LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 31 de agosto de 2010

Medio Ambiente expropia y protege 9.200 hectáreas de la costa de Doñana


El Gobierno recupera competencias de la Junta andaluza en el parque nacional - El gran deslinde deja en dominio público el palacio en el que veraneó Zapatero
El Ministerio de Medio Ambiente acaba de enviar al Boletín Oficial del Estado el deslinde del litoral del Parque Nacional de Doñana, en Huelva. Generalmente en ese trámite se declara como zona pública exclusivamente la playa y se trata de una pequeña línea en un mapa. Pero en este caso Medio Ambiente ha optado por la vía más proteccionista: el deslinde declara como dominio público marítimo-terrestre unas 9.200 hectáreas del Parque Nacional y se mete hasta 4,8 kilómetros tierra adentro al considerar que todo el cordón de dunas es un sistema único necesario para mantener la playa. El trámite deja sin competencias a la Junta de Andalucía en esa franja, que expropia sin indemnización.

Medio Ambiente continúa con su tarea de deslindar los 10.157 kilómetros del litoral español, un trámite previsto en la Ley de Costas, de 1988. A final de 2009, ya estaba completo el 89,3% de la costa. El porcentaje delimitado ya ronda el 95% tras el impulso de los dos últimos años.

La provincia de Huelva era de las que iba más retrasada, con el 74% de su costa deslindada. Faltaba uno de los deslindes más conflictivos: los 36,8 kilómetros del Parque Nacional de Doñana, desde Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda.

La ley da una definición muy amplia para el dominio público marítimo terrestre. No hay una distancia, sino que se basa en criterios geológicos. Así, incluye "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos", "las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan" por las mareas o "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos".

En esas definiciones entra todo el frente litoral de Doñana, con dunas de hasta 32,5 metros. "La playa sigue recogiendo las arenas traídas por el mar y el viento que hace 6.000 años cerraron el estuario del Guadalquivir", señala el informe técnico elaborado por la empresa pública Tragsatec y que ha sido aprobado sin "modificaciones sustanciales", según fuentes conocedoras del trámite.

Ese informe "constata el carácter de dominio público de la totalidad del brazo arenoso, que engloba la playa y las distintas cadenas de dunas hasta llegar a la marisma". Las dunas móviles llegan a engullir árboles enteros al avanzar empujadas por el viento.

Costas aún tiene que deslindar las marismas del interior del paraje, por lo que finalmente incluirá mucho más del parque en el dominio público.

La tramitación de la orden fue muy polémica. La Junta de Andalucía, que gestiona el parque nacional gracias a una sentencia del Constitucional, se opuso. Pero también estaba en contra Parques Nacionales, del propio ministerio, que consideró que solo el primer cordón de dunas debía ser expropiado. Inicialmente ambos departamentos pidieron una tercera opinión, la del catedrático de Granada Miguel Ángel Losada, que se inclinó a favor de Costas al considerar que "el brazo arenoso, sus riberas del lado del mar y del lado del estuario, los caños y las lagunas mareales, los ríos y los arroyos están relacionadas entre sí y forman un sistema físico inseparable". Luego Parques se desmarcó de esta opinión e insistió en retrasar el deslinde.

El tema llegó incluso a La Moncloa, porque la propuesta de deslinde incluye dentro del dominio público el palacio de Las Marismillas, de Patrimonio del Estado y en el que veraneó Zapatero en años anteriores.

Ante la división en el departamento, decidió la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, quien consideró que la declaración de dominio público era la mejor forma de proteger el espacio natural. Así, optó por ampliar todo lo posible el dominio público. El resultado es uno de los mayores deslindes jamás realizados desde que se aprobó la ley, hace más de 20 años, solo comparable a uno en Baleares. La directora general de Costas, Alicia Paz, firmó el deslinde hace unos días y en breve saldrá publicado en el BOE y será oficial. Ante esta declaración cabe recurso, pero Medio Ambiente gana el 89% de los pleitos en la Audiencia Nacional.

La declaración de dominio público supone una "muy singular forma de expropiación", como la definió el Tribunal Constitucional en 1991, en la sentencia en la que avaló la mayor parte de la norma. Los terrenos pasan a ser propiedad del Estado, pero este no paga dinero a los dueños. La compensación es una concesión por 30 o 60 años para mantener allí la actividad existente. Pero no pueden vender el suelo ni construir. Si los terrenos no tienen ningun uso -como ocurre en buena parte del brazo de arena- pasan directamente al Estado al no existir la posibilidad de pedir una concesión.

