LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 31 de octubre de 2010

El nombramiento de la Directora General de Costas, Alicia Paz Antolín, declarado ILEGAL por el Tribunal Supremo

A buenas horas sale la sentencia, ahora que se ha marchado. 
Ha estado en su puesto ILEGALMENTE hasta el 1/10/2010 sin ningún problema.  ¡¡Menuda estafa!!
FALLO

1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO y anular, por no ser conformes a derecho, las excepciones a la regla general de la reserva funcionarial dispuestas en las normas reglamentarias que a continuación se mencionan: disposición adicional tercera del REAL DECRETO 1130/2008, de 4 de julio, por el se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la Dirección General del Agua y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar;
 
En el BOE de 2/10/2010 aparece un hecho curioso, el cese y nuevo nombramiento por el Consejo de Ministros de Alicia Paz Antolín.

CESE
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/02/pdfs/BOE-A-2010-15132.pdf
NOMBRAMIENTO
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/02/pdfs/BOE-A-2010-15134.pdf

¿Por qué? Muy sencillo, la sentencia viene a decir que el nombramiento no es conforme a derecho porque no es funcionaria de carrera y su cargo así lo exige. 
El gobierno sabía que su nombramiento, a dedo, era ilegal. Da igual.
En el mismo Consejo de Ministros hacen un nuevo Decreto Ley para que el servilismo siga funcionando y así evitar la independencia de los altos cargos que pueden negarse a obedecer órdenes al no depender su puesto de trabajo de los vaivenes politicos.
La controvertida Ley de la Memoria Histórica tampoco debe ir con ellos porque se les ha olvidado dos cosas: que Franco gobernaba por Decreto y que tenía todo "atado y bien atado".
Hemos pasado de una dictadura a una partitocracia con un funcionamiento similar. La Democracia en España es pura ilusión.

viernes, 29 de octubre de 2010

LAS DOS VARAS DE MEDIR DE LA LEY DE COSTAS

Dice el refrán que "quién no tiene padrinos, no se bautiza".
¿Cuantos más casos tendremos que denunciar desde este blog para que se haga justicia?.
Todas las ministras han negado, por activa y por pasiva, que la Ley de Costas se aplique sólo a los débiles, a los que no pueden defenderse contra este abominable abuso de poder.  Todas las ministras mienten. Lo saben y lo sabemos.

El ayuntamiento de Marbella legaliza el chalé de Banderas
El actor cede 1.243 metros de parcela pero conserva la parte que da al mar
El chalé de Antonio Banderas ya es legal. Tras años y años de pleitos, una de las casas más famosas de la costa malagueña ya tiene su futuro asegurado. El actor ya no tendrá que derribar la parte de su casa más cercana a la playa, como sentenció hace dos años el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El proceso de regularización y compensación del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella le ha favorecido y permite ahora que el actor ceda el mismo número de metros de su parcela sin dañar buena parte del jardín que rodeaba la piscina. 

La vivienda de Banderas era una de las lujosas mansiones afectadas por una medida que en 2007 adoptó Medio Ambiente para recuperar el tránsito de todos los ciudadanos en las playas de la zona oriental de Marbella, ya que algunas de las casas habían hecho de las calas un coto privado. En un principio, el PGOU de Marbella especificaba que el actor y su familia debían ceder 1.243 metros del terreno en que se asienta el chalé La Gaviota, finca en primera línea de playa que le compró en 1997 a los herederos de la locutora Encarna Sánchez. Esta superficie se iba a recortar en la parte sur de la parcela, la más cercana al mar, lo que suponía dejar la tapia de la propiedad casi encima de la piscina.

Ahora, en cambio, la solución adoptada pasa porque Banderas entregue el mismo número de metros cuadrados, pero en lugar de cederlos todos de la zona sur, lo que dañaría irremisiblemente la parcela, una parte se tomará por esta zona y otra por la zona este, junto a la desembocadura del arroyo Alicate. La decisión no supone un trato de favor exclusivo a Banderas sino que se enmarca en el proceso de regularización y compensación de las más de 10.000 viviendas irregulares construidas durante los años del gilismo.

Sentencia contra el chalé de Banderas
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reclamado al Ayuntamiento de Marbella que ejecute la sentencia de derribo de una ala de la casa del actor
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reclamado al Ayuntamiento de Marbella que ejecute la sentencia que implicaría el derribo de un ala del chalé que el actor Antonio Banderas tiene a pie de playa. La sentencia es el resultado de un contencioso que tiene con su propia comunidad de propietarios y que ha conseguido que se anule la licencia de obra porque ocupa una zona destinada a equipamiento sanitario, que además invade el dominio público marítimo-terrestre. La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), aseguró que los servicios jurídicos estudiarán la forma de retrasar el derribo.
Mientras tanto tenemos que ver cómo se derriban impunemente las casas humildes que han sido el hogar de generaciones enteras durante siglos, y todavía tienen la poca vergüenza de decir que la ley es igual para todos. 

