LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

viernes, 24 de junio de 2011

LA ABSURDA DICTADURA DE COSTAS MULTA POR MANTENER DIGNAMENTE LAS VIVIENDAS DEL LITORAL

Costas obliga a derribar un balcón en la costa de Bocacangrejo en Tenerife en 10 días por estar en dominio público

El Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha instado a J.M.G. a que en el plazo de 10 días derribe un balcón construido en madera en la playa del Berrugo en Bocacangrejo, Tenerife por estar construido en Dominio Público Marítimo Terrestre.
   Asimismo han señalado que se ha iniciado un pliego de cargo contra el propietario del balcón con un expediente sancionador por obras de reconstrucción del mencionado balcón. Han señalado además que ya en septiembre de 2010 personal del servicio de vigilancia de Costas denunció unos hechos en los que el infractor derribó el balcón existente para reconstruirlo en madera, "añadiendo estructura para cubierta y con dos puntales a modo de soporte".
   "El mencionado balcón se encuentra en zona de dominio público marítimo terrestre según el deslinde aprobado por O.M. de 9 de enero de 2003, entre los mojones 120 y 121, en Bocacangrejo, en Playa del Berrugato, en el municipio tinerfeño de El Rosario, hechos que pueden ser considerados como constitutivos de una presunta infracción de las tipificadas", se ha expuesto en el expediente.
   Asimismo y de acuerdo con la ley se insta que en el plazo de 10 días se derribe el balcón con lo que podría reducirse a la mitad la sanción económica --que ascendería a 1.347,50 euros-- para lo que el 'propietario' deberá comunicarlo en la Dirección de Costas. El denunciado también dispone de 10 días para formular alegaciones y presentar las pruebas que estime oportunas en su defensa.
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-costas-obliga-derribar-balcon-costa-bocacangrejo-tenerife-10-dias-estar-dominio-publico-20110624180937.html

jueves, 23 de junio de 2011

Anulado un deslinde por vulnerar el Principio de Seguridad Jurídica (Art 9.3 de la Constitución)

Confirma la sentencia que daba la razón a una familia que denunció el deslinde realizado por la Dirección General de Costas

El Tribunal Supremo ha declarado inadmisible el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado contra la sentencia que daba la razón a la familia González Cique en su contencioso contra la Dirección General de Costas sobre el deslinde de bienes de dominio público efectuado entre San Miguel de Cabo de Gata, y el límite entre Almería y Níjar.
El auto al que ha tenido acceso Noticias de Almería, al tratarse de una decisión del Supremo, sienta jurisprudencia, y podría ser argumentada por otras personas físicas o jurídicas que demanden a Costas en los deslindes que viene realizando en toda la provincia.
El procedimiento, ganado desde instancias anteriores por el letrado Vicente Fernández Capel, denunciaba la orden de 23 de mayo de 2008, del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se aprobaba el mencionado deslinde, pero fue recurrida en casación por la Abogacía del Estado ante la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha no lo ha admitido.
El auto del Supremo viene a confirmar casi punto por punto el escrito de Fernández Capel pidiendo su no aceptación, y detalla por ejemplo que el letrado del Estado no hace “mención alguna a las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que se pretendían denunciar y desarrollar en el escrito de interposición, aunque fuere sucintamente”.

Los argumentos sostenidos frente al Supremo por el abogado de la familia propietaria de unas fincas en la zona de deslinde, son similares a los mantenidos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial donde también ganó, y apuntaban a “la nulidad de pleno derecho del acto; existencia de fraude de Ley en las actuaciones iniciadas, y falta de justificación, tanto jurídica como técnica del nuevo deslinde”.
Otros extremos apuntados por Fernández Capel se referían a que “La Resolución que ordena la incoación del Expediente de Deslinde, incide en vicio de nulidad de pleno derecho, por falta de motivación adecuada de la misma.” por lo que “Esta falta de motivación de la Propuesta aprobada respecto a la determinación del D.P.M.T. en este tramo de costa conculca igualmente el principio general de seguridad jurídica proclamado por la Constitución Española en su art. 9.3”.

Otro detalle importante en el escrito de Fernández Capel en aquel momento ante la Audiencia Provincial es que recuerda que “El deslinde que aprueba la Orden Ministerial objeto del Recurso no respeta el contenido y delimitaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Almería. Esta circunstancia que está íntimamente ligada a la improcedente consideración en el deslinde de las Salinas de Cabo de Gata como bien de dominio público marítimo terrestre y la inclusión de una servidumbre de protección alrededor de su perímetro, supone una flagrante contradicción con la actuación de la Administración Estatal llevada a cabo durante la tramitación de la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en la que la Dirección General de Costas informó favorablemente, no puso objeción alguna en lo que respecta a ese lugar y no recurrió la aprobación definitiva del Plan General, consintiendo que adquiriese firmeza".
En ese sentido añadía que "Entonces la Dirección General de Costas no consideraba bien de dominio público las Salinas de Cabo de Gata y emitió al Ayuntamiento de Almería un escrito de fecha 11 de febrero de 1998 con registro de salida 735, en el que se informaba favorablemente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que acabó así siendo aprobado con el beneplácito de la Administración de Costas.Pero es que, además, como consta dicho en los escritos de alegaciones obrantes en el expediente el propio Servicio Provincial de Costa emitió informe favorable a la terminación de los edificios en construcción para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, junto a un plano del dicho Servicio Provincial, en donde se reflejaba la delimitación del suelo conforme al vigente PGOU. Así las cosas, la Administración no puede ahora realizar y aprobar un nuevo deslinde que contradice clarísimamente sus propios actos en vulneración del principio de seguridad jurídica.En tal punto procede anular el deslinde efectuado en el sentido de no incluir las Salinas de Cabo de Gata como bien de dominio público marítimo terrestre y, en todo caso, eliminar la zona de servidumbre de protección que se interesa”.

¡¡¡Por fín un juez que hace prevalecer la Constitución por encima de los desmanes de Costas!!!

domingo, 19 de junio de 2011

De Cho Vito a Bruselas (Antonio Alonso Orihuela)

Otra vez en Bruselas. Aún  no nos habíamos recuperado del anterior viaje, hace apenas 20 días,  cuando se nos ha comunicado que debíamos volver. El motivo, la invitación a un Seminario, sobre la “Legislación Europea y el derecho a la propiedad privada en Europa”. Organizado por el Grupo Parlamentario de los Demócratas y Liberales Europeos, este seminario, resulto ser una herramienta para exponer la realidad de la expropiación y confiscación  de propiedades en Europa, y mayoritariamente, en España.

