LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

miércoles, 31 de agosto de 2011

La trama "Gambas al ajillo"

¿Cuánto tiempo más? (Antonio Alonso Orihuela)

Y sucedió de nuevo. Otra vez, el mar anegó San Andrés. Ya el pueblo está acostumbrado, porque este suceso no es nuevo. Es raro el año que no acontezca este fenómeno. Tampoco son nuevas las quejas, con toda razón, de los vecinos y pequeños empresarios, que ven, impotentes, cómo el mar inunda sus propiedades, provocando cuantiosos daños valorados en miles de euros.

La solución está muy clara. Un espigón. Pero aquí tropezamos con la burocracia de las diversas administraciones. El ayuntamiento, que es Puertos; Puertos, que es Costas, y mientras, la mar sigue realizando destrozos a los vecinos. Creo que en este caso es Costas, la tan "querida" Dirección General de Costas, y, más cercana, la Demarcación de Costas de la provincia, la que tiene las competencias. Es el mismo departamento que barrió las casetas de pescadores, pero que se olvida de la seguridad de las personas; la misma dirección general que dice que los acantilados son dominio público, pero cuando suceden desgracias se lava las manos; la que indica a los ayuntamientos el cierre de diversas playas en la Isla, en pleno verano, y realiza obras de paseos en otras por las mismas fechas, provocando la molestia y el cabreo entre los bañistas. En fin, así es la Dirección General de Costas y su ya demostrado quehacer por estos litorales canarios.

Es la misma institución que permite rellenos en Radazul y Tabaiba, dotando a la zona de servicios y legalidad, pero los deniega en otros lugares; construye paseos para mejorar la accesibilidad a las costas, pero se olvida de las personas con movilidad reducida; la que ejecuta paseos en el litoral, con cientos de escalones y con un desnivel propio de escaladores profesionales, como es el caso del paseo de la costa de El Rosario; la misma que realiza macroproyectos de regeneración de playas, o, lo que es lo mismo, playas artificiales que al primer temporal tienen que ser reparadas, algunas de ellas varias veces. Es la Dirección General de Costas la misma que ordena que pueblos como Cho Vito, Boca Cangrejo, Bajo la Cuesta, La Viuda, Agache o El Caletón deben dejar de existir, perdiendo una reseña pintoresca de lo que siempre ha sido nuestro litoral, y permite verdaderas aberraciones urbanísticas en la costa, de más reciente construcción; la misma que indica que estos mismos núcleos contaminan el mar, y crea playas artificiales, donde existen emisarios, que presentan multitud de deficiencias, y que lo que vierten parece no ser nocivo para la salud.

Es esta misma institución la que hace cumplir la tan conocida ley de costas; esa misma ley que está siendo investigada por el Parlamento Europeo, por la clara vulneración de los derechos fundamentales; la que ha dejado a personas sin viviendas; la que pone en práctica una estudiada confiscación de propiedades en el litoral, con el único fin de "homogeneizar" la costa. Una ley para que quien más tiene se escape, vulnerando el principio de igualdad recogido en la primera ley del Estado español, la Constitución.

Con todo lo anterior, solo cabe preguntarnos: ¿hasta cuándo tenemos que seguir con estos problemas en nuestras costas? ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar San Andrés por su demandado espigón? ¿Cuánto tiempo más deben de sufrir esa pesada espada de Damocles las decenas de núcleos costeros de Canarias y los miles de afectados?
Debemos ser conscientes de que es necesario cuidar nuestro litoral; que es primordial defender y legislar nuestra costa, pero también hay que ser realistas y saber que la actual Ley de Costas no ha servido a su propósito; no ha protegido el litoral, que se ha aplicado de una forma muy caprichosa, permitiendo nuevas construcciones, pero se ha eliminado a quien no tiene medios para defenderse, demostrando que el medio ambiente tiene una clara influencia económica que provoca indefensión, arbitrariedad y, sobre todo, una reiterada vulneración de los derechos de las personas.
Repito la pregunta: ¿hasta cuándo?

viernes, 26 de agosto de 2011

CC-PNC-CCN reclama las competencias sobre costas

Esta fue una de las propuestas del presidente canario, Paulino Rivero, en su discurso de investidura, subraya González en un comunicado, de ahí que se haya presentado esta iniciativa parlamentaria.