domingo, 24 de octubre de 2010

En medio de una gravísima recesión económica, el gobierno ordena destruir inmuebles y puestos de trabajo

Cuarenta ministros en dos años y pocos meses de gobierno; tres ministras de Medio Ambiente, 5.000.000 de parados, más de 600.000 Pymes y autónomos arruinados; una tasa de morosidad y una deuda pública inasumible; 400.000 familias con sus propiedades confiscadas por una aplicación retroactiva, arbitraria y abusiva de una Ley de Costas de hace 22 años que ningún politico se atreve a cambiar a pesar de la destrucción, ruina y dramas familiares que conlleva. ¿Y que hace el gobierno de ZP? ORDENAR DERRIBO TRAS DERRIBO, sin medir las consecuencias socioeconómicas ni humanas.
Empiezo a pensar que Atila ha resucitado, se ha cambiado de nombre y se ha puesto un traje nuevo, pero las consecuencias son las mismas: por donde pasa, no vuelve a crecer la hierba.
¿A qué esperan los ayuntamientos afectados para defender a su gente? ¿A qué espera la oposición? ¿A qué espera Europa? ¿A qué estamos esperando los ciudadanos de a pie? ¿Por qué nadie dice ¡ basta ya!?....HAY QUE CREAR RIQUEZA, NO DESTRUIRLA.

La Audiencia Nacional suspende cautelarmente el derribo del "Hotel Médano"
Fue el primer hotel de la isla y está precatalogado dentro del Plan General de Ordenación.
La Audiencia Nacional ha decidido suspender cautelarmente el decreto de Costas en el que se ordenaba la demolición de parte del edificio que alberga el "Hotel Médano" ubicado en el núcleo que lleva el mismo nombre dentro del municipio de Granadilla, en el sur de Tenerife.

Son ya varios años de lucha por parte de los propietarios del establecimiento, vecinos del lugar y del propio ayuntamiento que no han parado de presentar alegaciones y de recoger firmas para evitar la desaparición de este emblemático hotel que fue el primero que se construyó en el sur de la isla y que además está precatalogado dentro del Plan General de Ordenación.

La alcaldesa de Granadilla, Carmen Nieves Gaspar, se ha mostrado satisfecha por la postura adoptada por la Audiencia Nacional y ha afirmado que "esta suspensión cautelar les permitirá un mayor margen de tiempo para actuar, ya que está convencida de que todo acabará con el mantenimiento del edificio ". La alcaldesa aseguró también que "continuarán con la recogida de firmas a las puertas del ayuntamiento y con la campaña de mentalización de la población y de publicidad hasta que se suspenda la demolición de forma definitiva".

Esta construcción fue levantada hace 40 años y se ha convertido en todo un referente para la localidad. Al parecer el edificio es anterior a la Ley de Costas donde antiguamente existía un empaquetado de tomates. Según los vecinos de El Médano se trata de todo un referente para la localidad, ya que la mayoría de ellos consideran el hotel y sus alrededores como parte de su historia, además de dar trabajo a más de 40 familias del pueblo.

jueves, 21 de octubre de 2010

´El Gobierno podría cargarse el Salobrar si aplicase su comunista Ley de Costas´

La emblemática salinera de Campos seguirá todos los trámites legales para seguir siendo privada
"Cuando tenemos una Ley de Costas disparatada cualquier disparate es posible". En esta línea, reconociendo seria preocupación, se expresa el ingeniero José Ortega Anduiza (Bilbao, 1942), presidente del consejo de administración de Salinas de Levante S. A. desde hace unos ocho años. Su padre, Ivon Ortega, fue uno de los fundadores de la empresa a mediados del pasado siglo. Advierte de que la polémica ley que el Gobierno central pretende aplicar les supone elevados costes de abogados y asesoramiento técnico, además de limitarles diferentes acciones de mejora de la emblemática salinera de Campos.
–¿Cuál es la situación actual de la salinera ´campanera´ afectada por la Ley de Costas que Madrid quiere aplicar?
–Es un momento muy delicado. Hay una gran preocupación de cara al futuro.

–¿Qué reivindica la empresa?
–Poder mantener la propiedad privada y continuar produciendo sal por tiempo indefinido. Especulación, ninguna.

–¿En qué se basa Madrid para adueñarse de sus terrenos?
–En que el nivel del mar está por encima de los terrenos que quiere coger aunque estén a varios kilómetros del agua. En los Países Bajos, según esta ley, gran parte del territorio dejaría de ser privado. No es serio. El Valle del Guadalquivir y el Valle del Ebro estuvieron inundados por el mar. Pero no es esta la cuestión. Se trata de que la Administración se quiere quedar con el terreno con un pago insultante sin expropiación y por tanto sin justiprecio cuando la Constitución defiende la propiedad privada. La discutida ley dice que el pago consistirá en una concesión de los terrenos por treinta años con un canon gratis y otros treinta años con un canon simbólico. Económicamente nos tienen cogidos de forma que pueden quedarse con los terrenos porque posiblemente no podríamos abonar el canon. Del todo inaceptable.

