LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

viernes, 23 de julio de 2010

EL GRAN NEGOCIO DE COSTAS CON LOS DESLINDES O COMO MANIPULAR UNA NOTICIA


El pleno de julio dispondrá el pago del justiprecio a Costas, con lo que culmina el proceso

El pleno ordinario del mes de julio, que tendrá lugar el jueves día 29, aprobará una modificación de créditos para abonar a la Dirección General de Costas los 207.000 euros de justiprecio que son precisos para hacerse con la concesión del poblado de Sancti Petri.

Será este el último plazo que debe dar el Consistorio para acabar con un proceso que dura lustros, y que ha visto intervenir a numerosas partes, un par de ministerios, el de Defensa y Medio Ambiente, o particulares, el Consorcio Almadrabero y la sociedad que le compró el poblado, Sancti Petri S.A., y el Ayuntamiento.

El alcalde, José María Román, se congratuló hoy en rueda de prensa del final de este prolongado capítulo de la historia de Chiclana, que ha tenido finalmente una terminación feliz. “Se trata del último escollo que teníamos para que un lugar tan arraigado en nuestra historia pasara a ser municipal, en este caso, con el otorgamiento de una concesión de 30 años, prorrogable”.

El alcalde se refirió a lo extenso del proceso, que se inicia cuando el Consorcio Almadrabero vende el poblado en 1971; a partir de aquí entran en juego numerosos intereses, particulares y públicos, aunque concluyen ahora con el poblado recuperado para los chiclaneros. Román comparó, empero, la lentitud de la primera fase, con la rapidez de la última, puesto que la petición oficial del Consistorio a Costas para que Sancti Petri pasara a su propiedad (en modo de concesión) se hizo hace menos de un año, en agosto de 2009. “Hay que dar las gracias a la directora general, Alicia Paz, porque ha actuado con absoluta diligencia y eficacia, tanto en este asunto como en el de la recuperación del antiguo cuartel de Sancti Petri”.

Si se lee sólo los titulares y no de conoce el tema, dan ganas de darle la enhorabuena al pueblo de Chiclana; pero cuando se analiza tranquilamente, es para obligar a dimitir al alcalde y echarle del pueblo. Veamos la cronología:

1971: Se declara en quiebra el Consorcio Nacional Almadrabero, que había adquirido la península de Sancti Petri por 225.000 pesetas en el año 1929.

1973: La mercantil Sancti Petri compra la península por 85 millones de pesetas.

1979: El Ministerio de Defensa expropia el poblado por 158 millones de pesetas, al quedar afectado por la línea de tiro del Polígono de Experiencias Costilla y González Hontoria.

1993: El Ministerio declara la desafectación al fin público de Sancti Petri, por la variación de la línea de tiro y la alienabilidad; el poblado es puesto a disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

1994 (abril): Se inicia el procedimiento de reversión, figurando como antiguo titular expropiado la mercantil Sancti Petri S.A. El 22 de junio, Financiera Centauro (antes Sancti Petri S.A. y posteriormente Financiera Centauro) solicita la reversión. Defensa desestima la solicitud en 1994. La firma interpone recurso ordinario en enero de 1995 ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

1997: Estimado el recurso de Fomento Centauro, con lo que se declara su derecho a la reversión. El Estado recurre la sentencia.

2002: Desestimado el recurso del Estado.

2002: Apertura de un nuevo proceso: aprobado el deslinde de la península de Sancti Petri. Los propietarios presentan recurso.

2002: El Ayuntamiento compra por cinco millones de euros a los propietarios los derechos de reversión del poblado, pasando a ser el recurrente.

2005: La Audiencia desestima el recurso contra el deslinde.

2009 (agosto): El Ayuntamiento solicita la concesión del poblado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

2010 (febrero): Informe de la Abogacía del Estado en el que reconoce al Ayuntamiento como titular del derecho de reversión, para cuya efectividad será necesario el pago por el titular de dicho derecho del justiprecio actualizado que establezca la correspondiente resolución administrativa.

Resumiendo: el Ayuntamiento ha hecho el peor negocio de su vida. Ha pagado 5 MM de euros (832.000.000 pts) por una propiedad en pleno litigio con Costas, que por supuesto perdió. Si hubiera esperado a que terminara el recurso, no hubiera tenido que pagar ni un euro.

Lo que ahora llama tan alegremente "justiprecio", es pura y simplemente el canon de la concesión, es decir, que Costas le ha quitado una propiedad por la que pagó 5 MM de euros y encima le toca pagar 207.000 euros anuales en concepto de CONCESIÓN por unos terrenos que eran de Chiclana. ¿De qué se alegra el alcalde? ¿Sabrán los chiclaneros que han pagado dos veces por unos terrenos que nunca serán suyos?

ESTE ES EL GRAN NEGOCIO QUE TIENE MONTADO COSTAS CON LOS DESLINDES. TE QUITA LA PROPIEDAD (GRATIS) Y LUEGO LE PONE PRECIO A LA CONCESIÓN.

http://www.elfarodechiclana.com/index.php/desarrollo/124-economia/1159-el-ayuntamiento-da-el-dia-29-el-ultimo-paso-para-que-sancti-petri-sea-de-chiclana

domingo, 18 de julio de 2010

Afectados por la Ley de Costas piden que se ponga freno a los abusos

“La línea que separa el suelo público del privado es tan arbitraria que el negocio está asegurado”, denuncian las víctimas. PP, CIU y CC exigen la modificación de la norma

Recuperar el litoral. Eso persiguen las autoridades que obligan a cumplir la Ley de Costas, en vigor desde hace 22 años y que impide edificar a menos de 100 metros de la orilla del mar y 20 metros si es suelo urbano. Las viviendas que no cumplan estos requisitos pueden ser demolidas. Esto es ya una realidad: cientos de propietarios han perdido sus casas en la costa, y aún quedan 1.000 kilómetros por deslindar. Pero ¿con qué criterio se establecen las líneas divisorias de la propiedad pública y la privada?, ¿existen intereses, más allá de los medioambientales, a la hora de establecer los deslindes? El debate se reabre tras las propuestas presentadas por el Partido Popular de Galicia y Cantabria, CIU y Coalición Canaria para modificar la Ley de Costas que se aprobó en 1988. Ésta nació con un objetivo claro: paliar la situación en la que se encontraba el litoral español. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos 22 años en España demuestra que esta Ley y su reglamento no han cumplido plenamente con sus objetivos. Desde 1987 a 2005, un total de 7,7 hectáreas de costa al día han sido sustituidas por urbanizaciones, hoteles y puertos. Las zonas de Levante y Canarias han sido las más afectadas.

