LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 30 de noviembre de 2010

Tomás González se muestra convencido de que este miércoles 1 de diciembre no se derribarán las casas de Cho Vito

Las nueve familias que quedan en Cho Vito no tienen otro lugar a donde ir, no tienen ningún otro patrimonio que sus viviendas en el poblado marinero de Candelaria
Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito afectados por el anuncio de nuevos derribos en el poblado marinero por Costas, analizó en el programa Canarias día a día la actualidad en este caso, cuando apenas quedan unas horas para que venza el plazo dado por la administración para que se ejecuten las obras de destrucción de sus viviendas, y se muestra convencido de que este miércoles 1 de diciembre no va a pasar nada en Cho Vito, puesto que explica que en las últimas horas les han dicho desde el cabildo de Tenerife que estén tranquilos porque Costas les aplicará una prórroga de 6 meses.

Tomás González  explica que este lunes recibió una llamada de la consejera Pino de León, que junto con Ricardo Melchior y Domingo Berriel, han estado trabajando en la problemática de Cho Vito para buscar una salida digna al problema, quien le comentó que este miércoles habrá una nueva reunión en Madrid entre representantes de los gobiernos de las islas y el estatal, dejando claro que en las próximas horas no se iba a poner en marcha ninguna operación de derribo en el poblado al estar esa reunión por medio.

En este sentido, sostiene que desde el cabildo le explicaron que la demarcación de Costas ha decidido dar una prórroga de seis meses más a los vecinos de Cho Vito hasta que se busque una solución al problema, un hecho que ayuda en la complicada situación que padecen los vecinos afectados, pero que no alivia la tensión y el nerviosismo que tienen desde hace meses.

Las nueve familias que quedan en Cho Vito no tienen otro lugar a donde ir, no tienen ningún otro patrimonio que sus viviendas en el poblado marinero de Candelaria, de ahí que aunque desde el Cabildo les han dicho que estén tranquilos, están nerviosos ante la posibilidad de que las expectativas creadas se vayan al traste e irrumpan las palas de destrucción acabando con sus casas como ocurriera hace dos años.

González insiste en que desde el cabildo de Tenerife, por medio de Pino de León, les han garantizado de palabra que mañana no tirarán sus casas y que se celebrará una nueva reunión Canarias-Estado en Madrid para analizar una salida digna a este problema, motivo por el que los vecinos han entregado una serie de documentos que consideran importantes.

El portavoz vecinal una vez hace un llamamiento a los ciudadanos solidarios con Cho Vito a qye sigan dando públicamente sus muestras de apoyo a los vecinos afectados para presionar a las administraciones para que lleguen a una solución definitiva y justa a este problema y adelanta que muchos medios de comunicación internacionales se han puesto en contacto con él en las últimas horas y aunque les ha dicho que no iba a pasar nada, tienen previsto desplazarse a Tenerife para cubrir una posible intervención.

Tomás González indica que aunque les han garantizado de palabra que no va a pasar nada este miércoles, los vecinos han decidido estar vigilantes a no ser que de manera oficial desde el cabildo de Tenerife les garanticen que sus viviendas no van a ser destruidas porque hablamos de familias que tienen todas sus pertenencias en sus hogares.

Confía en la palabra dada y en que por encima de los intereses de Costas y del ayuntamiento de Candelaria, las decisiones que se tomen sean colegiadas por parte de los representantes del Cabildo y gobiernos de Canarias y de España y que se resuelva en pro del interés general.

lunes, 29 de noviembre de 2010

Cantabria podría perder 1.200 empresas y 25.000 empleos por la Ley de Costas

Cantabria podría perder 1.200 empresas que facturan 6.000 millones y emplean a 25.000 trabajadores si se aplica la Ley de Costas, según un estudio de la Cámara de Comercio, que ha reclamado hoy al Gobierno regional que lidere la defensa de la modificación de esta norma.
El presidente de la Cámara de Comercio, Modesto Piñeiro, ha presentado hoy en rueda de prensa un estudio sobre el impacto socio económico de la Ley de Costas, elaborado a petición de las empresas afectadas para conocer las consecuencias de esta norma y poder ejercer "presión" sobre las administraciones para que se reforme.
Piñeiro ha considerado "absolutamente necesario, ineludible y urgente" modificar el régimen transitorio de la ley, para que permita el mantenimiento de las explotaciones, usos y ocupaciones anteriores a 1988, cuando se aprobó la norma.
Ha reclamado al Gobierno de Cantabria que lidere la defensa de una reforma, por las consecuencias económicas y por el perjuicio importante que la ley causará en la economía de la comunidad autónoma.
La Cámara de Comercio ya ha enviado su informe al Gobierno regional y a los partidos con representación en el Parlamento.

