LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

viernes, 28 de enero de 2011

Carlos Fabra se reúne con la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, para establecer las bases de la cooperación entre la asociación europea y la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense.
Con esta reunión, el presidente provincial pretende iniciar la ronda de contactos entre la Diputación y las asociaciones nacionales y europeas que luchan por proteger los derechos de los afectados por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas. Durante el encuentro, Fabra ha presentado la estrategia y el plan de trabajo de la plataforma provincial a la presidenta de la AEPLC y se ha debatido sobre las posibles acciones comunes a desarrollar en el futuro.
El presidente ha destacado que la Diputación "persigue coordinar las acciones de la plataforma provincial con las que realizan estas entidades para optimizar esfuerzos y recursos". Así, ha recordado que la asociación que preside Carmen del Amo "cuenta con una amplia experiencia y lleva muchos años trabajando para asistir a los perjudicados en su defensa ante la Administración central".
Carlos Fabra ha asegurado que "la Diputación va a hacer lo posible por coordinar una defensa común con estas asociaciones". Sin embargo, ha querido destacar que "no olvidaremos que nuestro hecho diferencial es que hemos creado una plataforma por y para las personas, cuyo objetivo es hacer entender a la población y clase política europeas que hablar de la Ley de Costas en España es hablar de pérdida de nuestro patrimonio y de cientos de hogares en la provincia de Castellón".
La Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense se creó el pasado mes de diciembre a petición de los alcaldes, que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la Administración central y reclamar el respaldo de las Instituciones Europeas.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=633022

Las casas amenazadas del litoral de Benicarló también irán a la UE

La plataforma ciudadana para la protección de las viviendas y propiedades del litoral castellonense visitó ayer Benicarló con el objeto de incluir la situación del litoral de las partidas Riu, Surrac y Aiguadoliva de la ciudad en la documentación que se prevé enviar al comité de peticiones de la Unión Europea. Posteriormente, los técnicos de este colectivo se desplazaron a Peñíscola. El objetivo de esta iniciativa es aunar esfuerzos para defender los derechos de los propietarios de viviendas históricas de la provincia de Castelló frente a la aplicación de la Ley de Costas.
El presidente de la asociación de vecinos de las partidas Riu, Surrac y Aiguadoliva, Manuel Roca, fue el encargado de guiar a los técnicos de la plataforma ciudadana y mostrar algunos de los puntos más afectados por la regresión marina. "Hemos visitado algunas de las viviendas que están a punto de caer y se han podido entrevistar con algunos vecinos y representantes de comunidades como es el presidente de la urbanización Benihogar", indicó Roca, quien explicó que durante la visita han podido comprobar no sólo los riesgos que están viviendo los propietarios de las viviendas sino también el riesgo que supone pasear por la zona ante "la posibilidad de que el acantilado se desplome encima de alguien".
La cita sirvió para recoger no sólo fotografías, sino también imágenes en vídeo y testimonios, de múltiples propietarios españoles y alemanes y suizos.
El presidente de la asociación entregó, además, las actas notariales que ha levantado la entidad cada vez que se ha producido un temporal marino y provocado el desplome de acantilados. "Tras ver la situación de la costa nos han comentado que ninguno de los municipios visitados se encuentra en una situación tan crítica como la de la costa norte de Benicarló", aseguró Roca. Por último, Roca lamentó las palabras de Escuder en las que aseguraba que no se ha podido demostrar que la costa norte era urbanizable con el antiguo plan general. "Es indigno".
http://www.levante-emv.com/castello/2011/01/21/casas-amenazadas-litoral-benicarlo-iran-ue/775638.html

miércoles, 19 de enero de 2011

Los vecinos del norte se querellan contra Costas por “prevaricación”