La senadora popular por Cantabria, Leticia Díaz, fue una de las que dio la voz de alarma. Presentó el pasado martes una propuesta “de mínimos” para que se mantenga la situación jurídica de todas las concesiones anteriores a su aprobación en 1988, hasta que se arbitre un instrumento de planeamiento urbanístico que determine qué usos son compatibles con la preservación ambiental y se establezca una valoración. Leticia ha declarado a LA GACETA que “Costas no ha frenado los desmanes urbanísticos, ni los de antes ni los posteriores a la ley”. En lo que respecta a la propia Ley, Díaz denunció que no le parece adecuada “la confiscación de propiedades privadas, ni su efecto retroactivo”. Y es que la Ley tiene, según José Antonio García-Trevijano, jurista especializado en Derecho Público, dos grandes problemas: “El primero es que define el dominio público en términos imprecisos, con lo cual el Gobierno de turno sitúa los deslindes (líneas que separan la propiedad privada de la pública) donde quiere”. Esto ocasiona, según Trevijano, que existan casos como la playa de Cadabedo en Asturias, donde la línea de dominio público está a dos kilómetros del mar y en otros sitios a 100 metros. Existen deslindes que son “auténticos zigzags”.

Concesiones

El segundo problema grave que plantea la Ley es que el TC aprobó en 1991 que a los propietarios de terrenos que estuvieron afectados por Costas no había que aplicarles la expropiación sino la concesión. “Como no hay dinero para realojar a la cantidad de personas afectadas, se les permite permanecer en sus casas 30 años prorrogables a otros 30, es decir, pueden permanecer en sus casas, eso sí, sin reformarlas, ni siquiera pintarlas, hasta 2018 o incluso hasta 2048. Y, después, a la calle. Sin indemnización, ni casa. Eso si a Costas no se le antoja echarlos antes. Esto, en Europa, es inaudito”, explica el abogado.

Actualmente, Costas ha deslindado ya un 92% del litoral español; quedan 1.000 kilómetros de costa por dividir. Las casas de pescadores de El Puig en Valencia serán las próximas en ser derribadas. Será en septiembre. Los habitantes de Puntas de Calnegre, en Murcia, están en espera de la sentencia del Supremo. Los propietarios de las viviendas situadas en Playa de la Viuda, Ojos de Garza y otras poblaciones costeras tradicionales de las Islas Canarias han recibido cartas con órdenes de derribo. Así también comenzó la historia de los habitantes de la población tinerfeña de El Cho Vito, demolida por Costas en octubre de 2008.

Caso Cho Vito

La casa de Antonio Alonso estaba escriturada en el año 1953. Había pertenecido a su familia desde siempre. Comenzaron a recibir cartas de Costas anunciando el derribo de su propiedad, ya que su casa, como las del resto de habitantes de El Cho Vito, pertenecía a suelo público. En la sexta y última carta, le advertían de que el derribo de su casa costaría al Estado 18.000 euros, que tendría que pagar de su bolsillo. En octubre de 2008 derribaron su casa. Antonio todavía no tiene sus enseres, ni muebles, ni ropas, ni documentos, ya que fueron destruidos por el operativo.

Sin embargo, sigue pagando el IBI y los impuestos correspondientes a la casa. Él ahora vive de alquiler, pero muchos de los propietarios de las 23 casas que tiraron no tenían dinero ni otro sitio adonde ir y malviven como pueden, en casas de familiares.

Todos ellos mantienen la esperanza de que les devuelvan sus casas desde el día 22 de marzo, que llevaron su caso al Parlamento Europeo. “La práctica totalidad del arco parlamentario nos dio la razón”. Sin embargo, Antonio sabe que “lo que está en juego es muy gordo. Hay un proyecto de construir 15 adosados de lujo y 1 puerto deportivo en el Cho Vito; los pobres no cabemos ahí”.


La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, afirma que, “con los deslindes, el negocio está asegurado para siempre” y denuncia a LA GACETA las malas prácticas de la Dirección General que ostenta Alicia Paz. “Costas se vale de su poder y del dinero público e incluso del europeo para chantajear a los ayuntamientos cuando piden que saquen de ordenación edificios completamente legales para poder derribarlos y poder hacer las infraestructuras que ellos deciden. Cuando un ayuntamiento se opone, como es el caso más reciente de Puerto Naos en La Palma (Canarias), Costas le retira las infraestructuras prometidas. Estos casos se dan en toda la costa española”. La GACETA se ha dirigido a la Dirección General de Costas y su respuesta fue breve: sus “actuaciones están amparadas por el Constitucional”.

Estos argumentos no son válidos para Europa. El Parlamento Europeo no deja de amenazar a España, con la retirada de fondos, si no es capaz de solucionar los problemas derivados de la aplicación de esta ley, que inunda de casos flagrantes todo el litoral español.

Molino del s. XVII

El molino de mareas Portu Errota, en la vizcaína ría de Urdaibai, data de 1683. La familia de Jon Iturribarria, su actual “ocupante”, como lo han definido las autoridades, adquirió la propiedad hace 50 años y desde entonces ha invertido millones de euros en restaurarlo y ponerlo en funcionamiento. El molino, que además es vivienda, fue declarado monumento por la Diputación de Vizcaya.

“En 1996, antes de realizar el deslinde en la zona, me dijeron que la casa no es nuestra”, recuerda Jon. Después de años de litigio, el TC dictó sentencia hace mes y medio ratificando que el terreno en el que vive es público, como había afirmado Costas.

“Roban propiedades y luego dicen que estamos usurpando el dominio público”, afirma Jon, quien se pregunta qué argumento tiene Costas para adueñarse de su terreno cuando en la zona hay otros dos molinos iguales (más cercanos al mar) que no han sido afectados por el deslinde.

La batalla legal sobre el molino de Portu Errota dura ya tres lustros. “15 años de juicios no hay persona ni economía que lo aguanta”, reconoce Jon. El caso ya ha llegado al Parlamento Europeo, que ha recibido ya varias denuncias sobre la aplicación de la Ley de Costas. Según afirma el habitante del molino, la Administración juega con el desgaste de los ciudadanos. “Cuentan con que la gente se quema”, advierte.

