LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

viernes, 27 de abril de 2012

El Ayuntamiento presentará alegaciones al deslinde de Costas en Santa Pola del Este

El 16 de abril se celebró en el Centro Cívico el acto de apeo para delimitar los Bienes de Dominio Público Marítimo-Terrestre y su zona de servidumbre en la zona norte de Santa Pola, en el tramo de litoral comprendido entre el puerto y el límite con el término municipal de Elche. 

El Ayuntamiento de Santa Pola, según ha confirmado a este medio la edil de Urbanismo, Lola Gadea, tiene intención de presentar alegaciones en el deslinde propuesto por Costas. “Nuestro interés es que la primera línea de edificaciones de la costa se pueda mantener en unas condiciones dignas de conservación”, explica Gadea. Así, la edil de Urbanismo añade que el expediente propuesto por Costas “es casi perfecto en la zona de Santiago Bernabéu, pero presenta dificultades en la zona de Santa Pola del Este”. 

En el año 1978 se urbanizó la zona del Este y se creó el paseo marítimo que todos conocemos hoy día. Allí, solo en un pequeño tramo final, la zona delimitada por la ribera de mar se dejó efectivamente en el mar y no dentro del propio paseo marítimo. De aprobarse el deslinde en estos términos, esto supondría que los vecinos de los inmuebles de primera línea tendrían muchas dificultades para realizar una simple obra de rehabilitación para mantener sus viviendas y Costas podría denegarles los permisos. Si la línea de la ribera del mar se fija, como es lógico, en el mar, el permiso de obras lo debería conceder el propio Ayuntamiento, con lo que el trámite sería mucho más sencillo. “Los funcionarios que asistieron al acto de apeo creo que no explicaron esta circunstancia a los propietarios, y ahora el Ayuntamiento presentará alegaciones para que en el futuro no haya problemas”, señala la edil de Urbanismo. 

Hay que tener en cuenta que de aprobarse esta versión definitiva del deslinde se perpetuaría una situación del litoral santapolero correspondiente al año 1919 y no a la actual realidad urbanística. La línea de ribera de mar estipula una servidumbre de paso de seis metros, lo que supondría que esta servidumbre quedaría dentro de la propiedad de muchos inmuebles de Santa Pola del Este. Los propietarios, a título particular, también pueden presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

En cuanto a la posibilidad de que se reforme la Ley de Costas, muy criticada por su carácter retroactivo, la edil de Urbanismo señala que “el espíritu de la Ley es muy bueno, pero es retocable el articulado que desarrolla cómo se tiene que gestionar y desarrollar la protección del litoral, yo pienso que es importante mantener el entorno natural, pero hay que tener en cuenta que debe haber unos medios materiales para mantenerlo”.

jueves, 26 de abril de 2012

Dénia defiende en Les Rotes 20 metros de deslinde por ser suelo consolidado

El informe para Costas que aprueba hoy el Consistorio refrenda el expediente de 2010 que argumenta que no está justificado ampliar la reserva a 100 metros

Veinte metros de deslinde en Les Rotes es suficiente. Esta es la postura que defiende el Ayuntamiento de Dénia en el informe que aprobará hoy el pleno y que remitirá a Costas. En el documento se argumenta que no está justificado aplicar una afección de 100 metros en la zona ya que se trata de suelo consolidado.
A principios de mes el servicio provincial de Costas hizo llegar a los vecinos afectados y al consistorio una carta para informar de que se había abierto el trámite de audiencia en el expediente de deslinde en varios puntos comprendidos entre el barranco del Regatxo y el límite con Xàbia. En el caso del Ayuntamiento de Dénia, la misiva reclamaba que completara «los informes municipales de febrero y mayo de 2010 sobre el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas».
Según reflejaba la carta, de la documentación presentada no se deducía que se dieran las circunstancias para reducir la servidumbre a 20 metros.
Sin embargo, la postura municipal es bien distinta. La edil de Urbanismo de Dénia, Pepa Font, recalca que, al igual que ya hizo hace dos años, el consistorio sostiene que no existen motivos para ampliar la afección hasta los 100 metros. El motivo es bien claro, pues «se trata de una zona consolidada desde hace años».
De hecho, la concejala hace hincapié en que la primera línea de Les Rotes cuenta con «casas históricas» y, en su opinión, «no tiene sentido ahora ampliar a servidumbre hasta el centenar de metros». Para avalar la postura municipal, Dénia adjuntará a su respuesta informes técnicos y planos que recogen que los tramos afectados por el deslinde son zonas consolidadas.
Vecinos afectados
Aunque el Ayuntamiento no ha calculado exactamente el número de viviendas que se verían afectadas, Font estima que entre 30 y 40 casas se podrían ver perjudicadas en caso de que el Ministerio de Medio Ambiente rechace la tesis municipal. En concreto serían las ubicadas en las zonas «supuestamente consolidadas entre los vértices aproximados M-164 a M-182 y M-189 a M-204»
No obstante, la edil de Urbanismo confía en que el informe aclare cualquier duda al servicio provincial y que Costas y el Ministerio de Medio Ambiente respalden la argumentación dianense. Pero antes, el documento pasará hoy por pleno para recibir el respaldo de los grupos de la Corporación.

