LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

viernes, 25 de noviembre de 2011

Compromís lleva a Madrid la reforma urgente de la Ley de Costas

El portavoz del BLOC en la Diputació de Castelló, Enric Nomdedéu, ha trasladado hoy al diptuado de Compromís en el Congreso, Joan Balvdoví, la moción del BLOC para reformar la Ley de Costas, que ha conseguido el apoyo unánime de todos los grupos de la corporación provincial y que reclama la transferencia de las competencias de Costas para que la política del litoral se diseñe por los representantes políticos de la Comunitat y no desde Madrid. La propuesta del BLOC reclamará así en el Congreso una modificación urgente de la Ley de Costas para acabar con la retroactividad de esta ley y evitar así derribos y expropiaciones de edificaciones construidas antes de 1988, año en el que se publicó esta norma. Paralelamente a esta medida de urgencia, el BLOC ha conseguido el apoyo de todos los grupos en la comisión de Medio Ambiente para iniciar también una modificación integral más amplia de la Ley de Costas, con el objetivo de que se proteja la particularidad de las más de 600 viviendas viviendas tradicionales que el Ministerio de Medio Ambiente pretendía derruir antes del 2018. “El BLOC consigue que prospere una moción que contempla la paralización de todos los procesos de expropiación y derribo iniciados en la provincia y que ponían en peligro el futuro de cientos de edificaciones tradicionales en pueblos como Nules, Almenara, Xilxes, Moncofa y Cabanes, entre otras localidades. De esta forma defendemos los derechos de los propietarios de viviendas tradicionales construidas hace casi un siglo”, ha afirmado Nomdedéu.

Tal como recoge la exposición de motivos de la moción aprobada hoy en comisión y que se ratificará en el próximo pleno, el BLOC insta a que el nuevo gobierno central escuche la voz de Castellón y de la Diputación de Castellón para que se tenga en cuenta la particularidad de nuestra costa. “Hemos trasladado de forma urgente al diputado en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, la moción del BLOC aprobada en la Diputación para acelerar al máximo los plazos y evitar derribos de última hora ordenados por el PSOE con alevosía antes de abandonar el Gobierno”, añade Nomdedéu

miércoles, 23 de noviembre de 2011

COSTAS - Declaran los primeros imputados por la querella de los vecinos de Benicarló

Manuel Roca, presidente de la Asociación Riu, Surrach y Aiguaoliva de Benicarló, se mostró "sorprendido" e "indignado" por las declaraciones de los imputados en la querella presentada por la asociación contras tres cargos de Costas. Casos de Ignacio Gil (Jefe Provincial), Miguel Velasco (subdirector para la Sostenibilidad de la Costa) y Pedro Antonio Ríos (director general de Costas). Los tres declararon como imputados por "prevaricación", al considerar que incumplieron con los artículos 1 y 2 de la ley de Costas, que contemplan la obligación del Estado de asegurar la adecuada conservación e integridad del dominio marítimo terrestre, adoptando las medidas de protección y restauración necesarias.


"Tras escuchar las declaraciones de Velasco y Ríos, los miembros de la asociación que las escucharon como nuestros asesores jurídicos alucinaron, por la cantidad de mentiras que han podido llegar a decir", aseguró Roca. "Han llegado a afirmar que la asociación nunca ha pedido nada, que aquí no pasaba nada, y que nunca hemos ido a Costas a pedir nada".
Roca recordó todas las reuniones en Madrid solicitando actuaciones por parte del ministerio así como el estudio del propio ministerio, iniciado en 2003 hasta 2006, que pone de manifiesto la regresión del litoral norte de Benicarló.

"Otra mentira que dicen es que en la costa norte de Benicarló solo se pierden 5 o 10 centímetros al año de terreno, y que no se ha hecho nada, ni hay actuación en marcha, solo un pequeño estudio, del Gobierno de España", afirma Roca. "En ese pequeño estudio realizado por el ministerio, se demuestra que sí hay proyecto, pero la verdad es que nunca se ha querido hacer nada". irene pitarch benicarló

La Diputación apoya a la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense tras el derribo de hoy en Almenara

El vicepresidente segundo y diputado de Turismo, Andrés Martínez, y el diputado provincial y alcalde de Nules, Mario García, han mantenido esta mañana una reunión con los coordinadores locales de la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del     Litoral Castellonense, creada para defender a  aquellas personas,  poblados marítimos y municipios afectados por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988.  Un encuentro al que han asistido representantes de asociaciones de afectados de Xilxes, Almassora, Benicarló, Moncofar y Cabanes.

Durante la reunión de hoy, la Diputación ha puesto de manifiesto una vez más su compromiso por seguir apoyando a las asociaciones de los municipios afectados y trasladar a las instituciones pertinentes sus demandas. Lamentablemente, el encuentro ha coincidido con el derribo de una de las viviendas de los miembros de la Plataforma en la Playa de Almerana. El próximo día 30 de noviembre a las 15:00 se presentará en Bruselas a la Presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni y al Secretariado de la Comisión, la petición abalada por todos los municipios afectados de la provincia.