El presidente de la Asociación de Vecinos de la Costa Norte de Benicarló, Manuel Roca, confirmó que la entidad presentará una querella criminal por la vía penal en el juzgado de instrucción contra la Dirección General de Costas por “prevaricación”.
Asimismo, se mostró “decepcionado” con el Ministerio de Medio Ambiente por “la falta de medidas” de protección en el litoral.
Roca aseguró no entender los motivos por los que, tras llegar a un acuerdo entre residentes, Generalitat y Gobierno para crear un parque litoral y regenerar la zona, “se llegue a Madrid y se indique que el Estado no asumirá inversión alguna en la costa”.
El subdelegado de Gobierno, Antonio Lorenzo, tampoco escapó del punto de mira de las acusaciones de Roca y calificó de “cortina de humo” sus ultimas manifestaciones, en las que afirmaba que lo que se haga en la localidad debe pasar por el estricto cumplimiento de la ley de Costas. “Hemos demostrado que no hay edificaciones ilegales, pero el Estado sí incumple esa norma porque no hace nada para frenar la erosión como es su obligación y responsabilidad, y así lo recoge la legislación”, sentenció Roca.

Además de presentar la querella criminal, la asociación no descarta emprender otras medidas de presión y unirse a otras plataformas de la provincia que defienden similares intereses, “lucharemos hasta la extenuación”, concluyó el presidente.     
              
VERSIÓN DEL PSOE // El PSOE local dio su versión sobre el tema, pero cargó tintas contra el alcalde, Marcelino Domingo. Fue Enric Escuder, su portavoz, el primero en salir al paso de las acusaciones del munícipe de no haber defendido con contundencia los intereses de Benicarló en la reunión en el Ministerio. “Acompañé a la delegación con la intención de respaldar la protección en la costa norte”, aseguró, “y Domingo me ha convertido en el chivo expiatorio de su fracaso”, añadió.

El concejal socialista afirmó que “se han perdido cuatro años de negociaciones para no obtener resultado alguno; el primer edil ha generado una serie de expectativas que le han ido bien desde el punto de vista electoral, pero la ley de Costas está ahí”.
Por su parte, el edil José Antonio Sánchez fue más allá: “Domingo y Cuenca demuestran una actitud poco democrática señalando a Escuder como culpable, cuando el resultado es fruto de su falta de preparación”.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=630664 

Costas se niega a actuar en el litoral norte de Benicarló al considerarlo zona ´privada´
Los vecinos no dan crédito a las explicaciones ofrecidas por la Dirección General de Costas el pasado jueves para no proteger el litoral de Benicarló, en las que el subdirector general de Costas, Miguel Velasco, aseguraba que el ministerio no estaba para actuar "en playas particulares". El colectivo asegura que no son los propietarios los que infringen la ley de Costas sino el propio gobierno no actuando sobre una zona pública, por ello han anunciado que presentarán esta semana la anunciada querella contra el ministerio.
"Parece ser que nos ha tocado la lotería. La asociación pedirá las escrituras de las playas si es verdad que son privadas", indicó el presidente de la asociación de vecinos de las partidas Riu, Surrac y Aiguadoliva de Benicarló, Manuel Roca.   

Que la naturaleza actúe"
El segundo tramo del proyecto, con menos densidad de viviendas construidas, pretendía convertirse en una senda verde con paseo y miradores. Sin embargo, es precisamente sobre esta zona, más afectada por la erosión, en la que el ministerio no quiere actuar y reclama dejar "que la naturaleza actúe". Desde la asociación, uno de sus portavoces, Benjamín Martí, advirtió que los vecinos no se rendirán y reclamó un respeto para con los vecinos. "Merecemos el respeto de que al menos Velasco se haya leído la problemática de la zona o que por lo menos alguien de su partido se lo haya contado". "Benicarló no ha aprovechado nunca la costa y ahora que quiere mirar al mar no nos dejan", lamentó.
http://www.levante-emv.com/castello/2011/01/19/costas-niega-actuar-litoral-norte-benicarlo-considerarlo-zona-privada/775016.html 

Oida su opinión, ¿por qué regeneran los montes, envían bomberos para apagar incendios o reconstruyen las zonas devastadas por huracánes y terremotos? 
¡¡ Dejemos que la Naturaleza actúe y vólvamos a las cavernas !!                                                                       

sábado, 15 de enero de 2011

El director general de Costas dice que se pedirá la ejecución de las sentencias firmes sobre obras ilegales en el litoral

“Ningún vecino se va quedar sin su primera vivienda por Costas”
El director de sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, Pedro Antonio Ríos, señaló la tarde de este viernes en la sede del PSOE de Arrecife que su departamento exigirá la ejecución de las sentencias firmes sobre obras ilegales en el litoral. Aseguró, preguntado por el caso del Hotel Papagayo Arena, en Playa Blanca, que no se expropiará una obra que es ilegal.