El estudio revela que 1.800 empresas de Cantabria se verán afectadas por la Ley de Costas, que fija en el año 2018 el final de las concesiones administrativas para todas las industrias situadas dentro del dominio público marítimo-terrestre.
Si los afectados tienen una escritura de propiedad del terreno previa a la aprobación de la ley, el plazo puede prorrogarse en treinta años más.
Las empresas afectadas representan el 4 por ciento del tejido empresarial de la comunidad autónoma y el 15 por ciento de las que facturan más de un millón de euros.
Están incluidas dentro del dominio público marítimo terrestre grandes empresas de un gran valor añadido, como Solvay, Sniace, Equipos Nucleares, Tina Menor, Global Steel Wire, Ferroatlántica, Derivados del Fluor o B3 Cable Solutions y los polígonos industriales de Raos, Requejada, Pesquera, Marismas, Heras o Mies de San Juan.

Modesto Piñeiro ha advertido de que la región podría llegar a perder 1.200 empresas, con una facturación de 6.000 millones y 25.000 empleos, 16.000 de ellos directos, por tratarse de sociedades que no se pueden reubicar.
Más de 500 empresas son industriales, como mínimo 120 están dedicadas directa o indirectamente a la construcción, más de 260 son comercios, 220 son negocios de hostelería y turismo y más de cien están dedicadas a otros servicios.
El presidente de la Cámara de Comercio ha explicado que reubicar a estas empresas conlleva grandes inversiones muy difíciles de asumir por la mayoría y ha avisado de que se corre el riesgo de que las multinacionales afectadas decidan marcharse de Cantabria y ubicarse en el exterior de España, en países con mano de obra más barata.

A estos efectos, se suman los graves problemas de financiación bancaria de las empresas, por estar ubicadas en terrenos afectados por la Ley de Costas, y la paralización de las inversiones, que reduce su competitividad y ralentiza e, incluso, frena su crecimiento.
El estudio cifra en 65 millones las perdidas y la paralización de las inversiones.
El 15,4 por ciento de los afectados asegura haber empezado alguna inversión en infraestructuras en los últimos doce meses que posteriormente ha sido paralizada, con lo que las pérdidas superan los 9 millones.

Además, el 24,6 por ciento de los afectados tiene previsto invertir más de 64 millones en infraestructuras en los próximos meses, mientras que un 14 por ciento no ha planificado ningún gasto a causa de la Ley de Costas.
Piñeiro ha llamado la atención sobre el hecho de que el 78,7 por ciento de las empresas que están afectadas por el deslinde no lo sabe. EFE-Cantabria

sábado, 27 de noviembre de 2010

Gabriela Mayans presenta su novela sobre el deslinde

La presidenta de la Plataforma de afectados por el deslinde de Costas se lanza a la creación literaria con una historia de ficción titulada ´El mar en un pozo´

Gabriela Mayans es una persona inquieta que en los últimos años ha centrado muchos de sus esfuerzos en defender las propiedades de los afectados de Formentera por el polémico deslinde de Costas. Asegura que la idea de ponerse a escribir su primera novela, ´El mar en un pozo´, nace de «la frustración» que siente como afectada por la falta de soluciones concretas al deslinde, «que sigue parado, aunque parece que está en periodo de revisión», aseguró.
El libro, editado por Incipit, http://www.incipiteditores.com/obra.php?id=345  fue presentado ayer en la sala de actos de Cultura por la periodista Marta Vázquez y por la propia autora. Gabriela Mayans se ha inspirado en su experiencia personal y en las historias que en los últimos años ha ido recogiendo por parte de los afectados. Para evitar referencias concretas a Formentera, dice que buscó un caso parecido en la isla de Lanzarote, en Canarias, donde sitúa la narración. El escenario es verídico ya que ha recogido de qué forma se están llevando a cabo los deslindes allí.
La novela pretende acercar al lector a la realidad y a la situación de «desprotección» en la que se encuentran más de 200.000 familias en España afectadas por la Ley de Costas, mientras aparecen por el litoral numerosos casos de abusos urbanísticos, a través de la historia de una familia de la isla canaria. Mayans reconoce que no ha podido evitar trasladar al papel su experiencia personal y la de personas allegadas, reproduciendo conversaciones y situaciones vividas en primera persona. La historia que propone no es dramática e intenta llegar a todo el mundo. La autora la califica de «simpática».