miércoles, 25 de abril de 2012

Alcaldes cántabros impulsarán un frente común de municipios afectados por la Ley de Costas


Los alcaldes de Laredo, Noja, Camargo y Marina de Cudeyo han acordado impulsar un "frente común" para defender los intereses de los municipios de la región afectados por la Ley de Costas.
   Se trata de las cuatro localidades de Cantabria que fueron objeto de deslindes durante el año 2011 al amparo de una Ley cuya modificación consideran "prioritaria" por considerarla "arbitraria, injusta e ineficaz".
   "Queremos hacer llegar al ministro de Medio Ambiente nuestra preocupación por la situación que venimos padeciendo", explicó este miércoles Ángel Vega, quien hizo de anfitrión en la alcaldía pejina de sus homólogos Jesús Díaz, Diego Movellán y Federico Aja.
   Los cuatro acordaron tratar de sumar al consenso a los alcaldes de Polanco y Astillero, municipios a los que el Ministerio de Medio Ambiente recientemente ha ampliado en doce meses el plazo para resolver sus respectivos deslindes marítimo terrestre.
   Precisamente este será uno de los temas a abordar en la reunión que mañana jueves mantendrá en Madrid el alcalde de Laredo con el Director General de Sostenibilidad de la Costa del Mar, Pablo Saavedra.
   La cita, concertada para abordar la adopción de medidas urgentes para proteger el Puntal de Laredo, servirá así como punto de arranque de una estrategia de actuación que pretende aglutinar el mayor consenso posible a nivel de Cantabria.
   Esta pauta de funcionamiento fue analizada hace quince días con la presidenta de la CEOE cántabra, Gema Díaz, y se prevé que en un futuro inmediato se pueda involucrar en la iniciativa a representantes del Gobierno regional, de la Universidad, y de las plataformas de afectados por la Ley de Costas.
   Los regidores municipales reunidos en la localidad pejina coincidieron en la imperiosa necesidad de que "se dejen sin efecto los deslindes" en tanto se redacta el articulado de la nueva Ley de Costas, en la línea de lo que acordó el propio Senado el pasado mes de febrero.
   En este sentido, consideraron "desconcertante" que en las últimas semanas se hayan desestimado alegaciones planteadas por los afectados, agudizando la sensación de "indefensión" que la actual legislación genera.

JURISPRUDENCIA

   La participación en la reunión de técnicos municipales como la de la letrado-jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento laredano, Mari Paz Villalobos, sirvió para poner de manifiesto las "flagrantes contradicciones" en la interpretación de una misma norma legal a la hora de abordar situaciones análogas en deslindes de municipios distintos.
   De ahí que instaran a que cualquier directriz normativa "supere previamente la prueba de constitucionalidad".
   Asimismo, los presentes repararon en la existencia de una "amplia jurisprudencia" que avala la adopción de soluciones favorables para los deslindes pendientes en todos los casos abordados.
   Finalmente, acordaron trasladar al Ministerio de Medio Ambiente la necesidad de que "se nos escuche y se coordinen con nosotros las aportaciones para mejorar la futura Ley de Costas", en aras a que se respete las especificidades propias del litoral cántabro, que en algunos aspectos difiere sustancialmente de la situación del Levante o la costa andaluza.
   "Que se tenga en cuenta la realidad física sobre la que se desea actuar", insistieron.
   Los alcaldes volverán a reunirse en breve para analizar los resultados del encuentro que mañana llevará a Ángel Vega a Madrid para tratar de este y otros asuntos con el Director General de Sostenibilidad.

martes, 24 de abril de 2012

Vamos a arreglar disparates como la ley de costas

El ministro de Asuntos Exteriores, José María Margallo, ha lanzado esta noche un mensaje de optimismo sobre la evolución de la economía española y ha augurado que ésta crecerá "tímidamente a finales del verano" de 2013.

"Espero que el año que viene estemos creciendo, en contra de lo que dicen algunos agoreros", ha afirmado Margallo en declaraciones en Intereconomía recogidas por Europa Press.

El ministro ha advertido que su intención no es que se diga que el Gobierno "entra en lo de los brotes verdes", pero que en su opinión España "verá la luz" y que habrá "un cambio de percepción" del exterior.

"Esto gira súbitamente", ha continuado, "la Bolsa está ahora muy barata, tenemos un montón de viviendas muy baratas, vamos a arreglar algunos disparates como la ley de costas o la ley de ordenación urbanística para dar confianza al inversor extranjero y pueda empezar a venir a este país, que es magnífico".