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/afectados-ley-costas-piden-que-se-ponga-freno-los-abusos

A Greenpeace no le gusta que los españoles vivan cerca del mar


La organización ecologista Greenpeace ha presentado este viernes en Madrid su último informe sobre el estado del litoral marítimo español, Destrucción a toda costa (aunque no se aclara de qué tipo de destrucción se trata). En su opinión, en las últimas décadas se han cometido numerosos "desmanes" que tienen que ver con la construcción, el turismo o las infraestructuras.

El problema es que para apoyar sus conclusiones utiliza algunos argumentos ciertamente peculiares, que parecen ir dirigidos más contra la riqueza generada en España en los últimos cincuenta años que contra supuestos daños al medioambiente

Población y urbanismo

La primera cifra que aparece en el resumen de la página 18 del estudio nos informa de que el 44% de la población vive en municipios costeros. Como está cerca de otros muchos datos que son claramente criticados por Greenpeace, hay que suponer que a la organización ecologista le molesta que tantos españoles vivan cerca del mar. Algo habitual a lo largo de la historia de la humanidad -casi todas las grandes civilizaciones se han desarrollado cerca del mar, porque facilita el comercio y ofrece un clima más benigno- incomoda a Greenpeace, que contrapone ese 44% con el 7% del territorio que ocupan los términos municipales de estas ciudades y pueblos.

Además, esta denuncia es perfectamente coherente con las soluciones que ofrece Greenpeace al supuesto problema de la costa española. En la página 162, la organización pide que se prohíba "toda construcción a menos de 500 metros del litoral fuera de las zonas urbanas". Claro, que hubo un momento en que todo el litoral era zona no urbana. Con los criterios de Greenpeace, la mayor parte de La Coruña, Cádiz o San Sebastián nunca se hubiera edificado. Por alguna razón que no explican, a los ecologistas no les molestan las construcciones cercanas al mar anteriores a 1950, pero sí las posteriores.

Según los autores del informe, el motor económico de la construcción "ha robado" el equivalente a tres campos de fútbol al día. La causa de todo esto es la "gran afluencia de turistas (el 80% de los 60 millones de visitantes de España eligen la costa) y las actividades económicas que generan el masivo uso y ocupación de esta estrecha franja".

Que los extranjeros que vienen a España también visiten la costa parece lógico, pero tampoco gusta a Greenpeace. Por eso, denuncia que "el 25% del litoral es costa artificial" (es decir, que hay pueblos, carreteras, paseos marítimos o construcciones aisladas) y el "60% de las playas están en entornos ya urbanizados", pero en ninguna parte aclara qué tiene esto de malo o cuál es el porcentaje que haría de la costa española un lugar bien cuidado.

Turismo: ¿un mal negocio?

Denunciar el turismo de forma frontal quizá no sea políticamente muy correcto en un país en el que un alto porcentaje de su población por lo que Greenpeace ataca la rentabilidad económica de la actividad. De esta manera, asegura que "en 2007, la industria turística acumulaba su sexto año consecutivo de descenso de ingresos; a pesar de eso, ese año se proyectó la construcción de 202.500 nuevas plazas hoteleras". Evidentemente, no todos los empresarios hoteleros tienen éxito ni todas las inversiones obtienen beneficios, pero resulta extraño que una industria que Greenpeace asegura que cada año tenía menos ingresos ofreciera más puestos de trabajo en cada temporada.

En cualquier caso, si lo que dice la organización ecologista es verdad, debería estar tranquila, si cada vez vienen menos turistas debido a la "saturación de la línea costera", los empresarios dejarán de construir hoteles o, incluso, cerrarán los ya existentes.

Más urbanización que población

En la misma línea, Greenpeace denuncia que "entre 1990 y 2000 la población española creció un 5%, mientras que la urbanización lo hacía un 25%", lo que probaría que muchos empresarios hacían casas para ¿no venderlas?. Lo cierto es que leyendo el documento no queda clara la motivación que hay detrás de este frenesí constructivo.

Es evidente que en las última década ha habido un exceso de inversión en el sector de la construcción, un fenómeno impulsado fundamentalmente por organismos públicos: desde el Banco Central Europeo con sus artificiales bajos tipos de interés, a las cajas de ahorro, con su componendas crediticias, pasando por los ayuntamientos, que han explotado la gallina de los huevos de oro de las recalificaciones. De hecho, ahora mismo hay muchas empresas que están sufriendo sus malas inversiones de los últimos años.

Sin embargo, en su mayor parte, el exceso constructivo respecto al crecimiento de población se debe a dos causas: que muchos españoles han accedido a una segunda vivienda y que numerosos extranjeros se han comprado una casa de veraneo en España. Greenpeace no dice si está mal que a la mayoría de la población le guste veranear en el mar, pero no parece que la idea le haga demasiada gracia, aunque no explica por qué.

El deporte: sospechoso

En el apartado dedicado al turismo, Greenpeace guarda unos párrafos especiales para dos de sus tradicionales bestias negras: el golf y los puertos deportivos. Dos actividades que hasta ahora eran coto de las clases altas se han popularizado mucho en las últimas décadas, lo que ha provocado que se hayan construido numerosos campos de golf y atraques para embarcaciones de recreo.

En el primer caso, los ecologistas denuncian que un recorrido de 18 hoyos necesita hasta "medio millón de metros cúbicos de agua al año, lo mismo que una población de 10.000 habitantes". No aclaran por qué esto es malo o qué usos deben prevalecer sobre los campos de golf, ni tampoco se explica que la gran mayoría de los campos tienen lagos propios de donde sacan el agua de riego y que ésta debe ser no potable.

Las soluciones

Entre todas estas cuestiones, Greenpeace incluye algunas denuncias acertadas acerca del "dinero público destinado en los últimos años a sostener el sector inmobiliario" y la corrupción generada en ayuntamientos y otras administraciones por la burbuja urbanística. Sin embargo, la visión de estos dos fenómenos no lleva a los autores del informe a pedir la solución que mejor solventaría ambos problemas: la retirada de las competencias municipales en todo lo que tenga que ver con la construcción (desde la otorgación de licencias a límites de edificación, pasando por los peculiares criterios artísticos del arquitecto municipal) y la liberalización del suelo.

