LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

lunes, 30 de mayo de 2011

Europa, el último recurso de nuestras quejas ignoradas

Los medios de comunicación de Baleares, que nunca dieron voz a los afectados por la ley de Costas, que siempre celebraron una ley intervencionista, injusta, arbitraria e irresponsable, ahora sí se hacen eco de que un chico de Mallorca, un tal Joan Cirera, lograra ayer hacer oír su voz en el Parlamento Europeo. Tras ser ignorado por su ayuntamiento, por su consell, por su gobierno autonómico, por su gobierno nacional, con sus respectivos parlamentos, ahora reconocemos que es valiente por haber llegado a Europa y decir lo que aquí no queremos escuchar ni dejamos decir públicamente. ¿No deberíamos hacernos mirar que un tema como este se tenga que plantear en el Parlamento Europeo y que nadie más, ni siquiera los defensores de la propiedad privada lo quieran escuchar? ¿No deberíamos pensar qué nos pasa para no querer escuchar una queja legítima?
La ley de Costas, imprescindible en su mayor parte y, por supuesto, urgente en su filosofía de fondo, declaró en su momento que todo lo que estaba edificado en zonas urbanas a menos de veinte metros del mar y a cien en zonas rústicas, pasaba a ser del Estado. Así, de un plumazo. Da igual que sea una finca con mil años de historia o no. Da igual que sea una caseta para amarrar barcas de pesca o no. Y sobre todo, da igual que el ciudadano lo haya hecho todo legalmente, pagando los impuestos que el Estado le reclamaba o no. Tras esta expropiación, se permite a los funcionarios de Costas -y aquí viene lo más indignante- a que, de forma arbitraria, resultado en muchos casos de la mangancia, puedan determinar a quién dan una concesión administrativa por más o menos años para que, por su gracia, los que hasta entonces eran propietarios legítimos, puedan seguir disfrutando de sus casas, pero ahora como una concesión.
Mientras, estos mismos ciudadanos ven cómo el urbanismo ilegal sigue campando a sus anchas, cómo aparecen bares en las primeras líneas, cómo se construyen más y más puertos deportivos, cómo cuando el Estado quiere, la ley de Costas queda en el cajón.
Un atropello en toda regla que ha alarmado a Europa pero que en España no ha tenido el menor eco.

domingo, 29 de mayo de 2011

Los afectados llevan el deslinde de Formentera a Bruselas

La portavoz de los afectados por el deslinde de Formentera, Gabriela Mayans, explica la situación de la isla en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

La portavoz de los afectados por el deslinde de la zona marítimo terrestre de Formentera, Gabriela Mayans, intervino ayer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para explicar ante un grupo de eurodiputados la situación derivada en la isla por la aprobación de la Ley de Costas, de la que pidió su modificación.

La representante de los afectados señaló que si bien el Ministerio de Medio Ambiente había iniciado el proceso para estudiar «caso por caso» las 102 propiedades afectadas, también recordó que el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos Fernández, en su visita del pasado 5 de mayo, dijo que no habría «una solución satisfactoria para todos». Por ese motivo Gabriela Mayans aseguró que muchos afectados siguen manteniendo «la incertidumbre» sobre el futuro de sus propiedades afectadas por la Ley de Costas.

La visita que realizó ayer a Bruselas para intervenir, junto a otros 30 afectados de todo el país, algunos de ellos de Mallorca, ante la citada comisión fue para dejar constancia de la petición de «modificar la Ley de Costas». Mayans explicó que durante su intervención, de tres minutos de duración, hizo una breve «recapitulación» de la situación de Formentera para dejar constancia de «la injusticia que supone para numerosas familias» el deslinde, al ver peligrar la titularidad de los negocios familiares que levantaron sus abuelos.

La portavoz manifestó: «Personalmente estoy a favor de la modificación de la Ley de Costas porque el problema de raíz se encuentra en esa ley y afecta a todo el territorio nacional si bien en Formentera, por sus dimensiones geográficas, tiene unas consecuencias muy graves».
Al mismo tiempo admitió que la comisión de peticiones del Parlamento Europeo «no tiene competencias» sobre una normativa nacional como la Ley de Costas, aunque sí puede dirigirse al Estado español para trasladar la demanda de modificación de la Ley de Costas. Mayans avanzó que la decisión de la comisión ha sido la de «reunirse más adelante, seguramente en junio, para ver qué medidas tomar».

Gabriela Mayans también fue testigo de la irrupción en la comisión de un joven mallorquín que formaba parte del grupo de afectados presentes, para pedir «democracia real ya». Aprovechando un momento de confusión en el turno de palabra asignado a los ciudadanos, este joven que ocupaba uno de los asientos reservados a eurodiputados y peticionarios pidió el uso de la palabra. «Se ha hablado de muchas cosas de la Ley de Costas, pero a mí lo que me gustaría decir es (...) queremos democracia real ya», declaró, ignorando los intentos de la presidencia de la comisión por interrumpir su intervención, lo que impidió escuchar por completo la reclamación. Las palabras del ´indignado´ recibieron algún aplauso en la sala y se escuchó un grito de «ladrones» cuando el micrófono del joven ya había sido apagado, grito al que se sumaron otros peticionarios. Fuentes del movimiento ´Democracia Real Ya-Bruselas´ indicaron que no es un activista del grupo ni forma parte de ninguna acción prevista por ellos.

Por otra parte, los eurodiputados del PP Rosa Estaràs y Carlos Iturgaiz solicitaron en la Eurocámara que se haga un llamamiento al Gobierno español para evitar la presunta «aplicación abusiva» de la Ley de Costas que, en el caso concreto de Balears, está provocando «la pérdida o limitación de los derechos de propiedad privada», según han informado desde el PP en un comunicado.

La eurodiputada balear citó los casos concretos de Formentera y Llucmajor, de donde son los afectados que acudieron a la sesión parlamentaria. Tanto Iturgaiz como Estaràs denunciaron «la inseguridad, la arbitrariedad y la retroactividad» de la normativa estatal.

sábado, 28 de mayo de 2011

Ley de Costas Confiscacion Portu Errota Parlamento Europeo

Los empresarios del Anexo tachan de estafa el deslinde del 95

Los empresarios del centro comercial Anexo II de Playa del Inglés están utilizando todas las instancias judiciales para evitar que la ley de Costas les arrebate sus 118 locales de los que viven directamente 700 familias, además de los mil puestos de trabajo indirectos que generan los diferentes comercios, según la portavoz de l grupo de afectados, Rosa Dávila.