Resulta extraño, escuchar las realidades sobre, expropiaciones, ley de costas, urbanismo salvaje, etc., expuestas por técnicos  y profesores de distintas universidades de prestigio europeas, y ver  que nadie se sorprende; que dan por supuesto que España es un país con un grave problema de inseguridad jurídica  respecto a la  propiedad privada. Si, resulta extraño, cuando existen miles de denuncias, cientos  de miles de afectados, y aquí, en este país, se han tapado, ignorado, ocultado, o simplemente, olvidado. Europa, empieza a reaccionar en este problema, pues, son muchos los propietarios afectados de otras nacionalidades europeas, y aunque nuestro “asesor inmobiliario” Pepiño Blanco, intente ocultar la realidad, y  se gaste el dinero de todos los españoles, en una gira, por Europa,  país por país,  intentando vender las miles de viviendas del litoral español, sin éxito, y con muchas críticas al respecto, por parte de británicos, franceses, alemanes y daneses, que le achacan la incapacidad manifiesta de las autoridades españoles, en este asunto de las expropiaciones y confiscaciones en el territorio nacional.

Cuatro días en Bruselas, cuatro días de una apretada agenda de reuniones, comités, y de presentar documentación en el Parlamento Europeo, casi 10.000 folios, miles de fotografías,  acompañados de videos y grabaciones de audio han sido presentadas y actualmente están siendo repartidas por los diferentes grupos parlamentarios. Demócratas, liberales, populares, comunistas, verdes, y socialistas no españoles, son conscientes del grave problema que representa la ley de costas  en España. Saben, que no es lo mismo un pequeño pueblo costero, que una macro urbanización de lujo; que no se aplica la ley igual en Cho Vito, que en los más de veinte hoteles ilegales de Canarias.; que no se puede pedir al propietario de un molino, del siglo xvi, un permiso de obra, para demostrar su legalidad, y legalizar el chalet del ministro, del cantante, o del famoso de turno, recientemente construido. Lo saben, y el problema ha trascendido al comité de peticiones y se empieza a ver la preocupación en todo el parlamento europeo.

 Hemos tenido el apoyo de la Oficina del Gobierno de Canarias en Bruselas, de un canario,  eurodiputado del Partido Popular, Don Gabriel Mato,  de su oficina, que nos ha ayudado en diversos asuntos, y de todo el grupo popular en Europa; y sentimos vergüenza, de otro eurodiputado canario,  Juan Fernando López Aguilar(¡que sorpresa nos llevamos cuando lo encontramos en los pasillos!; yo pensaba que había dimitido de su cargo), que tras solicitarle  repetidamente una reunión, no se ha dignado ni a contestar; él no está para estas cosas; Mejor dicho: simplemente no está. Otro eurodiputado socialista, Don Miguel Ángel Martínez, paladín del socialismo, de las luchas sociales, de las injusticias, simplemente se esconde, y no contesta a la solicitud de una reunión. Y es que “no hay mas ciego, que el que no quiere ver”, y el problema de la Ley de Costas española, ya es  muy conocido en Europa, y los argumentos que da el partido socialista español, a favor de la misma, en Europa, ya no se lo creen.  Saben de la aplicación arbitraria, confiscatoria y de la vulneración de los derechos humanos que su aplicación supone al más del millón de personas afectadas en España. 

En fin,  es hora de coger el vuelo de regreso; de descansar en el avión, de volver a Tenerife, a Cho Vito; de encontrarnos con nuestras familias, y vecinos, que han trabajado tanto como nosotros, para poder realizar este viaje; de hacer balance de todas las reuniones; de seguir trabajando en la elaboración de un nuevo informe que nos han solicitado; de seguir luchando, sabiendo que cada paso que damos, nos acercamos más a la verdadera justicia.
http://www.sanborondon.info/content/view/35220/1/

sábado, 18 de junio de 2011

Confiscación y arbitrariedad de la Ley de Costas - Concentración a favor de Sidra El Gaitero en Villaviciosa


DOCUMENTO DE EXCLUSION DEL MOLINO DE LA ENCIENA

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Art 17  
  1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
  2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

miércoles, 15 de junio de 2011

El Parlamento Europeo volverá a analizar los abusos de la Ley de Costas

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitará "más información" al Gobierno español sobre la aplicación de la normativa de la Ley de Costas en España y los "casos concretos" de presuntos abusos denunciados por un gran número de ciudadanos españoles, británicos, alemanes, holandeses, franceses y austriacos ante las instituciones europeas.
Los portavoces de los grupos políticos en la comisión parlamentaria "han acordado mantener la petición abierta y pedir más información sobre las peticiones concretas a la Dirección General de Costas" en una reunión celebrada este martes a puerta cerrada, han confirmado fuentes parlamentarias.
La Comisión Europea ya dejó claro el pasado 24 de mayo --la última vez que se debatieron las más de 40 quejas que afectan principalmente a Cantabria, Canarias, Comunitat Valenciana, Asturias, Baleares, Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía-- que no tiene competencias para intervenir en la normativa española, cuya aplicación e impacto sobre el derecho de propiedad ha sido denunciado por numerosos ciudadanos europeos.
Varios peticionarios denunciaron entonces que la Ley de Costas atenta contra los Derechos Humanos de los propietarios de los terrenos expropiados bajo esta ley, con lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sí tendría competencias.
El Ejecutivo comunitario se ha comprometido mantener los contactos con las autoridades españolas, aunque advierte de que hasta la fecha "no ha encontrado este tipo de discriminación" reflejo directo de la normativa española.
Los portavoces de los grupos políticos en la Comisión de Peticiones han acordado asimismo este martes organizar un taller con expertos urbanísticos y abogados para analizar la aplicación de la normativa española en otoño y han acordado esperar a los resultados de este ejercicio para determinar si es necesario elaborar una nuevo informe de la Eurocámara.
La Eurocámara ya aprobó en 2009 un informe de la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken en el que se pedía la congelación de los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos europeos.
http://www.abc.es/20110615/local-comunidad-valenciana/abci-eurocamara-201106151813.html

Costas somete a exposición pública las modificaciones del deslinde de la pinada

El servicio provincial de Costas ha abierto al público el nuevo expediente de deslinde del frente litoral de Guardamar del Segura. El organismo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, abre a los vecinos la corrección de la anterior propuesta, que fue muy polémica al afectar a todos los propietarios de la localidad que residían junto a la pinada.
 
Los casi quince kilómetros de costa a enajenar se han reducido de forma considerable por parte de los responsables de Costas. Ahora solo las zonas Pinomar y las aledañas a la desembocadura del Río Segura son las que quedan pendientes de un entendimiento. Si bien el gobierno municipal anterior trató de que el deslinde minimizara su impacto en los miles de guardamarencos que residen junto a la masa arbórea de pinos. Como primer daño los propietarios de inmuebles y de solares urbanos veían cómo el valor de sus posesiones caía en picado. Al mismo tiempo varios sectores por urbanizar tenían complicado su desarrollo.
La titular de Costas en Alicante, María Auxiliadora Jordá, hizo recapacitar a sus superiores, que disminuyeron los metros a expropiar por parte del Gobierno central que se quiere hacer cargo del frente litoral. La misma responsable de Costas estuvo el año pasado en la casa de cultura explicando la propuesta y fue increpada por la mayoría de asistentes.
En definitiva, la nueva fórmula ya se ha redactado y Costas ha avisado a cada vecino afectado anteriormente por si quisiera alegar. De igual forma cualquier ciudadano puede observar el nuevo informe y los planos en la delegación de Costas de Alicante, donde se encuentra una copia del proyecto.
 
