LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 29 de mayo de 2012

'Casa Carolina' se salva del deslinde de Costas...( por ahora )

Casa Carolina (foto Vecinos Amigos de playa de los Cristianos)

MÁS DE MEDIO SIGLO EN PIE 
La vecina Carolina Domínguez Marcelino, propietaria de la conocida como Casa Carolina situada en la playa de Los Cristianos, ha conseguido que la Audiencia Nacional le de la razón y dejar sin efecto el tramo del deslinde fijado por la Dirección General de Costas que transcurre por su terreno. Esta casona tiene una antigüedad de más de medio siglo y cuenta además con un pequeño embarcadero. Ahora los tribunales se han puesto de su lado y obligan al organismo estatal a volver a fijar los limites del dominio público en el trozo del litoral sobre el que se sitúan sus propiedades. La propietaria hizo valer ante la Audiencia un estudio elaborado por un ingeniero en el que se demostraba que los terrenos no reunían las características propias para ser incluidos dentro de las propiedades de Costas.

Esta vecina apuntó que la nueva delimitación realizada en el año 2009 era “totalmente aleatoria” e iba en contra de la realidad del suelo en cuestión y destacó la inexistencia de un estudio geomorfológico que lo justificara. Efectivamente, la Audiencia pudo comprobar que en el informe elaborado por la Dirección General se había dejado fuera este tramo del litoral. No existía tampoco constancia de que las olas llegaran hasta las propiedades en cuestión incluso en las épocas de mayor pleamar. “Prueba de ello es que al lado de la edificación de dos plantas existentes hay una huerta plantada sobre tierra vegetal y acotada por un pequeño muro, tratándose de un terreno que no está batido por las olas ni tiene características de playa”, se indica en el fallo hecho ahora público.

La Audiencia concluye por lo tanto que el perito pudo demostrar que la supuesta inundación de estos terrenos se trata de una mera afirmación que no viene respaldada por ningún cálculo sobre el particular. La Administración que es a la que le corresponde fijar esta delimitación no ha justificado que el alcance de las olas llegue hasta el lugar por donde se ha trazado la nueva poligonal, sin que pueda hablarse, como sostiene el Abogado del Estado, de referencia comprobada del alcance de las olas en esta zona. Los deslinde anteriores existente al no incluir estos terrenos en la zona marítima terrestre parecen más bien poner de relieve lo contrario. En el fallo se indica que el hecho de que que en un determinado momento el alcance de las olas llegue hasta un determinado punto no implica que ese límite sea inmutable y de hecho puede variar en función de múltiples factores. Corresponde a la Administración acreditar dicha circunstancia lo que aquí no se ha hecho de forma suficiente.

El deslinde que transcurre entre el Puerto de los Cristianos y la playa de Callao tiene una longitud de casi dos kilómetros y afecta a cerca de 40 propietarios entre los que se encuentran varios hoteles y edificios de apartamentos. La Dirección General de Costas ha elaborado un proyecto para construir un paseo y modificar la playa que ha sido cuestionado por los vecinos y propietarios.

Cabria preguntarse si se trata de una victoria o del comienzo de una nueva pesadilla que puede durar 15/20 años. 
La sentencia 2061/2012 finaliza diciendo:

"En conclusión, la Administración no ha justificado de forma suficiente la ampliación del demanio 
realizada y consiguiente inclusión en el demanio de los nuevos terrenos realizada al amparo del artículo 3.1.a) 
de la Ley de Costas , respecto de la delimitación efectuada por los deslindes anteriores existentes entre los 
vértices litigiosos. Debe, en consecuencia, anularse la delimitación impugnada, con la precisión de mantener 
la ubicación del vértice M-138 (al coincidir con el deslinde de 1987) y estarse al deslinde practicado con 
anterioridad, pudiendo en su caso, practicar la Administración un nuevo deslinde donde acredite y justifique 
la inclusión en el dominio público marítimo- terrestre de dichos terrenos".


Imagínense que les acusan de asesinato, de robo, de fraude...El juez sentencia que no se ha justificado el delito, es decir, que el fiscal no ha aportado pruebas suficientes para acusarles y, en vez de salir absueltos, el tribunal da a la Fiscalía la oportunidad de hacer una nueva investigación, aunque tarde años, para acusarles de nuevo. 