Los miembros de la Asociación para la defensa del centro comercial entienden que es necesario mejorar todos los locales que se construyeron en 1979, cuando Playa del Inglés experimentó el mayor crecimiento urbano y turístico. Por tal motivo, los empresarios están trabajando con el Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con el fin de relanzar la zona. La queja a Bruselas se centra especialmente en tres argumentos, en la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, la arbitraria aplicación de la ley que hace el Gobierno español y la confiscación de la propiedad.

Anexo II cuenta con todas la bendiciones administrativas desde 1979, cuando se realizaron las obras. No obstante, en 1995 se realizó un deslinde en virtud del cual el Gobierno español amplió el dominio público marítimo terrestre y de esta forma los locales comerciales, todos ellos de titularidad privada, pasan a ser de titularidad pública.

A juicio de los empresarios "la Ley de Costas estafa a los propietarios del centro comercial Anexo II, pues prevé indemnizarles con un derecho que ya tenían de forma ilimitada e ininterrumpida, y que ahora queda restringido a determinados usos y por un plazo de tiempo limitado" [30 años, prorrogables por otros 30].

Los afectados reprochan el interés del Estado español en "confiscar la titularidad de los terrenos donde se encuentra el centro comercial Anexo II, y en clara vulneración del derecho a la propiedad reconocido por la legislación española y comunitaria".

viernes, 27 de mayo de 2011

La comisión de Peticiones vuelve a analizar la aplicación de la ley de costas española

La comisión de Peticiones ha debatido más de 40 quejas sobre la aplicación de la ley de costas española. En un debate tenso intervinieron 19 ciudadanos procedentes de España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos, que lamentaron su situación de "indefensión jurídica" ante una ley aplicada de forma "injusta".

La comisión de Peticiones debatió el impacto de la ley de costas en Canarias, Valencia, Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Baleares. El debate fue organizado en bloques. En el primer bloque expusieron sus casos los peticionarios, uno por cada una de las regiones afectadas. A continuación, intervinieron la Comisión Europea y los eurodiputados y, por último, tomaron la palabra otros ciudadanos afectados que así lo solicitaron. Los peticionarios dispusieron de tres minutos de turno de palabra cada uno y los eurodiputados de uno.

Los miembros de la comisión de Peticiones decidieron, transcurrido el debate, aplazar a la próxima reunión de coordinadores (portavoces de los grupos políticos, que se celebrará el 14 de junio) la decisión sobre qué medidas tomar para dar seguimiento a la discusión de hoy. La presidenta de la comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni (PPE, Italia), explicó que "la atribución de responsabilidades no nos compete a nosotros, aunque está claro que hay derechos que se están pisoteando y ahí pensamos intervenir, sin violar el principio de subsidiariedad ni entrar en conflictos nacionales".

Aplicación "retroactiva" y "arbitraria"
Los peticionarios criticaron, en líneas generales, la aplicación con carácter retroactivo de la ley de costas, que ha llevado a la demolición de muchos inmuebles sin indemnizar a los propietarios. Carmen del Amo declaró que "no me satisface la modificación de la ley que se ha presentado y espero que se respete la propiedad privada y que se devuelva lo que se ha confiscado". Jon Iturribarria explicó que el título de propiedad de su molino se remonta al año 1683. "Estamos hablando de cinco siglos, ¿no es un caso de retroactividad?, preguntó.

El representante del peticionario mallorquín Pedro López Rodríguez tomó la palabra fuera de turno y, junto con otros peticionarios, mostró carteles en los que se leía "Democracia real ya". Después de las intervenciones de los eurodiputados, se disculpó por su "infortunada intervención". "Pido disculpas, pero estamos muy indignados y así lo demostramos", señaló. A continuación, expuso el caso de su familia, que posee una propiedad al sur de Mallorca afectada por la ley de costas y lamentó el carácter "arbitrario" de esta normativa.

Por su parte, Pilar Embeita calificó la ley de costas de "violación de los derechos humanos y de la presunción de inocencia". "Estamos ante una situación de acoso y derribo por parte de los poderes públicos españoles la "aplicación arbitraria de la ley de costas". "Nuestras propiedades han sido confiscadas y no nos van a dar ninguna compensación", subrayó José Pérez, y agregó que esta actuación atenta contra los derechos humanos.

Situación "injusta"
Gabriela Mayans, de Formentera, señaló que "cuando hablamos de injusticia hablamos de que todos los grandes grupos hoteleros de la isla han quedado fuera del deslinde mientras que pequeños propietarios han sido incluidos", apuntó.

El peticionario holandés Jan Van Stuyvesant declaró que "hay proyectos financiados por dinero comunitario que incurren en los errores que se trataban de evitar".

Sin compensación
Timoteo Giménez aseguró que se trata de "casos de expropiación sin compensación". Por su parte, uno de los peticionarios británicos dijo "esperar que la comisión de Peticiones adopte acciones ulteriores". "Por favor, no podemos dejar la situación como está", concluyó.

Intervenciones de los eurodiputados
Carlos ITURGAIZ (PPE) lamentó lo "poco que se ha avanzado" en este asunto y destacó que es necesaria una ley "coherente, lógica y racional". "Estamos en contra de esta ley y de su aplicación retroactiva y arbitraria", añadió Iturgaiz, quien aseguró que su grupo apoya "que se supriman algunos artículos que no reconocen los derechos de ciudadanos".

Willy MEYER (Izquierda Unitaria Europea) afirmó que su grupo "está de acuerdo con Ley de Costas",  ya que en España el litoral estaba lleno de hormigón, lo que hacía necesaria una ley. Sin embargo añadió que no está de acuerdo "con su aplicación arbitraria", que ha permitido construir, entre otras obras, grandes hoteles y urbanizaciones.

Rosa ESTARÁS (PPE) dijo que "La Ley de Costas tuvo una intención positiva pero su aplicación ha generado inseguridad jurídica, desazón y desesperanza" en los afectados. "El Gobierno de España tiene que rectificar esta situación", manifestó.

María MUÑIZ (S&D) recalcó que la Ley de Costas es de 1988, y "el PP no la cambio en 8 años". Recordó que el Tribunal Europeo de  Derechos Humanos se pronunció en un caso "muy similar" en Francia aduciendo que en estos casos prevalece el interés público frente al privado. Según la diputada, la aplicación de la Ley ha sido correcta en el 92 por ciento de la costa, y sólo ha habido problemas en el 5 por ciento, por lo que no se puede considerar "discriminatoria".