Respecto a los pleitos ente Costas y los vecinos de algunos núcleos como El Golfo o Tenézara, Ríos, que lleva dos meses en el cargo y no conocía los casos con detalle, señaló que el objetivo de la Ley de Costas no es tirar viviendas sino recuperar la costa para disfrute de todos. Aseguró que “se invertirá en diálogo cono las administraciones” y que los casos que están en el Juzgado se esperará a la sentencia. Dijo que “los vecinos deben estar tranquilos porque ningún vecino se va a quedar sin su primera vivienda por culpa de Costas”.
Por otro lado, se comprometió a licitar este año las obras del dragado del Charco de los Clicos en El Golfo. Aseguró que el proyecto está ultimado en todas sus fases, tanto el estudio de impacto ambiental como la exposición pública. Las obras se iniciarían en el mes de noviembre, que es la fecha elegida por los técnicos para que la obra se pueda realizar. Este dragado lleva más de diez años pendiente de ejecutarse.

El nuevo director de Costas estuvo visitando durante este viernes diversos emplazamientos de la Isla de Lanzarote, como el paseo entre Playa Honda y Puerto del Carmen, el Charco de los Clicos o las Salinas de Janubio, entre otros. Estuvo acompañado en su visita del secretario insular del PSOE, Carlos Espino, del director insular del Gobierno, Orlando Suárez, los alcaldes de Tías y San Bartolomé, José Juan Cruz y Marcial Martín, y el candidato a la alcaldía de Arrecife, José Montelongo.

¡ Menos mal que en pocos meses habrá elecciones generales!
Tendremos otro/a ministro/a (el 4º en cuatro años) y nuevos secretarios, subsecretarios...¿Les dará tiempo a enterarse de algo? ¿acabará alguno conociendo la verdadera y gravísima problemática que han generado con su empeño en confiscar y derribar cientos de miles de viviendas?

Durante la última legíslatura se ha pasado de querer expropiar el hotel Papagayo Arena (Nabona), a declarar que no invadía el DPMT (Espinosa) y, por último, a reconocer que es ilegal y que hay que derribarlo (Aguilar).
En lo que no dudan ni un momento, ni siquieran se plantean, es si están violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos al despojarnos de los bienes y destruir la poca arquitectura tradicional costera que queda en España.

Decir que “Ningún vecino se va quedar sin su primera vivienda por Costas” y exigir "la ejecución de las sentencias firmes sobre obras ilegales en el litoral"  es incompatible. Pero rematarlo con frases como "el objetivo de la Ley de Costas no es tirar viviendas sino recuperar la costa para disfrute de todos", raya lo absurdo.

Lástima, creíamos que este hombre era más normal.

Denuncian a España en Estrasburgo por «confiscar» un molino de mareas

El hasta ahora dueño de Portu Errota, en Urdaibai, afirma que la aplicación de la Ley de Costas «viola» la Carta de Derechos Humanos