–¿Qué podría costar en venta toda la salinera, que ocupa unas 140 hectáreas?
–Esto es incalculable.

–Si el Gobierno central llegase algún día a adueñarse de la salinera, ¿qué podría entonces ocurrir?
–El Gobierno central podría cargarse el Salobrar si aplicase su comunista Ley de Costas. Un desastre ecológico del cual el Ejecutivo Zapatero sería el responsable directo. Cabe recordar que desde la playa de es Trenc una bomba impulsa agua hasta la salinera. De no seguir este mantenimiento diario, constante, podría resultar un grave abandono, perjudicando fauna y flora. Extraordinaria variedad de aves frecuentan el lugar. Se causarían daños irreparables.

–Por ello, lucharán hasta el final.
–Efectivamente. Vamos a seguir todos los trámites legales en España, llegando si es necesario hasta la última instancia de los tribunales europeos. Todos los pasos legales, largos y costosos. De hecho, junto con otras salineras del país, plataformas, entidades y otros colectivos de afectados por la Ley de Costas estamos haciendo frente común.
–¿Podría el Gobierno central promover determinados proyectos urbanísticos si un día fuese el titular de las salineras?
–No puede descartarse este extremo. En cierto modo, la gente vinculada al sector de la sal teme que, aparte de cargarse espacios naturales, el Gobierno central podría luego vender a otros o promover por su cuenta la construcción de hoteles en áreas concretas o campos de golf. En definitiva, en tiempos de arriesgada climatología y crisis, la Administración está echando anímicamente un jarro de agua encima de aquellas empresas que desde hace muchos años vienen generando actividad económica y creación de puestos de trabajo.
–Desde hace bastantes años, la conselleria de Medio Ambiente del Govern confecciona un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de es Trenc-Salobrar de Campos, abogando por instaurar la figura de parque y paraje natural. Salinas de Levante S. A. desea abrir sus instalaciones al público y organizar rutas.
–Así es, siempre en consonancia con el sentido de un parque natural, con máximo respeto al medio ambiente. Esta iniciativa sería en beneficio del pueblo bien sea autóctono o extranjero, repercutiendo muy positivamente a la isla. La empresa también obtendría unas determinadas cantidades económicas que contribuirían al buen mantenimiento de la actividad profesional y del medio ambiente. Creemos que estas rutas de visitas guiadas son perfectamente compatibles con la sal y la protección de la naturaleza.

–¿Cómo marcha el negocio de la sal?
–Bien. Hay perspectivas de seguir creando nuestra sal de toda la vida e innovar con sal de diseño para potenciar la empresa. Existe sinergia con el nuevo establecimiento colaborador situado en el mismo complejo, por lo que con la Flor de Sal hay buenas expectativas. Si Costas no nos roba.

¿En qué se diferencia el gobierno de España del de Venezuela? En una sóla cosa, que al menos Chavez tiene el valor de salir por la televisión anunciando las confiscaciones. Si ZP saliera anunciando la confíscación de CIENTOS DE MILES de propiedades públicamente, no puedo ni imaginar el escándalo internacional que se liaría.

miércoles, 20 de octubre de 2010

El dueño de la última casita de El Puig demanda a Costas

El propietario de la única casita que ha quedado en pie en El Puig, tras el derribo ordenado por Costas, no está dispuesto a tirar la toalla y ha presentado una demanda contra la resolución que le obliga a demoler su vivienda.
El titular señala que hace unos días recibió una notificación «en la que me aseguraban que me habían enviado hasta tres escritos pero eso es mentira porque yo en ningún momento he recibido nada hasta este aviso. Por ello, les acuso de falsedad en documento público porque esto no es así», explica Ramón Chulvi.
El propietario reclama a Costas que se abstengan «de tocar nada de la casa si no es a través de una orden judicial porque el único que puede estar autorizado a tirarla es un juez. Quieren hacer esto por las bravas pero no tienen razón, así que yo seguiré hasta el final», asevera el dueño del ultimo inmueble.
Mientras, los trabajos de retirada de escombros del resto de edificaciones demolidas continúan desde que comenzaran a mediados de la semana pasada. Según informaron ayer desde la Demarcación de Costas, el primer paso ha sido la retirada selectiva de los escombros calificados como «especiales» del resto, los «inertes» cuya recogida será mucho más rápida. Los cálculos de Costas hablan de dos semanas más de trabajo para poder despejar toda la zona.
Una vez concluida la retirada de escombros se procederá al «saneado y eliminación de todos los elementos enterrados que están desnaturalizando el terreno, tales como fosas sépticas, cimentaciones, pozos, etcétera, para conseguir una recuperación ambiental del territorio en ese tramo litoral», según puntualizaron desde Costas.
Fue el pasado día 7 de octubre cuando las máquinas acabaron con las 49 casitas de El Puig. La demolición fue gestionada por los propietarios con la ayuda del Ayuntamiento. Las edificaciones, afectadas por la Ley de Costas, quedaron arrasadas en pocas horas pero sólo una quedó en pie, ya que el propietario no autorizó la orden de derribo.

Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

La hasta ahora consejera de Obras Públicas, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, se incorporará al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en sustitución de Elena Espinosa. Aguilar ha pasado en año y medio de ser uno de los referentes históricos que tenía IU en España, alcaldesa del califato que fue de Julio Anguita, a formar parte de tres gabinetes socialistas. José Antonio Griñán la fichó en abril de 2009, tras la incorporación de Manuel Chaves al equipo de Rodríguez Zapatero, como consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, y un año más tarde la mantendría al frente de este departamento, aunque incorporándole las competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio.
Licenciada en Derecho y militante del PCE desde 1974 —y hasta su incorporación al Gobierno de Griñán en 2009, que causó baja— sustituyó a Julio Anguita en el Parlamento de Andalucía, cuando éste dejó el escaño autonómico para pasar al Congreso tras las elecciones generales de 1989, donde fue portavoz adjunta del grupo parlamentario de IU e Izquierda per Catalunya, y encargada expresamente por el entonces coordinador de IU de los temas relativos al GAL.

Su fichaje estaba llamado a escenificar la ruptura que Griñán pretendía con la etapa anterior, a la que ponía fin Zapatero llevándose consigo al que hoy es tercer vicepresidente del Gobierno. Rosa Aguilar, avalada por una buena gestión y una buena imagen ante los ciudadanos como alcaldesa de Córdoba, representaba una bocanada de aire fresco en una administración viciada por tantos años como estuvo Manuel Chaves al frente de la Junta. Rosa Aguilar (Córdoba, 1957) ha venido dejándose querer por el PSOE, como muchos otros en IU antes que ella, desde hace ya bastantes meses.

Mientras fue alcaldesa de su ciudad natal, aunque mantuvo algunas diferencias de criterio con el resto de la dirección nacional de la coalición, mantuvo una actitud de lealtad hacia las siglas en las que había venido militando históricamente. Su marcha, obviamente, no sentó nada bien dentro de Izquierda Unida. El histórico dirigente de IU Julio Anguita aseguró que la credibilidad de Rosa Aguilar se había visto en entredicho tras su marcha con Griñán, y Gaspar Llamazares, entonces coordinador general de IU llegó a plantear su expulsión de la coalición.  

martes, 19 de octubre de 2010

Un nuevo informe de Costas salva las casas de la playa en El Palo

El análisis confirma que no hay riesgo de que las invada el mar, lo que abre la puerta a su legalización tras el trámite del deslinde
Los vecinos de las casas de la playa en la zona de El Palo pueden estar más tranquilos respecto a la permanencia de sus hogares en dominio público marítimo-terrestre. El Instituto de Hidráulica Ambiental ha realizado para la Demarcación de Costas un informe actualizado sobre la situación de estas viviendas que concluye que, gracias a los espigones realizados en los años ochenta, están bien preservadas de las olas. Este nuevo pronunciamiento técnico abre la puerta a su futura desafectación, lo que dará pie a que sus moradores puedan comprar el suelo al Estado y obtener sus escrituras.
Así lo explicó el diputado del PSOE Luis Tomás, que ayer mantuvo una reunión con colectivos vecinales de El Palo y Pedregalejo y con el grupo socialista en el Ayuntamiento. Tomás precisó a este periódico que el nuevo informe sobre las costas del litoral oriental de Málaga ha tardado seis meses en elaborarse. Se han practicado 17 perfiles de estudios de oleaje y una suma de las mareas que concluye que, en ningún caso, las aguas alcanzarían las viviendas. Las olas se quedarían en el muro de ribera del paseo marítimo, que separa la acera de la arena de la playa.
Según comentó el diputado, el resultado de este estudio, realizado con las técnicas de análisis más modernas, difiere del que Costas posee desde el año 2000 sobre esta cuestión. En este otro, realizado por el Cedex, sí se advierte de que las casas pueden correr peligro, «lo que ha impedido hasta ahora que el Gobierno impulse su legalización», dijo.
No obstante, Luis Tomás advirtió de que la regularización de las casas llevará su tiempo. En primer lugar, debe incoarse el expediente para trazar el deslinde marítimo-terrestre en toda esta franja del litoral. En el caso de Pedregalejo, donde no existe como tal, se trazará al sur de las casas, como ya aparece en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), lo que también las salva como adelantó este periódico (ver SUR 19/6/2010). Sin embargo, en el caso de El Palo, se mantendrá por la carretera, es decir, por la avenida de Salvador Allende, donde está dibujado desde los años sesenta.
Proceso contradictorio
El diputado socialista reconoció que, al mantener el deslinde de El Palo en este punto puede parecer que ello mantiene las casas en dominio público, pero aseguró que ésta es la mejor y más rápida forma de llevar a cabo el proceso, ya que primero hay que ratificar el deslinde y adaptarlo a la actual Ley de Costas. «Posteriormente, una vez que concluya esa legalización del deslinde de los años sesenta, que puede durar unos dos años, se pasará a una segunda fase que será la desafectación de las viviendas ya que, en base al nuevo informe sobre las mareas, no es necesario mantenerlas en la zona marítimo-terrestre porque no hay riesgo de que el mar las invada», relató Luis Tomás.
Según añadió, esa desafectación podrá ser solicitada de oficio por la propia Costas, por los vecinos o por el Ayuntamiento. «Lo importante es que ya hemos comenzado a andar, se ha dado un gran paso», destacó el diputado, quien alabó en ese sentido la labor del anterior jefe de Costas, Luis López Peláez, y del actual, Francisco Hermoso. El expediente de deslinde tanto de Pedregalejo como de El Palo va a enviarse al Ministerio de Medio Ambiente para que pueda abrirse a principios de 2011.
http://www.diariosur.es/v/20101019/malaga/nuevo-informe-costas-salva-20101019.html