Desarrollo del PGOU
Por otra parte, la alcaldesa de Guardamar, Carmen Verdú, anunció que va a potenciar el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Una vez que el asunto del deslinde se ha desenmarañado, la popular dijo que se va reunir con empresarios, asociaciones y colectivos locales para «ofrecerles toda la colaboración municipal que precisen».
En su discurso durante la toma de posesión el nuevo equipo de gobierno apostó por potenciar el empleo con la eliminación de trabas «a las propuestas empresariales». Así Verdú expuso que «el Ayuntamiento debe dejar de ser un muro burocrático donde tropiezan una y otra vez las iniciativas empresariales y agilizar en la medida de lo posible la creación de riqueza».

Tomás González (Cho Vito) advierte que los eurodiputados están escandalizados porque se estén atropellando derechos de los ciudadanos con fondos públicos provenientes de Europa

Advierte que ha ido al Parlamento Europeo no sólo a defender Cho Vito y sus derechos, sino que con su trabajo están haciendo una defensa a ultranza del litoral canario ante la amenaza de Costas

Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, informó desde Bruselas sobre el desarrollo del Seminario Internacional sobre la Legislación Europea y el derecho a la propiedad privada organizado por el grupo de los Liberales y Demócratas del Parlamento Europeo y dijo que los europarlamentarios y expertos juristas que están presentes en estas jornadas están comprobando cómo se ha aplicado el principio de la retroactividad y se está cuestionando seriamente cómo es posible que una Ley se aplique de esa forma cuando afecta a los derechos fundamentales no sólo de ciudadanos españoles, sino de personas que forman parte de la Unión Europea.
Tomás González dijo que esta mañana asistió al seminario sobre legislación europea y el derecho a la propiedad, ocasión que aprovechó para mantener contactos con los eurodiputados Diana Wallis (Alianza de los Demócratas y Liberales) y Ramón Tremosa (Convergencia Democrática de Cataluña) a quienes explicó en qué consiste la problemática de Cho Vito y cómo ha actuado el gobierno español en todo este escándalo.

En este sentido, dijo que de cara a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ha estado repartiendo un dossier completo de todas las violaciones de los derechos, no sólo de los ciudadanos de Cho Vito, sino en general de todos los afectados por actuaciones de Costas en Canarias, basando la alegación en la vulneración del derecho a la propiedad a la que han sido objetos, pero también en la vulneración de los derechos humanos en su artículo 17.

El portavoz de los vecinos de Cho Vito señaló que el eurodiputado catalán Ramón Tremosa se ha ofrecido a que se grupo realice una pregunta en el Parlamento Europeo sobre qué ha pasado y qué subyace detrás del desalojo por la fuerza de los vecinos del poblado marinero de Candelaria y destaca que en menos de un mes es la segunda ocasión que una representación de los vecinos tiene la ocasión de estar presentes en Bruselas para defender sus derechos con muchísima información.

Destaca que en el encuentro mantenido este martes con diferentes eurodiputados han encontrado comprensión y mucha preocupación, puesto que con dinero europeo se están atropellando derechos fundamentales de la Carta Magna europea referente a los ciudadanos.

González insistió en que esta es una ocasión muy importante para los vecinos de Cho Vito puesto que están en el órgano de mayor representación de la Unión Europea y allí están exponiendo apoyados en una extensa documentación todo lo que ha ocurrido en el poblado marinero y cómo la administración española ha pisoteado impúnemente sus derechos y explicó que en las próximas horas mantendrá nuevos encuentros con miembros del Parlamento como Bart Staes, Raúl Romeva y Margrete Auken, del Grupo los Verdes. Alianza Libre Europea, así como con Erminia Mazzoni, presidenta del Comité de Peticiones, Marta Andreasen, que ha sido la encargada de realizar la propuesta de congelar los fondos a España para este tipo de actuaciones en el litoral.

Además de este intenso trabajo de este martes, el miércoles tendrá una reunión muy importante  con David  Lowe, secretario del Comité de Peticiones y, posteriormente, con representantes del resto de grupos políticos que tienen representación en el Parlamento Europeo como Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato y Rosa Estaras, del grupo Popular y con Willy Meyer, vicepresidente del Comité de Peticiones y miembro del  Grupo IU-los Verdes.

Tomás González dijo que todos los grupos parlamentarios le han recibido muy bien y se han mostrado inquietos por lo ocurrido en Cho Vito y critica que pese a todos los intentos por mantener un encuentro con representantes del grupo Socialista, concretamente con Juan Fernando Lòpez Aguilar, no haya tenido ni siquiera una respuesta.

Tras lamentar que sean los representantes españoles del PSOE en el Parlamento los únicos que no hayan querido reunirse en esta estancia en Bruselas, dijo que este miércoles hará entrega del dossier sobre Cho Vito compuesto de soporte impreso, fotografías y filmaciones recogidas a lo largo de estos años, puesto que ha ido al Parlamento Europeo no sólo a defender Cho Vito y sus derechos como ciudadanos, sino que con su trabajo están haciendo una defensa a ultranza del litoral canario en su conjunto ante la amenaza de Costas

martes, 14 de junio de 2011

El TSJC suspende los derribos en la playa de Ojos de Garza

Ya lo dijeron los vecinos de la playa de Ojos de Garza. La lucha contra Costas, que ordenó tirar sus casas, no iba a ser fácil, pero dejaron claro que plantarían batalla. Ayer trascendió que han ganado la primera. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha paralizado cautelarmente la orden de derribo de 7 de las casas.
Las viviendas que están en el punto de mira de la Demarcación de Costas de Canarias no son 7, son muchas más, tres veces más, 21 en total, pero los vecinos están convencidos de que lo que ha valido para 7, valdrá para el resto. A esas 7 les ha llegado una resolución de la Sala de lo Contencioso-administrativo en las que se les ha aceptado, a todas por igual, la solicitud que habían cursado de que los tribunales paralizasen cautelarmente los derribos ordenados por Costas hasta tanto la propia justicia no dirima cuál de las dos partes tiene la razón.

En esencia, los autos emitidos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, a uno de los cuales ha tenido acceso este periódico, justifican la decisión adoptada ante la evidencia de que si no se aplicara esta medida cautelar solicitada, y se llegaran a tirar las viviendas antes de que el tribunal decidiese quién tiene la razón, de nada valdría que al final la resolución fuese favorable a los afectados.

En el auto que firmaron los magistrados Cristina Páez, Francisco Javier Varona y Alfonso Rincón González-Alegre (este último en calidad de ponente) se apunta que la Sala, en supuestos como este que tienen que ver con la posible demolición de obras, ha optado por aplicar la doctrina jurisprudencial reiterada de suspender cautelarmente las demoliciones hasta que no se resuelva el caso de forma definitiva.