O se demuestra la culpabilidad o la inocencia, pero eso de ser sospechosos de por vida y que te puedan acusar, llevándote a los tribunales, una y otra vez....     ¿Qué país, donde ocurre algo semejante, puede decir que es un Estado de Derecho? 
Pues esto es lo que está sucediendo en España con la Ley de Costas. No sólo te obligan a demostrar que eres inocente, revirtiendo ilícitamente la carga de la prueba y aplicando la ley con retroactividad, sino que jamás llegas a serlo.

sábado, 26 de mayo de 2012

Costas frena el desalojo de Fontanelles para "replantear" el dominio público

El departamento público no abrirá más expedientes sancionadores y paralizará los que están en marcha hasta que no se defina cómo se va a reformar la normativa que regula los usos del litoral

Éste es el fin de semana en que muchos ciutadellencs aprovechan para pasarlo en chalés, en el campo o en la playa. Es Cinquagesma (Pentecostés), y eso en Ciutadella es sinónimo de ‘anar a vega’, aprovechando además que para muchos, el próximo lunes será festivo. Tradicionalmente, uno de los lugares que acoge a los ciutadellencs por estas fechas es Ses Fontanelles, la playa situada al norte del municipio, cerca de La Vall. Este año, no obstante, algunos de los habituales de esa cala no tienen claro si van a pasar Cinquagesma en ese punto cerca del mar. La actuación del Departamento de Costas a finales del pasado año, sancionando a uno de los “propietarios” de las casetas construidas al lado del mar, ha despertado el miedo entre los habituales del lugar, quienes temen pisar de nuevo Ses Fontanelles por si algún representante de Costas se pasa por allí y les sanciona. Para estos ciudadanos, el panorama parece haber cambiado. 

Tras el cambio de color político en el Gobierno central y con la entrada del Partido Popular y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se anunció una revisión de la política de Costas, lo que significaría afectar al dominio público marítimo-terrestre. Precisamente esta revisión es lo que paraliza el proceso que se había iniciado en Ses Fontanelles. Cuando se sancionó a los inquilinos de una de las casetas, se esgrimió que estaban ocupando una construcción levantada en una zona en la que no podían existir construcciones de ese tipo, el dominio público. Pues bien, ahora Costas, según ha podido saber este periódico, no realizará más actuaciones sancionadoras hasta que “estudie y replantee el dominio público marítimo terrestre”. 

Esto significa que, por ahora, no habrá más inspecciones sobre el terreno, ni identificaciones ni mucho menos sanciones hasta que no se tenga claro qué camino seguir en esta materia. Además, Costas asegura que los procesos sancionadores que ya están en marcha también se paralizarán momentáneamente hasta que esta cuestión esté clara. Después, cuando finalice el replanteamiento que quiere realizar Costas, se retomarán estos expedientes “y se actuará en consecuencia con lo decidido”. Así, esta decisión afectaría también a otras zonas similares a Ses Fontanelles, como Cala Turqueta. 

UNA REFORMA PROFUNDA

La revisión de la Ley de Costas, vigente desde 1988, es uno de los objetivos que el PP se ha marcado para esta legislatura. Poco después de formarse el nuevo Gobierno central, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya aseguró que se realizaría una reforma “muy profunda” de la legislación, aunque de momento no se conocen muchos más detalles sobre esta reforma. Algunas fuentes explican que el PP podría optar por legalizar las casas construidas antes de 1988 en lo que ahora se considera dominio público. Esta medida podría afectar directamente a las “casetes de vorera” de Menorca, y concretamente a Ses Fontanelles, aunque luego habría que discutir si esas construcciones pueden considerarse casas y si deben cumplir algún requisito urbanístico más exigente. 
En líneas generales, desde el Partido Popular consideran que la reforma de la Ley de Costas debe servir para conciliar los intereses públicos con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de la norma. El futuro de los chiringuitos depende de esta modificación.

viernes, 25 de mayo de 2012

La ONU recrimina a España los desalojos forzosos sin compensación


Un Comité de la ONU expresó hoy su preocupación por la reducción de los niveles de protección de los derechos económicos, sociales y culturales en España, a raíz de la adopción de medidas de austeridad para hacer frente a la crisis.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) publicó sus observaciones finales sobre la situación en España en el periodo 2004-2009, aunque el documento recoge recomendaciones e inquietudes relacionadas con las recientes políticas anticrisis.
El DESC recomienda al Gobierno español revisar las reformas adoptadas para garantizar que la austeridad no socave derechos consolidados y que sea una política temporal, y expresa su preocupación por el "desproporcionado" impacto que tiene sobre los individuos y los colectivos desfavorecidos y marginados.
Estos individuos y colectivos son, para este comité de la ONU, "los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes, y los solicitantes de asilo".
El DESC cifró en un 21,8 % el porcentaje de la población española que vive por debajo del umbral de la pobreza, y advirtió de que "en el contexto de la crisis económica y financiera, se ha incrementado considerablemente el índice de personas en riesgo de pobreza".
Las observaciones finales hacen alusión asimismo al desahucio en España de miles de personas por impago de sus hipotecas a otro fenómeno producto de la crisis económica que comenzó en 2008.
Recomienda en este sentido al Estado español impulsar una reforma legislativa que "faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias".
Para el Comité es preocupante "que se sigan realizando desalojos forzosos sin las debidas garantías legales, sin que las personas afectadas sean consultadas previamente, y sin que se les ofrezca una alternativa de alojamiento o compensación".
2008 DESALOJO Y DERRIBO DE CHO VITO