El deslinde no tiene porqué ser ratificado, pueden hacer uno nuevo dejando fuera a todas las viviendas (como hicieron con el barrio de la Almadraba, Cádiz), se adelantaría tiempo y dinero.
Mientras no les den a los vecinos un documento oficial firmado por Costas con su compromiso, todo cuanto se diga es papel mojado. ¿Van a estar los mismos dentro de dos años para cumplir lo prometido? El método de Costas es hacer promesas que jamás cumple para evitar que los vecinos sigan luchando por sus propiedades, evitando nuevos recursos que pueden durar entre 15-20 años y que pase el tiempo hasta que no tienen posibilidad de reaccionar. Lo hacen por sistema y en toda España.

domingo, 17 de octubre de 2010

Legaz pide amparo ante la Ley de Costas

Murcia- El diputado nacional del PP por Murcia Jaime García-Legaz solicitó ayer amparo al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ante la falta de respuesta por parte del Gobierno central a una batería de preguntas sobre las demoliciones que el Ejecutivo planea llevar a cabo en el litoral de la Región de Murcia y que remitió el diputado murciano. En concreto, García-Legaz preguntó por las demoliciones de edificaciones previstas por el Gobierno en los municipios de Mazarrón, Lorca, San Pedro del Pinatar, Águilas, San Javier. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero se negó a contestar sobre estas demoliciones y dejó expirar el plazo de reglamento, que concluía el pasado mes de junio. Antes este «oscurantismo» y «comportamiento antidemocrático» por parte del Gobierno socialista, el diputado del PP solicitó el amparo de Bono con el fin de obtener una respuesta sobre las intenciones del Ejecutivo. Asimismo, recordó que «son muchas las edificaciones cuya continuidad depende de la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, y es imprescindible que el Gobierno dé información clara y concreta para aclarar la situación».

Si el gobierno de ZP le contestara con una lista de los derribos que tienen intención de hacer, sería tal el escándalo a nivel nacional e internacional, que ni el apoyo del PNV-CC, le libraría de dimitir.
Cuando la eurodiputada Marta Andreasen comparó a España con Zimbawe, se quedó corta. Allí todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo; salía en todos los medios de prensa como algo impensable en un país democrático. Pués en España somos muchiiiiisimas más las familias a quienes se les ha CONFISCADO su propiedad y dan el silencio por respuesta.

jueves, 14 de octubre de 2010

Rechazan una propuesta de PP, CiU y CC sobre los deslindes de la Ley de Costas

El Congreso rechazó ayer, por 18 votos a favor, 19 en contra y una abstención, la propuesta para modificar la Ley de Costas con el objetivo de "clarificar" la definición, entre otros, de conceptos en "la tramitación de deslindes" de la zona marítima, por considerar que su aplicación práctica "genera inseguridad jurídica".
El Congreso rechazó ayer, por 18 votos a favor, 19 en contra y una abstención, una propuesta de PP, CiU y Coalición Canaria (CC) para modificar la Ley de costas con el objetivo de "clarificar", según los proponentes la definición, entre otros, de conceptos en "la tramitación de deslindes" de la zona marítima, por considerar que su aplicación práctica "genera inseguridad jurídica".
La propuesta fue presentada en durante la Comisión de Medio Ambiente en forma de enmienda la proyecto de Ley de Protección del Medio Marino, que fue aprobado con competencia legislativa plena y, por tanto, remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
Durante el debate, el portavoz de CiU, Pere Macías, señaló que la enmienda en cuestión es una "cuestión ineludible para satisfacer las demandas de los ciudadanos, evitar los conflictos entre administraciones y dar respuesta a la condena del Parlamento Europeo" después de producirse "unas interpretaciones legales contrarias al sentido común y contrarias a algunos conciertos constitucionales".
Así, en el texto también se solicitaban cambios "en la aplicación de la ley en situaciones anteriores a su aprobación" como en el caso de "ciudadanos no residentes propietarios de fincas que habían adquirido antes de la Ley de Costas y que, ahora, "a efecto retroactivo, se ven privados de su propiedad", según denunció Macías.
Para el diputado catalán, puede haber una solución "inteligente" para este problema "sin disminuir un ápice los niveles de protección" del medio marino y terrestre y sería "haciendo una definición puntual" de las zonas que evitaría que el problema "se fuera complicando" como ha ocurrido, según dijo, con casos que se han vivido en el último año en todas las costas españolas.
De igual modo se explicó el portavoz del CC, José Luis Perestelo, quien, además, pidió la "participación de las administraciones autonómicas" en este tema para solucionar la situación en los que la Ley de Costas ha dejado "algunas políticas urbanísticas".