Margallo, que ha repetido que para España "no hay vida fuera del euro", ha insistido en que la "austeridad solo no basta" y ha instado al Banco Central Europeo a comprar deuda pública de los países que, como España, pagan unos tipos de interés "excesivos" para financiarse.
http://www.diariodeibiza.es/economia/2012/04/23/margallo-preve-timido-crecimiento-verano-2013/550758.html?utm_source=rss

lunes, 23 de abril de 2012

Floriano advierte de que Argentina se ha convertido en un país "infiable"


El vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, ha señalado hoy que "la confiscación o el expolio de YPF", filial de Repsol, han convertido a Argentina en un país "infiable", ya que "está gobernado por gente de la que no te puedes fiar".
En una entrevista en ABC Punto Radio, Floriano ha subrayado que el resultado de esta decisión será "lo peor para los accionistas y la compañía", pero también "para los argentinos y para España", y ha advertido de que ahora cualquier empresa "se va pensar mucho" si invertir o no en un país donde te pueden quitar lo invertido "sin más".
"Si yo fuera responsable de una compañía desaconsejaría a mis accionistas invertir en un país que tiene un gobierno de estas características" ha puntualizado.
A la pregunta de si esta decisión puede tener consecuencias como la expulsión de Argentina del G-20, el vicepresidente de organización del PP ha precisado que el Gobierno español está trabajando en las medidas que se pueden adoptar, ha expresado su confianza en que sean "contundentes" y ha valorado el respaldo que España tiene de la UE.
Floriano no ha querido anticipar estas medidas ya que, en su opinión, "habrá que presentarlas y no contarlas previamente".
El dirigente del PP también ha insistido en que si él fuera inversor se plantearía invertir en Argentina con el Gobierno actual ya que, a su juicio, "pueden quitar la inversión entera y sin razón".
AP (PP en la actualidad) recurre la Ley de Costas porque produce "confiscación sin indemnización"

El Grupo Popular presentó ayer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Costas al considerar que se vulneran las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y se procede a expropiar propiedades o terrenos que se consideren de dominio estatal marítimo-terrestre sin indemnización.En palabras del portavoz popular, Juan Ramón Calero, se produce en la práctica "una nacionalización y una confiscación de costas sin indemnización". La presentación de este recurso no impide la entrada en vigor de esta ley, que apareció publicada en el BOE el pasado 29 de julio.

El responsable del gabinete jurídico del Grupo Popular, Federico Trillo, junto a 50 parlamentarios de ese grupo, alegan hasta cinco motivos de posible inconstitucionalidad. El primero y el segundo de ellos, en coincidencia con los partidos nacionalistas, se fundamentan en que el sistema de competencias establecido por la ley de Costas vulnera algunos de los estatutos de autonomía, dado que algunas comunidades autónomas tienen competencia exclusiva sobre sus costas.
Los otros supuestos se refieren a la presunta violación de la autonomía municipal y a la facultad que confiere la ley a la Administración central para expropiar sin indemnización.
La ley limita la posesión de espacios o enclaves en la zona marítimo-terrestre y declara de titularidad estatal los que se califiquen de dominio marítimo-terrestre.
24 años separan estas dos noticias, con una sola diferencia: se han olvidado de que en España se ha estado confiscando el patrimonio de cuantos invirtieron en la zona costera y nadie ha salido en nuestra defensa hasta que el escándalo ha saltado en el Parlamento Europeo tras una lucha titánica de miles de afectados europeos.
¿Es España un país fiable para invertir teniendo en vigor una ley CONFISCATORIA como la Ley de Costas? ¿Podemos permitirnos el lujo de dar lecciones a nadie cuando el Estado ha confiscado 400.000 propiedades? Mucho me temo que no y más nos valdría arreglar primero nuestra casa para poder hacer declaraciones de este tipo. 