Esta petición recoge fundamentalmente cuatro reclamaciones clave para proteger nuestro litoral:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que lleve a cabo, de manera urgente, una profunda revisión y modificación de la Ley de Costas con objeto de corregir las disfunciones y vulneraciones del derecho de propiedad que esta producen.
SEGUNDO.- solicitar a las autoridades españolas que velen por que ningún acto administrativo que obligue a un ciudadano a ceder su propiedad privada adquirida legítimamente encuentre su fundamento jurídico en una ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad.
TERCERO.- instar al Gobierno español a la elaboración de planes específicos que estudien los diversos tramos del litoral en busca de soluciones concretas.
CUARTO.- instar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España a que concrete con la Comisión de Peticiones què medidas van a adoptarse para intentar dar soluciones a los peticionarios.

El vicepresidente segundo y diputado de Turismo, Andrés Martínez, ha afirmado tras el encuentro que "cooperar y desarrollar acciones de lobby conjuntas es más necesario que nunca si queremos paralizar futuros derribos y presionar a las administraciones competentes".
La Diputación ha recordado todas las herramientas de comunicación y visibilización que los miembros de la Plataforma tienen a su disposición (La web http://plataforma.dipcas.es, facebook, canal youtube, canal flickr, canal twitter) para transmitir la necesidad de estudiar y dar una solución a estas 600 familias afectadas y municipios afectados.
La medida salvaría 600 casas tradicionales del litoral de Castelló que datan de antes de 1988

La propuesta nacionalista plantea transferir a la Generalitat Valenciana las competencias del litoral

La comisión de Medio Ambiente de la diputación provincial de Castelló, que preside Javier Moliner, aprobó ayer por unanimidad una moción del Bloc para pedir al Gobierno la transferencia de las competencias sobre Costas para que el futuro del litoral castellonense se decida "desde Valencia y no desde Madrid".

La propuesta presentada por Nomdedéu y apoyada por los socialistas y el PP insta, además, al nuevo ejecutivo central a plantear la reforma urgente de la Ley de Costas para acabar con su retroactividad y una reforma integral posterior para proteger las viviendas tradicionales. Esas para las que algunos municipios afectados plantea la declaración de bien de interés local.
La propuesta nacionalista reclama, además, una modificación integral más amplia de la Ley de Costas, con el objetivo de que se proteja la particularidad de las más de 600 viviendas tradicionales que el Ministerio de Medio Ambiente pretendía derruir antes del año 2018.

"El Bloc consigue que prospere una moción que contempla la paralización de todos los procesos de expropiación y derribo iniciados en la provincia y que ponían en peligro el futuro de cientos de edificaciones tradicionales en pueblos como Nules, Almenara, Xilxes, Moncofa y Cabanes, entre otras localidades. De esta forma defendemos los derechos de los propietarios de viviendas tradicionales construidas hace casi un siglo", recalcó Nomdedéu.

Tal como recoge la exposición de motivos de la moción que se ratificará en el próximo pleno, el Bloc insta a que el nuevo gobierno central "escuche la voz de Castelló y de su diputación" para que se tenga en cuenta la particularidad de la costa.

viernes, 18 de noviembre de 2011

¿DÓNDE ESTABA COSTAS?

ASÍ COMIENZA UNA HISTORIA DE CORRUPCIÓN



ASÍ CONTINÚA



ASÍ SIGUE...AUNQUE NO SE SABE COMO TERMINARÁ

La juez incluye el delito de asociación ilícita en el “caso Reyes” e imputa también a Juana Fernández de las Heras y a Antonio Lorenzo
¿De qué se ríen?
La juez del Juzgado de Instancia Número 2 de Arrecife ha dado un nuevo impulso al “caso Reyes”, cursando más de una decena de citaciones para las próximas semanas e imputando a dos nuevas personas: la abogada Juana Fernández de las Heras y el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, Antonio Lorenzo. Ambos tendrán que declarar como imputados por un nuevo delito que se ha sumado a esta causa, el de asociación ilícita.

Desde el inicio, el “caso Reyes” investiga la existencia de una presunta trama organizada para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, con la supuesta connivencia de políticos, empresarios y técnicos. Ahora, la nueva juez que instruye la causa, Ana Manella, ha dado un paso más en esta línea, aceptando la petición de la acusación popular.
De momento, ocho personas están imputadas por este nuevo delito, que supone la existencia de una red organizada para delinquir. Seis de ellas ya figuraban en la lista de imputados e incluso habían tenido que prestar declaración, pero ahora tendrán que volver a los Juzgados de Arrecife, para responder por las nuevas acusaciones.