Miguel Angel MARTINEZ (S&D) opinó que la ley es "eficaz, modélica y compleja en su aplicación", y la Comisión Europea no cree que se viole la normativa europea. "España es un Estado de Derecho que no puede ponerse en tela de juicio aquí", comentó el diputado, antes de señalar que los tribunales han fallado en contra del 90% de las quejas presentadas por los denunciantes.

Antolín SANCHEZ PRESEDO (S&D) manifestó que la Ley de Costas data de 1988, por lo que "distintos gobiernos" han podido modificarla y no lo han hecho. Dijo que esta ley pretende "evitar la degradación y responder a problemas actuales como el cambio climático".

El británico Roger HELMER (Conservadores y Reformistas Europeos) opinó que "España no está respetando el derecho de propiedad y por eso no se puede decir que exista el Estado de Derecho". "El gobierno español no puede ignorar esta situación",  opinó el diputado antes de lamentar que el Parlamento  no pueda hacer nada al respecto.

La eurodiputada danesa Margrete AUKEN (Verdes/ALE) dijo que las costas españolas necesitan protección y "si no se han gestionado correctamente es obvio que haya problemas". Lamentó que hay "hoteles por todas partes", lo que es señal de que "algo no funciona". Por ello, sugirió hacer un nuevo informe parlamentario centrado en las costas, ya que la UE sí tiene competencia en ello.

Teresa JIMENEZ-BECERRIL (PPE) defendió en su intervención a las empresas salineras de Cádiz afectadas por la Ley de Costas, ya que, en su opinión "se las han arrebatado sin compensaciones justas. "Tenemos la obligación de defender sus derechos y que el gobierno español corrija", comentó la diputada, quien añadió que estos casos "afectan a la imagen de España".

Izaskun BILBAO (Grupo Liberal Europeo) afirmó que "quizás la ley española fue necesaria, aunque su gestión ha sido incorrecta". "Se necesitan soluciones urgentes a las discriminaciones que se están dando", opinó.

La británica Marta ANDREASEN (Europa de la Libertad y de la Democracia) se preguntó por qué la Comisión Europea sigue dando ayudas públicas a las regiones donde se dan estas anomalías.

Comisión Europea
El representante de la Comisión Europea subrayó que en los casos denunciados "no se puede aplicar la legislación comunitaria" aunque aseguró que esta Institución "está en permanente contacto con las autoridades españoles" para actuar en el caso de que se produjesen discriminaciones, aunque "de momento no creemos que haya discriminaciones", aseguró.

Europa reconoce que España vulnera los derechos particulares en el litoral

La lucha para cambiar la ley de Costas y evitar los derribos en el litoral llegó ayer al Parlamento Europeo de la mano de la Asociación de Vecinos de Torre la Sal, en Cabanes. El deslinde propuesto por el Gobierno pone en peligro más de 50 casas, por lo que los residentes han decidido tomar cartas en el asunto y recurrir a la administración europea, en concreto a la Comisión de Peticiones.
Precisamente este órgano solicitará al Gobierno una resolución en la que se garantice el respeto a las propiedades en la aplicación de la normativa, tal como dio a conocer el representante de la entidad vecinal, Juan José Agost, quien aseguró que "en Europa han reconocido que se están vulnerando los derechos de los dueños de las casas". Asimismo, afirmó que "lo que pretende hacer el Estado es un expolio en toda regla, ya que ni siquiera se nos compensa económicamente". Para Agost, "el objetivo del Ministerio de Medio Ambiente es tomar el mayor número de terrenos naturales para obtener subvenciones europeas".

Asimismo, indicó que la presidenta del ente continental, Erminia Mazzoni, admitió que el tema es "grave" y que "se estudiarán los documentos presentados por los peticionarios y valorar sus intervenciones". Sobre el ejecutivo español añadió que "hay preguntas planteadas que todavía no tienen respuesta" y que "daremos una solución a los ciudadanos sometidos", ya que "no hemos visto acciones concretas y el informe Auken no ha dado lugar al seguimiento que estaba esperado".
La entidad se incluye en la plataforma que abandera la Diputación para evitar la aplicación retroactiva de la ley de Costas. Desde este colectivo, Mario García, alcalde de Nules, adelantó que el 15 de junio los afectados de la provincia irán a la Comisión de Peticiones con las firmas recogidas por esta cuestión

miércoles, 18 de mayo de 2011

El Gobierno permite un hotel en El Castillo de la Palma (Mugardos) en contra de la Ley de Costas

  • El gobierno ha decidido que la Ley de Costas sólo se aplique con la máxima dureza a las familias modestas.
  • El gobierno ha debido de pensar que cómo ya es público que los poderosos pueden hacer y deshacer a su antojo, saltándose las leyes si es preciso, para qué van a disimular.
  • El gobierno debería explicar porqué se permite un hotel en medio de la ria, cuando está confiscando otros. Por qué pone como excusa su rehabilitación porque es Bien de Interés Cultural, cuando quiere derribar Monumentos nacionales o pueblos enteros construidos hace siglos. ¿Tan incultos son que no saben que el patrimonio cultural también lo es un poblado de pescadores?
  • Lo que están haciendo es una (supuesta) prevaricación. ¿Dónde están los fiscales? ¿Por qué siguen mirando para otro lado?
El gobierno informa modificacón PGOM de Mugardos para rehabilitar La Palma
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, ha informado favorablemente de la modificación puntual número 11 del PGOM de Mugardos, que permitirá la rehabilitación del castillo de A Palma.

Esta modificación se planteó en su día con el objetivo de llevar a cabo una actuación de rehabilitación que cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural, para poder destinarlo a usos hoteleros.

El informe favorable del MARM, que tiene fecha de ayer (17 de mayo), abre la posibilidad de que se pueda tramitar el proyecto de rehabilitación del castillo en base a una excepcionalidad recogida en el artículo 25.3 de la Ley de Costas.