domingo, 15 de abril de 2012

Las viviendas que todos quieren derribar


El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, criticó que el Gobierno central, con la crisis económica que está sufriendo el país, “ahora se preocupe por derribar casetas”. Unas declaraciones que aluden a a la próxima ejecución de edificaciones que va a realizar Costas en el litoral del municipal por invadir el dominio público marítimo terrestre.
Alonso indicó que no se van a oponer al cumplimiento de la ley, después de que el Supremo haya desestimado el recurso presentado por un grupo de afectados, si bien demandó “sensibilidad” a la Administración estatal a la hora de ejecutar esta medida. Con ello se refirió a que “no ocurra lo mismo que en La Zamora, donde supuso el desmantelamiento de la playa”. “En cuanto sepamos cuándo se van a derribar las casetas, vamos a exigir que inmediatamente después se realice una inversión potente para mejorar el estado de las playas”, advirtió el alcalde sureño. Alonso, que no intervino en la reunión que mantuvo el viernes el subdelegado del Gobierno con los vecinos afectados, señaló que el Ayuntamiento está trabajando para que haya una zona pública en unos terrenos municipales que se encuentran en las inmediaciones de la playa de Puntalarga. Sería una zona de alojamiento limitado, que ya cuenta con anteproyecto.
Lo que sí está muy avanzada es la zona de recreo que se está ejecutando también en este entorno, que cuenta con servicios, asaderos, mobiliario, etc., para pasar un día de ocio cerca del mar.
No en el verano
El alcalde demandó que, de realizar en fechas próximas la demolición de las casetas, como parece que va a suceder, la Administración de Costas aplace los trabajos hasta pasadas las vacaciones de verano. Y es que Fuencaliente es uno de los municipios de La Palma que tiene un marcado carácter turístico, al que acuden al año unas cien mil personas, atraídas por los valores naturales, sociales y culturales de la zona. Y, en especial, por el buen tiempo, que convierte a sus playas en uno de los grandes atractivos. La costa de Fuencaliente, junto al atractivo del paisaje volcánico y elementos tan destacados de su patrimonio cultural como es el vino, hacen de esta localidad un auténtico reclamo turístico. De ahí la preocupación del Ayuntamiento, al que se le suma la prohibición de baño en La Zamora, donde el Cabildo ha decidido realizar, motu propio, parte de la reforma.
Con qué facilidad se ponen de acuerdo las administraciones cuando se trata de demoler las viviendas de la gente humilde, sin poder ni economía saneada para hacerles frente.
Al alcalde no le preocupa dejar en la ruina a sus vecinos, le preocupa que no se haga una "inversión potente" para mejorar las playas... No hay palabras para calificar a este alcalde.
¿Cuanto tardarán en sacar a público los proyectos urbanísticos que, seguro, están detrás de estos derribos? ¿Será un campo de golf? ¿un balneario? ¿un puerto deportivo? ¿un centro de interpretación?... Por lo pronto, el paseo litoral ya es fijo que lo hacen y eso siempre es preludio de una planificación especulativa de la zona.

El hotel que nadie quiere derribar


Lejos de servir para acercar posturas y encontrar soluciones, la reciente sentencia firme del Tribunal Supremo que ha ratificado la ilegalidad del hotel de El Algarrobico por invadir la zona de servidumbre de protección de Costas no ha hecho sino alimentar las discrepancias entre las administraciones, que ahora se exigen mutuamente responsabilidades en la demolición del edificio, de 21 plantas y 411 habitaciones, construido también en zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Esta nueva guerra política no hace más que aumentar las incertidumbres sobre el futuro de un hotel que se ha convertido en un símbolo contra la especulación urbanística y de la defensa del medio ambiente, incluso por parte de administraciones, como la Junta de Andalucía, que promovieron, apoyaron y aprobaron su construcción.
Tras la paralización de las obras en 2006, todo hace indicar que la mole de cemento construida en la playa de Carboneras permanecerá aún muchos años envuelta en la polémica, pero no derribada. ¿Por falta de verdadero interés?

¿Cuándo podrá derribarse el hotel?

Lo cierto es que la última sentencia del Supremo permitiría derribar legalmente hasta la planta 14 del edificio, las que distan menos de 100 metros del mar y que por tanto están dentro de la zona de servidumbre de protección. De ahí que un primer obstáculo para la demolición, por mucho que fuera legal, se ha planteado desde las administraciones en el hecho de que no tendría demasiada lógica ejecutarla sólo de forma parcial.
Para poder demoler el hotel por completo será necesario aguardar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la nulidad de la licencia municipal de obras, acordada en 2008 por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería y recurrido por la promotora, Azata del Sol, y el Ayuntamiento de Carboneras. Pero aún en el caso de que el TSJA, como todo parece indicar, ratifique dicha nulidad, aún cabría un recurso al Tribunal Supremo, lo que podría alargar aún durante al menos cinco años el proceso.

¿Quién debe demoler el edificio?

Según las leyes españolas, cualquier edificio construido ilegalmente debe ser demolido por el propietario o promotor del mismo. Sin embargo, al contar con licencia, aunque sea anulada en el futuro, la promotora sólo podría ser obligada por un juez a la demolición en el caso de que se demuestre que sabía que ese permiso era ilegal.
En caso de que no pudiera demostrarse, la responsabilidad de la demolición también podría recaer en el Ayuntamiento, por conceder una licencia de obras en una zona protegida. Pero el Consistorio la concedió también gracias a que la Junta de Andalucía lo hizo posible al modificar -de forma irregular y burda, según un juez- los planes del Parque Natural para que los terrenos pasaran a ser calificados como urbanizables, en lugar de protegidos, como estaban.
Además, el caso se complica aún más, puesto que la Administración central también permitió la construcción del hotel a pesar de contravenir la Ley de Costas, que fijaba una protección de 100 metros.