Iturribarria califica de «chantaje» y «delito» la actuación del Gobierno con un bien protegido por la Ley de Patrimonio
Continúa la marejada en Portu Errota. El hasta ahora propietario del molino de mareas de Urdaibai, protegido como monumento por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya y a la espera de ser resuelta definitivamente su declaración de bien cultural calificado, ha registrado en Estrasburgo una denuncia contra España «por violación» de uno de los artículos de la Convención de Derechos Humanos, concretamente el primero, que recoge el derecho a la propiedad. La aplicación de la Ley de Costas, aprobada en 1988, ha supuesto para Jon Iturribarria la confiscación y pérdida del derecho de propiedad sobre sus bienes a pesar de poseer todos los títulos y escrituras «que acreditan que el molino pertenece a mi familia». Costas no lo ha reconocido así y ha declarado al molino y sus terrenos como bien de dominio público marítimo-terrestre a pesar de estar situada por encima del ámbito de influencia de mareas que recoge la ley.
«¿Cómo se puede declarar ilegal una vivienda de 1683 con una ley de 1988?», se vuelve a preguntar. «Es un chantaje y un delito, y lo que quieren es que la casa se derrumbe». Iturribarria ha denunciado ante la Comisión y el Parlamento Europeo que la aplicación de la Ley ha sido realizada de forma «retroactiva y arbitraria» y que «la confiscación», en este caso, de una propiedad que ha pertenecido a su familia durante tres generaciones «está prohibida explícitamente por la Constitución y la Convención de Derechos Humanos».
El edificio, el único superviviente de los seis molinos harineros de mareas que existían en la ría de Urdaibai, sufrió importantes daños en 2009 como consecuencia de un temporal que afectó seriamente a su cubierta «y nos están prohibiendo realizar obras de mantenimiento en un bien protegido por la Ley de Patrimonio», incide Jon Iturribarria. «Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar su conservación y cualquier atentado contra este patrimonio está sancionado como delito penal. Lo dice la Constitución Española», asegura.
«En un limbo»
Precisamente, esta situación y el riesgo de destrucción que planea sobre el molino llegó en diciembre al Parlamento vasco. El grupo popular, a través de su portavoz, Leopoldo Barreda, solicitó explicaciones al Gobierno «a fin de evitar la pérdida de tan singular elemento patrimonial». Barreda destacó en su intervención el «limbo jurídico-administrativo» en el que se encuentra la propiedad «que amenaza el futuro de la edificación». La consejera de Cultura, Blanca Urgel, reconoció en su respuesta que al molino de Portu Errota se le aplica tanto la Ley de Patrimonio Cultural como la de Costas, «dos ordenamientos jurídicos diferentes que protegen intereses públicos diferentes». La consejera destacó que las limitaciones de que los propietarios tienen para realizar las obras «vienen impuestas por la demarcación de Costas del País Vasco» y no por su departamento. «Es un tema que está judicializado y, por tanto, y mientras la resolución del contencioso permanezca en la vía judicial, realmente poco podemos hacer». Iturribarria lleva ya 16 años luchando contra la Administración en vías judiciales y «quedan aún cinco para la resolución del Tribunal de Derechos Humanos», asegura. «Para entonces, el único molino de mareas del País Vasco habrá desaparecido», afirma.
Urgel aseguró que la protección del bien y su conservación corresponde a la Diputación, quien en repetidas ocasiones ha requerido la urgente reparación de los elementos del molino y que en todos los casos han sido prohibidas por Costas a sus propietarios, «bien autorizando las obras o procediendo a su ejecución subsidiaria, en el caso de que los propietarios no cumplan con sus obligaciones de conservar, cuidar y proteger».
«No entiendo cómo la consejera dice que 'realmente poco podemos hacer' cuando -afirma Iturribarria- ella como responsable tiene la obligación de proteger el patrimonio por mandato constitucional, pudiendo cometer con su pasividad un delito penal». «El Gobierno vasco puede y debe hacer mucho», asegura, por lo que invita a sus responsables a mantener una reunión para analizar el expediente «y comprender por qué este caso ha escandalizado al Parlamento y a la Comisión Europea».

martes, 11 de enero de 2011

El Decano del Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos de Cataluña, reconoce y alaba la retroactividad de la Ley de Costas