Aunque parte del suelo ya era público, quedan en el parque propietarios privados. Entre los dueños está la familia Morenés, antigua propietaria del Palacio de las Marismillas. Estos pleitearon y en 2003 el Tribunal Supremo les dio el derecho a ser expropiados por el parque "a la vista de la imposibilidad de desarrollar actividades en su finca", según recoge el BOE. Guillermo Morenés, uno de los propietarios, es el marido de Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto.

La zona declarada de dominio público se convierte así en intocable, y cualquier actuación requiere el permiso de Costas. El Ayuntamiento de Matalascañas ha comenzado a reclamar una ruta en todoterreno a través de la playa que una el pueblo con Sanlúcar de Barrameda para no rodear todo el parque. Ahora la aprobación pasará a depender de Costas, mucho más conservacionista y reacia a autorizar actividades sobre la arena.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Medio/Ambiente/expropia/protege/9200/hectareas/costa/Donana/elpepusoc/20100830elpepisoc_2/Tes

¿Álguien se pregunta por qué no fue uno de los primeros deslindes en hacerse, dejándolo para el final? El Estado podría haberse ahorrado la expropiación del Palacio de las Marismillas con ese maravilloso invento del Constitucional llamado "una muy singular forma de expropiación" que, traducido al castellano de toda la vida, sería "confiscación en toda regla", pero los politicos se han vuelto muy cuidadosos con el lenguaje...ahora derribar se llama "esponjar"; sacar una ley que nos va a machacar a todos la denominan "ley de economía sostenible"; destrozar una franja costera por la administraciones lo llaman "ecoparque"...Lo dicho, pongan ustedes delante de cualquier barbaridad "bio" "eco" "sostenibilidad" etc, y nadie se preguntará que hay detrás.

sábado, 21 de agosto de 2010

Gibraltar sigue creciendo por aguas españolas sin que el Gobierno actúe

EL OBJETIVO, CONSTRUIR UNA URBANIZACIÓN DE LUJO

Mientras continúa hablándose de la actuación del Gobierno en la última crisis con Marruecos, este lunes se conoce que Gibraltar sigue ganando terreno al mar a costa de aguas españolas sin que el Ejecutivo español actúe. El objetivo, edificar una macrourbanización de lujo.
Lo cuenta este lunes ABC: ilustrándolo con una fotografía que compara la costa gibraltareña actual y de hace un año, cuando se revelaron las obras, el diario explica que Gibraltar continúa ganando terreno al mar, expandiéndose por aguas de jurisdicción española. Un hecho que recuerda el diario tras revelarse las nuevas presiones contra la Guardia Civil en las costas del Peñón.

Los trabajos para expandirse por el mar, en aguas territoriales españolas, persiguen la construcción de una macrourbanización que incluye 2.200 viviendas de lujo. El proyecto, diseñado por el arquitecto Norman Foster, llevará el nombre Sovereign Bay y su inauguración estaba prevista para 2014. La crisis ha ralentizado los trabajos, pero según el diputado popular José Ignacio Landaluce, las obras, poco a poco, continúan.

"La expansión no se detiene. No está parada", declara el representante de los populares a ABC. Según cuenta, los efectos de las tareas de vertido y relleno de tierras son visibles ya desde la costa española y entran "a diario" camiones para continuar los trabajos. El objetivo para construir el complejo urbanístico, que también incluye la construcción de gasolineras flotantes, es ganar al mar quince hectáreas.

http://www.libertaddigital.com/nacional/gibraltar-sigue-creciendo-por-aguas-espanolas-sin-que-el-gobierno-actue-1276399641/

En Gibraltar saben que nuestro gobierno está muy ocupado confiscando a sus ciudadanos las propiedades costeras como para meterse en un lío diplomático por 15 hectáreas de nada. Su misión es mucho más elevada, histórica diría yo: DEVOLVERNOS A LA EDAD MEDIA cediendo terrenos al mar aunque para ello tengan de destruir miles de viviendas, fábricas, industrias, puestos de trabajo...todo es poco para este gobierno visionario que va al revés del resto del mundo.