Sobre las pensiones, el DESC constata que en muchos casos son inferiores al nivel mínimo de subsistencia, sobre todo en el caso de las mujeres que reciben pensiones de viudedad más bajas.
Preocupación muestra igualmente por las dificultades de las mujeres, en función de su lugar de residencia, para acceder al aborto de conformidad con la ley, y por "los impedimentos burocráticos y temporales que obligan a muchas mujeres a acudir a clínicas privadas".
En lo referente a los derechos de las mujeres, el DESC expresa también su inquietud por "la persistencia de altos niveles de violencia doméstica y otras formas de violencia de género, a pesar de los esfuerzos del Estado para prevenirla".
Inquietan especialmente a este Comité "los recortes presupuestarios que han afectado a los procesos de apoyo y acompañamiento a las víctimas en algunas comunidades autónomas".
Por último, el DESC denuncia "la persistencia de actitudes hostiles e intolerantes" hacia inmigrantes y gitanos -"inclusive por parte de los agentes de la fuerza pública"- y lamenta las modificaciones de la Ley de Extranjería que "recortan los derechos" a la sanidad pública de los inmigrantes en situación.
En su exposición ante el DESC hace dos semanas, el Gobierno español expresó su compromiso con el Estado del bienestar y defendió que los recortes presupuestarios no recortan derechos adquiridos, sino que buscan racionalizar los recursos del país.
Isaac Salama, jefe del Área Constitucional del ministerio de Justicia, defendió con cifras las iniciativas del Gobierno, señalando que en la actualidad España dedica el 64 % de su presupuesto, excluyendo la financiación autonómica, a la protección social, un aumento con respecto a presupuestos anteriores

martes, 22 de mayo de 2012

PRESSE MELDUNG Fam. Harry W. Ampuriabrava

Ein Bericht von: S. Haselhorst, dessen Inhalt gemeinschaftlich, mit dem vom spanischen Küstengesetz betroffenen und geschädigten, Harry W. (64-Jahre,deutscher Staatsbürger) recherchiert werden konnte, mit dem Titel: __________________________
Drei, zwei, eins…. Meins! Die wundersame, spanische Wandlung privaten Eigentums in staatlichen Besitztum
España es diferente mit diesem Slogan wirbt die Iberische Halbinsel zu Recht. Spanien ist anders, keine Frage. Das Land, in dem die Zitronen blühen, ist reich an Facetten landschaftlicher, klimatischer Vorzüge, an mediterraner Lebensfreude und Leidenschaft. España, Spotlight am europäischen Himmel, hat dieses „Gewisse Extra“. Die Iberische Halbinsel lockt, umschmeichelt, lässt nicht mehr los. Man verzeiht ihm viel.

Spanien braucht Geld. Spanien buhlt um europäisches Vertrauen. Zerknirschend stellt man fest, dass man kein eigenes, effizientes Wirtschaftskonzept hat. Reformen reichen nicht. Geld muss von Außen kommen. Das kann man so oder so verstehen. Spanien versteht das auf seine Weise. Es greift ab, es bedient sich bei der Familiengemeinschaft von Harry W., gemäß den altbewährten Seefahrermacht-Methoden: Spanien kann es nicht lassen und räubert in Gewässern, die ihm nicht gehören, die ihm nicht zustehen. Dabei ist die Empfehlung der „Investoren von Außen“ durchaus nicht ignoriert, im Gegenteil, doch wird sie eben „spanisch–anders –interpretiert“.

Es gibt unzählige Beispiele dieser Interpretationen. Sie schlängeln sich – ausländisch investiert -durch das ganze Land und seine zugehörigen Inseln. Empuriabrava, „Just another brick in the wall", eine Mauer, hinter der sich Willkür und Spekulation Vereinen, mag hier als Beispiel stehen, für das menschliches Leiden der Familiengemeinschaft von Harry W., was unweigerlich aus geballter Attitüde spanischer Willkür resultiert.

Um Vertrauen muss man kämpfen, Vertrauen birgt Arbeit. Spanien zeigt sich unfähig und fällt in alte Raster zurück, nimmt von Anderen, entdeckt sein nicht angewendetes Küstengesetz, nutzt dieses flugs zur eigenen Bereicherung, setzt sich in die selbstgefällige Position ein „Irrtumsrecht“ zu besitzen, wandelt das Eigentum von Harry W. in inländisch staatlichen Besitz. Alle Macht dem Stärkeren. Basta.
Basta? Wohl kaum. Vielleicht funktionieren afrikanische Stammesallüren hier und dort und anderswo. Im erlauchten Kreise europäischer Mitgliedsstaaten sollte man sich Besserem besinnen, will man dieser würdig sein, schlimmer noch, ist man auf diese zur Rettung der eigenen Haut angewiesen. Auf nordeuropäisches Verständnis kann südeuropäische Politikarroganz nicht mehr hoffen. Und auf ein Stillschweigen auch nicht mehr. Und es mag Spanien vermittelt werden, dass nordeuropäische, sprich in diesen Fall, deutsche und europäische , Wut nicht auf kleiner, dörflicher Flamme kocht. Es entspricht eben nur dem kühleren Naturell nicht spontan sondern überlegt zu reagieren.