La lista de imputados por este delito se completa con Ignacio Díaz de Aguilar, hasta ahora investigado por cohecho y prevaricación urbanística, y por los empresarios Juan Francisco Rosa y Francisco Armas. Estos dos últimos, propietarios del Puerto Deportivo Marina Rubicón, estaban ya imputados por cohecho, pero ahora tendrán que responder también por el presunto delito de asociación ilícita.
El tercer socio de Marina Rubicón (donde José Francisco Reyes atracó su yate sin pagar durante años), Rafael Lasso, también tendrá que volver a declarar, aunque continúa imputado sólo por el presunto delito de cohecho.

Además, la jueza ha cursado otras tres nuevas citaciones. Una de ellas, para otro técnico del Ayuntamiento de Yaiza, Alfredo Morales, que se sumó hace unos meses a la lista de imputados. Morales, que tendrá que declarar el próximo lunes 7 de noviembre, está imputado por un presunto delito de prevaricación. Entre otras cosas, Alfredo Morales fue quien emitió el informe favorable a la concesión de la licencia del puerto deportivo Marina Rubicón, cuya legalidad también se está investigando en el marco del “caso Reyes”.

La historia seguro que termina con mínimas penas, si es que llegan a condenar a alguien.
Los que si han sido condenados al desalojo, derribo y exilio de sus propias tierras, han sido las familias que nunca más podrán volver a sus hogares.

Costas, una vez más, mira para otro lado cuando existen poderosos intereses económicos y, como siempre, nadie le pide cuentas. ¿Por qué?

jueves, 17 de noviembre de 2011

Los acusados del 'caso mamotreto' citan como testigos a técnicos de la APMUN y Costas

"El mamotreto" construido en DPMT
Los acusados por el conocido como caso mamotreto coinciden en llamar a declarar como testigos durante el juicio oral cuya fecha se fijará en breve a técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario y de la Dirección General de Costas.
Igualmente, serán citados funcionarios del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo, el propio concejal de este organismo autónomo, José Ángel Martín Bethencourt, que fue uno de los denunciantes cuando ocupaba el cargo de portavoz del grupo municipal socialista en el anterior mandato. Otro tanto ocurrirá con Dolores Jutta Redbrow, expresidenta de la Asociación de Amigos de Las Teresitas y del Litoral de Anaga que fue la que denunció en su momento la posible ilegalidad de las obras. Jesús Romero, director general de Ordenación del Territorio y Sebastián Ledesma, exdirector general de Turismo, también serán llamados a declarar en calidad de testigos.

En estos momentos permanecen como acusados los exconcejales de Coalición Canaria (CC) Norberto Plasencia, Luz Reverón, Manuel Parejo y José Domínguez Pastor, así como los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y de Obras, Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez. A todos ellos el Ministerio Fiscal los acusa de ser responsables de la construcción del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas sin contar con ningún tipo de autorización y de haber invadido terrenos de dominio público.

Los acusados han presentado ya su escrito de conclusiones previa a la apertura del juicio oral. En estos recursos coinciden en alegar que un concejal no puede actuar en la ejecución de una obra pública como promotor, constructor o director de obras. Apuntan que una administración no está obligada a contar con un permiso para hacer obras en terrenos de dominio público ya que este requisito sólo es exigible para los particulares. "Si realmente Costas hubiera considerado que el Ayuntamiento llevó a cabo sin su autorización una construcción en la zona marítimo terrestre, tenía la obligación de iniciar un expediente sancionador por la infracción tipificada", indican los representantes legales de casi todos los acusados por medio de unos escritos que básicamente son iguales.

Playa de las Teresitas en los años 60
El exconcejal de Obras José Domínguez Pastor ha presentado ante los juzgados un informe del arquitecto Damián Quero Castanys, en el que intenta demostrar que la obra cumplió con todos los parabienes desde el punto de vista urbanístico y de la legalidad. No obstante, el propio técnico admite que el proyecto elaborado por el arquitecto francés Dominique Perrault "resulta ahora efectivamente inviable por razón de las incidencias ajenas a su expediente. Pero de lo que se trata en una legalización es de obras, no de proyectos, de obras realizadas sin amparo debido y para lo que está legalmente establecido y regulado un procedimiento específico que parece ineludible seguir antes de declarar inviable la legalización de lo construido", como se apuntaba en un informe del APNUM.

El arquitecto, que ha sido llamado a declarar en calidad de testigo, sostiene que que los ajustes dimensionales del proyecto "son razonables técnicamente y adecuados al planeamiento general y a la legislación de ordenación territorial". La actuación se enmarca en la cooperación interadministrativa entre el Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno canario, por un lado y Costas por otro. "No es posible comprender, sin sobresalto, que pueda ser aprobada sólo una fase sin percibir las definiciones del proyecto en la otra, siempre presentes en la documentación. No puede entenderse la pretensión de Costas de que cada fase constituía un proyecto técnico segregado, como si ello le hubiese impedido percibir en la parte o fase municipal las definiciones que afectaban al dominio público. Una de las responsabilidades del organismo estatal es la vigilancia de las actuaciones en la costa".