¿De quién es la competencia de la zona de servidumbre?

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, la Junta de Andalucía y el Gobierno se han achacado mutuamente las competencias de actuación para la demolición de un edificio que invade la zona de servidumbre de Costas.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha llegado a mostrarse sorprendido por la actitud del ministro Miguel Arias Cañete, quien ha asegurado que es la Junta la responsable de la demolición, pues el hotel se encuentra en la zona de servidumbre de protección, tras asumir la Administración autonómica las competencias de Costas desde 2011.
Según Díaz Trillo, en cambio, "la mitad del hotel está en dominio público marítimo-terrestre, que es competencia del Estado, y en zona de servidumbre, que es competencia de la Junta".
Sin embargo, el consejero parece 'equivocarse', puesto que el hotel no ocupa el dominio marítimo-terrestre -la zona que va desde el mar hasta el lugar donde han llegado las olas en los mayores temporales conocidos-, que efectivamente es competencia del Estado, sino en la zona deservidumbre de protección -desde la carretera hacia el interior- que es competencia de la Junta, por lo que ésta sería la responsable, como mantiene Arias Cañete.
Ahora bien, también hay que tener en cuenta que el hotel se construyó en zona de servidumbre de protección cuando el Estado tenía las competencias de Costas -antes de 2011- por lo que también cabría achacarle responsabilidad.

¿Tiene validez el acuerdo Junta-Gobierno?

Para complicar aún más el panorama, el Gobierno de Rajoy argumenta ahora que el acuerdo firmado en 2011 por la Junta y el Ejecutivo de Zapatero, por el que el Gobierno demolería el hotel y la Junta restauraría el paisaje, no tiene validez legal, por mucho que fuera publicado en el BOE.
La Junta sigue pidiendo al Estado que cumpla el compromiso, aunque la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado recientemente que el protocolo "no tiene naturaleza jurídica", al tiempo que ha pedido explicaciones a la Administración autonómica sobre las razones por las que se firmó dicho documento.

¿Cuánto costaría la demolición?

El alto coste de la demolición del edificio y la recuperación medioambiental puede ser una de las razones por las que ninguna de las administraciones parezca interesada en acelerar el proceso. La empresa promotora, Azata del Sol, barajó en un principio, cuando se planteó la posibilidad de expropiar el hotel, solicitar una indemnización de 300 millones de euros. Posteriormente se fijó un justiprecio que cifró la operación, más las compensaciones, en 100 millones de euros.
En el caso de que los tribunales decidieran que no se deberían pagar estas compensaciones, sólo la demolición y la limpieza del terreno podría costar unos 60 millones de euros, aunque será prácticamente imposible devolverlo a su estado natural, puesto que para la construcción del hotel se han incrustado en la ladera del monte 65.000 metros cúbicos de hormigón que no podrán eliminarse.

¿Cómo vive Carboneras la polémica?

Aunque haya sido, quizás, la voz que menos se ha oído en la ya larga polémica sobre El Algarrobico, la amplia mayoría de la población de Carboneras siempre se ha mostrado firme a favor de abrir el hotel, ante todo por las posibilidades que abriría para el turismo y el empleoen una comarca fuertemente azotada por el paro.
Alumbrados por las luces cortas de la política municipal y con la premisa fundamental de defender los intereses del pueblo, los tres partidos representados en el Ayuntamiento -el independiente Gicar, que gobierna en coalición con el PP, y el PSOE- se han sumado también a la opinión de sus vecinos y votantes, aún a costa de llevar la contraria a susdirecciones nacionales.
El PSOE porque fue el principal responsable y promotor, junto a la constructora, de la obra; y el equipo de gobierno actual porque entiende, desde un punto de vista pragmático, como un absurdo derribar un edificio ya construido y que, además, podría generar 150 empleos directospara el pueblo y otros muchos indirectos.
Pero las decisiones judiciales van por otro camino y todo apunta a que el edificio deberá ser finalmente derribado, aunque ese final pueda ser aún muy lejano si no se alcanzan acuerdos entre las partes que hoy por hoy parecen una utopía. No hay que olvidar que aún quedan pendientes una veintena de pleitos judiciales...
¿Alguien entiende que se haya puesto como ejemplo de especulación urbanística y de defensa del medio ambiente al hotel Algarrobico y hayan pasado desapercibidas cientos de construcciones mucho más transgresoras de la ley y del medio ambiente? Estos ejemplos son sólo una pequeña muestra.