Der erfolgreich vollzogene Akt des spanischen Staates, sich das lukrative Eigentum der Familiengemeinschaft Harry W. in Empuriabrava einzuverleiben, mag dieser als Investition von Außen sehen. Dass man sich dabei „geirrt“ hat, was aber nichts zur Sache tut, da man sich als Staat den Irrtum als Recht vorbehält, mag der unbedarfte E-U Bürger noch als eine Posse der besonderen Art schlucken. Dass aber durch eine „Knall auf Fall Enteignung“, ohne jegliche Vorwarnung, Menschen in tiefes Unglück und Armut gestürzt werden, raubt auch dem größten Spanien-Enthusiasten jeglichen Gutwill. Mit einem Schlag wurde die 14-köpfige Familiengemeinschaft von Harry W., in vier Generationen, deutsch, holländischer und spanischer Nationalität, mit der Tatsache konfrontiert, den „Mehr-Generationen-Sitz“ nicht mehr als ihr Eigentum nennen zu dürfen. Drei, zwei, eins – Meins: Enteignet! Plötzlich ist der spanische Staat flink. Was war geschehen?

Was so abstrus erscheint, wie die einstigen Abenteuer Don Quichottes, ruht auf lang recherchierten Fakten. Verschlungene Pfade politischer und spekulativer Machenschaften, die man erst mühselig entwirren muss, um hinter schmutzigen Kulissen auf den harten Boden schmerzlicher Realität zu gelangen. Dabei wird man des Staunens nicht müde, ob der Schlitzohrigkeit gewiefter Winkelzüge, zu denen die fähig sind, die nur eines im Sinne haben: Den Griff in die Taschen Anderer. Es zeigt sich die lange ungestörte Übung, die diese Klientel zum Meister machte. Es brauchte Zeit, Geduld und Beharrlichkeit, um sorgsam aufgebautes Mauerwerk, hinter dem jahrelang so ungeniert wie ungehindert geschaltet und gewaltet wurde, löchrig werden zu lassen. Was nun folgen wird - folgen muss, - weil ein Anfang gemacht, ist der Einsturz.

Spanien, in Geldnot verfallen, besann sich eines lukrativen Tricks. Hatte man zwanzig Jahre jenes – aus hehren Motiven heraus beschlossene - Küstengesetz, demnach die „erste Linie am Strand“ unbebaut sein soll, in mediterraner Unbekümmertheit über Bord geworfen und profitfreudig Jedem gegenüber, der die horrenden Bausummen in dieser Region zu zahlen imstande war, diesbezüglich geschwiegen und die Kassen bis zum Anschlag gefüllt, entdeckt der findige Politiker nun in finanzieller Not, die verwegene Idee doppelt abzukassieren. In hausgemachten Krisenzeiten ruft man sich „Vergessenes“ in Erinnerung und legt die politische Kralle besitzgierig auf einst freimütig bewilligte Objekte. Drei, zwei, eins…Meins! Genial aus der Sicht derer, aus deren Blickwinkel ein anständiger Mensch gar nicht erst blicken möchte.

Aber der Staat kann noch mehr. Er vermisst – würfelt? – in zeitlichen Abständen die bestehenden und beglaubigten Grundstücksgrenzen. Ein Blick auf die genehmigten Baupläne von Harry W., gleicher Grundstücke in unterschiedlicher Zeitfolge, lässt stutzen. Das Tolle ist, dass die Grenzlinien sich – je nach finanziell wachsender Misere – gerne mal in Richtung fremdländischem Eigentum verschieben, so dass sie in die verbotene Zone fallen. Diese Zauberei versteht nicht nur Harry W. nicht. Plötzlich traf die Küstengesetz Bemessungslinie mitten durch das 4 – Fam.- Haus von Harry W.. Drei, zwei, eins… Meins! Dem Küstengesetz ist doppelt Genüge getragen. Dem Unverständnis folgte der Widerstand. Das sieht der Staat lässig. Er nimmt sich die Kontenbewegungen der Ehefrau Joke vor, der eine Haushälfte gehört, rechnet zurück, wertet die Gelder zur Bedienung der Ratenkredite als Einkommen, bemängelt ohne Vorwarnung die, nach spanischem Ermessen logische, Besteuerung und beschlagnahmt–der Vollständigkeit halber–in doppelter Hinsicht, zusätzlich nochmal das komplette Eigentum. Das alles ohne vorherigen, erklärenden Schriftverkehr an Harry W., wie eigentlich üblich in einer zivilisierten Welt. Gegenwehr wird abgeschmettert. Der Staat darf irren und weiter agieren. Basta.