Estamos en el siglo XXI y los demás paises miran hacia el futuro mientras el nuestro basa la Ley de Costas en las Partidas de Alfonso X. Así nos va.

viernes, 20 de agosto de 2010

El deslinde de las Salinas afecta a más de 300 propietarios


La delimitación del dominio público marítimo terrestre deja en el aire el desarrollo urbanístico de 2 millones de metros cuadrados en Torrevieja, Guardamar, Rojales y Los Montesinos
El Servicio Provincial de Costas de Alicante ha desbloqueado el deslinde, que estaba paralizado desde 1997, de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa correspondiente al perímetro de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Según publicó ayer el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este trámite administrativo, de carácter provisional y proteccionista, afecta a una superficie de 43.747 metros de longitud entre los términos municipales de Guardamar del Segura, Rojales, Torrevieja y Los Montesinos.
Al menos un total de 275 propietarios de suelo están afectados por esta decisión, lo que incluye desde particulares a empresas o administraciones públicas. A todos ellos se les acaba de informar que tienen un plazo de 15 días para examinar el expediente de deslinde y presentar, en su caso, las correspondientes alegaciones al documento. De igual manera partidos políticos, como es el caso de Izquierda Unida de Torrevieja, se han personados en el expediente y, consecuentemente con ello, también podrán opinar sobre el deslinde.
La actuación de Costas, un organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, tendrá una gran incidencia en numerosos planes urbanísticos situados en las inmediaciones de ambas lagunas, que fueron declaradas por el Consell como Parque Natural. Algunos de estos planes urbanísticos ya están en fase de desarrollo por lo que, incluso, puede anularlo al ser la Ley de Costas de rango superior a cualquier autonómica.
Planes afectados
Especial afección tiene el deslinde en zonas urbanísticas por desarrollar en los términos municipales implicados. Entre ellos destaca la urbanización de "El Raso", en Guardamar del Segura, "Lo Marabú", al sur del término municipal de Rojales o los planes de Lomas del Polo o La Hoya, en la pedanía torrevejense de La Mata.
En total se calcula que existen casi 2 millones de metros cuadrados de terrenos pendientes de su urbanización y que se verán afectados por la declaración de dominio público de Costas.
El deslinde incluye además como zona marítimo terrestre fincas como El Limonar y el Balneario de Lodos de la Punta de La Víbora en Torrevieja -proyectos municipales paralizados desde hace años-, el Hospital USP San Jaime y el Hospital Comarcal de Torrevieja, la carretera nacional 332 o la macro desaladora del Ministerio de Medio Ambiente (que será la segunda más grande del mundo).

Pendiente desde 1997
El BOP publicado ayer es complementario del de fecha 25 junio 2009, donde se anunció el archivo del expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre correspondiente a las lagunas de La Mata y Torrevieja, autorizado por la entonces Dirección General de Costas con fecha 13 de junio de 1997.
En él se autorizaba al Servicio de Costas realizar el expediente de deslinde del tramo citado, que ahora ha visto la luz y se encuentra en exposición pública.
En estos momentos continúa vigente el artículo 12.5 de la Ley de Costas, por lo que están suspendidos la otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público y en la zona de servidumbre de protección hasta que se dicte la resolución del expediente, por lo cual ninguno de los cuatro ayuntamientos puede conceder licencia de obras en los terrenos afectados por el deslinde de Costas.

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2010/08/19/deslinde-salinas-afecta-300-propietarios/1036563.html

jueves, 19 de agosto de 2010

CHO VITO, LA OTRA CARA DE LA LEY DE COSTAS

La Ley de Costas que está actualmente en vigor se aprobó en 1988 con el fin de regular la situación inmobiliaria del litoral español, donde en los años del boom turístico se construyeron miles de apartamentos y cientos de hoteles literalmente "a pie de playa".
La entonces Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, inició su cruzada particular contra este tipo de construcciones, amenazando con destruir todo tipo de edificaciones situadas a menos de 100 metros del litoral, incluso con carácter retroactivo.
La Ley de Costas es muy ambigua. Pero lo que está claro es que la legislación española prohíbe la retroactividad. Es algo anticonstitucional.