La libertad de los propietarios del suelo para edificar en sus terrenos no está entre los objetivos de Greenpeace que, como solución, pide "incorporar códigos de buen gobierno a las administraciones públicas, una Ley de Responsabilidad Patrimonial para los políticos, una Ley de Acceso a la Información Pública y establecer una agencia de vigilancia". Además, exige una "estrategia de sostenibilidad de la costa, un fortalecimiento de los planes para luchar contra la contaminación y la prohibición de los macrocomplejos hoteleros y de las urbanizaciones masivas".

Es decir, más leyes, más burocracia, menos libertad y menos propiedad privada: como si todas las normas que ha habido hasta ahora no hubieran existido nunca y no hubieran provocado, precisamente, los peores resultados de un fenómeno que, en general ha traído a España riqueza, prosperidad y bienestar.

Las fotos

Precisamente, sobre paisajes y desastres urbanísticos trata la parte más interesante del documento. En la parte central del informe, Greenpeace coloca fotos de paisajes españoles de la actualidad enfrentadas al mismo paisaje cincuenta años antes. La organización ecologista parece sugerir que las antiguas instanténeas son mucho más atrayentes y hablan de una vida mejor que la actual; sin embargo, es difícil llegar a esa conclusión mirándolas con objetividad.

En las dos de Marbella, por ejemplo (ver abajo), se contraponen una imagen de pescadores con el actual puerto deportivo. En la primera, se ven a unos marinos, echándose a la mar en una barquichuela de madera, rodeados de otras pequeñas embarcaciones. Lo que sugiere la foto es que estos marineros marbellíes debían pasar toda la noche trabajando y arriesgando su vida en barcas inestables con el objetivo de sacar unos cuantos peces que intercambiar en el mercado del pueblo. La segunda foto muestra un puerto con barcos de recreo, palmeras, luces y apartamentos. Quizás los nietos de aquellos pescadores hayan podido vender sus tierras o hayan comprado barcos mayores para surtir de pesca a los grandes restaurantes que menudean por Marbella o hayan ido a la universidad o sean camareros en un chiringuito de playa: cualquier opción es posible, pero pocas parecen peores que lanzarse cada noche a la mar en la barquita que retrata Greenpeace. Eso sí, las fotos no tienen explicaciones, por lo que no es posible saber exactamente por qué a la organización ecologista le gusta más el blanco y negro que el color.

Lo que Greenpeace no denuncia es como actúa Costas contra la gente que no puede defenderse de su abuso de poder. Tampoco denuncia que mientras a unas provincias se les "confisca" millones de m2, a Barcelona se le ha permitido ganar 80 Ha al mar (saltándose la Ley de Costas y pagándolo entre todos los españoles) que luego han sido regaladas a su ayuntamiento. Aún estoy esperando verles subidos al hotel Vela colgando uno de sus famosos carteles. Greenpeace lleva años mirando para otro lado mientras se derriban poblados enteros ¿Por que no piden que se derribe el hotel Vela o VillaPSOE?

domingo, 11 de julio de 2010

Ampliación plazo deslinde Laredo, Cantabria

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de 11 de mayo de 2010, por la que se amplía en 12 meses el plazo de resolución y notificación del expediente dedeslinde del tramo de costa de unos 2.297 metros de longitud, del término municipal de Laredo (Cantabria). Ref. DES01/08/39/0003.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-B-2010-18195.pdf

sábado, 10 de julio de 2010

MAYOR STEPS IN TO HELP EL MOJON BRITS

A couple of weeks ago The Leader ran a story “Houses in El Mojon Threatened by Coastal Laws”.
he article described how the land on which some 50 houses in El Mojon are situated is being reclaimed by the Spanish Coastal Authorities, who state the properties are less than 20 metres from coastline

Although the beach is approximately 100 metres away, the salt lakes are a lot closer while a man-made canal is less than 20 metres from some of the houses.
Local Businesswomen Jane Cronin, well known in the area as a Spanish language and history teacher, a stand up comedian and author as well as the founding member of ADAPT, read the article we printed and decided to step in to help. Jane says, “In my experience the present mayor of San Pedro is an extremely positive and intelligent person, so I did not hesitate to get in contact with him when I read the article in The Leader.”

Jane organised a meeting with the Mayor, Jose Maria Garcia Ruiz, who expressed a desire to help the unfortunate home owners, 80% of whom are foreigners. Sr. Garcia wanted to discuss the problem and convey his point of view on the subject.

This is not a problem caused by the Town Hall, but the mayor feels that they should be in contact with the people concerned, particularly those English speakers who may have missed out on some of the information and feel that they lack support. meeting took place at midday on Friday 2nd July, and the general feeling afterwards was one of hope. It appears that San Pedro Town Hall passed the local laws related to land for building, land for future building, protected land etc. etc. in 1985, and all the building in El Mojon has been done based on that law, completely correctly.

The Ley de Costas law was passed in 1988. This law gives powers to the Ministry of the Environment to enforce restrictions within a band of land all round the coast of Spain. It can override the authority of town halls etc. If in 1988 the people enforcing the Ley de Costas had approached San Pedro with their demands, there still would not have been a problem, as much of the land designated for building had still not been developed.

Instead they have waited until now, 2010, over 20 years later, to make their decision about the coastal area in El Mojon. This was done with no prior warning and without consultation in a completely arbitrary way. As well as affecting a number of residents, it also affects a private business, the "Salinera Española" which extracts salt from the salt lakes.

The way this extraction process works means that if this business was closed down it would literally destroy the ecological balance of the Salt Lakes.

The area of the Salt lakes in San Pedro is protected by regional laws, which means there are very strong pre-existing laws which prevent anyone interfering with the eco-system, including the flora and fauna, of the salt lakes.

On this basis, the mayor of San Pedro and his team of technicians have already presented a detailed complaint, based on legal grounds, against what the mayor called "disparate", which means "craziness" or "stupidity" of Costas. He is as confident as he can be that their complaint will override the decision of Costas as it is so clearly based on legal premises and it has to be judged by a judicial team.

If he is wrong and their allegations are rejected, there is still a legal process in which they can "counter-complain" etc. so there is a very long way to go before any final decision is made.

However, he is hopeful of a positive outcome, perhaps by the end of the year.