Costas defiende la recuperación del espacio que ocupan las casas, situadas en primera linea de playa, al considerar que se hallan sobre suelo de dominio público marítimo-terrestre, donde la Ley de Costas prohíbe que haya viviendas, pero los vecinos sostienen que estaban ahí antes de esa ley, que se aprobó en 1988, y que cuando se hizo el deslinde que les dejó en dominio público, en 1984, no se les notificó pese a que eran parte interesada. Costas empezó a remitirles las órdenes de derribo desde 2009, y frente a ellas los afectados han ido agotando trámites hasta el último paso, la interposición de contenciosos judiciales contra Costas.

En todo caso, los vecinos no se oponen a dejar la orilla de la playa. Quieren tener una casa a la que irse cuando derriban las suyas y para eso buscan reactivar el plan especial que iba a realojar a todo el barrio.

domingo, 12 de junio de 2011

La lucha llega a Europa

¿Por qué este hotel se salva y ésa pequeña casita se tiene que tirar?, ¿por qué me quitan algo que mi familia compró y pagó religiosamente hace más de 50 años?, ¿por qué este paseo marítimo no molesta y sí estorba el pequeño barrio de pescadores? Muchos interrogantes giran alrededor de la ley de Costas, una normativa cuyo supuesto fin es proteger el litoral y cuya aplicación es vista como "abusiva, arbitraria y confusa" por los afectados. En nuestra comunidad, y tras llevar años en silencio por miedo a represalias, poco a poco van saliendo los perjudicados, que se unen para ganar peso y hacer más ruido. Están dispuestos a ir donde haga falta para reclamar justicia. Y a gritar muy fuerte para que la queja se oiga también en el extranjero.
Joan Cirera fue el que más fuerte gritó hace unas semanas. Alrededor de cuarenta afectados de todo el país viajaron a Bruselas el pasado mes de mayo para exponer sus casos en la Eurocámara. Allí les dijeron que sólo se escucharía a siete peticionarios. Pero en un momento de silencio Cirera aprovechó para decirlo sin ambages y en voz muy alta: "Yo también quiero hablar". Lo logró. Le escucharon a él, y a 16 personas más. Y la comisión del Parlamento Europeo se comprometió a plantear un cuarto informe Auken; unos documentos redactados por la eurodiputada danesa de Los Verdes, Margaret Auken, que denuncian los "abusos" de la ley de Costas española.
"Algo es algo", se resigna Cirera, portavoz de Basta Ja!, la plataforma de perjudicados de Balears, que de momento agrupa a una decena de familias y que mantiene contactos con muchos más perjudicados (como la plataforma homóloga de Formentera, que reúne a unas 104 personas). En 2010 a través del comité de peticiones se logró aprobar una directiva europea para cambiar la norma. Pero nada ha pasado desde entonces.
Este joven se enciende al hablar de esta ley. Ideada por Alfonso Guerra y Felipe González en 1988, la norma estuvo ocho años en barbecho durante los mandatos del Partido Popular. Con la vuelta de los socialistas a la Moncloa comenzó a enseñar de nuevo los dientes, llevándose por delante incluso barrios enteros (como el poblado de Cho Vito, en Tenerife, cuyos vecinos, que llevaban allí más de 60 años, fueron desalojados en 2008). A esta plataforma no les bastan los adjetivos para criticar una normativa que por encima de todo ven muy injusta.
Para empezar, lamentan que se centra en expoliar a pequeños propietarios, que en muchos casos no saben cómo defenderse o no tienen el dinero para asumir esa larga batalla judicial. "La mayoría no llegan ni a la Audiencia Nacional", apunta este joven, que denuncia que incluso el ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino ya tiene calculado de antemano el porcentaje de afectados que no se defenderán. Dos ejemplos: el de los propietarios de pequeñas fincas en el Salobrar de Campos o los de Cala Morlanda en Manacor.

Otra de los adjetivos que ligan a la ley y que más inseguridad genera es su arbitrariedad. De eso sabe algo Santiago Domènech, propietario de Can Piquero, una vivienda de 1927 que tiene el ´honor´ de ser la única casa del Port de Pollença afectada por el deslinde de de Costas. "La única de todo el Port, ¿por qué la mía sí y las otras no?", plantea este propietario que lleva años esperando recibir un criterio coherente para un deslinde "aberrante". Él tiene claro que llevará el caso y lo contará hasta en medios extranjeros, aunque eso provoque "daños colaterales".
Esos daños a los que se refiere Domenèch es el peligro que supone esta ley para lograr inversiones extranjeras. Y es que, ¿quién se va a atrever a comprar algo en la costa española ante la incertidumbre de que luego se lo quiten? Ése es uno de los principales fallos de la ley, según Cirera: "Ya puede ir el ministro Blanco a intentar vender a casas a Inglaterra; con esta ley se genera una situación de inseguridad jurídica brutal porque es muy ambigua", apunta. "Te dan una concesión de 30 años, pero te la pueden comprar en cualquier momento a un precio bajísimo si ellos deciden que es de interés general". Esta incertidumbre se empieza a percibir en Europa. No es casualidad que precisamente los eurodiputados ingleses y alemanes (además de los miembros del PP, Rosa Estaràs y Carlos Iturgaiz) fueran los que apoyaran a los afectados en la Eurocámara.
¿Hace negocio el Gobierno con esta ley? Así lo ve este grupo de ciudadanos y para demostrarlo, dan una pequeña muestra. Según denuncia la plataforma, cuando decretan el derribo de tu casa no sólo pierdes tu vivienda, encima tienes que pagar los costes del derribo. Según el procedimiento usual, apuntan, Costas se encarga de subcontratar a una empresa para el derribo y se queda el 40% por esa intermediación. El único caso de derribo efectuado por la ley de Costas en Mallorca (de momento) es el de Can Ganxo, la casa ubicada en la playa de Cala Tuent que fue tirada abajo hace un año. La demolición costó 375.000 euros. Se encargó la empresa pública Tragsa, que enterró parte delos escombros en la misma playa. Según explican desde Basta ja! esta empresa además es la que se encarga de hacer los informes para justificar los deslindes.
Tema aparte, señalan, es la especulación que se puede hacer con estos deslindes. Ponen el ejemplo del centenario poblado de pescadores de Es Puig en Valencia, que fue derribado en 2010. "El primer día de demolición ya habían puesto el cartel de promoción del golf que iban a construir allí", explica el portavoz de la plataforma que denuncia el "trapicheo" de concesiones al que juegan algunos municipios y la dirección de Costas.
El fin de esta normativa, según consta en su prólogo, es proteger el medio ambiente. Pero este grupo de propietarios, tal y como está hecha la ley, no se lo cree: "Ni un artículo habla sobre la protección del medio ambiente", indica Cirera, quien añade además que en muchos casos estas zonas que se quieren deslindar ya cuentan con los máximos niveles de protección, al ser ANEI, CEPA o al pertenecer a la Xarxa Natura 2000, como sucede por ejemplo en s´Estalella, en Llucmajor. En este caso fue la propia familia propietaria, los Cirera, quienes pidieron la declaración de la zona como ANEI para protegerla de dos intentos de construcción de centrales eléctricas. Recibieron un premio del GOB en 1990 por su labor de protección medioambiental.
El ahora portavoz de Basta ja! expone además otro ejemplo de arbitrariedad de la ley que les toca de cerca: en 2003 hicieron un deslinde en s´Estalella y lo aceptaron; en 2007 volvieron los técnicos y les hicieron otro, mucho más amplio. "¿Qué ha cambiado en cuatro años? La ley es la misma", se interroga Joan Cirera.
Otras zonas que ya están protegidas y permanecen en el punto de mira de Costas son la bahía de Alcúdia, Sa Vall, Es Trenc, de Cala Figuera a Cala Falcó, y también en la Albufera, desde donde ya se han presentado unas 1.300 alegaciones. Algunas de las casas que allí se encuentran están catalogadas: "¿También las tiramos?", plantea Cirera. Y la respuesta parece que es ´sí, las tiramos´. Ya lo dijo en enero el jefe de demarcación de Costas, Celestí Alomar, sobre Ses Casetes dels Capellans de Muro: que esta zona logre la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) no tiene por qué impedir que se incluya dentro del deslinde (del que sí se salva el hotel anexo). En este caso al menos los propietarios de las casas cuentan con el apoyo del Ayuntamiento (que es el titular del territorio). O por lo menos así lo aseguró en un debate electoral Martí Fornes, alcalde reelegido de Convergència Democrática Murera, que aseguró que el consistorio "ha defendido todo lo que Madrid quería hacer suyo: veinte millones de metros cuadrados" y que garantizó que interpondrían los pleitos necesarios después de agotar la vía del diálogo.
El ejemplo de Capellans pone el acento en otro de los puntos más polémicos de la ley: la retroactividad. Ses Casetes empezaron a construirse en 1929; S´Estalella es una finca que tiene 400 años e incluye una casa que fue construida hace un siglo; Can Piquero tiene 84 años; Can Ganxo tiene más de 109... y así con tantas y tantas otras casas cuyas familias llevan allí viviendo varias generaciones.La forma en que se hacen los deslindes también es objeto de críticas, ya que, según la plataforma, se realiza "sin rigor científico: los planos, en algunos casos de hace décadas, ni se corresponden con la realidad, y encima muchas veces no se usan criterios técnicos comprobables, sino la observación visual, fotografías o la jurisprudencia". Critican que "comparan las costas y los temporales de Málaga con los de Mallorca cuando no tienen nada que ver". Otro obstáculo con el que se topan cuando presentan su caso ante los jueces es que éstos "ignoran los peritajes independientes que ellos mismos ordenan hacer y que suelen ser favorables a los propietarios".
Los afectados tienen muy claro sus argumentos y han conseguido que Europa les escuche. Piensan hacer mucho más ruido. La batalla continúa.