Asentamientos
En este sentido, la enmienda también solicitaba la "no consideración de las áreas urbanas a los asentamientos que reúnan las condiciones tales y la determinación de la autoridad competente para fijar la superficie de servidumbre de proyección asignada al deslinde".
Sin embargo, el PSOE, que rechazó la enmienda, considera que "no se trata de un tema que tenga que ver con la Ley de protección del Medio Marino". Para el portavoz socialista, Manuel Díaz, la oposición quiere "jugar a favor de una coyuntura que le proporcione un rédito territorial que no le toca". Por ello, acusó a los partidos que realizaron la propuesta de generar "la inseguridad jurídica que ellos atribuyen a este tema".
Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía formuló ayer un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, como paso previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo, para que revoque el deslinde del tramo de la costa de Doñana, publicado en el BOE el 2 de septiembre, y dicte uno nuevo modificando su contenido.

Pregunta: ¿por qué el gobierno se niega a modificar la Ley de Costas si existe una solución que protege a los ciudadanos y no desprotege el medio ambiente?

domingo, 10 de octubre de 2010

PSC-PSOE pide una acción diplomática de España frente a las expropiaciones en Venezuela


La Comisión Ejecutiva Regional del PSC-PSOE acordó por unanimidad en su última reunión, celebrada el pasado jueves día 7, instar al Gobierno de España a que no ceje en su empeño de desplegar una acción diplomática en Venezuela ante la situación que están padeciendo muchos canarios afectados por las expropiaciones y ocupaciones forzosas que está llevando a cabo el Gobierno de aquel país.
   En un comunicado, los socialistas recordaron que los emigrantes canarios "han contribuido enormemente al crecimiento económico de Venezuela, poniendo en explotación sus tierras tras muchos años de trabajo y de sacrificio". "Hablamos de ciudadanos y empresarios que desarrollan con éxito actividades agrícolas, empresariales y comerciales en ese país", señalaron.
   Por su parte, el PSC-PSOE subrayó que fueron muchos los canarios que emigraron a Venezuela en los años 50, "y son ellos quienes han levantado empresas de alimentación, agrícolas, etcétera, generando gran riqueza y miles de puestos de trabajo".
   Por ello, consideró que esa labor de tanto tiempo "debe ser respetada y protegida desde el punto de vista jurídico, conforme a las leyes internacionales". Los socialistas sostienen que, además de considerar necesarias las indemnizaciones correspondientes, "se ha de realizar un especial esfuerzo por garantizar esos puestos de trabajo a estos canarios-venezolanos".
   Desde la formación destacan la labor desarrollada por empresas como El Hato la Vaca, el Complejo García Hermanos (Gaisa), que comprende las empresas Frigorífico Ordaz, inversiones Koma y Delicateses Las Fuentes, o Agroisleña, Insecticidas Internacionales, Proyefa, Venezolana de Riego y Semillas Híbridas de Venezuela, entre otras.

ACCIÓN DIPLOMÁTICA
   Por ello, el PSC-PSOE pide al Gobierno de España que insista en esa acción diplomática con el fin de encontrar fórmulas de entendimiento, para que los titulares de las fincas y empresas con miles de trabajadores, en caso de ser expropiados, vean reconocidos sus derechos indemnizatorios de forma justa, "porque se debe valorar que con su esfuerzo, han contribuido al crecimiento de Venezuela".
   "Los socialistas canarios garantizan que el Gobierno de España hará cuanto esté en su mano para que el principio de seguridad jurídica y los derechos de los empresarios canarios en Venezuela imperen en cualquier procedimiento como el que el Gobierno de aquel país está llevando a cabo actualmente con Agroisleña y Gaisa", apuntaron.
   Asimismo, abogaron por que se respete estrictamente la legalidad e insiste en que está realizando las gestiones oportunas ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para que medie en la resolución del conflicto que atraviesan Agroisleña y Gaisa, así como otras empresas canarias que se encuentran en las mismas circunstancias.
    Por último, los socialistas han solicitado una entrevista urgente con representantes del Ministerio, con el fin de profundizar en las gestiones correspondientes en apoyo de los canarios que está padeciendo esta situación.