El delegado del Gobierno, Miguel Cortizo, recuerda que deberá ser ahora el Consejo de Ministros el que autorice esa actuación.
Cortizo destaca en un comunicado que el informe del Ministerio dictamina que el proyecto de rehabilitación deberá incluir las actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad a esa zona del litoral, comprendida entre Chanteiro y el castillo de A Palma.
La modificación puntual número 11 del PGOM pretende eliminar la adscripción al Sistema General de Equipamientos que tiene parte de la parcela en la que se sitúa el castillo de A Palma y localizar un Sistema General de Equipamientos en las parcelas de propiedad municipal en el entorno de O Baño, entre A Redonda y Robeiras.

Esta es la excepcionalidad a la que se ha acogido el Gobierno
25. 1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:
a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.
b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio.
c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos.
d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.
e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración.
f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.
2. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberá cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.
3. Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1 de este artículo. En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la letra a) y las instalaciones industriales en las que no concurran los requisitos del apartado 2, que sean de excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbres correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este apartado deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competentes.
  • ¿Donde está la utilidad pública de un negocio privado?
  • Está más que comprobado que esta ley se hizo A LA CARTA para poder planificar la costa al antojo de unos pocos con ayuda de los politicos de turno, por eso no quieren ni oir de modificarla.
  • Una ley que permite tanto abuso de poder, debe ser derogada. Esta ley no puede permitirse en un país de la Unión Europea.

martes, 17 de mayo de 2011

El juez ordena el derribo de 'El Mamotreto'

El juzgado ha dictaminado la validez del acuerdo plenario que el 18 de septiembre de 2009 adoptó el derribo del denominado Mamotreto, en la playa de Las Teresitas.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa el candidato socialista al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Julio Pérez, que agradeció "el trabajo realizado por los concejales y el portavoz adjunto", Florentino Guzmán, por conseguir que el alcalde, Miguel Zerolo, acatara la decisión plenaria.

La sentencia, firmada por el magistrado Francisco Plata, el pasado jueves 12 de mayo de 2011 rechaza el recurso presentado por el alcalde, Miguel Zerolo, y los otros 10 concejales de Coalición Canaria (CC) en el consistorio capitalino contra el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, además, contra el Grupo Municipal Socialista.

En ese recurso contencioso administrativo, el alcalde pedía que se declarase no ser conforme a derecho el acuerdo de 18 de septiembre de 2009. Esa moción de derribo del Mamotreto pudo ser aprobado gracias a que el alcalde no contaba entonces con mayoría puesto que pocos meses atrás había roto su pacto con el PP.

La sentencia considera válido el acuerdo plenario, aunque aclara que éste estaba incluido dentro de la parte declarativa del pleno y no de la parte resolutiva. En esta última, se incluyen “aquellos asuntos que hayan de ser objeto de un acuerdo finalizador de un procedimiento administrativo”. Por tanto, para haber sido considerado como resolutivo, el acuerdo debía de haber contado con los preceptivos informes de los técnicos.

Así, como un acuerdo tomado dentro de la parte declarativa del pleno, se considera una “declaración de política general”. Por tanto, este acuerdo de derribo del Mamotreto “no tiene naturaleza de acto resolutorio, ni prejuzga el resultado de aquellos procedimientos que habrán de instruirse por efecto de la voluntad política expresada” en el pleno.

Como se recordará, en junio del pasado año, el PSC de Santa Cruz, entonces liderado por José Manuel Corrales, recurrió un auto que suspendía cautelarmente el acuerdo plenario del Ayuntamiento para derribar El Mamotreto.

En ese momento, los socialistas recordaron que el edificio es propiedad del consistorio, que se encuentra en sus primeras fases de construcción, por lo que actualmente no tiene ningún uso; que se encuentra parado por el incumplimiento de los mínimos requisitos legales para su construcción y que, además, no se trata de un edificio de viviendas en las que pudiera haber compradores sobre plano que pudieran verse perjudicados.

El popularmente conocido como Mamotreto es un edificio para aparcamientos que, en un futuro, podría explotarse mediante concesión administrativa. Sin embargo, existe abierta otra causa penal en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife para dictaminar si en la autorización para el inicio de las obras hubo prevaricación, ya que el edificio supuestamente invade dominio público de Costas.

"Miguel Zerolo deberá sumar a los del No a este juez, pues el PSC ha demostrado que sí que está con el progreso, sí que está con Las Teresitas, pero no está con la ilegalidad", afirmó Pérez este martes.

Asimismo, aseguró que "haré lo que pueda para que, desde luego, el Ayuntamiento no pague el derribo y, si tiene que pagar algo, lo recupere".

domingo, 15 de mayo de 2011

Deslindes en la mitad sur de Alicante, Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja, Santa Pola, Alicante y El Campello.


Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Dirección Provincial de Sostenibilidad de la Costa y delMar por la que se adjudica definitivamente el contrato de servicios parala realización de varios deslindes en la mitad sur de Alicante, TTMM de Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja, Santa Pola, Alicante y ElCampello.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/pdfs/BOE-B-2011-15641.pdf
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente , y Medio Rural y Marino.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Sostenibilidadde la Costa y del Mar.
c) Número de expediente: 28-5003.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de Servicios para la realización de varios deslindes enla mitad sur de Alicante, TT.MM. Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja, Santa Pola, Alicante y El Campello.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 4511
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de mayo de 2010.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 271.355,68 euros. Importe total:320.199,72 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14.12.2010.
b) Contratista: Ingeniería Digital y Medio Ambiente, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 176.381,19 euros. Importetotal: 208.129,80 euros
Madrid, 14 de abril de 2011.- P.D (O.ARM 1603/2010, rectificada por O. ARM1824/2010; BOE 7 de julio, el Subdirector General para la Sostenibilidad, Miguel Velasco Cabeza.

sábado, 14 de mayo de 2011

Sidra 'El Gaitero' podría verse obligada a cambiar la ubicación de sus instalaciones

Sidra 'El Gaitero' prodría trasladar su producción si sus terrenos son considerados públicos, tal y como defiende la Demarcación de Costas. La empresa ha recurrido la decisión ante la Audiencia Nacional y defiende su derecho a la propiedad, comprada en 1860.
El nuevo deslinde de la demarcación de costas de la ría de villaviciosa considera los terrenos históricos de Sidra 'El Gaitero' dominio público. Anula por tanto la propiedad privada de Valle Ballina y Fernández, algo que la empresa ha recurrido primero al Ministerio y ahora ante la Audiencia Nacional.
La escritura de entonces es una de las pruebas con las que quieren demostrar su derecho a la propiedad. Para Valle, Ballina y Ferrnández producir en estos terrenos tiene un valor simbólico ya que es la cuna de Sidra 'El Gaitero'.
Pero si les cambian la propiedad por una concesión se plantean trasladar su producción a otra zona.
En las instalaciones de Villaviciosa trabajan 70 personas. La empresa asegura que si la Audiencia Nacional resuelve a favor de costas, recurrirán al Supremo e incluso a Europa.