Futuro hotel Castillo de la Palma, Mugardos, La Coruña



sábado, 14 de abril de 2012

Costas derribará las casetas de Fuencaliente que aún siguen en pie


Costas culminará la tarea que comenzó en el año 2005 en el litoral de Fuencaliente, es decir, tirar las casetas que ocupan el dominio público marítimo terrestre. Esta decisión trascendió de la reunión que mantuvo ayer el subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz Guerra, con los vecinos afectados en un local social de Los Canarios, en el que aclaró el recorrido de este proceso y los plazos que se seguirán.
Y es que, según informó el subdelegado del Gobierno, el último recurso de los vecinos que pusieron ante el Tribunal Supremo para tratar de salvar sus casetas de la demolición fue rechazado y ya no caben otras instancias a las que acogerse. A la reunión asistió un gran número de vecinos, además del director insular de la Administración del Estado, Miguel Ángel Morcuende, y la senadora María de Haro.
Díaz Guerra recordó que en 2005 el anterior Gobierno de España realizó un deslinde del dominio público marítimo terrestre basado en la Ley de Costa y con él se identificaron dentro una serie de edificaciones, sobre las que se hizo un expediente de recuperación y se ordenó su demolición.
Expedientes
En el caso de Fuencaliente fueron 111 expedientes. Algunas personas autorizaron la demolición y otros presentaron un recurso de alzada, que la Dirección de Costas desestimó en 2006. Luego recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que a finales de 2008 lo desestima. Sólo seis vecinos decidieron continuar con el recurso de casación ante el Supremo a principios del año 2009, que desestimó el pasado mes de marzo.
El subdelegado lamentó que “nos hemos encontrado con esta situación después de seis años, basada en una ley de Costas que, como reconoce la Unión Europea y así se dijo en el Senado, se ha aplicado de manera arbitraria en España”.
Las personas que "autorizaron" la demolición de sus viviendas fue porque Costas les amenazó con obligarles a pagar el derribo. Son gente humilde y con una economía de subsistencia. ¿Qué podían hacer ante semejante abuso de poder? Los funcionarios de Costas lo sabían y se aprovecharon de ello. 
En cuanto al subdelegado del Gobierno, ¿Cómo puede decir que van a derribar las viviendas a pesar de reconocer la arbitrariedad con que se ha aplicado una ley? El Art. 9 de la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, y ¿aún así, sigue adelante con los planes de derribo?.....

miércoles, 11 de abril de 2012

La nueva Ley de Costas acabará con el actual deslinde de Formentera, según el PP

El delegado del Govern en Formentera, José Manuel Alcaraz, se reunió ayer en Madrid con el secretario de estado y número dos de Medio Ambiente, Federico Ramos, y el director general de Costas, Pablo Saavedra, para abordar la reforma del deslinde de Costas de Formentera, que tal y como el ministro Arias Cañete anunció debe comenzarse a tramitar antes de este verano. Para Alcaraz los más importante de la reunión fue que «aunque con cautela ante las expectativas que puedan crearse, lo más prometedor de la reunión mantenida hoy es que la reforma de la Ley de Costas, del tan traído y llevado deslinde, ya no es una perspectiva o un objetivo sino que ya es un hecho y que el actual gobierno del PP va a afrontar de forma inmediata».
Nutrida reunión
Alcaraz estuvo en Madrid acompañado por María José Mayans y Vicent Tur, presidenta y vicepresidente de la plataforma de afectados por el deslinde de Formentera, la anterior presidenta, Gabriela Mayans, el portavoz en el Consell de Formentera del GUIF, Javi Serra; y Enrique Fajarnés y Pepe Sala, diputado y senador populares por las Pitiüses, respectivamente.
«Hemos trasladado al secretario de Estado de Medio Ambiente que el Govern balear apuesta por la reforma de la Ley de Costas y que se va a trabajar de forma conjunta para que la nueva redacción, el nuevo texto llegue al Parlamento incorporando las peticiones de las partes implicadas», dijo Alcaraz, que al mismo tiempo quiso agradecer a los nuevos responsables de Medio Ambiente «que nos hayan recibido en tan corto plazo de tiempo tras su toma de posesión, pero ha habido una buena entente y vamos a trabajar de forma conjunta en la redacción del nuevo texto escuchando siempre a los afectados para que puedan aportar mayor información al respecto».
Según el delegado del Govern en Formentera, «desde el Ministerio se ha mostrado una gran sensibilidad al tratarse de un caso especial ya que han reconocido que Formentera con su 82 km2 de superficie configura una situación diferenciada del resto del territorio español o de las restantes islas». Y en este sentido, Alcaraz hizo mención a que la secretaria de estado para Turismo, Isabel Borrego, se incorporó a la reunión «y mostró una gran sensibilidad al problema de Formentera, prometió la máxima colaboración y trabajo conjunto y se mostró dispuesta a apoyar en todo lo que hiciera falta para solventar el problema del deslinde en Formentera».