miércoles, 24 de noviembre de 2010

Ribó exige trasvases de arena para salvar la playa de la Garrofera

El candidato de Compromís vincula la regresión de la costa con la ampliación del puerto y exige compensaciones

El candidato a la alcaldía de Valencia de Compromís per València, Joan Ribó, ha pedido por escrito al Ayuntamiento de Valencia que tome medidas "urgentes" para salvar la playa de la Garrofera. Ribó vinculó la regresión progresiva de la playa con las obras de ampliación del puerto de Valencia. El último temporal se llevó parte el paseo de la urbanización de la Casbah, cuyos vecinos llevan años pidiendo la intervención de la Dirección General de Costas. El ayuntamiento acordó hace unas semanas en la junta de gobierno acometer las obras de consolidación de urgencia del paseo.
El candidato de Compromís fue más lejos y reclamó que se activen las medidas correctoras contra la erosión de las playas incluidas en la declaración de impacto ambiental de la macroampliación del puerto, aprobada en 2007.
"Cualquier persona que compare fotos actuales y de hace 20 años de las playas del Saler y la Malva-rosa puede constatar que mientras la segunda está en regresión la primera ha crecido de forma considerable". Este fenómeno de "basculamiento" de la costa ya fue advertido por diversos expertos en las alegaciones al estudio de impacto ambiental de las obras de puerto.

El Ministerio de Medio Ambiente dio luz verde a la ampliación con la condición de someter las playas a un plan de vigilancia ambiental y llevar a cabo en caso de ser necesarios trasvases de arena de unas playas a otras.
Ayer, Ribó se encargó de recordar las condiciones de la declaración de impacto ambiental y aseguró que "está documentado" que la playa de la Garrofera, en el tramo que hay delante de las casas de la Casbah (afectadas por los deslindes de Medio Ambiente), tenía 35 metros de ancho en 2006. En la actualidad, "la playa ha desparecido casi por completo", expone Ribó en su escrito. La Declaración de Impacto Ambiental de la ampliación del puerto afirma que ésta incrementará los procesos regresivos de las playas de Pinedo y el Saler, incluidas en el Parque Natural de la Albufera, que empezaron como consecuencia de las distintas ampliaciones portuarias.
La declaración de impacto expone que "se propondrán las medidas correctoras pertinentes para evitar la regresión o el exceso de basculamiento de las playas situadas tanto al norte como al sur de la actuación. Estas medidas se recogerán en un proyecto específico promovido por la Autoridad Portuaria de Valencia...".
Ante la situación que se está registrando en las playas de Pinedo, el Saler y la Garrofera, Compromís apunta que es "urgente activar los mecanismos previstos en la declaración de impacto".
Las medidas correctoras incluyen dos puntos fundamentales. Por un lado, la fijación de la costa que implicará la construcción de espigones perpendiculares en la costa que eviten el efecto de los temporales. Por otro, hace falta realizar los aportes de arena de las playas del norte al sur que los diques del puerto impiden. Según Ribó, "corresponde a la Dirección General de Costes el seguimiento del plan de vigilancia de las afecciones costeras y al responsable de la regresión (la Autoridad Portuaria de Valencia) la ejecución y financiación de las medidas".

http://www.levante-emv.com/valencia/2010/11/24/ribo-exige-trasvases-arena-salvar-playa-garrofera/759810.html

viernes, 19 de noviembre de 2010

La Ley de Costas amenaza el futuro de 1.000 viviendas y tres hoteles en Roses

La normativa dice que los edificios en dominio público deben ser derribados

Sentado en su despacho, Octavi Font abre una carpeta con un título significativo: Costas. Contiene un expediente que explica la situación de los terrenos en los que se levanta su hotel, el Montecarlo, en la urbanización Santa Margarida de Roses (Alt Empordà). Font está algo inquieto. Sobre su establecimiento, otros dos hoteles, unas 1.000 viviendas y un centenar de negocios pende la amenaza del derribo.

Hace unos meses él y otros vecinos descubrieron que los terrenos donde están sus propiedades son de dominio público. Eso implica que en casi la mitad de la primera línea de Roses (650 metros de los 1.600 totales) no debería haber una sola edificación porque pertenece al Estado y está sujeta a la Ley de Costas. La estricta aplicación de la normativa implicaría, tarde o temprano, el derribo de todas las construcciones, una serie de apartamentos y equipamientos que se construyeron hace casi 40 años de manera legal.
Los vecinos aseguran que desconocían la situación hasta que hace unos meses un ciudadano francés (la mayoría de las viviendas son segundas residencias de extranjeros) acudió al registro de la propiedad para cambiar de nombre su piso. Allí le informaron de que no podía hacerlo porque la casa estaba construida en una zona propiedad del Estado, en la que no se puede construir, comprar o vender. Hasta el momento, insisten, nadie se lo había comunicado.