El técnico concluye recordando que en Santa Cruz ni la construcción del TEA ni del Auditorio Adán Martín surgieron del Plan General, al contrario que la reurbanización de Las Teresitas que nació de una modificación expresa del PGO. El arquitecto intenta desmontar los argumentos sobre la ilegalidad del aparcamiento apuntando a que esta construcción es subterránea "y como tal no está sometida al cumplimiento de los parámetros urbanísticos que el informe pericial del APMUN y el escrito de la Acusación le reclaman".
Por su parte, la fiscal para los delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, se reafirma en su petición de 18 años de cárcel para los acusados -que oscilan en penas de entre tres y dos años para cada uno de ellos-,que asuman la responsabilidad civil y por lo tanto paguen todos los gastos, incluida la demolición del edificio, y la inhabilitación para ejercer cargo público.

Este es el verdadero problema, que los politicos no consideran que las leyes no van con ellos.
En lo que sí llevan razón es en que Costas ha mirado para otro lado y ha dejado hacer sin tomar cartas en el asunto. A los particulares nos vigilan como águilas, en cuanto cambias un cristal o reparas un grieta de la fachada, tardan dos días en enviarte la carta con una multa desorbitante, mientras que en otros casos padecen de ceguera crónica.
La pregunta es: ¿por qué el Consejo de Ministros aprobó y presupuestó más de 15.000.000 de euros para la remodelación de la playa? ¿Por qué no hay nadie de Costas imputado por dejación del deber y presunta prevaricación?

miércoles, 16 de noviembre de 2011

La patronal pide a Costas que anule el deslinde

La Asociación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa dice que está en juego el futuro de la ciudad · El sector advierte de la indefensión que sufren los ciudadanos

La Asociación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa de Ayamonte (Apyme) mostró ayer su rechazo total al deslinde que la Delegación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino que dirige Rosa Aguilar, está efectuando y tramitando en este municipio costero y solicita una anulación total del expediente.

Esta petición responde a la reciente comunicación por parte de la Delegación de Costas al Ayuntamiento de Ayamonte de la paralización del expediente, noticia que, según el presidente de la Apyme, Miguel Antúnez Caracena, "es una solución temporal y no es suficiente para erradicar los problemas que está suscitando esta medida, por lo que demanda su anulación total".

La Apyme deja patente en un comunicado su gran preocupación por una delimitación que efectúa Costas en un municipio tan peculiar como es Ayamonte, que está rodeado por el río Guadiana y enclavado en la desembocadura. A su juicio, esta delimitación está teniendo consecuencias no sólo en el casco urbano de la ciudad, sino también en la zona de las playas y con ello a alguna de las urbanizaciones de este enclave. En este sentido, las empresas ubicadas en el casco urbano que se encuentran cercanas al margen del río Guadiana se hallan afectadas, incluyendo incluso ya no sólo parcialmente, sino en su totalidad naves industriales y comerciales que poseen las empresas.

"No cabe duda de que este deslinde pone en grave peligro a una ciudad que se caracteriza por ser punto de referencia empresarial, turístico y comercial radicada en una frontera con nuestro país vecino Portugal y que toda la afectación de Costas no ayuda a la recuperación económica de la zona, ni a la libre circulación del turismo internacional, ni la afluencia comercial con la que venía contando hasta ahora, sino que se están poniendo trabas a que un municipio pueda crecer en un futuro", advierten los empresarios ayamontinos.
En opinión de la Apyme, para la mejora de la coyuntura económica es necesario "fomentar la creación de empresas y, por ende, empleo, mejorar la vida de los ciudadanos, y propiciar la mejora del entorno productivo, para de esta forma poder afrontar las circunstancias que estamos viviendo". Apyme añade que actuaciones como el deslinde no benefician nada al municipio, sino todo lo contrario, "ya que entraríamos en una decadencia brutal y muy peligrosa del municipio".

"Amén de la dimensión empresarial, no hay que olvidar la dimensión social de esta actuación. Parte importante de los ciudadanos que habitan viviendas, la mayoría personas mayores y jubiladas, carecen de recursos y su única propiedad donde invirtieron esfuerzos, ahorros y toda una vida llena de sacrificios está en manos de un deslinde por parte de dicha Administración, encontrándose en una situación de indefensión", añade el análisis del sector empresarial.

martes, 15 de noviembre de 2011

"La demolición es una forma de indemnización"

El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo cree que en 25 años se ha pasado "de la nada" a una "revolución" en legislación medioambiental