El caso Cho Vito es, ante todo, injusto, sangrante e innecesario. Cho vito es un poblado marinero de la costa del municipio tinerfeño de Candelaria. Me gusta Cho Vito. Lo he visitado por tierra y lo he admirado por el mar. Para nada afea la costa de la isla, es más, la embellece. Si hay algo que afea la zona son las dos torres inmensas de una industria.
Las familias que habitan el Cho Vito llevan más de 50 años en viviendas adosadas, juntas unas a otras, como si quisieran ampararse entre todas ante un peligro que le viene en forma de Ley injusta. Curioso es, que esta gente llevan pagando todos los impuestos referente a su propiedad inmobiliaria durante toda su vida. Los recaudadores respectivos no muestran ningún signo de "ilegalidad" del inmueble, a la hora de cobrar sus impuestos. Las entidades financieras no han dudado en conceder hipotecas a esas presuntas viviendas "ilegales". Escrituras de propiedad totalmente legalizadas e inscritas en el registro correspondiente.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Candelaria, lejos de defender a sus vecinos ante una esperpéntica Ley, parece el principal promotor del derrumbe del barrio marinero. ¿Por qué el señor alcalde no declaró zona de interés turístico al poblado marinero, evitando así el derrumbe de esas viviendas? Existen precedentes en el mismo municipio, el de Punta larga, donde una sentencia de la Audiencia Nacional obliga a cambiar el trazado de deslinde marítimo. ¿Por qué no intentó el Ayuntamiento de Candelaria aplicar la ley Canaria que protege a los núcleos costeros con valores etnográficos y culturales, donde a todas luces se puede incluir el Cho Vito? ¿Qué mano negra está detrás de todo este turbio asunto? ¿Quién o quienes tienen intereses inmobiliarios en la zona? El tiempo nos dirá que, nuevamente, se utilizan las leyes con otros fines muy distintos para lo que fue creada.

Existen precedentes en toda la geografía del Estado Español. El ejemplo en la Barceloneta, se derribaron multitud de chiringuitos mientras se construía el Hotel Vela a menos de 20 metros de la playa. En todo caso, ¿por qué no se empieza a demoler los grandes hoteles situados dentro de la zona costera y que, a todas luces, infligen la Ley de Costas?
A instancias de los más de 200.000 afectados en toda España, la Comisión Europea ha tomado a parte en el bochornoso espectáculo. La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó en Bruselas que las peticiones de los afectados por la Ley española de Costas, entre ellas la de los vecinos del poblado marinero de Cho Vito (Tenerife), se mantengan "abiertas" y decidió enviar una carta a la Comisión Europea y otra al Gobierno español para que respondan a las acusaciones.
En este sentido, la presidenta de ésta comisión europarlamentaria, la italiana Erminia Mazzonni, después de escuchar a los peticionarios y a eurodiputados de la mayoría de los Grupos, los cuales, a excepción de Socialistas y Demócratas, se mostraron a favor de vigilar la aplicación de la Ley de Costas en España ante la "arbitrariedad y asimetría" con la que estimaron que se ejecuta.
Mientras tanto a nosotros, los canarios sólo nos queda estar ¡Todos juntos con los nuestros del Cho Vito!

http://www.laopinion.es/firmas/2010/08/19/cho-vito/299998.html

miércoles, 18 de agosto de 2010

Destruccionismo a toda costa (Gabriel Calzada)


Dios los cría y ellos se juntan. Políticos y ecologistas radicales intentan gobernar nuestras vidas a toda costa y forman actualmente la coalición destruccionista más peligrosa para la libertad individual.

Ludwig von Mises, según Milton Friedman el mayor defensor del liberalismo en el siglo XX, llamaba destruccionismo a la interferencia política en la vida económica de los ciudadanos.

En las últimas tres décadas el destruccionismo ha encontrado un perfecto caldo de cultivo en el movimiento radical ecologista que considera el progreso humano y al propio ser humano como el principal problema ambiental. Desde las propuestas de crisis económicas inducidas (denominadas por ellos mismo políticas de "crecimiento cero") hasta las políticas misantrópicas que promueven la reducción del tamaño de la población con medidas "aparentemente brutales", el movimiento ecologista se ha destacado por luchar contra el ser humano y la mejora de su medio ambiente al tiempo que lanza campañas de marketing en las que se presenta como un movimiento redentor.