El expediente de la urbanización, que se puede consultar en la delegación de Costas en Girona, demuestra, sin embargo, que desde el principio de la edificación esos terrenos han estado sujetos a la polémica del dominio público, lo que ha comportado incluso litigios.

Los vecinos esgrimen que dejaron constancia de dónde compraban sus casas en los organismos oficiales. Pero eso no basta. El artículo 8 de la Ley de Costas establece que el dominio público prevalece incluso ante las propiedades que están avaladas en el registro de la propiedad. "Tenemos los papeles y permisos de obras que nos dio el Ayuntamiento. Si yo hubiese sabido que este hotel estaba afectado, no lo habría comprado", se lamenta Font. La alcaldesa del municipio, Magda Casamitjana (PSC), alega que su equipo de gobierno tampoco lo sabía.
Una posible salida al embrollo es la concesión: el Estado da permiso para el usufructo de las casas durante 30 años, prorrogables otros 30. Al final, las edificaciones deberían ir abajo, sin indemnización. Pero los vecinos no quieren oír hablar de concesiones. Casamitjana tampoco.

El Ministerio de Medio Ambiente asegura que está estudiando una solución para la zona y sostiene que esta no pasa por el derribo porque el coste social sería muy elevado, pero tampoco da más detalles.

Font pide que el Estado desafecte la zona. "¿Qué problema hay en mover una raya?", se pregunta. Desafectar significaría que lo que a finales de la década de 1960 se consideró zona de dominio público, ahora se considere que ya no lo es. Rita Rodríguez, abogada de WWF España, explica que no es tan sencillo. Para la desafectación hace falta demostrar que esa zona ha perdido las características naturales que tenía.
Casamitjana tenía la esperanza de solucionar el tema en breve, pero el cambio en el Ministerio de Medio Ambiente ha supuesto una ligera modificación de planes. El lunes la alcaldesa le comentó el caso a la nueva ministra, Rosa Aguilar, que estuvo de visita en Girona. Un portavoz municipal aseguró ayer que Aguilar respondió con un clásico "lo estudiaremos".

jueves, 18 de noviembre de 2010

Cerca de 600 vecinos de Valle Gran Rey (La Gomera) podrían perder sus viviendas por el deslinde marítimo terrestre y por el PGOU del municipio

Cerca de 600 vecinos del municipio gomero de Valle Gran Rey, que cuenta con un población de unos 4.000 habitantes, podrían quedarse sin vivienda si se aplica el deslinde marítimo terrestre de la Ley de Costas y si además el Ayuntamiento del municipio pone en marcha el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que deja fuera de ordenación muchas de las viviendas que también están afectadas por el deslinde marítimo.

En la actualidad se ha creado una plataforma vecinal que denuncia, por un lado, la aplicación del deslinde marítimo en un asentamiento urbano consolidado y, por otra parte, la falta de transparencia del Ayuntamiento de Valle Gran Rey que ha aprobado un PGOU que deja fuera de ordenación a decenas de viviendas y que es desconocido por la mayor parte de los vecinos.

Para denunciar esta situación tan irregular se llevará a cabo mañana viernes 19 de noviembre a las 10.30 horas una rueda de prensa en el hotel Taburiente de Santa Cruz de Tenerife en la que estarán presentes Pedro Medina, presidente del Comité Insular de CCN y consejero del Cabildo de La Gomera; Federico Bacallado, presidente del Comité Local de CCN en Valle Gran Rey y el abogado que instruye la causa y que está presentando alegaciones contra el PGOU y contra el deslinde marítimo, José Luis Langa.
http://www.gomeranoticias.com/articulos/18/noviembre/2010/cerca-de-600-vecinos-de-valle-gran-rey-la-gomera-podrian-perder-sus-vivi

Menudo sistema de combatir la recesión económica. Como tenemos poca ruina, las administraciones se ponen de acuerdo para quitarnos las propiedades.
¿Acabaremos los españoles yendonos en pateras a Marruecos?

viernes, 12 de noviembre de 2010

LEY DE COSTAS ¿IGUAL PARA TODOS? II

HOTEL PLAYA DE COTOBRO,  ALMUÑECAR.
Parcela en primera línea de playa donde se edificará dicho hotel.
Según la Ley de Costas, el edificio no puede ser construido por estar en zona de protección, aunque viendo los deslindes que realiza  Costas en otras zonas, debería estar en Dominio Público Maritimo Terrestre. 
Aún así, en la siguiente imágen se podrá observar cómo, por motivos desconocidos, la línea de DPMT y de protección se únen milagrosamente.