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha señalado que pese a la "recesión" urbanística continúan dándose asuntos judiciales en esta materia, ya que se sigue construyendo "ilegalmente".
   El incremento de las causas también obedece, según ha añadido, a que en ocasiones las denuncias llegan tarde a la Fiscalía o a que se corresponden con construcciones ilegales anteriores. Así lo ha indicado este martes en Santander, donde ha participado en las Jornadas sobre Naturaleza y Medio Ambiente que cada año organiza la Guardia Civil.
   Durante su intervención, titulada 'Delincuencia medioambiental: pasado, presente y futuro', Vercher ha repasado las novedades del Código Penal tras la reforma acometida en junio de 2010 y que entró en vigor en diciembre del año pasado y, más concretamente, las novedades en artículos relacionados con las infracciones urbanísticas y contra el medio ambiente.
   Según ha precisado al respecto, de las 607 sentencias condenatorias registradas en 2009 en toda España, 386 estaban relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo, mientras que en 2010 se contabilizaron 687, de las que 426 tenían que ver con estos delitos. También ha indicado que en 2009 hubo 244 sentencias absolutorias en la materia, que se elevaron a 282 en 2010.
   Por comunidades autónomas, el fiscal ha indicado que Cantabria los delitos urbanísticos "siguen siendo mayoritarios", aunque otros temas relacionados con el medio ambiente "van ganando terreno".
   En cualquier caso, los problemas relacionados con el urbanismo que han surgido en los últimos años en toda España es una de las razones que llevó a reformar el Código Penal, y todavía es un tema que "sigue preocupando" a la justicia.

LA DEMOLICIÓN ES UNA FORMA DE INDEMNIZACIÓN

   Vercher se ha referido también, a preguntas de los asistentes, a las demoliciones que, según ha recordado, son "una forma de indemnización" que no impide afrontar otros aspectos que merezcan ser indemnizados.
   Así, ha explicado que la demolición es una forma de restablecer el orden jurídico alterado, mientras que la responsabilidad civil y la indemnización son conceptos "más amplios". Son como "círculos concéntricos", ha comparado.
   El fiscal también se ha referido a la prevaricación urbanística, y ha subrayado al respecto que antes de la reforma del Código Penal de 2010 se imponían penas de cárcel "o" multas, mientras que en la actualidad estos delitos están penados con prisión "y" multas.
   Con todo ello, ha opinado que se ha conseguido una perspectiva "más amplia" y "realista" de los delitos relacionados con el urbanismo en general, hasta el punto de que la "simple obra" de un edificio o una urbanización se considera ya "un delito consumado", es decir, que no hay que esperar a que la construcción esté finalizada.

LA DIMISIÓN PARA ESTE SEÑOR ES POCO, HA HECHO SUFICIENTES MERÍTOS PARA UN DESPIDO FULMINANTE. PERO YA QUE ES TAN VALIENTE, ¿POR QUÉ NO EMPIEZA CON LA CASA DE ZAPATERO EN VERA CONSTRUIDA EN ZONA INUNDABLE O CON VILLA PSOE? O POR LA DEL 2º ASISTENTE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE LA TIENE A 5 MTS DEL MAR EN ALTEA...O POR LA DEL EURODIPUTADO MARTINEZ SITUADA EN PRIMERA LINEA DE PLAYA DE DENIA...

¿QUIERE IDEAS? PUES EMPIECE INVESTIGANDO EL PUERTO DE VALENCIA QUE ESTÁ DESTRUYENDO TODAS LAS PLAYAS Y LA ZONA PROTEGIDA DE LA ALBUFERA.
Y COMO EL DE VALENCIA, TODOS LOS DEMÁS...¿ESO NO INTERESA INVESTIGARLO? 

lunes, 14 de noviembre de 2011

El PP aboga por la reforma de la Ley de Costas

Las Palmas de Gran Canaria, 14 nov (EFE).- El PP considera una prioridad la reforma de la Ley de Costas para que se tenga en cuenta la singularidad de cada espacio costero afectado por los nuevos deslindes marítimos terrestres, indica esa formación política en un comunicado.

Así lo pusieron de manifiesto tanto el candidato al Senado, Oscar Luzardo, como al Congreso, Francisco Cabrera, en una reunión mantenida este fin de semana con un grupo de vecinos de El Golfo, cuyas viviendas y establecimientos están bajo amenaza de derribo.

Luzardo y Cabrera destacan "lo injusta que resulta una normativa cuando su aplicación no tiene en cuenta la realidad y las especificidades de cada lugar, como ha ocurrido en El Golfo y en otros muchos puntos del litoral de la isla".

Para los populares es fundamental modificar la ley para que se reconozcan los núcleos de población históricamente consolidados, previos a la entrada en vigor de la Ley de Costas, y tener en cuenta el valor etnográfico y socioeconómico de estos espacios.