¿QUÉ ESTÁ PIDIENDO EL PSOE SI ESTÁ HACIENDO LO MISMO EN ESPAÑA CON LA LEY DE COSTAS? Con un agravante, aquí la mayoría de nosotros nos esteramos tarde, mal y nunca, que nuestra propiedad ha sido CONFISCADA. Ojalá saliera ZP en la televisión diciendo que nos expropia, perdón, que nos confisca por el bien del pueblo que tiene derecho al uso y disfrute de la costa.
¿CREE ÁLGUIEN QUE AQUÍ NO SE NACIONALIZAN EMPRESAS? todas las que están cercanas a la costa, incluso las que están a 7 kms de ella.
La salinera lucha contra Costas para mantener su carácter privado
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/09/24/salinera-lucha-mantener-caracter-privado/605646.html
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100415/villaviciosa/fabrica-sidra-gaitero-afectada-20100415.html
EL PSOE PIDE PARA LA EMPRESA EXPROPIADA EN VENEZUELA UNOS DERECHOS QUE EN ESPAÑA, EL MISMO PARTIDO, NOS ARREBATA.
Miles de ciudadanos europeos hemos tenido que acudir al Parlamento Europeo pidiendo amparo y protección ante el ataque a los Derechos Fundamentales que estamos siendo objeto por parte del Gobierno español y, estando allí, tuvimos que escuchar de boca de uno de nuestros eurodiputados del PSOE, que la propiedad privada no es un Derecho Humano.
El mismo PSOE pide a Chavez que respete lo que a nosotros nos niegan: derechos indemnizatorios de forma justa, seguridad jurídica y a protección de las leyes internacionales.


Más de 400.000 familias, atadas por las expropiaciones de la Ley de Costas
http://www.elimparcial.es/nacional/ley-de-costas-60253.html

jueves, 7 de octubre de 2010

Derribos de las 49 casitas de pescadores del Puig acaban con 300 años de historia

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha iniciado los derribos de las 49 casitas de pescadores de El Puig (Valencia) cuya demolición fue ratificada por el Tribunal Supremo tras años de litigio, y cuya desaparición pondrá fin a más de trescientos años de historia.
A las 08.30 horas, una máquina de demolición ha iniciado los derribos de las casas, de entre 30 y 200 metros cuadrados, que históricamente han sido la vivienda de los pescadores de El Puig y que ahora sus descendientes utilizaban principalmente como segunda residencia durante los meses de verano.
El alcalde de El Puig, José Miguel Tolosa, que ha acudido para vivir "con pena y resignación" los derribos de estas históricas viviendas, ha explicado a EFE que las casas "fueron una concesión de un rey a los pescadores a cambio de entregarle dos veces a la semana la pesca".
La foto lo dice todo. Vean las grandes torres levantadas al lado, esas no se toca. (Foto El País)

"En apenas cuatro horas se va a poner fin a más de 300 años de historia", ha lamentado Tolosa, que ha explicado que en algo más de una hora, la máquina ya había derribado la mitad de las casitas.
Tolosa ha señalado que durante los últimos años los propietarios y el Ayuntamiento han protagonizado una "dura lucha" con el Ministerio para tratar de "aplazar el derribo y lograr una moratoria mientras no hubiera un proyecto firme de regeneración de esta zona de la playa".
Ha explicado que los propietarios, con la ayuda del Consistorio, se ha hecho cargo de los derribos y que el Ministerio de Medio Ambiente "tendrá que retirar los escombros".
Según Tolosa, los vecinos han vivido la decisión de demolición "con mucha pena y decepción" y ha explicado que han venido pocos porque "aunque están resignados, no han querido coger el disgusto de su vida".
"Generación tras generación han disfrutado de estas casas, que no son mansiones, pero ahora se ha acabado todo", ha lamentado el alcalde.
Uno de los pocos vecinos que han acudido a presenciar los derribos, Salvador Romeu, ha explicado a EFE que aunque estaban "preparados" para los derribos, ver cómo las máquinas tiraban sus casas "ha sido un duro golpe".
"Llevábamos más de treinta años peleando y todos los años parecía que nos iban a tirar. Al final ha llegado y ha sido duro", ha reconocido.
Romeu disponía de una vivienda de apenas 40 metros cuadrados en la que han vivido cinco generaciones, desde que su abuelo comprara tres casas y las dividiera por la mitad para darle una a cada uno de sus seis hijos. "Las noches de verano en la terraza en un entorno envidiable no se volverán a repetir", ha lamentado.
El propietario ha reconocido "la impotencia" que siente ante la situación y ha admitido que los vecinos "se han humillado" ante el Ministerio por "cobardes o por agotamiento" y al final les han dejado "hacer lo que quisieran".
La demarcación provincial de Costas informó a los propietarios de la orden de demolición el pasado mes de junio aunque el plazo para el desalojo concluyó hace apenas una semana.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana desestimó el recurso de los propietarios contra la resolución de Costas y el Tribunal Supremo ratificó el fallo, con lo que la demolición ha sido llevada adelante en la jornada de hoy.
http://www.lasprovincias.es/agencias/20101007/valencia/derribos-casitas-pescadores-puig-acaban_201010071032.html

Diga lo que diga el alcalde, si se hubiera opuesto, no las habrían derribado.
No es una cuestión de suerte, es una cuestión de dinero. Sabe perfectamente los planes que existen para la zona y que Costas no dá un euro si antes no se derriba lo que ellos decidan.
En poco tiempo, posiblemente muy poco por las prisas que se han dado en acabar con 300 años de historia, veremos como se hace un paseo marítimo, se regenera la playa y se construyen detrás miles de viviendas nuevas. ¿Qué daño hacían esas casitas al litoral?  