_______ deslinde aprobado
_______ zona de protección
_ _ _ _ _ zona de protección  lógica que  Costas ha hecho coincidir muy oportunamente sólo en esa zona.   







Como no le ha debido de parecer suficiente favor al hotelero de turno con reducirle la zona de protección,  le arreglan la playa convenientemente para que sus clientes no tengan queja y, de paso, se la amplía un poco más.




Ya tienen un hotel estupendo en primerísima línea de costa, con una playa nueva donde a cualquiera de nosotros no nos hubieran dejado ni poner una sombrilla.

El caso no termina aquí.
Durante la excavación de los cimientos aparecen unas ruinas fenicias. Diversas asociaciones dan la voz de alarma y tratan de paralizarlo. Pero ni Cultura, ni los jueces, consideran que ese patrimonio, que es de todos, tenga mayor importancia, permitiendo que continúe la construcción (del hotel y la destrucción del patrimonio cultural de todos los españoles)
  
Ya puestos en faena, Costas, Cultura y los jueces,  le permiten apropiarse de los restos arqueológicos para dar más valor al hotel que, ni corto ni perezoso, lo incorpora a su propiedad como un lujo exclusivo de su salón con vistas al mar.

Viendo semejante ejemplo, nos preguntamos como nadie investiga a las Demarcaciones de Costas. Nos preguntamos por qué Costas tiene patente de corso.
El Ministerio no deja de proclamar que la ley se aplica por igual a todo el mundo, que no se aplica de manera arbitraria, ni abusiva...
Sin embargo este blog está repleto de casos que demuestran cómo actúa Costas dependiendo de quién se trate, por lo que no es muy difícil llegar a una conclusión:  DERRIBO = GENTE HUMILDE.
Lo que no se entiende es porqué se está permitiendo que continúe este abuso de poder, esta impunidad manifiesta y demostrada.

Los vecinos de Cho Vito denuncian a Costas por tirar documentos de expedientes confidenciales a la basura

Afirman que si el subdelegado del Gobierno tuviera dignidad como político, como persona y como gestor de las garantías y derechos de los ciudadanos a los que representa debería cesar inmediatamente a González Pérez.
Audio de la entrevista (se recomienda escuchar)
SB-Noticias.- Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, explicó en el programa La Trapera de Radio San Borondón que recientemente encontraron en la basura documentos privados de la Demarcación de Costas y tras recordar que en España las normas establecen multas de hasta 600.000 euros por la vulneración de datos confidenciales, afirma que el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, Carlos González Pérez, ordenó tirar a la basura infinidad de expedientes y cuando se percató de que los vecinos lo habían descubierto les amenazó con tomar represalias contra ellos si hacían público este hecho.

Tras aportar un documento sonoro del encontronazo habido entre vecinos y el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife, cuando los primeros descubren en la basura documentos confidenciales de la Administración estatal, Tomás González explica que Carlos González Pérez amenazó a los vecinos de Cho Vito con tomar represalias contra ellos si hacían público que en Costas habían tirado a la basura una cantidad significativa de documentos confidenciales relativos a expedientes que obraban en la administración.

Recuerda que en España las normas establecen multas de hasta 600.000 euros por la vulneración de datos confidenciales, sin embargo el jefe de la Demarcación de Costas de Tenerife ordena tirar a la basura infinidad de expedientes, tanto de personas que trabaja en la administración, concursos públicos, bajas laborales, actas de replanteo, actas de reuniones privadas entre empresarios y representantes de Costas donde miran para otro lado en cuestiones que afectan a los poderosos, notas personales transcritas, que accidentalmente fueron encontradas en la basura por los vecinos y han tenido que ir a declarar voluntariamente ante la policía judicial porque  Carlos González Pérez comete el error de llamar a la policía.

En este sentido, afirma que si el subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista, tuviera dignidad como político, como persona y como gestor de las garantías y derechos de los ciudadanos a los que representa debería cesar inmediatamente a González Pérez, porque advierte que si hace público los documentos que tienen habría mucho que contar, ya que en los documentos encontrados hay contratos, asistencias técnicas, despidos laborales y hasta el deslinde de San Andrés.