domingo, 8 de mayo de 2011

Qué fue de la inamovible línea de Costas

Desde hace tres lustros, vecinos de Castiñeiras intentan que sus casas y terrenos queden fuera de la franja de protección marítimo terrestre
Un buen día, hace ya unos quince años, desembarcaron en Os Areeiros técnicos de Costas y trazaron una línea imaginaria que deja casas y terrenos dentro de la denominada franja de servidumbre de protección de la zona marítimo-terrestre. Fue así como los afectados supieron que el núcleo de Castiñeiras en el que viven no tenía la catalogación de urbano de ámbito rural, pese a que las primeras viviendas en el lugar datan de principios del 1900, y que ellos, para el simple arreglo del tejado, tenían, que solicitar autorización de Medio Ambiente.
Así, sus casas, construidas con las licencias pertinentes en cada momento, dejaron de pertenecerles en exclusiva para tener que compartirlas con Costas. Si la Administración no autoriza no pueden habilitar un baño en la planta baja para facilitar el acceso de un anciano al que ya le cuesta subir las escaleras, ni tan siquiera reponer las tejas que algún vendaval se llevó por delante.
Tres lustros llevan batallando los propietarios para demostrar que Os Areeiros es tan urbano como cualquiera, pero hasta ahora no han servido ni los recibos de la luz de los años setenta, ni las escrituras ni los planos de mediados del siglo pasado que el Ayuntamiento de Ribeira rescató del olvido para poner en manos de la Justicia.
A diferencia de otros lugares, como la zona norte de Palmeira, afectados por el mismo problema, los dueños de Os Areeiros nunca han dejado de reclamar lo que en justicia creen que les corresponde.
Se manifestaron, recurrieron a la Unión Europea, con ayuda de todos los partidos políticos de las sucesivas corporaciones ribeirenses, siempre con el gobierno local en cabeza, se reunieron con altos cargos de la Xunta, pero nada. Incluso colocaron lazos negros en las fachadas para evidenciar que la dichosa línea constituye el fin de una zona en la que algunos vecinos todavía residen en la casa que les vio nacer.

Fracaso tras fracaso
Etapa tras etapa, los vecinos vieron como la meta se volvía cada vez más inalcanzable. El asunto llegó al Tribunal Supremo, pero todo fue en balde. El obstáculo, siempre el mismo: el lugar no tenía la catalogación de urbano cuando entró en vigor la Ley de Costas de 1988.
Los años pasan y se pierde en el tiempo la época desde la que Os Areeiros dispone de servicios tan urbanos como accesos asfaltados, iluminación pública, traída de agua, saneamiento. Sin embargo, antes, como ahora, la imaginaria línea de deslinde continúa fijada en cien metros y en  los veinte que tenía aquel día que desembarcaron los técnicos de Costas.

sábado, 7 de mayo de 2011

Coalición Canaria: “La gran mentira de Ruymán es el Deslinde Marítimo Terrestre”.

Coalición Canaria en el municipio gomero de Valle Gran Rey afirma que hay intereses económicos tras uno de los proyectos más importantes de Valle Gran Rey,
el Paseo Marítimo por parte del PSOE en La Gomera con Ruymán García al frente.

Según los nacionalistas, cuatro meses después de la moción de censura, el Proyecto en el que se expone que el deslinde marítimo terrestre sería de cien metros, es entregado al Cabildo Insular con el conocimiento del PSOE de Valle Gran Rey.

En la página cinco de la memoria del Proyecto se expone que en la propuesta formulada por la Demarcación de Costas sobre el Deslinde de Dominio Público Marítimo-Terrestre “la servidumbre de protección se sitúa a 100m, ya que las administraciones competentes no han aportado la información necesaria para que se considere suelo urbano y se sitúe a 20m”; por lo que según CC,
“se constata que el Grupo que encabeza Ruymán García es cómplice dado que no alegaron nada”. Durante la aprobación inicial del Plan General, realizada en los meses de noviembre y diciembre de 2010, vecinos y colectivos se enteran que el deslinde marítimo llega a los 100m, por lo que formulan las respectivas alegaciones, quedando afectados todos aquellos vecinos y empresarios de La Playa y La Puntilla.

Para CC, “pese a que Ruymán ha intentado lanzar balones fuera culpando a otros de su ineptitud, lo cierto es que en el BOP de 29 de abril de 2005, se aprobó el deslinde marítimo a 20m siendo el actual gobierno el que lo lleva a 100m, tal y como se comprueba en los documentos”; e indican que “el que decía en la moción de censura que iba a gobernar con transparencia, oculta uno de los proyectos más demandados de Valle Gran Rey”.

El punto tres de la disposición transitoria tercera de la Ley de Costa de 22/1988 de 28 de julio modificada por la Ley 53/2002 de 30 de abril defiende que “los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la presente Ley estarán sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de protección será de 20 metros”, por lo que la propuesta publicada en el BOP tenía amparo legal.

Los nacionalistas se preguntan “¿qué paseo litoral propone el PSOE para Valle Gran Rey, máxime cuando aparece reflejado en sus promesas electorales? ¿por qué se pierde el deslinde anterior y es ocultado el actual Proyecto por el PSOE durante dos años? ¿qué intereses económicos tienen los actuales gobernantes ante dicho deslinde?”; y aseveran que “este hecho es la cima de las farsas del Alcalde, porque la gran mentira de Ruymán es el Deslinde Marítimo Terrestre”.

Exponen los nacionalistas que “a diferencia de otros, nosotros sí que estamos por aclarar la verdad, pues se ha engañado a la gente, no se han defendido los intereses ya que si se hubiera aportado las Normas Subsidiarias vigentes y el Plan General Urbano del año 1963, que califican toda la zona como suelo urbano, se hubiera evitado muchos problemas a los vecinos”.

Coalición Canaria concluye afirmando que “nos comprometemos a proteger a los vecinos y aportar toda la documentación que acredite que ese suelo era urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costa porque no vamos a dejar desamparados a los vecinos y empresarios de una de las zonas más prósperas de Valle Gran Rey”.