En este contexto hay que enmarcar el nuevo informe de Greenpeace en el que la organización se muestra molesto con que el 44% de la población española viva en municipios costeros. A Greenpeace no le gusta que vivamos cerca del mar. Claro que tampoco le gusta que vivamos en las montañas ni cerca de parajes naturales de ningún tipo. Es evidente que a la organización ecologista lo que le gustaría es decirnos dónde y cómo podemos vivir, algo que ya hacen en alguna medida prohibiendo la urbanización de grandes extensiones del territorio y presionando para prohibir multitud de actividades, productos y servicios, así como obligándonos a consumir otros que no nos interesan.

En este nuevo panfleto de la organización también descubrimos que a los guerreros verdes no le gusta el turismo porque habitualmente está relacionado con estancias cerca del litoral y porque, según ellos, tiene una escasa rentabilidad. ¿De qué quieren que vivamos entonces en España? Quizá piense que era mejor dedicarse a la agricultura biológica o a otras actividades subvencionadas. Pero para que vivamos de cuentos verdes alguien tendrá que subvencionarnos con el fruto de producir cosas que la gente quiera realmente. ¿Quién será? No queda claro porque el destruccionismo sólo se ocupa de eso, de destruir a base de prohibiciones lo que funciona sin necesidad de coacción y de prometer un mundo mejor diseñado por un grupo de sabios verdes. No les importa que los españoles hayan preferido la rentabilidad del turismo, por baja que pueda ser su rentabilidad en algunos casos, a sus alternativas ecologistas.

También les molesta que el 60% de las playas estén en entornos urbanizados. Parece que el hecho de que las playas estén a mano y puedan ser disfrutadas por los seres humanos supone un problema para estos autoproclamados defensores del medio ambiente.

La manía de alejar al ser humano de la costa ha echado raíces en los partidos políticos españoles. Hace cinco años la entonces ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona ya emprendió una campaña en contra de la mala costumbre de los españoles de querer vivir cerca de la costa y de las playas. Sus discursos coincidieron con la compra de Zapatero de un chalecito a pie de playa en Almería. También en el PP se relacionan de forma extraña con la costa. El ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas disfrutó de su gran casa delante el mar y con una piscina en zona marítimo terrestre mientras su Ministerio se dedicaba a expropiar a quienes disfrutaban de la costa de forma similar.

Dios los cría y ellos se juntan. Políticos y ecologistas radicales intentan gobernar nuestras vidas a toda costa y forman actualmente la coalición destruccionista más peligrosa para la libertad individual.

Gabriel Calzada Álvarez es doctor en Economía y presidente del Instituto Juan de Mariana

Pués contra los edificios que aparecen en las fotos no les he oido alzar su voz. Inmensas moles levantadas en terrenos ganados al mar y regalados graciosamente al ayuntamiento de la capital.
Para el que aún no lo conozca , se trata del litoral de Barcelona. La Ley de Costas para ellos no existe, ni las pantallas arquitectónicas, ni la especulación del litoral...Para Barcelona, todas las bendiciones y el Dominio Público, con el silencio cómplice de politicos y ecologístas; para el resto de España, derribos inminentes de pueblos marineros como Cho Vito o El Puig y confiscaciones en masa de propiedades totalmente legales mediante una aplicación retroactiva, abusiva y arbitraria de la Ley de Costas.
¿Como puede denominarse a un país donde las leyes de ejecutan a capricho e intereses de los gobernantes? Sólo existe una definición: REPUBLICA BANANERA.

viernes, 13 de agosto de 2010

La alcaldesa de Granadilla considera que detrás de los derribos de Cho Vito se esconden intereses especulativos

Afirma que no es legítimo que se prive a unas personas que llevan viviendo toda la vida en Cho Vito porque una persona que vive en Madrid se le ocurra pensar que el poblado afea y afecta al proyecto que en el futuro quiera hacerse en esos terrenos.
Carmen Nieves Gaspar, alcaldesa de Granadilla de Abona, analizó en el programa La Trapera de Radio San Borondón la problemática suscitada por la Ley de Costas, concretamente la actuación de la administración estatal en el poblado marinero de Cho Vito, que considera de barbaridad e injusticia, para afirmar que lo ocurrido es un abuso contra personas humildes que está segura que no se hubiera producido de hablar de algo que afectara a una gran cadena hotelera o a una persona poderosa.
Carmen Nieves Gaspar, tras reconocer que al no encontrarse en su municipio sus valoraciones sobre el problema de Cho Vito sobrepasan sus competencias, afirmó desde el punto de vista personal que las decisiones y actuaciones realizadas contra los ciudadanos de este poblado marinero han sido una barbaridad y una injusticia muy grande cometida contra personas humildes.