Tomás González afirma que estamos ante un escándalo mayúsculo que debería costarle el puesto de manera urgente a González Pérez, puesto que hablamos de que su departamento ha tirado a la basura documentos privados, oficiales y algunos comprometedores en donde figuran documentos de identidad, nombres y apellidos de personas concretas, algunas de ellas incluso fallecidas, una cuestión que es comprometedora para el jefe de la Demarcación de Costas porque ha hecho dejación de sus funciones, entre ellas la del garante del derecho que tienen los ciudadanos en cuanto a la protección de sus datos.
Para colmo de la desafortunada actuación de Carlos González Pérez, más allá de tirar a la basura estos documentos, en un intento de huida hacia adelante trata de hacer responsable a los vecinos que se encontraron los expedientes en los contenedores de basura.

El portavoz de los vecinos de Cho Vito considera lamentable que José Antonio Batista, subdelegado del Gobierno, no haya pedido inmediatamente el cese y el procesamiento de Carlos González Pérez, porque estamos hablando de documentos que comprometen a los altos cargos de Costas desde 1987 hasta hoy en día.

martes, 9 de noviembre de 2010

LEY DE COSTAS ¿IGUAL PARA TODOS?

A pesar del reconocimiento del juez y de Costas de que el Centro Comercial El Marqués, en playa Paraiso (Canarias) no está dentro de la legalidad, la sentencia final dice que es legal. ¿Cómo es posible?

lunes, 8 de noviembre de 2010

La Basílica de Candelaria vulnera la Ley de Costas

Costas comunica al Obispado la situación del templo - Los religiosos están tranquilos porque el conjunto de edificios es Bien de Interés Cultural y no se puede derribar
El convento de los padres dominicos de Candelaria, que está situado en el mismo edificio que la Basílica, y la capilla de San Blas que se encuentra en los alrededores del templo están afectados por la aplicación de la Ley de Costas.

Así se lo ha comunicado el organismo estatal a los responsables del convento y al Obispado de Tenerife para que presenten las alegaciones que estimen convenientes. El prior de los dominicos, Alexis González, señaló ayer que ya han mantenido reuniones con responsables de la Dirección General para conocer el alcance de la aplicación de la Ley.

En principio, les han garantizado que no tendrá ninguna consecuencia dado que los inmuebles han sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Sólo en caso de que los edificios se cayeran o fueran demolidos, las nuevas edificaciones tendrían que retirarse unos seis metros de la costa.

En principio, los religiosos están tranquilos y señalan que no piensan presentar ningún tipo de alegación. El caso de la capilla de San Blas en teoría podría ser más complicado pero al tratarse de un inmueble construido en el año 1534, mucho antes de la aprobación de la nueva ley en el año 1988 tampoco se prevé que surja ninguna complicación. Según la ley de Costas desde que una parte principal del edificio sea tocado por la línea de deslinde todo el inmueble quedará fuera de ordenación. Por ello, en este caso se vería afectado tanto el convento como la Basílica aunque las consecuencias que podrían derivarse de este hecho son remotas. La Basílica y el convento han sufrido diversas remodelaciones a lo largo del tiempo. Se trata son dos edificios diferentes pero que están físicamente unidos. Entre los bienes afectados se encuentran también las figuras de los guanches que están situados en la plaza.

400 propietarios
El nuevo deslinde ha salido ya a información pública por quince días y abarca más de un kilómetro de distancia entre la Cueva de San Blas y el Refugio Pesquero. En la relación de citados está la Promotora Punta Larga, el Obispado, el Ayuntamiento de Candelaria, el convento de los dominicos o la Cofradía de Pescadores.

Son alrededor de 400 los propietarios particulares de terrenos que se verán también afectados por la aplicación de esta ley. El alcalde de Candelaria, José Gurmesindo García, indica que en el caso del Ayuntamiento la propiedad afectada es un aparcamiento.

Apunta que se ha hecho un esfuerzo en el Plan General de Ordenación (PGO) para mantener el mayor número de viviendas posibles. No obstante, las edificaciones que se sitúen en los primeros seis metros en la zona de tránsito se irán eliminando según éstas envejezcan y sean demolidas. El deslinde afecta a la calle de La Arena, principal núcleo comercial del municipio

viernes, 5 de noviembre de 2010

MANIPULACIÓN Y DESCONOCIMIENTO. Respuesta al Sr Batista, Subdelegado del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife. (Antonio Alonso Orihuela)