González alude a los problemas de la aplicación de la Ley de Costas por los derribos de viviendas, que llevaron a la creación de una subcomisión bilateral Canarias-Estado para su supervisión.

Hay que dar un paso más y que Canarias asuma las competencias que actualmente detenta el Estado en materia de costas, como han asumido otras comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía, según CC-CCN-PNC.

Los nacionalistas quieren que la Comisión de Transferencias prevista en el Estatuto de Autonomía se reúna lo antes posible y acuerde el traspaso de servicios y competencias a Canarias. EFE

domingo, 21 de agosto de 2011

Indulto para El Gaitero

Decir Villaviciosa es decir Sidra el Gaitero. En 1860, José Rivero adquirió una finca de 2,26 hectáreas junto a la ría de Villaviciosa, en Asturias, a unos tres kilómetros del mar. Se la compró al Estado por unos 27.000 reales (el precio de salida en la desamortización fue de unos 4.000). Javier Bermejo, adjunto a la dirección de la empresa, ha recorrido desde hace meses los archivos en busca de la historia de la firma. "Este era el muelle que se construyó porque antes sacaban la mercancía por barco, pero ahora la ría no tiene calado suficiente", explica junto a los manzanos que rodean la planta. La obra está declarada patrimonio industrial y conserva el encanto añejo.

Desde 1890 la empresa Valle, Ballina y Fernández fabrica allí la sidra. Hoy trabajan unas 70 personas y factura unos 20 millones al año (el 70% de las ventas, en navidad). La empresa era dueña de los terrenos hasta que el 5 de marzo de 2010, Costas incluyó las parcelas de la fábrica en el dominio público de la ría. Eso no implica la demolición -la fabrica seguiría allí al menos durante 60 años-, pero sí que el terreno pasa a ser propiedad del Estado, que debe autorizar cualquier obra.
Medio Ambiente esgrimió un informe técnico del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo, según el cual las naves de la fábrica "están rodeadas por terrenos cuya altura no solo se encuentra bajo el alcance de las mareas sino que además presenta claras evidencias de inundación". Una fotografía coloreada de 1898 en la que se ve el agua junto a la fábrica fue una prueba más.

La Ley de Costas, de 1988, que nació para defender la costa y recuperar lo construido, establece criterios geográficos para definir el dominio público. Lo son no solo las playas, sino también "las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas". Ahí entra, según ese informe, la fábrica de El Gaitero.
Bermejo sostiene que ese informe contiene errores de bulto y agravios sobre otras instalaciones construidas en el margen de la ría, que han quedado excluidas en el deslinde -el trámite que delimita el dominio público-. "Jamás imaginamos que fuésemos a quedar en dominio público, nos parecía imposible", relata el directivo, que pasea entre los turistas que han ido a ver la fábrica este día lluvioso.
Costas insiste en que "el hecho de que una instalación industrial quede incluida en el dominio público marítimo-terrestre no implica la desaparición de la misma, ni la obstaculización de sus actividades". Pero El Gaitero no lo ve así. "Si el terreno no es nuestro estaríamos invirtiendo para otro y perderíamos garantías para pedir préstamos, por ejemplo", cuenta Bermejo. La firma llega a amenazar con trasladar la fábrica a otro sitio: "No necesitamos estar aquí. Podemos llevar la fábrica a otro terreno de nuestra propiedad". La empresa ha recurrido ante el ministerio y a la Audiencia Nacional y se niega a aceptar la concesión para el uso durante las próximas décadas, porque sería reconocer la propiedad del Estado.