In the very worst case that they lose against Costas, all that this would mean is that the Ministry of the Environment would constitute a second authority, apart from the Town Hall, over the use of the land in El Mojon. In other words, if you wanted to do something to your house, you would have to ask for their permission as well as the Town Hall’s. However, in no way does it affect ownership, buying, selling and all the normal uses of a private property, so it appears there is nothing to fear.

The only restriction at present is that while the case is being decided, the Town Hall is not able to issue any new "licencias de obras" - work permits, for the affected properties. This process has to be suspended for now, but anyone who already had permission can continue with the work.

The mayor finished by saying that he wanted the residents of El Mojon to be assured of his solidarity with them on this matter and that the Town Hall staff are fighting the Ley de Costas as though the houses were their own.

Another town affected by the Ley de Costas is Guardamar. The Mayoress, Maryléne Albentosa, has approached the San Pedro Mayor to see if they can work together when it comes to fighting Costas. In Guardamar over 1,000 people are affected by the new law, along a stretch of coastline some 14.3km long.

Many of the Brits affected have contacted their MEPs, who have all promised to fight for their legal rights. Michael Cashman is looking into the matter in El Mojon, while UKIP MEP Marta Andreasen once again brought President Zapatero to task over his government's inaction on the demolition of coastal homes all over the country.

In a plenary session at the European Parliament she said, “Today I'm coming back here to remind you of the infamous Spanish land grab, a matter which I first brought to your attention in January. You have done nothing to resolve the menace affecting hundreds of thousands of people across Spain who face confiscation and demolition of their houses."

She added that the head of Andalusia's planning inspectorate had acknowledged that 300,000 houses are affected in that region alone. "This is not the handful of British citizens that some want us to believe," Ms Andreasen said.

A further 15,000 mostly British, Belgian, German and French property owners lodged a formal petition with MEPs four years ago in desperation over a 1994 Valencia land and town planning law which triggered 20,000 compulsory purchases of land or property for "urban" development.

Mr Zapatero said that the Courts are responsible for the application of law. "We stand shoulder to shoulder with those people, in this case British citizens, who, maybe, have had wool pulled over their eyes in the property sector.

But we are working with the parliamentary groups in the European Parliament. We are doing everything possible," Mr Zapatero said, claiming that this parliament had itself asked Spain to protect its coast and so environmental laws have to be observed.

http://www.theleader.info/article/23831/spain/costa-blanca/mayor-steps-in-to-help-el-mojon-brits/

viernes, 9 de julio de 2010

¿A qué españoles debo pedir perdón? (MARTA ANDREASEN)


Pregunto a los anónimos que me acusan de haber ofendido a los españoles a quienes debo pedir perdón.

Debo pedir perdón al cerca de medio million de familias españolas que habiéndo comprado/construído su vivienda en toda legalidad viven hoy
desesperados por la amenaza de que ésta sea demolida, o de perder la propiedad sin compensación razonable?

O debo pedir perdón a todos aquellos españoles que por acción u omisión han hecho posible que sus compatriotas se vean afectados por este drama que lleva muchos años sin solución.

Sabed, anónimos, que
desde hace un año me ocupo de la situación de los Españoles más que de los Ingleses porque los que la sufren son mucho más numerosos. Sabed, anónimos, que he recibido en mi despacho en Bruselas y he visitado a muchos españoles a quienes he visto destruídos por el drama que les toca vivir. Sabed, anónimos, que trabajo codo con codo con muchos de ellos para que el Gobierno español reaccione de una vez y acabe con este escándalo.

Qué creéis que piensan los españoles que viven bajo la amenaza de perder sus propiedades?

Qué creéis que piensan aquellos que habiéndola ya perdido se ven obligados a continuar pagando la hipoteca al Banco a riesgo de acabar en la cárcel o perder otros bienes? Al menos en Zimbabwe los expropiados no tienen que seguir pagando la hipoteca.

Yo represento a los Ingleses sí y ha sido a través de ellos que he conocido el problema pero he defendido a todos los damnificados y lo seguiré haciendo.

Ahora preguntad a los españoles damnificados cuántos eurodiputados españoles han salido en su defensa

El Congreso debate por primera vez rebajar la Ley de Costas de 1988


El Congreso debatirá por primera vez una reforma de calado para rebajar la Ley de Costas, de 1988. Lo hará en otra norma que no tiene mucho que ver, la Ley de Medio Marino, a la que Coalición Canaria ha presentado enmiendas para reducir los derribos y respetar las casas ya construidas en dominio público. El PSOE se opone y el PP no ve con malos ojos un recorte de la política de derribos que tantos votos cuesta y quebraderos de cabeza genera.

La Ley de Costas era un melón que nadie se atrevía a abrir. Aprobada en 1988, la norma declaró público todo el litoral español. Para quienes tuvieran una casa construida legalmente en la arena, la ley ideó un sistema peculiar de compensación: el Estado les dejaba usar sus propiedades hasta un máximo de 60 años pero no podían venderlas. Tras ese periodo pasarían a manos del Estado para ser derribadas. La idea era limpiar el litoral de cemento.

La ley fue cumplida a medio gas hasta 2004, cuando el ministerio que dirigía Cristina Narbona aceleró los deslindes (el trámite para delimitar la zona pública y la privada de costa). Actualmente está deslindado el 92% de los casi 8.000 kilómetros de costa y con el trámite llegan los pleitos, los derribos, las quejas a Bruselas, la movilización y, finalmente, el debate parlamentario.

El portavoz popular en Medio Ambiente, Carlos Floriano, asegura que aún no tienen postura fijada pero no rehúye el debate: "Se ha sacralizado una ley que no ha cumplido su objetivo, ya que en estos 20 años de vigencia de la norma es cuando la costa ha sufrido más agresiones. No ha conseguido compatibilizar el medio ambiente y el respeto a la propiedad privada. Se están vulnerando derechos adquiridos de mucha gente mediante un procedimiento confiscatorio".

Una enmienda de CiU pide reformar la ley en tres meses para "revisar los criterios de deslinde de dominio público marítimo-terrestre aplicables a aquellas áreas urbanas consolidadas con singularidades propias" y pone como ejemplos la urbanización de Santa Margarida (Roses, Girona) o la Marina de Empuriabrava. Pere Macías, de CiU, afirma que "en algunos casos la ley es excesiva" y que casos como los que cita "los hay en toda España". Macías destaca que muchos de los afectados por la ley son extranjeros, lo que le ha valido al Gobierno quejas del Reino Unido y Alemania.