Was wie ein Tollstück aus einem anderen Jahrhundert klingt, ist spanischer Alltag, in den unterschiedlichsten Versionen aber immer mit dem gleichen Ausgang: menschliches Leid. In diesem einen geschilderten Fall von Harry W., bedeutet dies zusätzlich die Verarmung von insgesamt vier Senioren (der Ehefrau–65-jahre, Schwiegermutter, 82-Jahre & Mutter 88-jahre), die sich keiner Schuld bewusst sind, keine Schuld haben, ihre Schuldlosigkeit unter Beweis stellen, aber nicht erhört werden. Sie verloren auf einen Schlag ihr Hab und Gut, das sie im sechsstelligen €urobereich in das enteignete Familienanwesen investiert hatten und leben in ihrer holländischen und deutschen Heimat am Rande des Existenzminimums, aufgenommen in Wohnheimen, seelisch erkrankt, psychisch erschöpft, am Ende, anstatt wie geplant ihren Lebensabend im Kreise der Famlie in Empuriabrava ableben zu können. Das ist die grausame Realität. An dem hart erarbeiteten Erbe für die Kinder und Kindeskinder labt sich nun der spanische Staat.

Verkehrte Welt: Jede Katze, die mit eitrigen Augen abgemagert um die überfüllten, spanischen Müllcontainer streicht, bekommt mehr ausländische Aufmerksamkeit als menschliches Leiden im Sog spanischer Politikwillkür. Wütende Menschenmassen bestürmen das Social Network, reichen Petitionen ein, beschimpfen Politiker, bilden Hilfsorganisationen, bringen sich in empörte Stellung zur Rettung verlassener, vernachlässigter Strassentiere.

Und der Mensch? Es mag daran liegen, dass die Öffentlichkeit nicht ausreichend informiert ist und so eine kranke, arme, hilflose Katze auch eher die Herzen rührt. Doch krank und arm sind nun auch die, mit denen der Staat kaltschnäuzig verfährt, und hilflos sind sie zudem, weil es ihnen an Mitteln fehlt, sich zu wehren. Aber irgendwie scheint es, sind sie nicht „putzig“ genug.

Die Krise hat zugeschlagen, Harry W. und seinen Erben ist die Lebensgrundlage genommen und finden sich sehr wahrscheinlich im betagten Alter in einem Obdachlosenheim wieder, welches sie zwei Monate gratis nutzen dürfen, danach muss „Miete“ gezahlt werden, plus die fortlaufende Hypotheken für sein verlorenes Eigentum. Der Weg auf die Strasse ist nur ein winziger Schritt. Elend und unfassbares Leid. Verzweiflung lähmt die Angst, die Betroffenen sind wie paralysiert. Kinder werden ggf. von Heimen aufgefangen, um dem Leben ihrer Eltern auf der Strasse zu entrinnen. Kaum vorstellbar, was in ihren Köpfen und in ihren Herzen vorgeht. Was wiegt schwerer, das jammernde Kätzchen oder die Tränen der Kinder?

So geht man mit seinen Bürgern nicht um und auch nicht mit seinen Gästen. Investoren, wie die Familiengemeinschaft von Harry W., der Spanien durchaus als interessant angesehen hat, wenden sich nunmehr zukünftige Investoren im Vorfeld ab. Es mangelt nicht an Innovationen, kreativen, erfolgversprechenden Konzepten, es mangelt an ausländischem Vertrauen, in inländisches Gebaren. Eine der wichtigsten Grundlagen geschäftlichen Miteinanders ist Respekt und Vertrauen. Das „ergaunert“ man nicht. Das erarbeitet man und die Menschen in Spanien haben ein Recht darauf. Die Europäische Gemeinschaft hat ein Recht darauf. Wir Alle haben ein Recht darauf. Denn wir Alle müssen den Fall des südeuropäischen Riesen auffangen. Und wir alle haben die Pflicht nun zu agieren, um denen zumindest im Ansatz Rückendeckung zu geben, die einmal uns stützen sollen: Der jungen Generation.

Empuriabrava, „Just another brick in the wall“ es wird Zeit laut zu werden, Mauern einzureißen, Transparenz zu schaffen, Vertrauen in Spanien einzufordern und Respekt und Anstand zu verlangen. Und dies nicht in spanisch gewohnter Manier „morgen“, sondern jetzt!

Inwieweit die vorgenannten staatlichen Abzockermethoden einen Strafbestand darstellen, indem nachweislich Der Tatbestand: „Unter Vortäuschung falscher Tatsachen“ ein Betrugsdelikt beinhaltet und nachweist, bleibt nach nationalen und europäischen Recht zu überprüfen, denn die Verletzung der Menschenrechte sind in allen Belangen gegeben.

Fakt ist jedoch leider die Tatsache, das nicht einmal der kleinste Hoffnungsschimmer auf Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für die enteignete Großfamilie von Harry W. besteht, weil man felsenfest davon ausgehen muss, das Berechtigte Aussichten auf eine Schadenersatzklage beim europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg, zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, Schadenersatzzahlungen gewährleistet sind, die im Gegensatz dazu, Spanien unlösbare Pleite–Indikatoren aufzeigt, bei der klipp und klar, die E-U- Verantwortlichen, weder die Mittel noch den Wille haben werden, um Spanien „ herauszuhauen“.