La Ley de Costas, aprobada en 1988, casi hace 22 años, ha sido una norma con una presencia constante a la opinión pública a lo largo de toda su vida, lo que prueba la relevancia que ha tenido su aplicación en la nuestra sociedad. Polémica en el momento de su aprobación y polémica en la actualidad por las circunstancias que acompañan su ejecución, ha supuesto un cambio importante en la mentalidad del país, al otorgar el litoral, en un sentido amplio, el carácter de dominio público, con lo que significa para la protección efectiva y el uso ciudadano.
 Lo fue en el momento de su aprobación, al otorgarle el carácter retroactivo que ha permitido la intervención en algunos de los casos flagrantes de agresión en el litoral. Esta retroactividad también ha dado lugar a situaciones un poco surrealistas, como la confiscación por parte del Estado del Molino de Mareas de Portu Errota, en el País Vasco, un prodigio de la ingeniería hidráulica construido y habitado desde el 1683, que avalaría una retroactividad de más de tres siglos. Esta aplicación siempre ha sido una de las cuestiones más discutidas y polémicas de la ley.

Por otro lado, la ley era necesaria. Con ella se derogó la ineficiente y ambigua ley del año 1969, que permitió el desarrollo de proyectos inmobiliarios que han dañado una buena parte de la costa, especialmente en el litoral mediterráneo, donde los espacios vírgenes son excesivamente escasos. En la ciudad de Barcelona, la aprobación de esta ley generó bastante ruido al coincidir con las operaciones de recuperación de la franja litoral del proyecto olímpico. En ese momento se oyeron no pocas voces que afirmaban que la ley quería avalar el urbanismo de los Juegos, y todo el mundo recuerda la enorme oposición popular que supuso la demolición de los entrañables chiringuitos de la Barceloneta, a los que atribuir un "valor histórico incalculable", que desaparecían víctimas de la "modernidad olímpica". El tiempo tiene la virtud de poner las cosas en su sitio, y aunque podemos añorar los arroces a pie de arena, el ciudadano ha ganado espacio para su uso. Con 22 años todavía es una ley muy viva y polémica, quizá por la lenta velocidad con la que cubriendo los objetivos que se expresan en la exposición de motivos.De la ley se pueden destacar dos virtudes. Por un lado, que ha sido una ley valiente.
El Sr Josep Oriol tiene la obligación de conocer y respetar la Cosntitución, que en su art. 9 dice:

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

¿Cómo se atreve a hablar de situaciones subrealistas cuando lo que está defendiendo es lo contrario a lo que ordena nuestra Carta Magna?
Este tipo de gente es la que está en la cumbre del poder. Gente ignorante y prepotente que se considera está por encima del bien y del mal.
Así va España. Así nos va a los españoles.

sábado, 8 de enero de 2011

Costas reactiva los deslindes de Nules, Moncofa y Vinarós

Abren un plazo de 15 días para consultar el expediente y presentar las alegaciones que se consideren oportunas
El año nuevo no ha empezado con buen pie para los municipios de Nules, Moncofa y Vinaròs, y es que la Dirección General de Costas ha reactivado los deslindes hasta ahora paralizados de estas tres localidades del litoral castellonense. En concreto, el ente dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha reabierto los trámites para marcar la nueva delimitación marítimo-terrestre, dando a los afectados un periodo de 15 días para examinar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas.
 
En este sentido, cabe recordar que en Nules se verá afectado por esta nueva demarcación un tramo de 1,16 kilómetros en el sur, desde el Camí de la Serratella hasta el límite con el término municipal de Moncofa. «De momento, no toca la zona de las viviendas pero pensamos que, antes de establecer el nuevo deslinde, deberían haberlo consensuado con el municipio», apuntó al respecto el alcalde, el popular Mario García.
Asimismo, el primer edil adelantó que el Consistorio volverá a reclamar ante Costas y advirtió de que en la zona se halla un camping que ve amenazada su existencia después de 24 años en pie, ya que el deslinde implica su declaración como área de dominio público.
 
En la vecina Moncofa, el límite se establecerá entre el margen derecho del río Belcaire (en el tramo del sur) y la frontera con Xilxes.
En este caso, el Gobierno pretende declarar público un tramo de 2,7 kilómetros donde hay viviendas. El Ayuntamiento también alegará de nuevo, tal como confirmó el alcalde, José Vicente Isach.
Además, cabe recordar que a esta área se une otra de 70.000 metros cuadrados que el Estado también quiere deslindar. Se trata del Belcaire Norte, donde, en un futuro, se planea construir la marina.
 