Ante esa amenaza, el pueblo se movilizó para mantener El Gaitero junto a la ría y Costas estudia ahora cómo rectificar su decisión. Ha pasado apenas un año desde que el Boletín Oficial del Estado publicó el deslinde, ha cambiado el equipo ministerial y Pedro Antonio Ríos, director general, admite que "hay varias formas para llegar a un acuerdo".
Una sería aceptar el recurso de El Gaitero en contra del informe técnico y sacar la fábrica del dominio público. Otra más farragosa sería desafectar el terreno y pasarlo a manos privadas, fijando que es una zona inundable. La desafectación del dominio público es un complejo trámite para pasar propiedades del Estado a manos privadas. El Gobierno tramita 10 expedientes en Cantabria, para empresas y propiedades municipales enclavadas en marismas degradadas pero consideradas dominio público.
Costas afirma que es una exageración vincular el futuro de la planta con la declaración de dominio público y recuerda que "en Cádiz y Huelva numerosas instalaciones industriales destinadas a la extracción de sal han quedado incluidas en el dominio costero" y siguen funcionando.

El caso revela la creciente conflictividad de la Ley de Costas, aprobada hace más de dos décadas pero cuya aplicación a los puntos más polémicos ha llegado los últimos años. De afectar a particulares comienza afectar a empresas, y ahí el ministerio parece más flexible con el argumento del empleo. La refinería de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya) tenía una concesión a punto de caducar, pero el PSOE aceptó la enmienda del PNV para indultarla a través de una enmienda de última hora a la Ley de Economía Sostenible. La fábrica de Ence (Pontevedra) tiene una concesión que caduca en 2018. El anterior equipo ministerial, con Alicia Paz como directora general, no dudó en cambio en aplicar la Ley de Costas a los vertidos de Fertiberia, en Huelva, lo que ha reducido la actividad de la planta.

Si no fuera por que sé que esto está ocurriendo en España, pensaría que es una noticia de Venezuela.
Esto es lo que se llama una ESTAFA con todas las letras.
El Estado se lo vende; al cabo de los años se lo confisca y dentro de poco veremos como hace la recuperación posesoria por Interés General para hacer el museo de la sidra o el centro de interpretación de la manzana de Villaviciosa, vaya usted a saber, y así captar unos cuantos millones de los fondos europeos.
El siguiente paso es darlo en concesión por un cánon millonario y cobrar entrada al que lo quiera ver. Eso para empezar...los demás negocios vienen después.
Lo grave del asunto es que lo está haciendo nuestro propio gobierno con una ley que ellos mismos han fabricado a la medida de sus planes especulativos.
Cuando en el Parlamento Europeo se está pidiendo bloquear los fondos a Costas, es porque está más que demostrado el mal uso que hacen de ellos.

Canales públicos, acceso privado

"Me quiero ir de Empuriabrava y de España. Estoy segura de que en unos años me van a quitar mi casa". Karin Aubin, alemana de 64 años, vive angustiada desde que el Ministerio de Medio Ambiente aplicó la Ley de Costas y llevó a cabo el deslinde del dominio público de los canales de Empuriabrava (Girona). Tiene miedo a perder su vivienda y el amarre del barco, visible desde su salón. La embarcación descansa en uno de los canales que forman los 24 kilómetros navegables de Empuriabrava, la marina residencial más grande del mundo, en el municipio de Castelló d'Empúries.

El caso -probablemente el mayor de España por el número de afectados- ha llevado al Ministerio de Medio Ambiente a buscar una nueva interpretación de la ley que pasa por designar una vía de tránsito alternativa para que los vecinos no tengan que dejar en el futuro paso al canal a través de sus terrenos, y también para permitir que los dueños de las casas puedan realizar obras y minimizar así el impacto de la norma. Una medida que supone para Greenpeace un trato de favor a una gran urbanización de lujo. Medio Ambiente replica que es una situación singular. En cualquier caso, los conflictos con Costas han disminuido desde que en octubre pasado cambió el equipo ministerial, que ha optado por negociar con los propietarios.