sábado, 11 de junio de 2011

'Amnistía' urbanística en Roses

Los vecinos de la urbanización Santa Margarida de Roses respiran tranquilos. Nadie va a echar abajo las más de 1.000 viviendas y tres hoteles que, en primera línea de mar, vulneraban la Ley de Costas. Esta norma consideraba los terrenos sobre los que se asientan los edificios de dominio público marítimo-terrestre, lo que implicaba que debían ser demolidos, pero ahora el Ministerio de Medio Ambiente ha movido las líneas para indultar los pisos al dejar fuera de las restricciones esta zona, conocida como Gola de l'Estany. El argumento es que los terrenos, urbanizados desde hace cuatro décadas, han perdido el valor natural que tenían por su especial ubicación: la confluencia entre una marisma y el mar. La decisión también se apoya en dos órdenes ministeriales de 1963 y 1966 que citaban la existencia de terrenos privados en la zona de dominio público.

"Es una argumentación perversa", lamenta Rita Rodríguez, directora de la asesoría jurídica de la asociación ecologista WWF. "Si para legalizar una construcción se puede alegar que la zona ya no tiene valor natural, todo el mundo construirá sabiendo que destruir la zona es la mejor forma de asegurarse de que no habrá problemas". "Es una buena noticia que cierra un proceso muy complicado", opina en cambio Magda Casamitjana, la alcaldesa de Roses (PSC), que ha conducido las conversaciones en frecuentes viajes a Madrid para resolver el embrollo legal.
Los apartamentos se construyeron respetando aparentemente la legalidad: se solicitaron licencias de obras, se inscribieron en el registro de la propiedad... Pero, como comunicó Medio Ambiente a los dueños hace un año, el suelo era de dominio público, lo que implica que 650 de los 1.600 metros de primera línea de mar de Roses deberían estar sin urbanizar.
La mayoría de los vecinos alega que nunca tuvieron noticia del embrollo legal hasta recibir la notificación del ministerio. Pese a ello, la interpretación estricta de la Ley de Costas pintaba un futuro muy negro para ellos. El artículo 8 establece que el dominio público prevalece incluso ante las propiedades que están avaladas en el registro de la propiedad.

Ante la disyuntiva de hacer imponer la ley o aceptar los hechos consumados, el ministerio ha optado por lo segundo en la forma más beneficiosa para los propietarios, para disgusto de los ecologistas. Existía otra opción legal que no implicaba desafectar los terrenos de la Ley de Costas y que mantenía cierta protección al entorno: una concesión por 30 años prorrogables. En este caso las viviendas también son legales, pero se prohíbe construir más o ampliar las ya existentes. Es una opción intermedia que permite, además, prevenir las posibles consecuencias del cambio climático en zonas con riesgo de inundación.
La resolución del ministerio puede tener, además, consecuencias de un alcance todavía mayor: las 10.000 viviendas construidas al borde de los canales de Santa Margarida y Empuriabrava, cuyo futuro pende también de un hilo. Casamitjana cree que se ha abierto una "vía de diálogo" para solucionar tambié este asunto. La Dirección General de Costas sostiene que hay que dejar como acceso al agua seis metros entre las viviendas y los canales, lo que en la práctica significa derruir muchas de las casas o patios particulares, construidos al borde mismo de los canales. Según el Consistorio, esos seis metros de acceso ya existen en las calles situadas tras las viviendas, que también dan a los canales. Casamitjana opina que ambos asuntos están relacionados y que la resolución del primer problema es una buena señal para el segundo, aun en negociación. El ministerio eludió ayer ofrecer su versión.

jueves, 9 de junio de 2011

Los 4.600 amarradores de la marina de Empuriabrava (Girona) serán de titularidad pública