Entiende que la cuerda siempre se rompe del lado del más débil, ya que está convencida de que si estuviéramos hablando de un problema que afectara a una gran cadena hotelera o de chalets de determinadas personas con un patrimonio muy considerable no se hubieran soltado las palas como se hizo en octubre de 2008.

Desde su punto de vista, hay cuestiones que aunque sean legales, aunque en el caso de Cho Vito duda de la legalidad en la actuación de Costas, no son nada legítimas, porque no puede ser legítimo privar a unas personas que llevan viviendo toda la vida en una casa en dicho poblado marinero por el simple hecho de que una persona que vive en Madrid se le haya ocurrido en un momento determinado pensar que el poblado afeaba y afectaba al proyecto que en el futuro quiera hacerse en los terrenos que hoy ocupan Cho Vito.

La dirigente de CC se pregunta qué se esconde detrás del derribo de Cho Vito y qué intereses han promovido su destrucción, porque Costas siempre pone como excusa la construcción de un paseo para derribar viviendas porque no están pegados al mar, pero justo detrás de esos paseos se construyen urbanizaciones preciosas en donde determinados personajes obtienen importantes beneficios a pesar de la que está cayendo, algo inimaginable pero factible en cuanto vuelva a despuntar la construcción.

jueves, 12 de agosto de 2010

Un maremoto sobre Igueste


Todos los vecinos del pueblo están afectados, de una u otra forma, por el nuevo deslinde que engulle a más de un centenar de propiedades entre fincas y casas
La decisión de la Dirección General de Costas de fijar el nuevo deslinde de Igueste con una anchura de cien metros ha supuesto un auténtico maremoto. Una gigantesca ola que ha engullido a su paso a más de un centenar de propiedades entre fincas y viviendas que quedan a partir de ahora en un limbo urbanístico. No existe prácticamente ningún vecino que no se vea afectado de una u otra forma por esta medida. El que no tiene una finca o casa que de pronto ha quedado dentro del dominio público, es familiar de alguien que se encuentra en esta situación. Y si no simplemente se solidariza con los demás vecinos del pueblo.

Los términos utilizados van desde "barbaridad" hasta "atraco". Así lo define José Miguel Cruz Vera, quien desde hace años se ha hecho cargo de un terreno situado junto a la playa que es propiedad de unos familiares suyos que residen en Cuba. Se trata de una de las 98 fincas y 22 casas que han pasado a estar dentro del dominio público y cuyo valor prácticamente se ha reducido a cero.

Cruz Vera considera increíble que hasta el antiguo faro o semáforo, como allí lo llaman, y el cementerio de Igueste hayan pasado a ser propiedad del organismo estatal. Por poco metros ocurre lo mismo con la iglesia, construida hace ya más de un siglo, como bien recuerda una placa. Desde que Costas empezó a hacer pública su intención de aumentar la zona de servidumbre, los vecinos comenzaron a movilizarse y a defenderse ante los juzgados. La mayoría de ellos sólo tienen como patrimonio su vivienda o una finca situada en el pueblo. Si Costas las engulle, se quedan prácticamente con lo puesto. "Nos han dicho que nuestras propiedades pierden valor y que así es imposible hacer nada, menos aún venderlas. Esto nos parece una barbaridad a todos", indica este vecino.

Etnográfico
Alberto Navarro sólo reside en el pueblo durante el verano. Su vivienda no está afectada, pero así y todo se solidariza con los demás. "Me parece increíble lo que han hecho. Este pueblo tiene muchos años de antigüedad. En la parte de abajo de la playa hay unas ruinas de lo que fue la empaquetadora de una productora de plátano. Tiene un gran valor etnográfico. Lo mismo ocurre con el cementerio, pero parece que a nadie le importa", dice. Su propia casa tiene entre 70 y 80 años. Por el contrario, Costas, en el informe sobre el que fijó este deslinde, consideraba que el origen de Igueste fue "casual".

La parte del pueblo que se ha visto más afectada por esta decisión es lógicamente la que se encuentra en la esquina izquierda de la playa. Aquí se sitúa una decena de edificaciones, alguna de las cuales alberga casas rurales destinadas al turismo. A la derecha también existen otras tantas viviendas situadas sobre un roque. Luego hay casi un centenar de pequeñas fincas frente a la playa que también son engullidas por Costas.