Memoria Proyecto del Litoral

viernes, 6 de mayo de 2011

Buhoneros por el mundo ( HERMANN TERTSCH)

EL bueno de nuestro ministro de Fomento, Pepiño Blanco, se nos fue a Londres a vender pisos. Ya saben que tenemos, más que un parque, un mundo inmobiliario muerto de asco diseminado por la geografía española. Y hay que encontrarles algún dueño antes de que esas bandas que trabajan más que nadie acaben de saquearlos y robarles lavabos, inodoros, cableado y carpintería metálica y convertirlos definitivamente en siniestras ruinas nunca habitadas. Por eso Pepiño se nos ha ido, sartorial como viste él desde que descubrió el mundo apasionante de la sastrería, a decirles a los británicos que no hay en el mundo sitio mejor para invertir sus ahorros que las costas levantinas y meridionales españolas. Lo cual es en principio cierto. Porque nuestro clima es de lo poco en este país que no han logrado estropear Pepiño y sus amigos, con el Atila de León a la cabeza. Y las infraestructuras necesarias existen desde antes y son muy decentes, con sus carreteras y autopistas y sus aeropuertos, sus bares y supermercados. Es más agradable leer en la vejez los resultados del cricket en la prensa inglesa en una playa de Estepona que hacerlo, como el espía Kim Philby en un parque de Moscú, a quince bajo cero. En ese sentido, el agente Blanco presentaba una oferta apetecible, sobre todo a la vista del hundimiento de los precios de las viviendas que se ofrecen hoy por el 50 o 60 por ciento de su precio original. Blanco se las prometía muy felices. Con eso de aparecer por la «City» londinense a vender productos emulaba a su jefe. Por ahí dicen vender España y aquí nos venden supuestos favores que Catar, China o la familia Pashton de Sussex nunca nos harían si no fuera por ellos. Lo del presidente es de traca. Dedica ahora su jubilación forzosa como líder socialista a viajar como conseguidor por el mundo, convertido en una especie de buhonero que, a todos los que se presten, pretende endilgarles partes de nuestro vapuleado sistema de cajas de ahorros, cachos de deuda, piezas de proyectos
nonatos, quincalla de todo lo poco que hay. Nuestro presidente se ha convertido en un chamarilero itinerante por el globo que vende todo en denodada busca de una noticia positiva que florecezca en la prensa amiga.

Pero Pepiño no contaba con que incluso para vender saldos se requiere un mínimo de reputación. Buena, se sobreentiende. Y nuestro ministro de Fomento vio cómo en Londres se le echaba encima su pasado, el propio y el de su Gobierno. Y es que siguen pensando que nadie tiene memoria y que a ellos hay que perdonarles todas sus tropelías. Ayer, ya en TVE vendiéndonos la burra a nosotros, decía que «había habido ciertos problemas« con el mercado británico. No, amigo, lo que hubo fue el inmenso atropello de vuestra ley de Costas, que con efecto retroactivo dejó a decenas de miles de propietarios británicos en el limbo jurídico. Esa ley de Costas que no afectó a la casa que Pepiño y otros chicos del PSOE se hicieron en la costa gallega, arrebató los derechos de propiedad a centenares de miles de pequeños propietarios de viviendas en el litoral. A los que se trató con brutal arrogancia, indignante indiferencia ante sus protestas y quejas y desprecio a auténticas tragedias causadas por esta ley injusta y abusiva. Los propietarios españoles tragaron. Es lo que la sociedad española lleva haciendo siete años. Pero los británicos, no. La prensa británica se lo ha recordado. La inseguridad jurídica que Atila, Blanco y su tropa nos dejan es una losa. Pena que sean siempre otros quienes recuerdan a estos insensatos sus desmanes.

jueves, 5 de mayo de 2011

Los promotores inmobiliarios acusan a Blanco de defender exclusivamente los intereses de la banca

Los promotores inmobiliarios han acusado al ministro de Fomento, José Blanco, de defender sólo los intereses del sector financiero durante su gira por Londres, en la que ha tratado de convencer a los inversores británicos de que compren casas en España.El vicepresidente de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI), Juan Manuel Martínez Martínez, ha asegurado, en declaraciones a EL BOLETÍN, que el titular de Fomento no ha promocionado las viviendas de todos los promotores, sino sólo el stock de la banca.

Aunque Martínez Martínez ha reconocido que apoya la gira que ha emprendido Blanco por Europa porque “todo lo que sea promocionar a España está bien”, también ha criticado el hecho de que el Gobierno no se ha puesto en contacto con la patronal para pedir consejo, un error según él porque la opinión del sector habría sido muy útil. Además, el vicepresidente de la patronal ha puesto en duda que Blanco tenga éxito durante su ‘road show’ porque hasta el momento los extranjeros han perdido dinero por invertir en viviendas españolas.Estas críticas suponen un nuevo jarro de agua fría para el ministro, que no ha comenzado con buen pie su gira. La polémica Ley de Costas que ha dejado sin casa, o sin los pertinentes derechos legales, a 50.000 propietarios, muchos de ellos ciudadanos del Reino Unido, ensombreció ayer su reunión con inversores británicos en Londres, un encuentro en el que Blanco destacó principalmente los descuentos en vivienda vacacional.

Las críticas que durante el año pasado cientos de miles de ciudadanos británicos, alemanes o holandeses trasladaron a sus embajadas y que llevaron a que se abriera un debate en el seno del Parlamento Europeo sobre la Ley de Costas de España y las expropiaciones que en esta norma se imponían han vuelto a la actualidad con el viaje que ha emprendido Blanco para dar salida al amplio parque inmobiliario con el que cuenta el país.


Muchos fueron los extranjeros que compraron una casa en la costa española para poder pasar su mes de vacaciones bajo el sol de España o, incluso, para su descanso tras lograr la jubilación y que vieron como el Estado les arrebata la vivienda o le concedían una concesión para el uso de la misma. Todo, por incumplir la ley y estar demasiado cerca de la playa. Una información de la que la mayoría de estos compradores carecían y que le ha dejado con una hipoteca de una casa que en el futuro perderán.
http://www.elboletin.com/index.php?noticia=34434&name=Noticias%20a%20las%2010pm

VIRULENTA REACCIÓN AL ROADSHOW DEL MINISTRO

Los británicos culpan a Blanco de los millones perdidos en viviendas ilegales en España
La visita de José Blanco a Reino Unido para vender vivienda vacacional en España ha provocado una virulenta reacción de amplios sectores de la sociedad británica, que consideran un "insulto" que les vengan a promocionar un mercado donde unos 50.000 británicos han perdido su dinero porque sus viviendas se han declarado ilegales o no han recuperado la señal que dieron para pisos que nunca se construyeron.
Es decir, el mensaje del ministro de Fomento yerra el tiro, según buena parte de la prensa británica: no se trata de ofrecer grandes descuentos, sino de solucionar los graves problemas de inseguridad jurídica que plantea España a los inversores extranjeros. Y no se trata de la habitual antipatía de los ingleses hacia nuestro país, sino que es un asunto que ha llegado al Parlamento Europeo.