miércoles, 6 de octubre de 2010

Medio Ambiente avala la construcción de un hotel de lujo en la parcela de Hydra

La ministra de Medio Ambiente, Elena Salgado, manifestó ayer que la parcela de Hydra, donde el Ayuntamiento de Donostia pretende impulsar la construcción de un hotel de lujo, no está afectada por la Ley de Costas, por lo que su ministerio no pone impedimento a la infraestructura. Salgado aseguró que el terreno ocupado en la actualidad por el gimnasio Hydra se encuentra fuera del dominio público marítimo terrestre y de las zonas de servidumbre, tránsito y protección de su ministerio, por lo que éste carece de competencias en el solar.
Espinosa respondió así al senador del PNV Joseba Zubia, que preguntó en el Pleno de la cámara alta si el Ministerio de Medio Ambiente "tiene conocimiento de los planes del Ayuntamiento de construir un hotel de lujo a escasísimos metros de la playa de Ondarreta, en una parcela a día de hoy ocupada por un espacio de usos deportivos", una obra que podría comenzar en la próxima primavera o verano, una vez avancen los trámites de la licitación prevista.
Zubia manifestó que la ciudadanía donostiarra considera que el espacio de Ondarreta, en el que se prevé la construcción del hotel, de un mínimo de cuatro estrellas, "es una zona libre de especulación" y recordó que para permitir la ubicación de un hotel, el Ayuntamiento ha cambiado los usos de esta parcela para convertirla en terciaria. Recordó que el solar, de 3.138 metros cuadrados de superficie, acogerá un inmueble de 4.400 metros cuadrados de edificabilidad sobre rasante y otros 7.000 bajo rasante. El edificio, según los planes diseñados por la Sociedad de Fomento, alcanzará una altura de 14,5 metros. "No sé cómo se puede encajar con la política de su ministerio", manifestó el senador nacionalista a la responsable de Medio Ambiente.
Espinosa respondió que el Plan General de Ordenación Urbana, que ha calificado la parcela como terciaria, ha obtenido el visto bueno de su ministerio. Asimismo, recalcó que el solar que acoge el actual gimnasio de Hydra se encuentra fuera del dominio marítimo-terrestre, cuyo deslinde data de 1995, por lo que "no está condicionado" por las limitaciones que impone la Ley de Costas. Asimismo, añadió que no ha recibido ninguna solicitud para construir en la zona de Ondarreta y que el Gobierno "velará por la defensa de los valores naturales de la zona".
El hotel contará, según las condiciones previstas, con unas 60 habitaciones y será cedido en derecho de superficie por un periodo de 40 años a la empresa que lo gestione, que deberá pagar un canon.

domingo, 3 de octubre de 2010

Desalojan las casetas de los pescadores del Puig el día que vence el plazo para el derribo


Costas procederá a la demolición tras fracasar la negociación con los afectados y el ayuntamiento
Ayer vencía el plazo que marcó el Ministerio de Medio Ambiente para que los propietarios de las Casetes dels Pescadors del Puig derribasen estas viviendas por invadir el dominio marítimo-terrestre. Realmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sentenció que las casitas deberían haber desaparecido antes, pero los afectados pidieron poder pasar su último verano allí.
El verano ha pasado, el plazo ha vencido y las casitas siguen allí, pero ya están vacías. Aunque realmente, muchas de ellas llevaban vacías hace tiempo. Algunas familias descendientes de aquellos pescadores que las construyeron cuando el mar estaba más lejos, decidieron abandonarlas meses atrás cuando la amenaza de la demolición era inevitable. Pero otros han permanecido allí hasta el último momento y ayer continuaban llenando los contenedores, camionetas o los maleteros de sus coches de los muebles que tenían en las casitas. Uno de estos propietarios que ayer vaciaba su vivienda de veraneo, construida hace más de 70 años, era Pepe.
Este vecino se mostraba resignado ante el seguro fin de un lugar al que le ha tenido tanto cariño, pero afirma no estar triste. "Porque más que tristeza, lo que tengo es mala leche -aclaraba-. Mala leche por ver como la ley trata a unos de manera diferente a otros. Cómo a algunos, entre ellos al ministro Pepe Blanco, les dejan tener su casa en primera linea de la costa".
VILLA PSOE
Gallegos...valencianos...asturianos...andaluces...canarios...murcianos...catalanes...
cántabros...vascos...ingleses...franceses...alemanes...belgas...noruegos...holandeses y hasta chinos están siendo expulsados de sus propiedades sin ningún tipo de compensación.
Europa debería saber que la Ley de Costas no discrimina, CONFISCA a los ciudadanos sus hogares y sus negocios, atacando el principal pilar donde se asienta toda democracia: EL RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA.
El Parlamento Europeo debería intervenir para obligar a España a respetar la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales de la Unión Europea.
Europa no puede quedarse de brazos cruzados.