responder a la petición de la eurodiputada Andreasen de contar con más información del tema”. http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=566866