Luzardo considera que "la protección de nuestro litoral y nuestras cosas debe conjugarse y ser compatible con la realidad de la isla" y muestra su rechazo a la "arbitrariedad" con la que se está aplicando la norma en cuanto que en unos lugares se contempla el deslinde en 20 metros y en otros, como en el del Golfo, se amplía hasta los cien.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Joaquín Leguina afirma que el Tribunal Constitucional y el CGPJ "se han politizado hasta la nausea"

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha dicho hoy que tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "se han politizado hasta la náusea, poniendo así en riesgo, incluso, la supervivencia de la  Justicia en España".

Para Leguina, ha quedado "meridianamente claro" que las cuotas entre partidos para repartirse los altos cargos judiciales no han servido para otra cosa que para trasladar, "torticera y peligrosamente", el debate político a instituciones como las dos citadas, "pervirtiendo la esencia misma del aparato judicial".

Leguina ha pronunciado una conferencia en el Club Antares de Sevilla que ha consistido en la lectura de una carta dirigida al próximo presidente del Gobierno "quienquiera que éste vaya a ser", en la que se abordan métodos políticos y medidas concretas que, a su juicio, es preciso poner en práctica cuanto antes, "comenzando por atajar la politización de instituciones públicas como la judicatura o privadas como las ONG".

Para Leguina, una de las causas que afectan al crédito de los políticos es su currículum, que en bastantes casos es, "como algunas fincas rústicas, manifiestamente mejorable".
"En otras palabras, los partidos políticos se han llenado -desde arriba hasta abajo- de personas cuya vida profesional se reduce a su 'trabajo' dentro de la organización partidaria", ha subrayado.

MUCHO SE HA TARDADO EN QUE ÁLGUIEN DIJERA  PÚBLICAMENTE LO QUE NOSOTROS NO SÓLO SABÍAMOS, SINO QUE HEMOS PADECIDO DURANTE 20 AÑOS.

¿CREER EN LA JUSTICIA? ¿ES QUE EXISTE EN ESPAÑA?

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Matos defiende la modificación de la Ley de Costas

El candidato al Congreso, Pablo Matos, visitó los núcleos candelarieros de Bajo La Cuesta, Cho Vito y Playa la Viuda.
 
Así se expresó Matos durante una visita a los núcleos de Bajo La Cuesta, Cho Vito y Playa la Viuda, que sirvió para conocer de primera mano las peticiones de los afectados que pasan, principalmente, por "solicitar las revisiones de los deslindes marítimos terrestres y el respeto de la propiedad de sus viviendas", tal y como apuntaron.

Matos, que estuvo acompañado por la candidata número dos al Congreso, Águeda Fumero, por el presidente del PP de Candelaria, José Fernando Gómez, y por los concejales del municipio, recalcó que "nuestro partido ha reiterado en múltiples ocasiones el compromiso de modificar cuanto antes la Ley de Costas porque entendemos que contiene criterios injustos no sólo para Canarias sino también para otras muchas comunidades autónomas".
Según se recoge en un comunicado, el candidato popular recordó que "ya conseguimos que se aprobara en el Senado una reforma de dicha ley con la que pretendíamos acabar con los problemas derivados de su aplicación, pero no llegó a tramitarse en el Congreso por la disolución de las Cortes".

También Cristina Tavío, en su condición de parlamentaria, presentó una proposición no de ley que aprobó el Parlamento de Canarias solicitando, por un lado, el aplazamiento de la aplicación de la Ley de Costas en el Archipiélago, y por otro, la creación de un catálogo destacando el valor etnográfico, arquitectónico y socioeconómico de estas áreas urbanas costeras.

Por último, Pablo Matos señaló que la costa tinerfeña, como la del resto de España, está salpicada de asentamientos y núcleos consolidados que, como en el caso de Bajo La Cuesta, Cho Vito, y Playa la Viuda son "previos a la entrada en vigor de la Ley de Costas", pero su ejecución está motivando situaciones que, "paradójicamente, no se dan en otros puntos del país, donde el criterio que se sigue es mucho más flexible y favorable a los derechos a la propiedad o a la empresa".

sábado, 5 de noviembre de 2011

ESPAÑA CONFISCA LA PROPIEDAD E INSTAURA LA INSEGURIDAD JURÍDICA

Cuba reconoce la propiedad privada

Cuba avanza en su camino de la recuperación económica. Después de un mes de liberar el comercio vehicular, el gobierno de Raúl Castro permite que los habitantes de la isla puedan comprar o vender su casa o apartamento; podrán hasta tener dos propiedades.

Además de vender y adquirir autos, ahora también los cubanos podrán hacer lo propio con sus viviendas o realizar la transferencia de sus propiedades sin tener que contar con autorización estatal a partir del 10 de noviembre, aunque deberán pagar un impuesto.

La Gaceta Oficial de la isla difundió los detalles de un conjunto de leyes -en especial una marco firmada por el presidente Raúl Castro- y normas que regulan la transmisión de bienes raíces, unas horas después de que el periódico Granma lo anunciara.

