El proyecto de restauración integral de los valores ambientales y culturales del estuario superior de Urdaibai ha soliviantado a los concesionarios de los terrenos que Medio Ambiente del Gobierno vasco quiere recuperar. Tanto, que un centenar de vecinos de Forua han presentado alegaciones a un plan que está en el tejado de Costas, entidad que debe decidir sobre el otorgamiento de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre para la ejecución de la iniciativa naturalística.
Los antiguos dueños de las parcelas que Lakua proyecta inundar para frenar la desecación de la Reserva de la Biosfera han solicitado que la petición sea denegada; básicamente, por su "incompatibilidad". Consideran que, a la luz de la jurisprudencia, la concesión administrativa sobre esas parcelas les corresponde.
Los antiguos propietarios de los terrenos -que fueron ganados al mar décadas antes y eran utilizados como suelos agroganaderos- dejaron de serlo como tal jurídicamente tras un expediente de deslinde tras la aplicación real de la Ley de Costas -que incluso recibió la reprobación de la Unión Europea- a partir del 2004. Y argumentan sus alegaciones contra el plan de Lakua en una sentencia emitida por la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en noviembre de 2007. Mentando a la Constitución, la resolución judicial otorgó una concesión administrativa a los antiguos dueños como compensación o restitución a un deslinde de terrenos que muchos propietarios de Urdaibai calificaron de "expropiación encubierta".
Fueron los propietarios en Murueta quienes emprendieron la larga vía judicial, cuya meta en la Audiencia Nacional les otorgó un derecho preferente, con un año de plazo para solicitar esa condición "de oficio y con carácter previo", debido a la privación efectuada tras el deslinde. Los trámites administrativos para que los antiguos propietarios hicieran efectiva la condición de titular de suelos, no obstante, se viene alargando los últimos años.
"INCOMPATIBLE" A las alegaciones de los muruetarras ante el proyecto de restauración ambiental, que en su conjunto prevé inundar hasta 140 hectáreas de Urdaibai para 2014 con el fin de luchar contra algunos de los males que asolan la Reserva, se han sumado concesionarios de Kortezubi, Gautegiz Arteaga y Forua. Los afectados superan los dos centenares y medio, con más de un centenar de alegaciones que, entre otros aspectos, aducen que la concesión administrativa solicitada ante Costas por Medio Ambiente tiene que resultar denegada "al resultar incompatible con el otorgamiento de la previa concesión administrativa" que corresponde a los vecinos "y que, por pura lógica, deberá de resolverse de forma positiva" para sus intereses.
Es decir, objetan que los antiguos titulares son los que, tras quedarse sin la propiedad de sus parcelas, deben disfrutar de forma preferencial del terreno que Lakua pretende comenzar a inundar este año retirando las barreras artificiales construidas décadas atrás.
"Aunque sean de dominio público por la ley de costas, tienen derecho a una concesión sobre la que fue su propiedad". Así lo ven, al menos, desde las administraciones locales. Es por ello que los ayuntamientos de Murueta, Gautegiz Arteaga, Kortezubi y Forua van de la mano de los vecinos que conservan parcelas en áreas como el poder de Anbeko o el triángulo de Murueta. "Nuestros vecinos deben ser restituidos de alguna forma si pierden la concesión", esgrimen. "Sus derechos deben de ser compensados", evidencian, "y en el caso de este proyecto, esa máxima no se cumple". Al igual que los dos centenares y medio de afectados, algunas de estas cuatro administraciones locales tienen parcelas otorgadas en similar condición en esas áreas.
El plan ambiental que prevé abrir las munas y crear más hectáreas de humedales en Urdaibai para combatir la desecación del estuario, "se remitió simultáneamente a la Demarcación de Costas y a los ayuntamientos, no pudiendo ser tramitado por carecer de los informes preceptivos que son previos a la concesión de la licencia", estiman asimismo desde uno de los consistorios.
Las administraciones locales han mantenido diversas reuniones para buscar una solución a la situación. Pendiente tienen, además, una reunión con las altas instancias de Costas. "Entendemos que puede ser un proyecto de interés público, pero antes se debe resolver la situación de los antiguos titulares de los terrenos, para después actuar", esgrimen. Y es que las administraciones locales no están en desacuerdo con el fondo del plan medioambiental, si bien también aseguran que "tiene varios puntos que podrían subsanarse".
Lo que el Gobierno Vasco llama "proyecto de restauración integral de los valores ambientales y culturales del estuario superior de Urdaibai" es pura y simplemente la destrucción de la reserva de la Bioesfera con el objetivo de hacerse con los terrenos confiscados por Costas. Les ponen nombres rimbombantes que suenen ecológicos para despistar y captar fondos internacionales, pero esta vez les ha salido mal. La UNESCO no da ni un euro cuando se confiscan las tierras y se ataca a los Derechos Humanos.
Este es el único fin de la Ley de Costas, despojar a los propietarios legales de sus tierras para especular con ellas. Lo venimos denunciando hace años.