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados
Estimado Sr:
      He leído con especial interés, dado que soy uno de los miles de afectados por la Ley de Costas, el artículo de opinión publicado en la prensa local (La Opinión de Tenerife) titulado “Por una costa canaria de todos y para todos” el 4 de Noviembre del 2010 y es mi intención explicarle y si me permite, corregirle algunos puntos de su exposición.
      Comienza su misiva, con una cita de las Partidas de Alfonso X el Sabio: Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que bien [viven] en este mundo, son estas: el aire e las aguas de la lluvia, en el mar, e su ribera". Es un buen principio, pero aquí empieza su manipulación sobre este grave problema, pues Alfonso X, también cita en la Partida tercera, Título XXVIII, Ley III, Ca qualquier criatura que biva, puede vsar de cada vua gestas cosas, según quel fuere menester. E porende todo ome se puede aprouechar de la mar e de su ribera, pescando, o navegando, e faziendo y todas las cosas que entendiere que a su pro son. Empero si en la ribera de la mar fallare casa, o otro edificio qualquier, que sea de alguno, non lo decae derribar; nin vsar del eu ninguna manera, sin otorgamiento del que lo fizo, o cuyo fuere; como quier que si lo derribasse la mar, o otri, o se cayesse el, que podria quienquier fazer de nueuo otro edificio en aquel mismo lugar”. Para su mejor entendimiento, se lo traduzco: "Cualquier criatura que viva, puede usar de cada una de estas cosas según necesite y por ende toda persona se puede aprovechar de la mar y de su ribera, pescando o navegando y haciendo todas las cosas que entendiera en su pro. Pero si en la ribera de la mar hubiera casa u otro edificio cualquiera, que sea de alguien, no se debe derribar, ni usar de ninguna manera sin el permiso de quién lo hizo y en caso de que lo derribase el mar u otro o se cayese él, cualquiera podría hacer otro edificio en aquel lugar".
Y es que a Alfonso X, se le conoce por el apodo o sobrenombre del “Sabio”. Lo deja bien claro.
   Pero siguiendo con su artículo, usted hace referencia a la multitud  de notas de prensa y noticias que han aparecido sobre derribos, anuncios de derribos, que provienen de instituciones, algunos partidos políticos “desmemoriados” y colectivos vecinales, que siempre según usted, nos hemos puesto de acuerdo para ver el lado negativo de la ley de costas, una ley de protección y garantía de lo público frente a lo privado. Comenta también las ocupaciones del litoral, impidiendo el acceso al mar, en estas islas que vivimos del turismo. Habla de vertidos residuales, ironiza con lo que “a algunos les ha dado por defender  como bienes de interés; se burla de que la ley de costas sean una “avanzadilla” a supuestas especulaciones inmobiliarias, a que Costas no va a la “caza del pobre”, para terminar haciendo la pregunta de que si llevaríamos a los turistas  a ver esos núcleos ilegales.
   Quisiera matizarle algunos puntos de su misiva. En primer lugar, creo que no existe una conspiración ciudadana contra Costas, su Ley, y su aplicación. Usted como servidor público, debe de saber que esta Ley está siendo aplicada con una arbitrariedad  completamente estudiada, que vulnera derechos fundamentales (según el Parlamento Europeo, que prosigue con las investigaciones abiertas sobre esta Ley) que genera una inseguridad jurídica y que tiene un carácter claramente confiscatorio.
   Esto Sr Batista, genera la creación de colectivos, que se unen para poder defenderse, con el apoyo de algunos políticos, que al contrario que usted, creen que la ley necesita una modificación urgente, que creen que hay que defender ciertos núcleos costeros, por su atractivo y singularidad, como así lo refleja las diversas Proposiciones No de Ley del Parlamento de Canarias, la voz de los canarios, que usted parece no comprender o ignora por completo, siguiendo las directrices del ministerio.
  La ley de Costas no se aplica por igual Sr. Batista. ¿Cuántos  complejos hoteleros han derribado en Canarias? Ninguno. Y eso que casos como el Papagayo Arena en Lanzarote, con “sentencia firme”, igual que la de Cho Vito, donde la Ministra de Medio Ambiente, “paralizó el derribo”, repito, “sentencia firme”. ¿Cuántos casos existen igual que ese hotel en Canarias? Y si hablo del resto del litoral español, le pongo por ejemplo el hotel del Algarrobico, en Almería.
   La Ley no ha servido a su fin. Desde 1988, la costa se ha degradado más que nunca, pero curiosamente, derriban núcleos pequeños, alguna chabola, y omiten grandes urbanizaciones, hoteles, y centros comerciales al lado del mar.
   Le puedo citar Tabaiba y Radazul, claro ejemplo de cómo “legalizar” lo ilegal. Compro el acantilado (dominio público) lo excavo (prohibido), tiro el escombro al mar (prohibido) gano 100 metros, edifico y vendo, y todo ello con una figura “urbanística”, que se salta a la torera cinco artículos de su querida Ley de Costas. Y eso que usted niega la especulación y el negocio con la ley. Mire usted, la actual Directora General de Costas, Sra. Alicia de Paz Antolín, ocupa este cargo, y al mismo tiempo, es consejera delegada, de la empresa que realiza los derribos. (Tragsa). ¿Cómo llamaría usted  a eso? Y para colmar el vaso, su nombramiento es “ilegal”. Veamos como usted le explica a la gente de Boca Cangrejo, El Remo, Cho Vito y Anaga, que la directora de costas, la que firma la confiscación y el derribo de miles de viviendas  es una “ilegal”.
   Habla usted de que estos núcleos, son un peligro para el medio ambiente por los vertidos que ocasionan al mar. ¿Cómo se explica que justo en Tabaiba, Radazul, y en Candelaria, los vertidos son continuos, los olores constantes, e  incluso han cerrado playas por peligro para la salud?  ¿Son ilegales estos lugares?
   Me despido Sr. Batista, dándole un consejo. “No le bastará ponerse detrás del que dispara, ni delante del que defeca, para evitar males mayores”,
Un vecino de Cho Vito,  según algunos, “revolucionario y incendiario”
Antonio Alonso Orihuela  lapeando@hotmail.com