Los cubanos que residan en el país y los extranjeros con estancia permanente podrán ser propietarios de una vivienda para habitar y otra de descanso en el campo o la playa.

La nueva legislación, largamente esperada por la población, forma parte de las reformas aprobadas en abril por el VI Congreso del gobernante Partido Comunista (único) para dinamizar la maltrecha economía de la isla y reducir un déficit estimado en medio millón de viviendas.

La medida fue recibida con elogios, incluso entre disidentes. "Me parece que todo lo que sea reconocimiento de la propiedad privada es un paso adelante", declaró el economista opositor Oscar Espinosa a la AFP.

"Vamos lentos, pero avanzamos y eso es lo que importa", dijo Mayra Hernández, empleada de un hotel de La Habana, que también ve en la nueva ley una oportunidad para vender su "gran chalet" y comprar dos casas, una para ella y otra para su hermano.

¿CON QUIÉN VAMOS A PODER COMPARARNOS AHORA?

DESPUÉS DE ESTA NOTICIA ESPAÑA SE HA QUEDADO SÓLA VULNERANDO EL DERECHO UNIVERSAL A LA PROPIEDAD PRIVADA. ¿VA A SEGUIR PERMITIÉNDOLO EL NUEVO GOBIERNO QUE SALGA DE LAS URNAS EL 20-N?

viernes, 4 de noviembre de 2011

El Bloc propone traspasar la competencia de Costas a la Generalitat Valenciana, la derogación de la Ley de Costas y su reformulación

El BLOC nacionalista ha presentado hoy por registro una moción en la que insta a les Corts Valencianes y a las Cortes de Madrid a iniciar un proceso para traspasar la competencia de Costas a la Generalitat Valenciana, dado que “nadie conoce mejor la realidad del litoral del País Valencià que sus propios ciudadanos y sus representantes políticos directos”. Según Nomdedéu, “es un error planificar desde un despacho de Madrid, al lado del Manzanares, la política de Costas que afecta a ciudadanos a más de 300 kilómetros”.

El BLOC, además, insta en su moción a que “el nuevo ejecutivo inicie una reforma legislativa puntual urgente para evitar la retroactividad de la Ley de Costas, aprobada en 1988 pero que se aplica a edificaciones anteriores, muchas de ellas construcciones agrarias tradicionales o con valor histórico”, a explicado Nomdedéu.

El portavoz nacionalista apela al apoyo del resto de grupos de la Diputación, dado que “tanto municipios del PP y del PSOE han iniciado procesos de protección de viviendas de primera línea en municipios que gobiernan. “La ciudadanía no podría entender que Moliner se vaya a Europa a presentar 40.000 firmas en apoyo a los afectados por la Ley de Costas y su partido no inicie trámites para modificar una ley manifiestamente injusta”.

La moción del BLOC, además de proponer la derogación de la Ley de Costas y su reformulación, reclama la paralización de cualquier proceso de expropiación y derribo iniciado por el Ministerio en la provincia. “Desde el BLOC urgimos al resto de grupos a apoyar nuestra moción porque hay 600 viviendas directamente afectadas y que, según la Ley de Costas actual se derruirán antes de 2018. Hay que empezar a trabajar ya para proteger los derechos de los propietarios de estos núcleos rurales históricos costeros de Castellón”, afirma Nomdedéu.

El PP acusa al PSOE de olvidar a Formentera

Deslinde de Costas. Acabar con el efecto retroactivo de la ley

Gabriela Mayans, que ocupa el número siete de la lista balear al Congreso, avanzó que había dimitido como presidenta de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas al considerar que ese movimiento debe continuar siendo «apolítico». Señaló que con los gobiernos regional y central del PSOE se había perdido «una ocasión de oro» para buscar un problema definitivo a este conflicto. Mayans añadio que su compromiso va más allá de la modificación del deslinde ya que pretende que se «respete la propiedad privada de todo lo construido legalmente antes de 1988», que fue cuando entró en vigor la Ley de Costas. La candidata del PP precisó que este planteamiento implicará luchar «contra la obra ilegal anterior y si hay que expropiar, que se haga con el pago apropiado», sentenció.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

VILLA PSOE Y EL CASO "CAMPEÓN". Los inmuebles de la trama se adjudicaron a políticos

Cabodeiro (Isla de Arosa) antes de la construcción de Villa Psoe
La juez del 'caso Blanco' se inclina por enviar al Supremo la acusación contra el ministro

Dorribo está implicado directamente en la construcción ilegal de ‘Villa PSOE’. La relación entre la ‘operación Campeón’ y el escándalo de las viviendas de Arosa es “clara y evidente”.

El caso Campeón, que salpica, según las acusaciones del principal imputado Jorge Dorribo, al ministro de Fomento, José Blanco, llegará en los próximos días al Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA sostienen que “es inminente el traslado de la exposición razonada de la magistrada Estela San José a la Sala Penal del Alto Tribunal, en la que justifica la existencia de indicios racionales de criminalidad contra el aforado Blanco”. Todo indica que el asunto llegará antes del 20-N. 