Los promotores concibieron Empuriabrava en los años 60 como una urbanización turística deportiva en la que sus propietarios pudiesen amarrar el barco enfrente de casa y salir a navegar. El proyecto vivió un auge en los años 70 y 80, cuando miles de extranjeros compraron sus propiedades. Son mansiones, casas adosadas e incluso apartamentos que se construyeron hace décadas al borde del agua. El municipio tiene 12.000 habitantes, pero en verano ronda los 80.000. En algunos casos, los balcones de los pisos sobresalen por encima mismo del canal.
"La gente compró sus casas y amarres de forma legal y ahora pierden sus propiedades sin ningún tipo de contraprestación", afirma Tim Pelters, de la Asociación de Propietarios de Empuriabrava (APE), que define la marina como un "engendro imposible e irrepetible". Ni la indignación de los vecinos ni las múltiples reuniones entre las partes implicadas consiguieron frenar el deslinde. "Hay unas 7.000 propiedades afectadas", explica Pelters. Muchas de ellas están a pie de canal.

La Ley de Costas, de 1988, considera que todo el litoral es público. Para ello, el Gobierno debía realizar un complejo trámite -el deslinde- que delimita el espacio público y el privado. Más de 20 años después de la aprobación de la norma, comienzan a llegar los técnicos a las zonas más complejas: y no hay ninguna más enmarañada que Empuriabrava.
El deslinde, que se aprobó en diciembre pasado (después de tres años de tramitación), implicaba que los propietarios perdían la propiedad de sus amarres y embarcaderos, que compraron y escrituraron en su día junto a las casas, al declarar los canales de dominio público. Además, fijaba una servidumbre de tránsito de seis metros junto a los canales para que en el futuro cualquiera pudiera circular junto astas vías de agua, que a efectos legales son litoral como el mar. En muchos casos esa raya cruzaba jardines, piscinas e incluso las casas.

Ante los más de 500 recursos recibidos y la comprometedora situación de los vecinos, Costas ha rectificado seis meses después para suavizar el impacto en la urbanización. La fórmula que ha empleado es aceptar que existe una localización alternativa a la servidumbre de tránsito que discurre por detrás de las casas, por las calles ya existentes, de forma que los vecinos no tienen que dejar paso al canal desde sus terrenos -excepción prevista en la ley- y ahora pueden realizar obras sin tener que pedir permiso a Costas.
El director de Costas, Pedro Antonio Ríos, admite que ha llevado a cabo "una interpretación
concertada para un hecho singular" y que se aplicará donde haya otro caso igual. Ríos firmó el 30 de junio la resolución que sitúa la servidumbre de tránsito por detrás de las casas, de forma que solo en algunos puntos quien pasee por la marina podrá acceder a los canales: "La ley tiene margen para dar una respuesta singular a un caso singular. El PSOE se opone a reformar la Ley de Costas, como piden PP y CiU, y apuesta por flexibilizar su aplicación.

Los implicados creen que la resolución sobre la servidumbre de paso es ambigua. "Pediremos una aclaración", afirma el alcalde de Castelló d'Empúries, Xavier Sanllehí (CiU). Esta coalición ha intentado, de momento sin éxito, que Empuriabrava sea declarada ciudad navegable y no se le apliquen las provisiones de la Ley de Costas. Tampoco Leticia Llobet, de la asociación de propietarios Aproem, está contenta. "Lo que han hecho es como pretender utilizar el sistema operativo de Windows en un Mac", dice: "Se busca una solución legal para un caso que no prevé la ley".
Los ecologistas critican que se suavice la ley y se creen precedentes. Pilar Marcos, de Greenpeace, opina: "En la práctica eximen a este enjambre de chalés de lujo de dar acceso público al mar". Además, critica que Costas acepte que la servidumbre de tránsito vaya por las calles ya existentes en una resolución que el ministerio ni ha enviado al Boletín Oficial del Estado. Según Marcos, el cambio supone que los canales solo serán accesibles para el público en determinados puntos, pero no junto a toda la lámina de agua.
Ríos no ha cedido en la pretensión de que los amarres se mantuvieran como propiedad privada. En el derecho español el límite del agua no puede ser privado sino solo una concesión, y Medio Ambiente ofrece una concesión para sus amarres de 30 años prorrogable a otros 30.