Las historias son de dos tipos. Por un lado, están aquellos pisos comprados en la costa española hace tiempo, incluso en los años 70, y que de repente fueron declarados ilegales de forma retroactiva por la reforma de la Ley de Costas de 2008. Eso significa que pueden seguir disfrutando del uso de la vivienda pero no pueden venderla ni dejarla en herencia a sus hijos. Es más, si el ayuntamiento de turno lo considera de interés público, puede eliminar esa concesión en cualquier momento.
Por otro lado, tenemos a los británicos que compraron sobre plano en plena burbuja inmobiliaria, cuyas viviendas nunca se construyeron por quiebra del promotor, falta de liquidez, etc., o también fueron declaradas ilegales por carecer de alguna licencia.
Aquí la batalla se plantea con la banca, porque lo que pretenden estos compradores, como es lógico, es recuperar la señal entregada. Y se encuentran con que muchos bancos y cajas donde se suponía que estaba depositado su dinero se niegan a dárselo. Lo cual les aboca a ir a los tribunales, y prueban en sus carnes la velocidad habitual de la Justicia española.

Una imagen pésima
Ambos casos se juntan y el resultado es que los británicos se quedan con la imagen de que en España reina una inseguridad jurídica total; de que te pueden quitar tus derechos de propiedad o tu dinero en cualquier momento... aunque hayas hecho tu inversión con un respecto escrupuloso a las leyes vigentes y hayas pagado religiosamente todos los impuestos.
Y con tantos casos de este tipo -unos 50.000 según Bloomberg-, que aparezca ahora Blanco a vender más pisos se considera una tomadura de pelo. Y más aún sus afirmaciones de que España es un mercado transparente y bien regulado.

El Parlamento Europeo toma cartas en el asunto
Existen varias organizaciones en Reino Unido que agrupan a los afectados y han llevado este asunto hasta el Parlamento Europeo. Varios eurodiputados británicos han llegado a pedir que se congelen los fondos comunitarios que recibe nuestro país hasta que resuelva las lagunas legales que han dado pie a estos problemas.
Diana Wallis, vicepresidenta de la eurocámara, asegura que no se debería permitir a ningún Estado miembro aplicar de forma retroactiva o arbitraria leyes que afecten a los derechos de propiedad. Ayer se mostró tajante: "Me gustaría preguntar al señor Blanco cómo piensa que nadie va a comprar una vivienda en España si no va a tener tranquilidad de espíritu. Sobre la base de lo que he visto, es un campo de minas, y francamente, aconsejaría no tocarlo".

miércoles, 4 de mayo de 2011

La Ley de Costas complica a Blanco la promoción del stock de viviendas en el exterior

La campaña de promoción del stock de viviendas que ha iniciado hoy el ministro de Fomento, José Blanco, ante inversores británicos en Londres ha encontrado un obstáculo en la propia legislación española. La polémica Ley de Costas que ha dejado sin casa, o sin los pertinentes derechos legales, a 50.000 propietarios, muchos de ellos ciudadanos del Reino Unido, ha ensombrecido este ‘road show’ en el que se anuncian descuentos en viviendas vacacionales de hasta el 40%.

Las críticas que durante el año pasado cientos de miles de ciudadanos británicos, alemanes o holandeses trasladaron a sus embajadas y que llevaron a que se abriera un debate en el seno del Parlamento Europeo sobre la Ley de Costas de España y las expropiaciones que en esta norma se imponían han vuelto a la actualidad con el viaje que ha emprendido Blanco para dar salida al amplio parque inmobiliario con el que cuenta el país.Muchos fueron los extranjeros que compraron una casa en la costa española para poder pasar su mes de vacaciones bajo el sol de España o, incluso, para su descanso tras lograr la jubilación y que vieron como el Estado les arrebata la vivienda o le concedían una concesión para el uso de la misma. Todo, por incumplir la ley y estar demasiado cerca de la playa. Una información de la que la mayoría de estos compradores carecían y que le ha dejado con una hipoteca de una casa que en el futuro perderán.

Esta situación ha protagonizado la visita iniciada hoy por Blanco en Lóndres y que le llevará a países como Francia, Alemania o Suiza. En la capital inglesa, el ministro ha destacado que “España cuenta ahora mismo con un amplio parque de inmuebles a precios más asequibles que hace unos años”. En este sentido, aclaró que los precios de la vivienda libre cayeron un 15,4% de media desde hace tres años, llegando al 24% en algunas provincias con vivienda vacacionales.
http://www.elboletin.com/index.php?noticia=34378&name=Noticias%20a%20las%2010pm

¡¡A quién se le ocurre ir a Londres para vender viviendas en la costa con el escándalo que hay en el Parlamento Europeo con la Ley de Costas!! Pués nada, que siga con su "show road" y que explique porqué se confiscan las propiedades legalmente adquiridas e inscritas en el Registro de la Propiedad.
Con todos los asesores que debe tener y el sueldazo que cobran, que ninguno le haya aconsejado quedarse en Madrid calladito, es para mandarlos al paro. Cualquiera de nosotros le hubiera asesorado mucho mejor y, además, gratis.

Amnistía Internacional acusa a España de vulnerar el "derecho humano" a la vivienda

  • Denuncia la indefensión de miles de familias, en riesgo de perder su casa.
  • Exige el fin de los desalojos forzosos en España.
  • Los desalojos forzosos, que se realizan sin protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional.
La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están "indefensas" ante "una vulneración muy grave" de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna no es considerado derecho fundamental, sino que se encuentran en una "segunda categoría", al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos.

Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘Derechos a la intemperie. Dificultades para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España’, presentado por Amnistía Internacional.