La propiedad privada no puede pasar al Estado
En el transcurso del encuentro quedó claro, según la delegación de Formentera, que es necesario proteger la costa, el litoral de la isla «pero hay que respetar la propiedad de las viviendas, los restaurantes o los establecimientos que estaban legalmente instalados en la costa antes de la ley de 1988».  Para José Manuel Alcaraz, ya hay numerosas formas de protección por ANEI, LIC, Xarxa Natura, UE, PTI, Parc Natural y todo tipo de cuidados ambientales pero «aunque se proteja al máximo, la propiedad no puede pasar a manos del estado sino que ha de quedar en manos de los antiguos propietarios».
En este sentido Alcaraz aseguró que es imprescindible una mayor permisividad para permitir la modernización de los establecimiento de primera línea de playa porque de lo contrario «estaríamos ante lo más inverosímil, que en una isla cuya economía se basa en el turismo, no permite que se reformen y mejoren los establecimientos dedicados al turismo».

lunes, 9 de abril de 2012

La nueva Ley de Costas llegará antes del verano y ampliará las concesiones


El proyecto de reforma de la Ley de Costas llegará a las Cortes antes del verano, ampliará las concesiones del uso del dominio público costero más allá de los 30 años, y obligará a los concesionarios a ser "corresponsables" en la conservación del lugar donde ejercen su actividad.


Así lo ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Miguel Arias Cañete, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, donde expone esta tarde los ejes de sus políticas ambientales para los próximos cuatro años.
Arias Cañete ha justificado la reforma de la actual Ley de Costas, de 1988, argumentando que su aplicación es 'variable e inconsistente', y que 'no ha sido capaz ni de proteger adecuadamente el litoral ni de satisfacer los derechos de los ciudadanos al generar inseguridad jurídica'.
El ministro ha asegurado que está dialogando con todas las partes interesadas, y que no se le va 'a ocurrir hacer locuras', entre las que ha mencionado el hotel El Algarrobico, en Almería.
Su norma, ha resumido, 'clarificará qué es y qué no es el dominio publico marítimo terrestre, evitarás situaciones imprecisas, establecerá criterios y reglas para efectuar deslindes, mejorará la información del registro de la propiedad respecto a las servidumbres y elaborará un inventario de infraestructuras en la costa'.
Arias Cañete ha avanzado algunas de las actuaciones que llevará a cabo para la redacción de la nueva Ley de Costas, entre ellas 'identificar posibles bienes para los que se pueda prever la desafectación por haber perdido las características propias de dicho dominio'; y ver si 'esos bienes se pueden dedicar a otras actividades que de lo contrario estarían destinadas a su desaparición'.
Asimismo, se establecerán con precisión los criterios y reglas para efectuar deslindes, en tanto que 'cada demarcación de costas cuenta con una política de deslinde distinta', ha apuntado.
Respecto a la ocupación del dominio publico terrestre, ha anunciado que se modificará el plazo de las concesiones de uso de ese dominio más allá de los 30 años, y que 'el nuevo régimen concensional irá acompañado de corresponsabilidad por parte de los concesionarios para la preservación del dominio durante su ocupación'.
Las zona de servidumbre costera se mantendrá en 100 metros como regla general y en 20 en los núcleos urbanos anteriores a 1988.
En las playas se mantendrán los chiringuitos con una 'ordenación sensata', habrá un código de buenas prácticas, y se pondrán en marcha actuaciones para luchar contra la erosión en la costa y recuperar las fachadas marítimas.

El Ministerio impulsa una hoja de ruta para la reforma de la Ley de Costas basada en el diálogo con todas las partes interesadas

El objetivo general de la futura norma será hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas respetuosas con el medio ambiente

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció hoy la puesta en marcha de una hoja de ruta para la reforma de la Ley de Costas basada en el diálogo con todas las partes interesadas,  durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado.                                 
Arias Cañete subrayó que el objetivo general de la futura norma será hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas que no perjudiquen al medio ambiente, así como proporcionar la seguridad jurídica imprescindible a todos los ciudadanos y agentes afectados y garantizar para el futuro un marco jurídico claro en el que desenvolverse.
El ministro expuso, además, las “señas de identidad” de su política medioambiental  entre las que destacan el cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea (UE), así como la apertura y el diálogo con las Administraciones y agentes interesados en preservar el medio ambiente y el uso eficiente de los medios disponibles.
Durante su intervención, recordó asimismo la necesidad de simplificar y racionalizar el marco jurídico y de agilizar los controles medioambientales a las iniciativas de los ciudadanos y de las empresas.

La “costa nostra” (PABLO REQUENA)

Hotel Playatropical (Almería)

¡Anda que no da juego la conocida Ley de Costas española! Esa que, muy resumidamente, podríamos definir como “no construir, al menos, a cien metros de distancia del mar”. Cien metros ampliables a doscientos en según qué casos, aunque se quedan en tan solo veinte si la zona afectada ya estaba declarada como urbanizable antes de la aprobación de la ley, en 1989.