Spanien ist Ende des Jahres 2.012 einfach pleite und wird keine vom europäischen Gerichtshof verurteilte Schadenersatzzahlung an die Familiengemeinschaft von: Harry W. nachkommen können. Basta.........
Empuriabrava, den 28. 04. 2.012

lunes, 21 de mayo de 2012

El Plan del Gobierno Vasco para confiscar y destruir las tierras de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se topa con la oposición de los legítimos propietarios

CONCESIONARIOS DE LOS TERRENOS GANADOS A LA RÍA EN GAUTEGIZ ARTEAGA, FORUA, KORTEZUBI Y MURUETA RECHAZAN EL PLAN "POR NO TENER EN CUENTA SUS DERECHOS"


El proyecto de restauración integral de los valores ambientales y culturales del estuario superior de Urdaibai ha soliviantado a los concesionarios de los terrenos que Medio Ambiente del Gobierno vasco quiere recuperar. Tanto, que un centenar de vecinos de Forua han presentado alegaciones a un plan que está en el tejado de Costas, entidad que debe decidir sobre el otorgamiento de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre para la ejecución de la iniciativa naturalística.
Los antiguos dueños de las parcelas que Lakua proyecta inundar para frenar la desecación de la Reserva de la Biosfera han solicitado que la petición sea denegada; básicamente, por su "incompatibilidad". Consideran que, a la luz de la jurisprudencia, la concesión administrativa sobre esas parcelas les corresponde.
Los antiguos propietarios de los terrenos -que fueron ganados al mar décadas antes y eran utilizados como suelos agroganaderos- dejaron de serlo como tal jurídicamente tras un expediente de deslinde tras la aplicación real de la Ley de Costas -que incluso recibió la reprobación de la Unión Europea- a partir del 2004. Y argumentan sus alegaciones contra el plan de Lakua en una sentencia emitida por la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en noviembre de 2007. Mentando a la Constitución, la resolución judicial otorgó una concesión administrativa a los antiguos dueños como compensación o restitución a un deslinde de terrenos que muchos propietarios de Urdaibai calificaron de "expropiación encubierta".
Fueron los propietarios en Murueta quienes emprendieron la larga vía judicial, cuya meta en la Audiencia Nacional les otorgó un derecho preferente, con un año de plazo para solicitar esa condición "de oficio y con carácter previo", debido a la privación efectuada tras el deslinde. Los trámites administrativos para que los antiguos propietarios hicieran efectiva la condición de titular de suelos, no obstante, se viene alargando los últimos años.
"INCOMPATIBLE" A las alegaciones de los muruetarras ante el proyecto de restauración ambiental, que en su conjunto prevé inundar hasta 140 hectáreas de Urdaibai para 2014 con el fin de luchar contra algunos de los males que asolan la Reserva, se han sumado concesionarios de Kortezubi, Gautegiz Arteaga y Forua. Los afectados superan los dos centenares y medio, con más de un centenar de alegaciones que, entre otros aspectos, aducen que la concesión administrativa solicitada ante Costas por Medio Ambiente tiene que resultar denegada "al resultar incompatible con el otorgamiento de la previa concesión administrativa" que corresponde a los vecinos "y que, por pura lógica, deberá de resolverse de forma positiva" para sus intereses.
Es decir, objetan que los antiguos titulares son los que, tras quedarse sin la propiedad de sus parcelas, deben disfrutar de forma preferencial del terreno que Lakua pretende comenzar a inundar este año retirando las barreras artificiales construidas décadas atrás.
"Aunque sean de dominio público por la ley de costas, tienen derecho a una concesión sobre la que fue su propiedad". Así lo ven, al menos, desde las administraciones locales. Es por ello que los ayuntamientos de Murueta, Gautegiz Arteaga, Kortezubi y Forua van de la mano de los vecinos que conservan parcelas en áreas como el poder de Anbeko o el triángulo de Murueta. "Nuestros vecinos deben ser restituidos de alguna forma si pierden la concesión", esgrimen. "Sus derechos deben de ser compensados", evidencian, "y en el caso de este proyecto, esa máxima no se cumple". Al igual que los dos centenares y medio de afectados, algunas de estas cuatro administraciones locales tienen parcelas otorgadas en similar condición en esas áreas.
El plan ambiental que prevé abrir las munas y crear más hectáreas de humedales en Urdaibai para combatir la desecación del estuario, "se remitió simultáneamente a la Demarcación de Costas y a los ayuntamientos, no pudiendo ser tramitado por carecer de los informes preceptivos que son previos a la concesión de la licencia", estiman asimismo desde uno de los consistorios.
Las administraciones locales han mantenido diversas reuniones para buscar una solución a la situación. Pendiente tienen, además, una reunión con las altas instancias de Costas. "Entendemos que puede ser un proyecto de interés público, pero antes se debe resolver la situación de los antiguos titulares de los terrenos, para después actuar", esgrimen. Y es que las administraciones locales no están en desacuerdo con el fondo del plan medioambiental, si bien también aseguran que "tiene varios puntos que podrían subsanarse".
Lo que el Gobierno Vasco llama "proyecto de restauración integral de los valores ambientales y culturales del estuario superior de Urdaibai" es pura y simplemente la destrucción de la reserva de la Bioesfera con el objetivo de hacerse con los terrenos confiscados por Costas. Les ponen nombres rimbombantes que suenen ecológicos para despistar y captar fondos internacionales, pero esta vez les ha salido mal. La UNESCO no da ni un euro cuando se confiscan las tierras y se ataca a los Derechos Humanos.
Este es el único fin de la Ley de Costas, despojar a los propietarios legales de sus tierras para especular con ellas. Lo venimos denunciando hace años.   