Las enmiendas de Coalición Canaria (CC) van mucho más allá y otorgan competencias en materia de costa a las comunidades. El partido pide "respetar las construcciones y usos ya existentes" en la costa aunque a la entrada en vigor de la ley no estuviera clasificado como suelo urbano. CC y PP aprobaron una ley autonómica que salvaba viviendas en la playa por su "valor etnográfico", pero la norma está recurrida por el Gobierno en el Constitucional. Ahora pretende introducir en el Congreso que las comunidades designarán las construcciones con "valores históricos, etnográficos, arquitectónicos o pintorescos, que resulte conveniente conservar en función de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social".

El BNG no ha enmendado la ley, pero no porque quiera mantenerla tal cual. Presentó otra proposición de ley para legalizar los núcleos rurales construidos antes de la ley pero no reconocidos en esta, como el caso de Marín (Pontevedra). "No queremos abrir el tema de los deslindes, pero sí estamos dispuestos a hablar sobre la forma de salvar estas construcciones que hay en la costa gallega y asturiana", afirma la diputada Olaya Fernández.

El Ministerio de Medio Ambiente no ha querido comentar las enmiendas. El ministerio ya presentó una reforma de un punto de la norma para permitir comprar y vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. Ese cambio, introducido a través de otra ley, duerme desde hace año y medio en un cajón del Congreso. El ministerio sí ha optado por aplicar la ley con menos dureza, al menos públicamente, que el equipo anterior.

Los ecologistas temen que la presión acabe por imponer un recorte. "En España que la costa es pública está reconocido desde Alfonso X el Sabio. Por la seguridad de las personas, la franja costera no debería ocuparse y las ocupaciones ilegales no deben prevalecer sobre el interés general", afirma Rita Rodríguez, de WWF, una organización que ve con alarma los movimientos contra una de las leyes más importantes y duraderas sobre medio ambiente.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Congreso/debate/primera/vez/rebajar/Ley/Costas/1988/elpepusoc/20100709elpepisoc_3/Tes

miércoles, 7 de julio de 2010

Negando la realidad


Este martes tuve ocasión de interpelar al señor Zapatero sobre el drama de miles de familias que corren el riesgo de perder sus casas por aplicación retroactiva de la ley de costas o por los abusos urbanísticos.

Está claro que logré llamar su atención cuando trasladé la preocupación - la comparación no fué mía- de uno de los afectados de nacionalidad británica en cuanto a sufrir la misma suerte que sus compatriotas en Zimbabwe.

Sin embargo no supo responder a la inquietud, se concentró en negar que pudiera existir similitud alguna entre ambas situaciones y se amparó en su " lucha" por la conservación del medio ambiente.

Pero mi discurso contenía elementos más importantes que quedaron sin respuesta. Comencé diciéndole que ejerció la presidencia rotatoria de la UE de la misma manera que gobierna España, esto es, de espaldas a los ciudadanos.

Le dije luego que, según la responsable de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rosa Urioste, el problema afecta, solamente en esa región, a más de 300.000 familias.

No sería difícil imaginar que a nivel de toda España los afectados superen el medio millón. Y yo puedo decirles con certeza que el 80% de los afectados son españoles.

No nos engañemos... esta situación constituye parte importante de la tremenda crisis que hoy sufre España. Pero al señor Zapatero esto le trae sin cuidado...

Él está en los "grandes acuerdos" como la constitución del Servicio Exterior de la Unión Europea, que dicho sea de paso requerirá un aporte adicional de los contribuyentes al presupuesto de la UE. Me pregunto si para ello será necesario incrementar el IVA...

Yo, por mi parte, de mi posición de Eurodiputada, seguiré luchando por lograr una solución para todos los perjudicados por el tema urbanístico -tal como lo dije en el hemiciclo- sean británicos, españoles o de otra nacionalidad.
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/europa_atirodeblog/2010/07/07/negando-la-realidad.html

martes, 6 de julio de 2010

Zapatero rejects Mugabe comparison on Spanish land grab

http://www.youtube.com/profile?user=martaandreasen

Preguntan a Zapatero si confiscará las casas costeras a los británicos, como en Zimbabue

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rechazó hoy "drásticamente" ante el pleno de la Eurocámara la comparación entre España y Zimbabue realizada por la eurodiputada del Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP), Marta Andreasen, por los abusos urbanísticos que han afectado a los ciudadanos británicos en la costa española y defendió que España es un Estado de derecho en el que se respetan las leyes.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rechazó hoy "drásticamente" ante el pleno de la Eurocámara la comparación entre España y Zimbabue realizada por la eurodiputada del Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP), Marta Andreasen, por los abusos urbanísticos que han afectado a los ciudadanos británicos en la costa española y defendió que España es un Estado de derecho en el que se respetan las leyes.

"No puedo asumir, como presidente del Gobierno de España, la comparación que se ha hecho o que se ha pretendido hacer aquí por una representante de un grupo político determinado desde Gran Bretaña citando textualmente a Zimbabue. No lo puedo admitir bajo ningún concepto. Es inasumible. No lo acepto. Lo rechazo drásticamente", dijo Zapatero en respuesta a Andreasen durante su comparecencia ante el Parlamento para presentar los resultados de la presidencia española.

La representante del UKIP -que dispone de un canal en Youtube desde junio- le espetó a Zapatero que en su circunscripción hay temores a que la situación en España sea "similar" a la que sufrieron los británicos en Zimbabue con el régimen del general Mugabe por el "riesgo de confiscación" de casas de ciudadanos británicos en lugares como Albox, en Almería. Y se preguntó por qué se les da este trato en un país "amigo y europeo".

"La situación que se está produciendo es una violación de Derechos Humanos, amén de ser un componente importante de la crisis que vive España. ¿Espera usted que esta Unión Europea venga al rescate de un país donde esta violación continúa produciéndose sin que el Gobierno central se decida a intervenir?", le preguntó Andreasen en español, que se ha erigido en portavoz de los ciudadanos británicos instalados en la costa mediterránea española.