En el documento se recogen las alertas que desde diferentes organismos internacionales se venían lanzando sobre la situación de la vivienda en España. Así, en 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos.

"Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos. Estas personas, además de quedarse sin hogar, sin duda, verán como sus condiciones de vida empeoran", ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, durante la presentación del informe

Desalojos forzosos y sin protección legal
Amnistía Internacional recuerda que los desalojos forzosos, que se realizan sin protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional y son considerados como graves violaciones de derechos humanos.
Según Amnistía, ni siquiera la Constitución española otorga a los derechos económicos, sociales y culturales, a excepción de la educación, las mismas garantías de protección que respecto a otros derechos. Estos derechos son considerados como principios rectores dependientes de leyes específicas, con el problema de que no están siendo recogidos por las legislaciones de las distintas administraciones.
http://www.20minutos.es/noticia/1034109/0/derecho/vivienda/amnistia/ 

martes, 3 de mayo de 2011

Spanish holiday home roadshow 'an insult'

Aggrieved UK investors call on Spanish banks to honour deposit guarantees on troubled properties as country launches drive to attract overseas buyers
A publicity roadshow aimed at encouraging foreigners to buy Spanish holiday homes has been branded "an insult" by groups of Britons caught in legal difficulties over the status and funding of their properties on the Costas.
Spanish housing minister, Beatriz Corredor, and public works minister, José Blanco, visit Britain this week at the start of a six-nation tour. The Spanish authorities said the ministers will use the roadshow to encourage individuals and institutional investors to buy some of the estimated 1m new homes lying empty in Spain.
"We must revive the holiday housing market to speed up the 'digestion of stock'," said a Spanish government spokesman, while Blanco claimed the exercise will "highlight the strengths of our economy [and] transparency and legal certainty of our planning legislation".
However, protest bodies such as the Spanish Bank Guarantees Petition and the Finca Parcs Action Group are organising online petitions calling for the roadshow to instead address long-standing grievances on the alleged refusal of Spanish banks to honour aval bancario, or bank guarantees.

Since the late 1960s, Britons buying homes off-plan from Spanish developers have been told their deposits go into third-party reserve funds set up by Spanish banks. If a developer goes bankrupt or fails to build a property the banks then refund a purchaser's deposit. But in recent years, the groups claim, many banks have allegedly refused to honour the guarantees of several thousands of British buyers.
Keith Rule, a spokesman for the campaigners, said: "Many estate agents, lawyers and banks were negligent and acted with a complete lack of professional due diligence. We, as innocent victims of the Spanish housing market, demand action and recompense."

Ruth Genda from Wymondham in Leicestershire put down a £75,000 deposit on a Spanish holiday home in 2003. Construction was delayed, but as the apartment was finally completed it was declared an "illegal build" as it didn't have formal planning permission. Genda took Banco Popular Hipotecario (BPH) to court, which declared her guarantee valid and ordered the bank to refund the purchase. But BPH appealed and the ruling was overturned.
"The case was eventually dismissed and my deposit was never returned. We believe thousands are in the same position. Where is the transparency and fairness which the government ministers now want others to believe in?" Genda said.
The Spanish government says the roadshow is a "pioneering initiative" targeting countries with national economies that are recovering from the downturn and which have historically provided many of the foreign buyers for properties on the Costas.

This week's publicity events in Britain will be followed by similar exercises in France, Germany, the Netherlands and Scandinavia, with Russia later in the year.
Michael Cashman, a Labour member of the European parliament and long-time supporter of British buyers seeking bank guarantee repayments, has written to the Spanish government. "What about those that have already invested and who have found absolutely no results through the Spanish legal system?" he asked, adding: "I would not advise any investment in Spanish property until this problem is resolved."

El Supremo ratifica que el edificio de Los Tarajales está en suelo de Costas

Una sala especial del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso por error judicial interpuesto por el Ayuntamiento de Tazacorte en contra del deslinde de un tramo de la costa. De esta manera, se viene a confirmar que el edificio conocido como Los Tarajales se encuadra en dominio público. El conocido como caso Los Tarajales, mantiene en la actualidad imputadas a una treintena de personas, entre las que está el actual viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno canario, Miguel Ángel Pulido; los miembros de la antigua Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) y de la mayoría de gobierno encabezada por el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez.
Una sala especial del TS ha dictaminado que el deslinde de este tramo del litoral de casi cinco kilómetros entre el Barranco de Las Angustias y la playa del Perdido tiene una anchura de 100 metros, en vez de los 20 que existían anteriormente. Así aparecen recogidos en el Plan General de Ordenación (PGO), por considerar el Ayuntamiento que es suelo urbano.

TribunalesEsta decisión fue adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente a finales del año 2001 y luego ha sido recurrida hasta sus últimas instancias ante a los tribunales, sin ningún resultado a favor del Ayuntamiento. Con la ratificación de este acuerdo se viene a echar por tierra el desarrollo urbanístico aprobado por la Corporación local y que luego fue certificado por la Cotmac. El nuevo planeamiento, reforzado ahora con los fallos judiciales, impide el desarrollo de cualquier actuación urbanística en la zona afectada y se ratifica que es imposible llevar a cabo ninguna edificación en todo el litoral, al estilo del núcleo del puerto.

Tal y como se recoge en la actual legislación, en las parcelas o edificaciones incluidas en ese espacio de protección sólo se permiten los usos tradicionales y se descarta llevar a cabo cualquier tipo de edificación nueva o ampliación de la existente. Pero, además, si la administración lo considerara conveniente, se abre la posibilidad de llevar a cabo expropiaciones siempre y cuando se justifique el interés general, tal y como será el caso con algunas de las propiedades afectadas sobre las que hay planes del Ministerio en este sentido.

La Sala Especial del TS creada para dictaminar este recurso extraordinario, concluye que bajo la figura de "error judicial", el Ayuntamiento "lo que hizo es poner de manifiesto una discrepancia jurídica con el criterio mantenido por el órgano judicial". El TS obliga a la corporación al pago de las costas y rechaza de plano el argumento defendido en el sentido de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) procedió a rechazar el recurso contra la delimitación de la zona de servidumbre, sin tener en cuenta la calificación de urbano que desde Tazacorte se le quería dar a este tramo del litoral. Una consideración ratificada luego por la Cotmac pero que finalmente anuló el TS. Pese a los fallos judiciales en contra, la actual mayoría de gobierno municipal mantiene la calificación de urbano.