El propietario de dos de estas huertas s es Felipe Rodríguez Álvarez. "Esto ya es casi todo de ellos. Entre la declaración del Parque Rural de Anaga, con la que nos quitaron lo que teníamos en el monte, y lo de Costas ahora, nos han dejado sin nada".

Este vecino heredó la propiedad de sus padres. No sólo tiene un valor económico, sino también sentimental, ya que durante muchos años estos campos fueron la forma de supervivencia de su familia. "Aquí no hay ni ley ni justicia", concluye.

Desde 1969 hasta hace pocos años, la zona de servidumbre estaba fijada en 20 metros de anchura. Con la aplicación de la nueva legislación, se ha aumentado hasta 100. La decisión originó un auténtico revuelo en el pueblo y a partir de aquí se ha generado un ir y venir de litigios judiciales a veces difícilmente entendibles para estos vecinos y que han ocasionado gastos hasta ahora inesperados. Por ejemplo, Agustín Gil Cruz ha tenido que pagar ya 300 euros en abogados. El deslinde de Igueste ha llegado ya ante la Audiencia Nacional y probablemente hará lo propio ante el Tribunal Supremo (TS).

El Gobierno canario intentó echarles una mano a los vecinos declarando urbano el núcleo, pero la decisión fue recurrida por Costas y ahora permanece anulada de forma cautelar hasta que se resuelva este cruce de recursos y contrarecursos, lo que podría alargarse todavía durante varios años.

En todo este tiempo, los vecinos verán como sus propiedades permanecen congeladas, su valor es mínimo y la posibilidad de ejecutar obras se limita al máximo. Gil Cruz es propietario de una huerta. Considera "totalmente exagerado" que en una isla como Tenerife se aplique una zona de servidumbre tan amplia que llega a engullir casi todo el pueblo. "Eso está bien para la Península, pero aquí no tiene ningún sentido. Lo que al final pase aquí no lo veré yo. Esto quedará para mis hijos y no sé si para mis nietos". Todos estos vecinos han participado en multitud de reuniones, si bien es difícil comprender lo que se les antoja incomprensible.

miércoles, 11 de agosto de 2010

El TS sentencia que el Cabildo invadió de forma ilegal 1.500 metros cuando ejecutó el paseo de La Concha

El Tribunal Supremo ha declarado la firmeza de una sentencia en la que se establece que el Cabildo de Lanzarote invadió de forma ilegal unos 1.500 metros cuadrados que pertenecían a una empresa privada cuando se ejecutó el paseo por el litoral entre Arrecife y Playa Honda.

En una sentencia dictada el pasado mes de julio rechaza el recurso de casación interpuesto por el Cabildo lanzaroteño contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que determinó le ilegalidad de la ocupación de los terrenos por la vía de hecho.

La empresa propietaria del suelo, Grill Casa Canaria, llevó la actuación del Cabildo a los tribunales de justicia, toda vez que la Corporación insular había invadido y usurpado unos 1.500 metros cuadrados de su propiedad en la construcción del paseo marítimo a la altura de La Concha.

La empresa era propietaria en el año 2001, cuando se aprueba el proyecto del paseo marítimo, de una parcela urbana de 6.190 metros cuadrados de suelo urbano en La Concha.

El trazado del paseo se debía corresponder con la zona de servidumbre de tránsito tomando como base el deslinde del dominio público.

Para ocupar el suelo, a comienzos de 2003 fueron desplazados unos mojones por la Dirección General de Costas –colocados hace años, teniendo como base la ley de Costas de 1969- y se efectuó un “deslinde probable” del dominio público.

El tribunal no da validez a este replanteo del dominio público marítimo terrestre llevado a cabo por los responsables de la Demarcación de Costas.

Se dio la circunstancia de que el propio ingeniero que dirigía las obras del paseo marítimo reconoció “la invasión del terreno” y propuso “la modificación del proyecto”.

Ello conllevaba cambiar el diseño del paseo “con el fin de anular dos zonas ajardinadas que se preveían” en la parcela de la citada empresa.

El Cabildo de Lanzarote aseguró en aquel momento que se realizaría la modificación del proyecto, “lo que finalmente no tuvo lugar”, señala la sentencia.