Los 4.600 amarradores que forman la marina d'Empuriabrava (Girona) pasarán a ser de titularidad pública --unos 3.900 de los cuales son ahora de propiedad privada o de uso privado y el resto los gestiona una concesionaria--, por lo que el Estado prevé que se puedan utilizar igualmente a través de una concesión de 30 años que podría prorrogarse a 60.
   La medida la ha anunciado este jueves en Empuriabrava el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos, aunque no ha acabado de gustar a los propietarios, que quieren consultarla con sus abogados y no descartan recorrer a los tribunales.
   Así, la propuesta del Estado, a la que tiene que darle el visto bueno el Gobierno, es que los amarradores sean de titularidad pública y los gestione una concesionaria --la concesión sería gratuita para los propietarios--.  
   Ríos también ha prometido que aunque la titularidad sea del Estado, la afectación a las viviendas será "cero", ya que se permutarán los seis metros de servicio que exige la Ley de Costas por las calles de acceso.
   Según consta en la Ley de Costas, desde el agua tiene que haber un tramo de seis metros de tierra de servicio de paso o de libre acceso, lo que en Empuriabrava afectaba a todas las viviendas que están en la zona de los canales --incluso en algunos casos este paso se metía dentro de la casa--.
   Por ello, Ríos ha intentado calmar a los propietarios asegurando que "no habrá afectación en ninguna vivienda", ya que la propuesta del Estado es que el servicio se permute con las calles de acceso, aunque como excepción.
   Actualmente, hay más de 6.000 propietarios en Empuriabrava y hace años que pelean por los amarradores, incluso se han llegado a presentar 574 recursos de reposición.
   Para Ríos, la propuesta de este jueves es la mejor solución que podían encontrar para Empuriabrava dentro de la Ley de Costa y cree que una respuesta óptima a todos estos recursos.
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-4600-amarradores-marina-empuriabrava-girona-seran-titularidad-publica-20110609184118.html

miércoles, 8 de junio de 2011

EU property Rights and Wrongs - La UE los derechos de propiedad, aciertos y errores

Event date: Tuesday 14 June 2011 09:00 to 12:00
Location: BRUSSELS EP PHS 7 C 50
The European Parliament has encountered a growing number of problems from European citizens who have purchased property across member state borders. 
The failure to protect property rights across the European Union has consequences for the internal market, legal affairs and the fundamental right to property. 
Using the experiences of academics, practitioners and citizens affected by flaws in the protection of property rights, the seminar will address the current state of affairs, and look at some practical steps, which might form the basis for future European solutions.
http://www.alde.eu/event-seminar/events-details/article/eu-property-rights-and-wrongs-37447/#sideanchor_1
El Parlamento Europeo ha detectado un número cada vez mayor de los problemas de los ciudadanos europeos que hayan comprado la propiedad a través de las fronteras de los Estados miembros.
La falta de protección de los derechos de propiedad en toda la Unión Europea tiene consecuencias para el mercado interior, asuntos legales y el derecho fundamental a la propiedad.
Uso de las experiencias de académicos, profesionales y ciudadanos afectados por fallas en la protección de los derechos de propiedad, el seminario abordará el estado actual de las cosas, y ver algunas medidas prácticas, que podrían servir de base para el futuro de las soluciones europeas.


Programme
European Property Rights and Wrongs; the role of the EU in protecting the right to property DRAFT ALDE seminar hosted by Diana Wallis MEP Vice President of the European Parliament and Ramon Tremosa MEP
Speakers:
Introduction by Diana Wallis MEP ALDE:
Citizens of the EU have embraced the freedoms to move and settle and own property in other countries, enriching economies and cultures, has the EU supported this freedom with protection ? How can we work together to ensure citizens are informed and protected in purchasing property, embracing the opportunities of a true EU citizen and bringing closer ties between all EU nations ?
There are high profile cases which highlight some of the pitfalls that can be encountered when purchasing property cross-border, our intention is place these cases in the wider context of the aims of the EU market and economy and goals for legal and consumer regulation.

• We will hear from a citizens’ pressure group formed following issues with regional governments in Spain
• We will review the current mixture of codes and protections that already exist
• We will imagine what a true EU property law might look like
• We will consider the aspect of Human Rights legislation,
• We will hear from practitioners who have encountered conflicts of laws situations and reflected on cultural expectations of legal processes
• The European Land Registry project will give us hope for tangible gains in co-operation across jurisdictions presenting an update on their work and aims
Ramon Tremosa i Balcells MEP ALDE
Mr Tremosa will discuss his role as an MEP from a region which has been involved in some high profile property rights problems. He will outline some of the common problems, as well as his efforts to seek action in the European Parliament, on behalf of citizens and residents of his region.
Speaker from Action Group
Will outline the type of cases that can be listed according to type, permits and regional red-tape, retrospective legislation changes, inaccurate or negligent professional advice, misunderstanding of legal environment, lack of access to information etc – putting the problem in a human context and also looking at the interactions to date with EU institutions
Dr B Akkermans and Prof S Van Erp Maastricht University
Will review the landscape of EU law and how it impacts on a purchaser:
Consumer protection, timeshare, mortgages, estates and succession, Conflict of laws, relevant human rights angle, full review of current picture
Prof P Sparkes Southampton University
Will look towards a European Land Law, is it necessary, is it desirable, is it possible ? Where are we at now and how did we get here ?
Building on the best transactional models, how to lead this project to promote excellence in professional standards.
Andrew Walker QC Maitland Chambers
Will reflect on cases he has encountered where the cultural dimension has been as relevant as the purely legal. He will consider the need for procedural certainty and greater access to reliable information and how the EU may assist with this.
Alonso Landeta Secretary General ELRA
Will discuss the ELRA project, it’s ambition and impact and how this model could become a catalyst for change in transactions.
Practitioner tbc
Will speak from experience of cross-border issues and illustrate with examples some of the practical difficulties and how the EU could move to impact on these.
Diana Wallis MEP ALDE Vice President of the European Parliament
Closing remarks
Programa 
El derecho a la propiedad privada en Europa, errores y aciertos: el papel de la UE en la protección del derecho a la propiedad PROYECTO ALDE seminario organizado por Diana Wallis diputada vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado Ramon Tremosa
Intervienen:
Introducción, Diana Wallis MEP ALDE:
Los ciudadanos de la UE han adoptado la libertad para desplazarse y establecerse y poseer propiedades en otros países, enriquecer las economías y culturas, la UE ha apoyado esta libertad con la protección? ¿Cómo podemos trabajar juntos para asegurar que los ciudadanos estén informados y protegidos en la compra de la propiedad, que abarca las posibilidades de un verdadero ciudadano de la UE y acercar los vínculos entre todas las naciones de la UE?
Hay casos de alto perfil que ponen de relieve algunas de las trampas que se pueden encontrar en la compra de la propiedad transfronteriza, nuestra intención es colocar estos casos en el contexto más amplio de los objetivos del mercado de la UE y de la economía y los objetivos de la regulación legal y de los consumidores.
  • Vamos a escuchar a un grupo de presión de los ciudadanos formados después de los problemas con los gobiernos regionales en España
  • Vamos a revisar la mezcla actual de los códigos y las protecciones ya existentes
  • Vamos a imaginar lo que un verdadero derecho de propiedad de la UE podría ser similar
  • Tendremos en cuenta el aspecto de la legislación de Derechos Humanos,
  • Vamos a escuchar a los profesionales que se han encontrado con situaciones de conflictos de leyes y se refleja en las expectativas culturales de los procesos legales 
  • El proyecto European Land Registro nos dará esperanza de beneficios tangibles en la cooperación entre las jurisdicciones que presentan información actualizada sobre su trabajo y objetivos
Ramon Tremosa i Balcells diputado ALDE
Señor Tremosa hablará de su papel como diputado de una región que ha estado involucrado en algunos de alto perfil de los problemas del derecho de propiedad. Esbozará algunos de los problemas comunes, así como sus esfuerzos por lograr la acción en el Parlamento Europeo, en nombre de los ciudadanos y residentes de su región.
Orador del Grupo de Acción
Expondrá el tipo de casos que se pueden enumerar de acuerdo al tipo, permisos y regionales de la burocracia-, los cambios de la legislación retroactiva, asesoramiento profesional incorrecta o negligente, la incomprensión del entorno legal, la falta de acceso a la información, etc - poner el problema en un contexto humano y también está estudiando las interacciones hasta la fecha con las instituciones de la UE.
Dr. B y S Akkermans profesor Van Erp la Universidad de Maastricht
Revisará el panorama de la legislación de la UE y cómo afecta a un comprador: Protección de los consumidores, la multipropiedad, hipotecas, herencias y sucesiones, conflictos de leyes, el ángulo de derechos humanos pertinentes, revisión completa de la imagen actual
P Sparkes profesor de la Universidad de Southampton
Mirará hacia una Ley Europea de la propiedad, es necesario, es conveniente, ¿es posible? ¿Dónde nos encontramos ahora y cómo hemos llegado hasta aquí? Sobre la base de los mejores modelos transaccionales, cómo llevar este proyecto para promover la excelencia en los estándares profesionales.
Andrew Walker Cámaras de control de calidad Maitland
Se reflejará en los casos que ha encontrado en la dimensión cultural ha sido tan relevante como el puramente legal. Se tendrá en cuenta la necesidad de seguridad de procedimiento y un mayor acceso a información confiable y cómo la UE puede ayudar con esto.
Landeta Alonso Secretario General ELRA
Discutirá el proyecto ELRA, es la ambición y el impacto y cómo este modelo podría convertirse en un catalizador para el cambio en las transacciones.
Profesional por confirmar
Hablará de la experiencia de los problemas transfronterizos e ilustrar con ejemplos algunas de las dificultades prácticas y cómo la UE podría pasar al impacto sobre éstos.
Diana Wallis ALDE diputado Vicepresidente del Parlamento Europeo
Palabras de clausura