"Mi país es un Estado de Derecho que respeta y hace respetar las leyes y, en la aplicación de las leyes, son los tribunales los que tienen que aplicar esa ley", le respondió el presidente del Gobierno.

En marzo pasado, el secretario de Estado británico para Europa, Chris Bryant, visitó a ocho familias británicas instaladas en Almería cuyas viviendas tenían con sentencia judicial de derribo.

Zapatero, cerca de los británicos

"Somos los primeros que nos sentimos cerca de las personas, en este caso británicos, que hayan podido ser objeto de estafa por algún depredador del sector inmobiliario. Y en ese sentido estamos trabajando en el Parlamento Europeo y con los grupos parlamentarios y trabajaremos y haremos todo lo que esté en nuestras manos", dijo Zapatero.

El presidente del Gobierno señaló además que la propia Eurocámara "ha exigido a España en más de una ocasión la protección medioambiental de su litoral". Por ello, defendió la necesidad de aplicar la ley de costas para "proteger frente a la vorágine inmobiliaria" y combatir los abusos que puedan afectar a espacios naturales".

El pleno de la Eurocámara amenazó el año pasado a España con congelar las ayudas europeas si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/06/suvivienda/1278413103.html?a=OUT1d2819913da9cbd6c862b03223293f9a&t=1278416820
¿Cuál es la diferencia entre la politica española y la de Zimbabwe con respecto a la propiedad privada? Quizá que Mugabe fue más demagogo al fundamentar su politica confiscatoria en "quitarle a los ricos para darle a los pobres".
El Sr Zapatero ni siquiera tiene esa excusa. Su politica es "es quitar a los pobres para dejar los terrenos libres a los ricos"
Pueblos centenarios desaparecerán; los hoteles invadirán el litoral; los campos de golf acabarán con tierras de cultivo; los puertos deportivos harán desaparecer las ya precarias playas, los paseos marítimos se diseñan para derribar las propiedades que estorban la vista al "turísmo de calidad" ...y todo por una Ley de Costas que no deja ni un resquicio para la defensa del ciudadano.
La ley está hecha de manera que los jueces siempre den la razón al gobierno.
La Ley de Costas no respeta los derechos adquiridos, genera inseguridad jurídica e indefensión, impide la indemnización por expropiación cambiando la propiedad por una concesión, es decir, se nos indemniza con el derecho, limitado en el tiempo, de uso y disfrute de nuestra vivienda que ya tenemos por ser propietarios. ¿Cómo se puede indemnizar con un derecho que ya es nuestro?

¿En qué se diferencia España de Zimbabwe respecto al derecho a la propiedad? Sólamente en una cosa: Mugabe expulsó a la gente con lo puesto, de un día para otro generando un gran escándalo y la condena internacional. Zapatero es más maquiavélico, nuestra tortura es más lenta, puede durar 20 años y no nos quedamos ni siquiera con lo puesto, nos quedamos endeudados de por vida tratando de defender un Derecho Humano reconocido universalmente: EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA.

¿De qué estafadores hablaba, Sr Zapatero?.......

lunes, 5 de julio de 2010

El Supremo restituye la propiedad de sus viviendas a los vecinos de Nueva Berria

La sentencia obedece a una resolución del TC que le ordenaba a retrotraer las actuaciones judiciales y reconocerles el derecho a la tutela judicial efectiva
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha restituido sus derechos como propietarios a los vecinos de la colonia 'Nueva Berria', en Santoña. Anula así la decisión del Estado de inscribir como de dominio público los terrenos que ocupan los apartamentos, situados en la playa de Berria, en aplicación de la Ley de Costas.
Esta resolución no aporta nada nuevo a los 56 vecinos que ya habían dado por cerrado y por ganado el caso el pasado mes de abril con la anulación de dos autos de la Audiencia Nacional que instaban a ejecutar un segundo deslinde.
Ya previamente, en noviembre de 2009, el Tribunal Constitucional también les había dado la razón, revocando una sentencia anterior del Supremo que otorgaba al Estado la propiedad de los terrenos y ordenó que el caso se revisará de nuevo teniendo en cuenta que el deslinde de la costa en esa zona fue anulado. Para esta decisión, el Constitucional se basó entonces en que el Supremo no tuvo en cuenta dos sentencias anteriores de la Audiencia Nacional y de la Sala de losContencioso del propio TS que anulaban el deslinde y ordenaba a cancelar las inscripciones registrales a favor del Estado.
Aquella resolución solicitaba al Supremo la declaración de nulidad de la sentencia fechada en noviembre de 2005 en la que negaba los derechos de propietarios y le ordenaba además a retrotraer las actuaciones judiciales dictándose una nuevo resolución en la que se reconozca a los vecinos su derechos a la Tutela Judicial Efectiva. Y eso es lo que ha hecho el Supremo con esta nueva y definitiva sentencia que pone el punto final. Ha fallado a favor de los recurrentes y determina que la Administración tiene que restituirles la propiedad de los terrenos.
De este modo, el Supremo confirma el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander, que fue el primer órgano judicial en pronunciarse sobre este asunto en octubre de 1996, si bien esa resolución fue revocada posteriomente por la Audiencia Provincial. El Supremo concluye en la resolución que en este caso se produjo «un error manifiestos de apreciación» de la prueba ya que la jurisdicción contencioso- administrativo declaró que las características físical del terreno sobre el que se asientan los 56 apartamentos de la urbanización no permiten incluirlo «dentro del concepto de playa», de acuerdo con la definición de la Ley de Costas de 1988.
Un error que ha tardado 20 años en reconocerse y cientos de miles de euros en defenderse del Estado. ¡¡Qué vergüenza de país!!

sábado, 3 de julio de 2010

Vecinos de los núcleos del litoral de Marín se encierran en Costas


Critican una "injusta aplicación" de la Ley de Costas en estos asentamientos
Alrededor de un centenar de personas de Marín (Pontevedra) residentes en núcleos del litoral se han encerrado en la delegación de Costas de Pontevedra para exigir una reunión con su titular, Cristóbal Fernández, por lo que consideran "una injusta aplicación" de la Ley de Costas.
La reunión con el delegado no pudo tener lugar dado que se encontraba en una inauguración, según el relato del portavoz del colectivo de manifestantes, Enrique Méndez, que ha explicado que su petición es que se consideren sus viviendas como parte de un "núcleo rural" para así poder conservarlas.