domingo, 20 de mayo de 2012

Las instalaciones de Sidra El Gaitero en Villaviciosa volverán a ser propiedad de la empresa


Las instalaciones de la planta de Sidra El Gaitero en Villaviciosa serán de nuevo propiedad privada de la empresa, en lugar de dominio público marítimo terrestre, como sucedía desde el deslinde realizado en marzo de 2010 por el anterior Ejecutivo del Estado así lo determinase. El ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias-Cañete, ha remitido una carta al Ayuntamiento de Villaviciosa confirmando su determinación en este sentido.

   Así lo ha informado en rueda de prensa este sábado José Manuel Fuelgueres, alcalde de Villaviciosa, dando información a la carta remitida por el ministro, en la que Arias-Cañete da cuenta de la aceptación de las alegaciones presentadas por la fábrica contra la orden de deslinde.
   El alcalde ha mostrado así su satisfacción, además de su agradecimiento a la fábrica, al pleno de la corporación municipal, que había aprobado una moción por unanimidad en este sentido, y a la plataforma ciudadana creada para conseguir que los terrenos siguiesen en propiedad de la entidad.

   Felgueres ha explicado que con la inclusión en el dominio marítimo terrestre, las instalaciones pasaban a someterse a una cesión por 30 años, lo que en su día había provocado que los propietarios se planteasen abandonar la Villa, o incluso Asturias. "No vas a realizar inversiones en una propiedad que sabes que dentro de 30 años no va a ser tuya", señala el primer edil maliayés.

   El alcalde señala el interés político y ciudadano de Villaviciosa en garantizar la continuidad de la fábrica, "no sólo por las 70 familias que viven de ella, sino porque es un patrimonio industrial y turístico (por las muchas visitas que recibe) de Villaviciosa".
   El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Agricultura, Arias-Cañete, habían visitado las instalaciones recientemente, y escuchado del alcalde y de sus propietarios, sus razones para pedir su exclusión del dominio marítimo terrestre. Felgueres recuerda que la fábrica tiene las escrituras de compra, datadas en 1860, por vía de una compra judicial.

¿Y van a devolver el resto de las propiedades confiscadas en toda España? 

viernes, 18 de mayo de 2012

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acepta la queja de los vecinos de Cho Vito ante la vulneración de sus derechos por parte de Tragsa


ImageAudio de la entrevista SB-Noticias.- Tomás González (Cho Vito) explicó en La Trapera de Radio San Borondón que han recurrido la sentencia que les condena a pagar una multa por las protestas realizadas para que se crearan accesos a sus casas y denuncia la injusticia sufrida porque la realidad es que los vecinos del barrio marinero se vieron encerrados por esa empresa como si estuvieran en un campo de concentración como castigo por su resistencia de tantos años.

Cabe recordar que hace algunas semanas tuvo lugar un juicio contra algunos vecinos de Cho Vito tras la denuncia de la constructora por la paralizaron las obras del paseo de Caletillas al considerar que se estaban destrozando los accesos a las viviendas sin que se hubieran dotados a las mismas de accesibilidad y cuya sentencia determinó una sustancial multa a la familia de Tomás González.

El portavoz vecinal explicó que han recurrido dicha sentencia al considerarla injusta y explica que los vecinos no se han opuesto nunca a que se realizaran las obras, pero sí a las formas y a los métodos utilizados a la hora de llevar a cabo los trabajos, ya que lo cierto es que los vecinos de Cho Vito se vieron encerrados como si estuvieran en un campo de concentración como castigo por su resistencia de tantos años.

En aquellos días todo el mundo pudo comprobar que Tragsa cerró Cho Vito a cal y canto, de modo que quienes estaban dentro del poblado no podían salir y quienes estaban fuera, no podían acceder a sus viviendas, lo que motivó la movilización y la polémica, que finalmente condujo a una miserable denuncia de Tragsa, causante de todos los males y la posterior sentencia que castiga a quienes ya estaban siendo castigados, dijo González.
Desde su punto de vista, lo preocupante de la sentencia es que la Justicia comete una injusticia, ya que no les condenan por paralizar las obras, que en todo caso sería un delito de faltas y, por tanto, menor, sino por los costes derivados de la parada y retirada de las palas, sin tener en cuenta que la protesta básicamente se hizo cuando ya no estaban trabajando y, sobre todo, cuando al día siguiente Tragsa se vio obligada a llevar nuevamente la maquinaria al lugar para arreglar los destrozos causados en los accesos de las viviendas, lo cual pone de manifiesto la total incongruencia de la sentencia.