Ahora vámonos al máximo exponente de lo que viene siendo “pasarse esta ley por el forro” en nuestra provincia. Se trata del hotel de El Algarrobico, que se construyó gracias al PSOE de Carboneras, al de la Junta de Andalucía e incluso al Gobierno de Zapatero, los mismos que ahora quieren echarlo abajo. Y no son más coherentes en el PP, un partido que siempre se ha mostrado favorable a la apertura pero cuyo ministro de Medio Ambiente dice que no le gusta… Esto de querer contentar a todo el mundo es lo que tiene, linda hipocresía de los políticos.



Son cientos de miles las noticias, reportajes, artículos de opinión y demás tinta corrosiva que se ha derramado ya -y lo que te rondaré, morena- sobre El Algarrobico, y ciertos colectivos ecologistas, como Greenpeace o Salvemos Mojácar, parecen haber usado el polémico hotel como plataforma mediática para tener su minuto diario en el informativo de turno. Nada de esto me parecería mal si ésas mismas organizaciones prestaran la décima parte de atención que prestan al hotel de Azata del Sol a otras agresiones medioambientales iguales o más dañinas aún. Y hay ejemplos a patadas sin salir de nuestra provincia.



En Almería, uno de los más cercanos lo tenemos a medio camino de la capital y Aguadulce. En la playa de El Palmer –más conocida como La Parra- está el hotel Playatropical, que poco tiene que envidiarle al Algarrobico. El hotel de la Parra no está ni a 200, ni a 100 ni a veinte metros del mar, sino que está como la piscina de Pedro J. en Baleares, “comiéndose el mar” y por tanto, a menos de cinco metros de distancia. Les adelanto que el hotel ya ha sido “homologado” ante la ley de Costas, pero claro, el dueño es quien es y su mujer trabaja donde trabaja. Pues oye, yo, que he vivido unos años bien cerquita, jamás he visto a un solo ecologista protestando a las puertas de este mamotreto, ni colosales pancartas que pongan en duda su más que dudosa legalidad. Otro ejemplo cercano lo tenemos yendo a Granada por la costa -sin la autovía A7 y por un camino de cabras africano, por supuesto-, donde baste fijar la mirada para contemplar cómo, en pueblos como Los Yesos o La Mamola hay obras en marcha a menos de veinte metros del mar. Tampoco aquí hay rastro de colectivo ecologista alguno.



Y lo último de todo es el “se dice, se comenta” que el Gobierno de Rajoy tiene pensado reformar la actual legislación costera para hacerla más flexible. Lo que quiero decir con todo esto, y ya acabo, es reafirmarme en una serie de tópicos como “quien hace la ley hace la trampa”, o “la ley del embudo”, porque no creo ser el único que se da cuenta de lo cínicos que son algunos con la cosa nostra, ¡perdón!, nuestra costa.                          // Blog: http://almeria102.blogspot.com.es/

Se podrá decir más alto, pero no más claro

domingo, 8 de abril de 2012

El Supremo confirma las sentencias que recortaban el deslinde de Costas en Ortiguera y El Espín (Coaña)


El Tribunal Supremo ha dado por finalizadas las contiendas judiciales entre el Ayuntamiento de Coaña y la Demarcación de Costas en Asturias, dando la razón al consistorio, que solicitaba la liberación de los conjuntos urbanos de Ortiguera y El Espín de la línea que delimita la servidumbre de protección de costas, situándola a 20 metros frente a los 100 metros que pretendía la Administración del Estado.
Los hechos se remontan al año 2006 cuando se aprobaron dos Ordenes ministeriales por las que se deslindaba el Dominio Público Marítimo Terrestre en las zonas de El Espín y Ortiguera afectando a buena parte de las edificaciones existentes y eliminando la posibilidad edificatoria de otras parcelas que, en virtud del planeamiento, era aptas para su edificación ante su evidente carácter urbano.
Desde entonces, el Ayuntamiento trabajó en defensa de los vecinos interponiendo sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional que fueron defendidos por el abogado de Gijón David Bernaldo de Quirós, experto en materia de Costas, siendo dictadas en el año 2008 y 2009 dos Sentencias por la Audiencia Nacional por las que se estimaban los recursos municipales de reducir las líneas de servidumbre de protección a 20 metros ante el carácter urbano de ambas zonas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas.
Frente a dichas Sentencias, la Administración General del Estado interpuso dos recursos de casación que finalmente y, tras más de tres años de espera, han sido resueltos por el Tribunal Supremo manteniendo el sentido estimatorio de aquéllas Sentencias de la Audiencia Nacional, según los fallos a los que ha tenido acceso Europa Press.
Con ello, el Ayuntamiento ha visto satisfechas sus pretensiones y las de los vecinos que eran contrarios a la inclusión de sus terrenos en zona de especial protección, lo que impedía disponer de los terrenos conforme a su naturaleza urbana.