Los vecinos de la urbanización Santa Margarida de Roses respiran tranquilos. Nadie va a echar abajo las más de 1.000 viviendas y tres hoteles que, en primera línea de mar, vulneraban la Ley de Costas. Esta norma consideraba los terrenos sobre los que se asientan los edificios de dominio público marítimo-terrestre, lo que implicaba que debían ser demolidos, pero ahora el Ministerio de Medio Ambiente ha movido las líneas para indultar los pisos al dejar fuera de las restricciones esta zona, conocida como Gola de l'Estany. El argumento es que los terrenos, urbanizados desde hace cuatro décadas, han perdido el valor natural que tenían por su especial ubicación: la confluencia entre una marisma y el mar. La decisión también se apoya en dos órdenes ministeriales de 1963 y 1966 que citaban la existencia de terrenos privados en la zona de dominio público.
"Es una argumentación perversa", lamenta Rita Rodríguez, directora de la asesoría jurídica de la asociación ecologista WWF. "Si para legalizar una construcción se puede alegar que la zona ya no tiene valor natural, todo el mundo construirá sabiendo que destruir la zona es la mejor forma de asegurarse de que no habrá problemas". "Es una buena noticia que cierra un proceso muy complicado", opina en cambio Magda Casamitjana, la alcaldesa de Roses (PSC), que ha conducido las conversaciones en frecuentes viajes a Madrid para resolver el embrollo legal.
Los apartamentos se construyeron respetando aparentemente la legalidad: se solicitaron licencias de obras, se inscribieron en el registro de la propiedad... Pero, como comunicó Medio Ambiente a los dueños hace un año, el suelo era de dominio público, lo que implica que 650 de los 1.600 metros de primera línea de mar de Roses deberían estar sin urbanizar.
La mayoría de los vecinos alega que nunca tuvieron noticia del embrollo legal hasta recibir la notificación del ministerio. Pese a ello, la interpretación estricta de la Ley de Costas pintaba un futuro muy negro para ellos. El artículo 8 establece que el dominio público prevalece incluso ante las propiedades que están avaladas en el registro de la propiedad.
Ante la disyuntiva de hacer imponer la ley o aceptar los hechos consumados, el ministerio ha optado por lo segundo en la forma más beneficiosa para los propietarios, para disgusto de los ecologistas. Existía otra opción legal que no implicaba desafectar los terrenos de la Ley de Costas y que mantenía cierta protección al entorno: una concesión por 30 años prorrogables. En este caso las viviendas también son legales, pero se prohíbe construir más o ampliar las ya existentes. Es una opción intermedia que permite, además, prevenir las posibles consecuencias del cambio climático en zonas con riesgo de inundación.
La resolución del ministerio puede tener, además, consecuencias de un alcance todavía mayor: las 10.000 viviendas construidas al borde de los canales de Santa Margarida y Empuriabrava, cuyo futuro pende también de un hilo. Casamitjana cree que se ha abierto una "vía de diálogo" para solucionar tambié este asunto. La Dirección General de Costas sostiene que hay que dejar como acceso al agua seis metros entre las viviendas y los canales, lo que en la práctica significa derruir muchas de las casas o patios particulares, construidos al borde mismo de los canales. Según el Consistorio, esos seis metros de acceso ya existen en las calles situadas tras las viviendas, que también dan a los canales. Casamitjana opina que ambos asuntos están relacionados y que la resolución del primer problema es una buena señal para el segundo, aun en negociación. El ministerio eludió ayer ofrecer su versión.