"Nosotros compramos la casa con el amarre. Sin él, no tiene ningún valor. Además, en la escritura pone que casa y amarre son una propiedad indivisible", explican con indignación Karin y Jean-Louis Aubin, que no están contentos con esta solución, que les permite disfrutar de su barco pero no vender el amarre.
Muchos han colgado el cartel de "Se vende". "La gente está cansada de todo esto", dice Pelters. "Vienen a pasar sus vacaciones, pero no pueden descansar", abunda. Según Pelters, dueño de una inmobiliaria, la incertidumbre que pesa sobre las propiedades desde que la sombra de la Ley de Costas cayó sobre Empuriabrava ha hecho que los precios bajen en picado. "Han descendido un 30% más que en otras localidades de costa tocadas por la crisis", afirma. Karin Aubin estaría dispuesta a vender su casa, pero su marido quiere quedarse. Es su única vivienda, a diferencia de otros extranjeros que usan Empuriabrava como segunda residencia.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Canales/publicos/acceso/privado/elpepisoc/20110821elpepisoc_3/Tes

El gobierno sigue sin enterárse del porqué los extranjeros no quieren invertir en España y los que invirtieron en su día están poniendo a la venta sus propiedades...Pués bien claro que se lo dijeron al ministro Blanco cuando fue de agente inmobiliario a Londres.
¿Quién quiere invertir en una república bananera donde se aprueban leyes con el único objetivo de INCAUTAR PROPIEDADES LEGALES y se aplican RETROACTIVAMENTE para enriquecimiento ILEGAL de un Estado?
El país que no respeta la propiedad privada es un país que va hacia la bancarrota.

sábado, 20 de agosto de 2011

Los vecinos temen perder sus casas por los desprendimientos

La asociación de vecinos de Santa Lucía encargará su propio estudio geotécnico para averiguar las causas del alud y sus soluciones porque se desconfía del informe que en su momento solicitó la administración pública.
 
Los desprendimientos habidos en el litoral de Agache hace un mes mantienen la preocupación e incertidumbre de los vecinos, quienes desconfían de las intenciones del Ayuntamiento de Güímar a raíz de los desalojos y temen que dicha medida sirva para "quitarnos las casas".
El presidente de la asociación de vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera, señala que "el estudio geotécnico que se elaboró en su momento por los derrumbes podría contener errores y nosotros procederemos a encargar otro, costeándolo los residentes. Por ello, ya estamos buscando la manera de financiar el informe".
"Lo que tenemos claro es que no vamos a parar hasta que no contemos con una solución eficaz y eficiente que resuelva los problemas" derivados de los desprendimientos y que han obligado al desalojo de los residentes, comenta el responsable del citado colectivo.
Expresa que el desinterés por solucionar la situación por el alud se constata "en el transcurso de la reunión habida con Costas, ya que nos trataron muy mal".

En manos de abogados
"Del encuentro, al que también asistieron responsables municipales, no salió ninguna solución y la misma fue, por tanto, una auténtica tomadura de pelo", comenta preocupado.
"Tememos que las soluciones salgan si nos quitan nuestras viviendas, pues podría ser entonces cuando se den los permisos oportunos para hacer las actuaciones necesarias en este entorno" de refuerzo del talud, destaca el dirigente vecinal.
La teoría que barajan los vecinos de Santa Lucía se refuerza porque hace semanas se desplazó a Santa Lucía "la Policía Local de Güímar con 32 notificaciones no personalizadas para proceder al desalojo y precinto de más viviendas" del entorno.
La preocupación vecinal "ya tiene constancia el abogado José Luis Langa, que es quien lleva los asuntos de los afectados con la Ley de Costas, así como que se la hemos trasladado al Diputado del Común para que nos ayude", indica Herrera.
http://www.eldia.es/2011-08-19/SUR/4-vecinos-temen-perder-casas-desprendimientos.htm