"No entendemos por qué el Gobierno central se empeña en no darnos una solución cuando todos estamos viendo que en la costa de enfrente, en Sanxenxo, se están haciendo nuevas edificaciones que sí afectan a la costa", ha sostenido Méndez, para quien han sido tomados como "cabezas de turco" mientras "se siguen haciendo construcciones más que cuestionables".

Tras esto, ha incidido en que a él y a sus vecinos les "niegan" sus "derechos sobre unas viviendas construidas a principios de siglo" y que se encuentran "bastante más alejadas de la playa que otras que están justo al borde". "Pero a ésas no les pasa nada", ha lamentado.

Por último, el portavoz vecinal ha avanzado que, con el encierro de hoy, se inicia un calendario de movilizaciones que se van a repetir "cada semana".
Vecinos del litoral de Marín temen que el deslinde no solvente el conflicto

Las plataformas del litoral de Marín anunciaron ayer con un encierro en la sede del Servicio Provincial de Costas un verano caliente. A partir de ahora habrá movilizaciones cada semana. Los vecinos de los núcleos costeros de Loira, Aguete, la barriada de Pérez Crespo en Mogor, A Teoira y Casás están cansados después de un conflicto administrativo que dura ya ocho años y exigen que el tema «se desbloquee en Madrid».

Ante la falta de respuestas, ayer optaron por pasar de las palabras a los hechos. Unos cincuenta vecinos, cargados con carteles y pancartas, madrugaron y se presentaron a las 9.30 horas en la sede de Costas, ubicada en la calle San José de Pontevedra. La protesta, que se prolongó durante dos horas e incluyó consignas como «Os núcleos non se venden», se saldó sin incidentes graves y con una conversación telefónica que el portavoz de los colectivos, Enrique Méndez, mantuvo con el jefe provincial de Costas, Cristóbal Fernández, quien a esa hora tenía programada una reunión en Cangas para abordar un tema de fondeo.

De cien a veinte metros

Los afectados no consiguieron lo que buscaban -que Costas confirme que el deslinde servirá para rebajar la línea de protección de los cien a los veinte metros en los núcleos- y regresaron a Marín con más dudas de las que ya tenían. «Nos quedamos como estábamos porque el jefe provincial no nos aseguró que el proceso del deslinde vaya a solucionar el problema -remachó Enrique Méndez-. Eso es lo que venimos diciendo los vecinos y el acuerdo que en su día se adoptó en el Congreso de los Diputados era iniciar el deslinde para solucionar el problema». Los afectados creen que si no es así se meterán en otro proceso largo y costoso en el que los que no queden bien en el deslinde tendrían que alegar. Otra posibilidad que plantearon los vecinos es que el Gobierno central retire el recurso de inconstitucionalidad contra la Lei de Vivenda de la anterior Xunta.

Cristóbal Fernández no quiso hacer declaraciones y remitió al gabinete del ministerio, que tampoco hizo comentarios.

http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2010/07/03/0003_8588167.htm

viernes, 2 de julio de 2010

El deslinde causa sorpresa en la oposición y llama a la cautela al equipo de gobierno


Las repercusiones que va a tener en el Plan General de Laredo el nuevo deslinde trazado por Costas en una amplia zona comprendida entre 'El Puntal' y 'El Regatón' ha convulsionado la clase política laredana. Todo apunta a que el PGOU se quedará sin tiempo material para ser aprobado en la presente legislatura. Sorprende que, mientras los partidos de la oposición afirman desconocer el deslinde publicado en el BOC el 14 de junio, en el equipo de gobierno contaban con esta información aunque habían guardado un mutismo total. Así, el alcalde, Santos Fernández, aboga por la cautela «hasta el momento en que la documentación no esté debidamente analizada y sepamos con la mayor exactitud posible las consecuencias que se pueden derivar».
Esta postura contrasta con la indignación del portavoz de IU, Juan Carlos Vada, para quien «casi con total seguridad va a ser ya imposible aprobar el nuevo PGOU en los escasos meses que quedan de legislatura e incluso podríamos vernos abocados a una larga paralización durante años de nuevos pleitos». Por eso, instó al alcalde a «asumir la responsabilidad política del fracaso de las arduas negociaciones que durante años nos dijo estar llevando a cabo y explicar por qué no ha sido capaz de prever y solventar a tiempo estos problemas con la Demarcación de Costas».
Gran conocedor de los entresijos urbanísticos pejinos, por haber sido responsable de este área en la pasada legislatura durante el mandato del tripartito (PRC, PSOE e IU), Vada destacó que el nuevo deslinde afecta no sólo al sector V ya construido, sino a terrenos próximos «que el proyecto de Plan señalaba como de nuevo desarrollo», como es el caso de parte del sector IV.
De su lado, el portavoz del PSOE, Alejandro Maccione, acusó de «oscurantismo» a los responsables municipales «por no habernos informado al respecto». Otro tanto le sucedió al portavoz del PP, Ángel Vega, quien anunció que «mañana (porhoy) voy a tener una reunión con técnicos especializados en el tema y a partir de ahí haremos una valoración».
Por su parte, el alcalde señaló que los servicios Técnicos y Jurídicos municipales estudian el nuevo deslinde y preparan las alegaciones correspondientes.
Aunque rechazó pronunciarse sobre si la nueva disposición de Costas impedirá la aprobación en esta legislatura del PGOU, reconoció que «se trata de un tema de gran importancia, por lo que debo ser cauteloso». «Seré firme e implacable en la defensa de los intereses de Laredo»., añadió el alcalde.
En parecidos términos se pronunciaron los portavoces de PRC e IPdL, Pedro Diego y Alejandro Liz. Diego se mostró firme al señalar que «llegaremos hasta donde tengamos que llegar para defender los intereses de los vecinos de Laredo». Por su parte, Liz declaró que no es una buena noticia. «Se trata de una aplicación muy estricta de la Ley de Costas y pondremos todo nuestro empeño en la defensa de los intereses de Laredo», señaló.
¡¡Pués no quedan sorpresas por venir!! Costas ha planificado un montón de nuevos deslindes donde habrá miles de familias perjudicadas.
Los alcaldes costeros creen que tienen la vara de mando, pero los que mandan de verdad en este país, son los ingenieros de Costas que tienen la vara de medir y se apoderan de pueblos enteros cuando les da la gana.