INTERPRETACIÓN ARBITRARIA DE LA LEY DE COSTAS: Molinos de agua, criterios variables

La norma excluye del dominio público a varias edificaciones de ese tipo, caso de Villaviciosa, mientras incluye a otras construcciones similares
 

martes, 7 de junio de 2011

Los partidos nacionalistas europeos piden a España que la Ley de Costas no se aplique con carácter retroactivo

La retroactividad de esta normativa afecta en Canarias a unas 160.000 personas

Los partidos nacionalistas han presentado una resolución en el Parlamento Europeo con vistas a que el Pleno de la Cámara 'obligue' al Gobierno de España a modificar la Ley de Costas para que no tenga carácter retroactivo.
   En una rueda de prensa, el abogado José Luis Langa ha explicado que el Parlamento Europeo convocó el pasado 29 de mayo una reunión en la que se acordó --a instancia de los partidos nacionalistas-- presentar en el Pleno de la Cámara siempre y cuando se consiguiera el quórum necesario que la Ley de Costas no se aplique con carácter retroactivo, una retroactividad que en Canarias afecta a cerca de 160.000 personas.
   Tal y como recoge el escrito, lo que se pide al Parlamento Europeo es que "considerando que la propiedad privada está protegida (...), que la Ley de Costas pone en peligro el derecho a la propiedad de miles de ciudadanos (...) y que esta situación perjudica al prestigio de la actividad turística (...) llama al Gobierno español a que tenga en cuenta la resolución del Pleno del Parlamento Europeo y le pide que respete la propiedad privada en todas sus actuaciones, presente un informe comprensivo sobre el estado de su aplicación, así como propuestas para resolver los casos que vulneran los derechos de los ciudadanos".
   Según Langa, es probable que el Pleno del Parlamento Europeo se reúna en el mes de julio si se logra el quórum necesario. En el caso de aprobarse esta resolución en la que se insta al Gobierno de España a que respete el derecho a la propiedad privada, supondrá un avance "tremendo" y el comienzo de que "una injusticia que se está cometiendo en España --particularmente en Canarias-- no se siga cometiendo", resaltó Langa.
   Si bien la UE sólo puede obligar a un Estado Miembro a modificar sus normativas a través de una Directiva, el letrado se mostró "convencido" de que "si todo el Pleno apoya esta modificación, el Gobierno de España --sea del color que sea-- tiene la obligación y la moral de hacer cumplir el deseo de todo el Parlamento Europeo".

RESOLUCIÓN DE LA COTMAC
   Por otro lado, el abogado José Luis Langa también ha hecho referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se anula la resolución de la COTMAC de febrero de 2007, por la cual se aprobaba el deslinde marítimo terrestre en Igueste de San Andrés en 20 metros en lugar de 100.
   Langa aclaró que el TSJC, en su sentencia, viene a decir en cuanto a la resolución de la COTMAC que no está suficiente acreditado que en Igueste de San Andrés tenga la evacuación de aguas, una apreciación que el abogado no compartió porque en España en general y en Canarias en particular "hay muchas poblaciones que no tienen evacuación de aguas y no por eso dejan de ser consideradas núcleos poblacionales".
   En consecuencia, el abogado explicó que ahora se está pendiente de recurrir esta sentencia al Tribunal Supremo, por lo que se pondrá en contacto con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo y de la propia COTMAC.
   Ahora bien, aunque la resolución del TSJC hubiera sido favorable, Langa consideró que eso "no hubiera resuelto el problema" porque "la solución únicamente pasa por la modificación de la Ley de Costas". No obstante, según el letrado, será la Audiencia Nacional quien tiene que decidir si el deslinde que se aplique en Igueste se quede en 20 metros.
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-partidos-nacionalistas-europeos-piden-espana-ley-costas-no-aplique-caracter-retroactivo-20110607131140.html

Deslinde del tramo de costa de unos 1.252 metros, de los términos municipales deColindres y Laredo (Cantabria)


MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mardel Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino denotificación de la O.M. de 25 de mayo de 2011, del deslinde del tramo de costa de unos 1.252 metros, de los términos municipales de Colindres y Laredo (Cantabria). Ref. DES01/08/39/0001.