Restituir o indemnizar

Al adquirir firmeza la sentencia, el Cabildo deberá o bien restituir los 1.500 metros cuadrados usurpados de forma ilegal a su dueña, o en el caso de que esto no fuera posible, proceder a indemnizar económicamente por los daños ocasionados.

jueves, 5 de agosto de 2010

Los vecinos de Cho Vito anuncian que no se irán de sus viviendas


En cuanto les entreguen los autos en el Juzgado, presentarán un recurso con argumentaciones de peso y advierten que se mantienen firmes hasta que los echen por la fuerza

Tomás González, afectado por los derribos de Cho Vito (Candelaria), analizó en el programa La Trapera de Radio San Borondón el hecho de que Costas vuelva a la carga para derribar las casas que aún quedan en pie en este poblado marinero y advierte que volverá a repetirse la historia, a Cho Vito llegarán fuerzas policiales y militares por tierra, mar y aire, les sacarán de sus casas por la fuerza como si fueran terroristas, para justificarse ante la sociedad les acusarán de atentar con cócteles molotov y se volverá a ver por todo el mundo cómo la Administración vuelve a humillar a ciudadanos humildes a quienes obligarán a revivir momentos especialmente difíciles como los ocurridos cuando derribaron gran parte del pueblo.
Tomás González explica que los vecinos de Cho Vito se enteraron este martes de rebote de la orden de la demarcación de Costas para desalojaran las viviendas antes del próximo 20 de septiembre para proceder al derribo de las casas que aún quedan en pie en el pueblo y añade que nada más enterarse de la noticia se personó en el Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife para que le entragaran los autos para analizarlos, ya que a cada auto judicial cabe recurso, sin conseguirlos.

Explica que en este día se trasladó a las oficinas de Costas para reclamar dichos autos, obteniendo la misma suerte, teniendo que solicitarlos por escrito, ya que el abogado que representa a los afectados no ha sido notificado en ningún momento de este hecho, sin embargo la carta a la que han tenido acceso los afectados dice que con fecha 17 de junio de 2010 el Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife ha autorizado la entrada en el domicilio de los vecinos de Cho Vito.

El portavoz vecinal señala que la pasada noche se reunían para planificar qué hacer y definir los pasos para enterarse de cómo está la situación, al tiempo que adelanta que este jueves se personará junto al abogado en el Juzgado para que los autos sean entregados definitivamente y así poder estudiar la estrategia a seguir en lo que al recurso se refiere, puesto que si la otra vez no les dio tiempo de preparar la documentación, en esta ocasión tienen muchos argumentos que aportar, como por ejemplo la Ley aprobada en el Parlamento de Canarias, normativas europeas o la resolución del ayuntamiento de Candelaria donde acogiéndose a la normativa autonómica iba a proteger los poblados marineros.
Recuerda que es fundamental tener en cuenta que en todo momento dijeron que las viviendas de primera ocupación se iban a respetar en Cho Vito, una situación que no ha cambiado desde aquel entonces, porque se pregunta a dónde se van el 20 de septiembre cuando les desalojen para derribar sus viviendas, de tal forma que pasará lo mismo que hace unos años porque no se irán, mantendrán sus pertenencias en las casas hasta que los echen por la fuerza, aunque en la carta que les han hecho llegar les digan que los enseres que se encuentren ese día serán considerados abandonados.

Tomás González afirma que los vecinos que permanecen en Cho Vito no tienen otras viviendas ni tienen adónde ir, advirtiendo que esta acción es una nueva pataleta del ingeniero jefe de la demarcación de Costas, responsable máximo de toda la tragedia personal que ha habido en el poblado marinero.

En este sentido, advierte que volverá a repetirse la historia, a Cho Vito llegarán fuerzas policiales y militares por tierra, mas y aire, les sacarán de sus casas por la fuerza como si fueran terroristas, les acusarán para justificarse ante la sociedad acusándoles de atentar con cócteles molotov y se volverá a ver por todo el mundo cómo la Administración vuelve a humillar a ciudadanos humildes a quienes obligarán a revivir momentos especialmente difíciles como los ocurridos cuando derribaron gran parte del pueblo.

Los vecinos han recopilado toda la información posible en las últimas horas para programar las acciones a seguir hasta el próximo 20 de septiembre, fecha en la que se consumará un nuevo abuso de poder contra el pueblo.