Estas mismas fuentes explican que “la juez de Lugo puede tomar esta decisión con independencia de que decrete el levantamiento del secreto del Sumario o de su prórroga cuando se cumpla el mes preceptivo”. Además, tampoco influye el hecho de que el fiscal, amigo de Conde-Pumpido, haya solicitado a la juez continuas diligencias probatorias con el fin de dilatar la instrucción y evitar que el caso Blanco llegue al Tribunal Supremo antes del 20-N.
Y es que la magistrada San José quiere tener atada la presunta implicación del ministro. No quiere dar pasos en falso. “De ahí que en las últimas semanas haya llamado a Dorribo para declarar varias veces en sede judicial y contrastar sus manifestaciones con la numerosa documentación que hay en el juzgado al respecto”, subrayan fuentes jurídicas.

Desde que este escándalo saltó a la opinión pública, se han producido varios robos de documentación en despachos de abogados y auditorías. De momento, que se conozca, se ha denunciado el robo en la asesoría Serinacon Galicia, un establecimiento que está relacionado con un asesor fiscal y económico de Dorribo. Anteriormente también se robaron varios ordenadores en la asesoría fiscal Prolusa Estudio Económico.

Involucrado
Por otro lado, fuentes cercanas a la operación Villa PSOE han asegurado a este diario que la relación entre lo acontecido hace ya cinco años en la isla de Arosa y la actual operación Campeón es “clara y evidente”.

Cabodeiro con Villa PSOE en construcción
 En toda esta operación, que culmina en octubre de 2006, aparece involucrado el empresario Dorribo. El principal implicado en la operación Campeón, quien mantuvo el encuentro en una gasolinera con José Blanco y declaró ante la juez haber dado al titular de Fomento 400.000 euros a través de una empresa de su primo, estaría también involucrado, directa o indirectamente, en la construcción ilegal de la isla de Arosa y, por extensión, sería partícipe de una compleja trama que desembocó hace ya algunos meses en la operación Campeón. Las fuentes citadas, y en este caso apoyadas por las consultadas dentro de la Guardia Civil de Galicia, aseguran que la relación entre Dorribo y el llamado clan gallego de Blanco es más que clara. El clan estuvo involucrado en la construcción ilegal de Cabodeiro o Furado, conocida como Villa PSOE. “Dorribo estaba involucrado en esa captación de recursos, aunque nunca llegó a controlar su situación económica. Es un pardillo”.

En cuanto a la relación entre las dos operaciones, las mismas fuentes son contundentes: “En realidad estamos hablando de lo mismo. Durante muchos años el PSOE ha tratado de ganar adeptos a través de la financiación, del trato de favor y del establecimiento de un aparato de captación que, en su día, desembocó en Villa PSOE y actualmente en el caso Campeón”. En todas esas tramas, aseguran, Blanco ha sido un pilar fundamental, que ha ido ubicando y situando en puestos vitales de la Administración gallega y de la empresa a personas cercanas y amigos. Una telaraña de favores que tenían como fundamento la captación de dinero

Villa PSOE fue un entramado que utilizó a personas de responsabilidad para utilizar su jerarquía pública en fraude de ley, recalificando unos terrenos donde no se podía edificar, donde la carencia de servicios era notoria y donde, además, se hicieron concesiones de terrenos que antes eran patrimonio del ayuntamiento. “Fueron el pago por haber colaborado en la adjudicación de obra pública a empresas, matrices de las que hicieron la operación de compraventa, promoción y construcción”. Entre los beneficiarios, se encontraba Blanco, que adquirió un ático en una urbanización “manifiestamente ilegal”.
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/juez-caso-blanco-se-inclina-por-enviar-supremo-acusacion-ministro-20111101

VARA DE MEDIR DE LA LEY DE COSTAS PARA LOS POLITICOS


VARA DE MEDIR PARA LOS CIUDADANOS INDEFENSOS ANTE EL DESPÓTICO PODER


EL PSOE SABÍA PERFECTAMENTE LO QUE HACÍA CUANDO APROBÓ EN 1988 LA LEY DE COSTAS. FABRICARON UNA LEY A LA CARTA CON VISTAS A LA CONFISCACIÓN MASIVA DE PROPIEDADES LEGALMENTE ADQUIRIDAS.

El ART 8 DE LA LC, QUE NOS DESPOJA DE NUESTROS DERECHOS ADQUIRIDOS, ES UN COPIA Y PEGA DE UNA LEY FRANQUISTA QUE FUE RECHAZADA POR LOS JUECES Y DIPUTADOS DE AQUELLA ÉPOCA PORQUE NO LOS RESPETABA. 
INCREIBLE ¿VERDAD? PUES ES CIERTO.