Para los interesados que sean desconocidos o de los que se ignore el lugar de notificación, o bien intentada la notificación no se hubiese podido practicar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar la parte dispositiva de la Orden Ministerial especificada:
"I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos 1.252 metros de longitud, correspondiente al arroyo Jurisdicción, en los términos municipales de Colindres y Laredo (Cantabria), según se define en los planos incorporados en el proyecto de deslinde, fechados en noviembre de 2010 y firmados por el Jefe de Servicio y el Jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria.
II) Ordenar a la Demarcación de Costas de este Departamento en Cantabria que inicie las actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado.
III) Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar la correspondiente concesión a aquellos titulares de terrenos incluidos en el dominio público marítimo-terrestre, que pudieran acreditar su inclusión en alguno de los supuestos contemplados en laDisposición Transitoria Primera de la Ley 22/1988, de Costas.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un (1) mesante la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino o,directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses,ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente resolución."

Madrid, 26 de mayo de 2011.- El Subdirector General de Dominio PúblicoMarítimo-Terrestre, José Ramón Martínez Cordero.

domingo, 5 de junio de 2011

Villaviciosa acogerá el día 18 una concentración de apoyo a Sidra El Gaitero

Distintas asociaciones de Villaviciosa han convocado una concentración en la Plaza del Ayuntamiento para el próximo sábado 18 de junio en la que mostrarán su apoyo a la empresa Sidra El Gaitero en el conflicto que tiene con Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Según han informado los organizadores a Europa Press, con esta acción pretenden escenificar el "apoyo masivo" de las gentes de Villaviciosa "para que la empresa no se vea obligada a marcharse".
La movilización ha surgido tras el último deslinde de la Demarcación de Costas que considera que los terrenos donde se encuentran la fábrica y las principales instalaciones de la compañía en Villaviciosa son de dominio público. La propietaria, Sociedad Valle, Ballina y Fernández ha recurrido ese deslinde en los tribunales.
Los que se oponen al deslinde piden a Costas que reconsideren su actitud ante una decisión que consideran "absolutamente incomprensible y dañina" para los intereses particulares, locales y generales. Temen que la empresa pueda incluso instalarse fuera del municipio y de la región, "con el consiguiente daño para los 70 trabajadores".

sábado, 4 de junio de 2011

IPR solicitó al Concello planos de Os Areeiros para remitirlos a los eurodiputados españoles

Iniciativa Progresista de Ribeira (IPR) espera tener lista el lunes la documentación que remitirá a los eurodiputados españoles en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo con la intención de resolver, de una vez por todas, el conflicto sobre el deslinde de Costas en este núcleo. La representante de IPR, Rosa García Pose, señaló ayer que solicitó diversos planos al Concello para poner de manifiesto la distancia que hay entre el arenal y las viviendas.
García Pose pidió al Ayuntamiento los mapas en los que se traza el deslinde de los 100 metros y en los que figura la ubicación de los inmuebles.
También solicitó copia del plano, realizado a mediados del siglo pasado, en el que se constata que en el lugar ya había edificaciones mucho antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas del año 1988.
Este documento fue remitido en su día por el Concello de Ribeira al Tribunal Supremo cuando se presentó el recurso contra el deslinde.

Fotografías
Además, y en representación de los afectados, IPR enviará fotografías de la zona de Coroso y del polígono de Couso. El objetivo, según explicó García Pose, es que se vea la distinta aplicación de la línea de dominio público que se hace en estos lugares del municipio.
La documentación será remitida a Carlos Iturgaiz, secretario de la Comisión de Peticiones, y a los integrantes españoles de la misma, Willy Meyer y Antolín Sánchez Presedo. La portavoz de IPR señaló que su objetivo es conseguir suscitar el interés necesario de los representantes políticos españoles para que vengan a conocer la situación de Os Areeiros.

miércoles, 1 de junio de 2011

Apoyad el respeto al Derecho de Propiedad en España

Desde el comienzo de mi andadura como eurodiputada he recibido infinidad de mensajes de ciudadanos británicos solicitando apoyo en su lucha por el respeto de sus derechos de propiedad en España. 
Al escuchar los dramas por los que muchos están atravesando, me he sentido obligada a hacer algo por ellos y así descubrí que el tema afectaba no sólo a británicos sino también a ciudadanos de otras nacionalidades, incluídos los españoles.

Mis llamamientos al presidente del Gobierno español para que resuelva el tema, enocasión de la apertura y de la clausura del semestre español en2010, son de público conocimiento. Sin embargo, no se ha planteado ninguna solución satisfactoria a este tema que tiene dos vertientes, una relacionada con la Ley de Costas, la otra relacionada con el ordenamiento urbanístico. En ambos casos el problema se origina en su aplicación.

Sería difícil resumir la casuística en este blog, pero existe una constante: propietarios de buena fé se ven despojados de sus derechos de la noche a la mañana.

Contra todo pronóstico, al inicio de este mes, el Ministro de Fomento, José Blanco, y la Secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, iniciaron en Londres una gira para !promover la inversión en propiedades en España!
Resultaba difícil de creer que el gobierno español optara por tal iniciativa cuando miles de ciudadanos británicos (y de otras nacionalidades) viven en la angustia constante como resultado de las amenazas de demolición y/o expropiación de las propiedades que adquirieron en buena fé. !Muchos de ellos han invertido los ahorros de toda una vida!

En el mes de marzo, tres eurodiputados españoles, Ramón Tremosa, Santiago Fisas, Oriol Junqueras y la que suscribe, presentamos una declaración escrita con el fin de solicitar al Gobierno español que, de acuerdo a la resolución del Parlamento Europeo del 26 de marzo del 2009, asegure el respeto de los derechos de propiedad  en cualquier acción que emprenda y que haga llegar a este Parlamento propuestas para solventar los casos en que la aplicación de la Ley de Costas en Ampuriabrava ( Cataluña) está perjudicando los derechos de los ciudadanos de distintas nacionalidades.

Aunque la solicitud se refiere a una localidad concreta de España, el éxito de la moción, para lo cual necesitamos las firmas de la mitad de los eurodiputados (369),  podría servir de base para realizar una acción similar en favor de los afectados en otras regiones de España.

Pongo en manos de los electores la tarea de animar a los eurodiputados a los que habéis votado para que actúen en defensa de vuestros intereses y firmen la declaración (puede consultarse aquí:
declaración)  la semana que viene durante el pleno de Estrasburgo.

La economía española pasa por un momento difícil y el mercado inmobiliario -de notable importancia- no se verá animado por la gira de ministros alrededor de Europa, sino por el respeto de los derechos de propiedad y la constatación práctica de que en España existe seguridad jurídica.

Los eurodiputados estamos para defender vuestros intereses. !Ayudádnos a ayudaros!

Ley de Costas Confiscacion Puerto de Sta María Parlamento Europeo

Ley de Costas Confiscacion La Casbah, El Saler Parlamento Europeo

Ley de Costas Confiscacion S'Estalella, Llucmajor Parlamento Europeo

Ley de Costas Confiscacion CC Los Anexos II Parlamento Europeo