jueves, 4 de noviembre de 2010

REAL COMO LA VIDA MISMA, PERO INCREIBLE (IZASKUN BILBAO, Diputada del PNV en el Parlamento Europeo)


Imaginaos que hace cinco siglos uno de vuestros ancestros construyen un molino junto al mar y comienzan a ganarse la vida allí. Un molino hace cinco siglos es uno de los servicios de referencia. La gente lleva allí sus cereales para que se los conviertan en harina. Aún falta un siglo para que el maíz llegue desde América a la zona. Eso quiere decir que vuestro primer apellido esta allí antes de que a nadie se le ocurriese hacer un talo. Hoy pensamos que esa delicia  lleva con nosotros toda la vida. El molinero al que me refiero es parte del país un siglo antes.


La casa de la que hablo es un molino de mareas. La piedra de moler se activa en ese tipo de instalaciones gracias a la fuerza maremotriz. El molino en cuestión esta en un paraje extraordinario. El propietario que ha construido el edificio no lo sabe, pero quinientos años después la zona será una de las joyas de la naturaleza de un país. Por eso los tataranietos del molinero habrán decidido declarar la zona área de especial protección. El lugar es tan bonito que finalmente la UNESCO lo considera patrimonio de la humanidad.


La protección abarca todo lo que contiene el lugar, el modo de vida de las personas que han vivido allí toda la vida. El molino es parte del medio, esta perfectamente integrado en él. Lleva 500 años siendo parte de la vida de este enorme parque natural. Los descendientes del molinero están orgullosos de la herencia que recibieron. Cuidan aquella casa que ya no fabrica harina pero que guarda un  tesoro: la memoria de las gentes de la zona que tuvieron aquel edificio como referencia durante varios siglos.


Un día los propietarios de aquel edificio reciben una extraña carta. Se enteran de que las escrituras que adjudican a su familia aquella propiedad hace nada menos que cinco siglos son papel mojado. Se quedan sin casa, sin recuerdos y sin historia porque la llamada “ley de costas” ha decidido que el molino y el paraje en que se encuentra son ahora de dominio público. No hay expropiación, no hay compensaciones. Solo perplejidad.


Parece una historia de miedo, una exageración, una invención, pero no. Es una historia real como la vida misma. El paraje extraordinario es la ría de Urdaibai. Los descendientes del molinero se apellidan De Iturribarria y la expropiación llega de la mano de la Ley de Costas. Ese era un instrumento legal pensado para proteger el litoral de la especulación, pero origina efectos bien perversos como este. Cinco siglos de retroactividad es demasiado. Aquella actividad sentó en Urdaibai sus reales hace quinientos años. No molesta a nadie. De hecho es parte del medio, del patrimonio que protege la declaración de reserva universal de la biosfera que tiene Urdaibai. Lo que le ha pasado a Jon de Iturribarria y su familia es una barbaridad. Por eso estamos ayudando a este vasco, un profesional que sabe de lo que habla, que trabaja por todo el mundo, a encontrar en Bruselas eco para lo que le ha ocurrido y, por supuesto, una solución. El mismo os cuenta el caso en este vídeo.