Por último, en Vinaròs se acometerá una demarcación de 7,7 kilómetros que abarca desde el río Cervol hasta el cauce del Sènia, lo que supone la zona costera norte.
Al contrario que los otros dos municipios, el Consistorio no reclamará, al entender que no afecta a ninguna propiedad suya. Sin embargo, los vecinos de la zona ya han mostrado su preocupación.

martes, 4 de enero de 2011

Un decreto fijará los criterios a seguir con las viviendas ilegales (en Andalucía)

La consejería de Obras Públicas prepara una norma específica para dar solución a las decenas de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable en el medio rural y que dejen de estar en el limbo jurídico en el que se encuentran y expuestas a una muy variada gama de respuestas en los ámbitos administrativo y judicial, cuando no contradictorias. Más que una norma que establezca preceptos, el texto fijará los procedimientos a seguir y los requisitos para la normalización de estas viviendas con unos criterios homogéneos pero no modifica la ley que hay que seguir cumpliendo.

La inmensa mayoría de estas viviendas quedará fuera de los planes de ordenación urbana por estar sobre suelos no urbanizables y alejadas de los núcleos urbanos consolidados. Desde Obras Públicas se asegura que se busca fijar unos mínimos requisitos con los que estas viviendas podrían obtener una licencia de primera ocupación que diera a sus propietarios seguridad jurídica.
La normativa, que presumiblemente será un decreto, contemplará tres presupuestos básicos: Las viviendas que en ningún caso pueden ser legalizadas ni entrar dentro de ningún plan de ordenación, y por tanto abocadas a ser demolidas; las que pueden obtener este permiso de mínimos y subsistir, aunque fuera de ordenación; y las que sí pueden ser legalizadas con todas las consecuencias. Todo ello considerado que la casuística es muy amplia, con una graduación muy variada de los incumplimientos que habrá de considerarse en la exigencia de requisitos de normalización, y con fenómenos de construcción también muy distintos según las comarcas y territorios.

Además de cumplir los requisitos urbanísticos, una de las exigencias indispensables para las viviendas que puedan normalizarse es que no haya repercusión sobre las arcas públicas, y que los promotores o propietarios corran con los gastos de dotación de servicios e infraestructuras básicas. Todo ello en defensa de los intereses de los ciudadanos que han comprado una vivienda legal y que por tanto contribuyen con sus tasas e impuestos al mantenimiento de servicios colectivos.
Las viviendas condenadas a la demolición serían aquellas construidas en suelo especialmente protegido o que incumplen alguna normativa sectorial, especialmente de medio ambiente o que infrinjan la Ley de Costas.

Para las viviendas que pueden beneficiarse de algún tipo de normalización, aun quedando fuera de ordenación, la norma considerará diversos criterios para valorar la gravedad de los incumplimientos. "Será una normativa muy exhaustiva", insisten fuentes de la consejería, porque hay una gama muy variada de casos. Hay casas que pueden estar en situación de ilegalidad sobrevenida porque se construyeron con las características que tienen antes de que entraran en vigor las leyes que las prohíben. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2003, prohíbe la construcción de una vivienda en suelo rústico en una parcela que no tenga al menos 25.000 metros cuadrados y cuyo uso esté condicionado a las labores agrícolas, ganaderas o forestales.

La consejería mantiene que la solución de las decenas de miles de viviendas en suelo no urbanizable deberá verse caso a caso y dentro del planeamiento urbanístico de cada municipio. Los alcaldes de las comarcas más afectadas por la proliferación de viviendas en suelo rústico, especialmente los de la comarca malagueña de La Axarquía, han pedido reiteradamente la elaboración de un reglamento sobre usos en suelo urbanizable, algo que la Junta ha considerado innecesario porque entiende que la LOUA ya fija con claridad lo que es posible y no hacer.

Resumiendo:
PURA PROPAGANDA ELECTORAL  que puede conllevar tráfico de influencias, corrupción generalizada, arbitraredad y nuevos limbos jurídicos.
¿Por qué? Muy sencillo, sólo hay que analizar el artículo. Empezando por la famosa frase de "deberá verse caso a caso" que todos sabemos que significa = "no pienso hacer nada" o "legalizaré a quién yo quiera" y, siguiendo por "la inmensa mayoría quedarán fuera de ordenación", el resultado es una nueva chapuza nacional encaminada a dar esperanzas mientras dure la campaña electoral. Después, el decreto será tan indescifrable para los ciudadanos de a pie, que quedará a la voluntad del regidor de turno decidir a quién salva y a quién condena, dándo lugar a todo lo expuesto anteriormente.

Lo indignate del tema es que vuelven a recalcar que irán a derribo "las que infrinjan la ley de costas". Es decir, que unas propiedades perfectamente legales que las convierte el Estado en ilegales por obra y gracia de la ley de costas, esas, a derribo.

¡¡Pero qué Decreto pretenden sacar!! ¿Ésta es la solución que van dar a un enorme problema social y económico que han generado ellos mismos a base de dar licencias anuladas posteriormente en los tribunales o haciendo la vista gorda o a base de sustanciosas comisiones que tiene a la Fiscalía Anticorrupción trabajando las 24 horas del día?
¡¡Valiente solución!! lo único que van a provocar son mayores problemas de los que ya hay.

domingo, 2 de enero de 2011

Los afectados por el deslinde esperan la creación de una mesa de negociación

Consideran que con el cambio de titular en el Ministerio de Medio Ambiente las conversaciones para un «deslinde justo» han quedado paradas.                        El colectivo de afectados por el deslinde de la zona de dominio público marítimo terrestre de Formentera espera que antes de las próximas elecciones, que tendrán lugar el próximo mes de mayo, se constituya una mesa de negociación con el Ministerio de Medio Ambiente para conseguir «un deslinde justo», tal y como reivindican desde hace años.

La portavoz del grupo, Gabriela Mayans, recordó que tanto el Congreso de los Diputados, como el Senado y el Parlament balear han aprobado iniciativas en las que instan al Gobierno central a realizar la modificación que desde su aprobación reclaman.

Para este colectivo a lo largo de 2010 se ha avanzado «muy poco o nada» para conseguir la modificación del deslinde, que sin desproteger la franja litoral reconozca la propiedad privada sobre los terrenos y los inmuebles afectados por la normativa de Costas, que convierte en concesiones a favor de los propietarios lo que antes era propiedad suya.

No obstante, Gabriela Mayans, señaló que existen «movimientos políticos» para buscar soluciones concretas. De hecho, existe el compromiso de que el deslinde no se ejecutará hasta que no se encuentre una solución que siempre se plantea de forma individual, analizando caso por caso los expedientes.

Cambio en el Ministerio
Sin embargo, el reciente cambio de titular en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha provocadoque el proceso de negociación haya quedado en suspenso.

En la misma línea, Gabriela Mayans considera que la ejecución de determinadas sentencias favorables, de forma parcial, a las demandas de algunos afectados en la zona de la Savina les han «desconcertado» por el momento en que se han aplicado. Mayans manifestó que no comprenden el motivo por el que se han ejecutado ahora, después de varios años.

Los propietarios afectados esperan que el Ministerio, que ahora dirige Rosa Aguilar, concrete «una respuesta cuanto antes» a través de la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que se encarga de la aplicación de los deslindes que en Formentera fue aprobada en 1997, siendo la primera isla de las Balears donde se ha ejecutado. Posteriormente se han ido trazando las líneas que marcan el uso y dominio público litoral en el resto del archipiélago, donde están aprobados en un 98 por ciento, según fuentes del Ministerio.

Los afectados siempre se ha opuesto al actual deslinde por considerarlo injusto y trazado de forma arbitraria desde su aprobación. Desde entonces y a pesar de las declaraciones de buenas intenciones de los partidos políticos de distinto signo ningún Gobierno ha dado respuesta a la demanda.