Tomás González no tiene ninguna duda de que esta sentencia es un tributo que tiene que pagar por tantos años de lucha y resistencia contra los abusos que se querían cometer en Cho Vito, dicho lo cual anuncia que han presentado una queja formal en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que ha sido aceptada por la vulneración de sus derechos en este problema.

Además, han denunciado ante el Parlamento Europeo que Tragsa trabaja para el Gobierno español a través de encomiendas, las cuales son “troceadas” para evitar que salgan a libre concurrencia, con lo que solicitan a Bruselas que investigue a dicha empresa, que factura muchos miles de millones de euros cada año, los contratos a dedo que recibe de la administración para que realice obras con su personal y con personal subcontratado sin que haya por tanto libre concurrencia como se requiere para la obra pública.

NO TUVIERON SUFICIENTE CON DERRIBARLES LAS CASAS Y DESTRUIR EL POBLADO, TENÍAN TAMBIÉN QUE IMPEDIRLES EL PASO, DESTRUIR LA PLAYA Y, POR SI FUERA POCO, IMPONERLES UNA ABULTADA MULTA. 
ESO SE LLAMA ACOSO Y ABUSO DE PODER.
¿DÓNDE ESTÁN LOS ECOLOGISTAS QUE TANTO DEFIENDEN EL MEDIO AMBIENTE? 

¿DONDE ESTÁ LA FISCALIA MEDIOAMBIENTAL?


¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA?

jueves, 17 de mayo de 2012

Cañete se ha comprometido a aplicar un "tratamiento específico" para Formentera en la aplicación la Ley de Costas


 El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ha calificado de "histórico" el acuerdo con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Arias Cañete, por el que éste liderará junto con el Govern balear la petición de la elaboración de un régimen específico de insularidad para el archipiélago.

   Bauzá ha afirmado que el régimen de insularidad contemplará "todas las demandas de insularidad" a nivel comunitario en materia de política agraria común. La reunión, mantenida este jueves en el Ministerio de Agricultura en Madrid, ha sido para Bauzá "histórica" para los intereses de Baleares "reivindicados durante décadas"

   Otro de los temas tratados en esta reunión ha sido la Ley de Costas, en la que Cañete se ha comprometido, según Bauzá, a aplicar un "tratamiento específico" para Formentera en la aplicación de esta norma, que será recogido en una disposición adicional a esta ley.
   En cuanto al resto de las islas, Bauzá ha afirmado que se producirá un análisis y estudio de la rehabilitación de las edificaciones que están afectadas por el deslinde de la ley de costas

viernes, 11 de mayo de 2012

La mitad del Ibex invierte en países que no respetan la propiedad privada

Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Cristina Fernández en Argentina, Rafael Correa en Ecuador... Aunque la oleada de populismo que se ha atrincherado en algunos países latinoamericanos no ha pasado desapercibida para los inversores, la mitad de las empresas del Ibex mantiene negocios en países que ofrecen escasa seguridad jurídica a los inversores.

No es la primera vez que Evo Morales manda al Ejército a tomar sedes de empresas privadas. Ayelo sufrió TDE, filial de Red Eléctrica en Bolivia, pero en 2006 le tocó el turno a Repsol YPF y otras compañías del sector. También en un primero de mayo, Morales anunció que nacionalizaba todos los hidrocarburos del país. Mientras pronunciaba el discurso en el yacimiento gasista de San Alberto, al sur del país, las Fuerzas Armadas bolivianas iban tomando el control de oleoductos, gaseoductos y refinerías.
A pesar de los paños calientes que el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto a la expropiación de TDE, la oleada de populismo que se ha atrincherado en Bolivia y otros países de la región (Argentina anunció en abril la expropiación de YPF a Repsol) no pasa desapercibida para los inversores.
El informe de competitividad global del Foro Económico Mundial, que se reúne anualmente en la localidad suiza de Davos, muestra una serie de ránkings muy reveladores. Entre otros muchos factores, clasifica a los países en función de su respeto a la propiedad privada y a la calidad de sus instituciones. Y entre los peores aparecen los sospechosos habituales: Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, Nicaragua y también se une Paraguay.
En todos los casos, el respeto que muestran hacia la propiedad privada es calificado como débil o muy débil y la solidez de las instituciones -que podrían ofrecer seguridad jurídica en caso de abusos de poder- también son calificadas como débiles.
Es que la Madre Patria es una gran maestra...Si no, que alguien me explique que diferencia entre el ¡¡exprópiese!! de Hugo Chaves o la sentencia de la Juez Mª Lourdes Sanz Calvo de la Audiencia Nacional (SAN 142/2012) "no prodece otorgar indemnización  alguna por la incorporación de dichos bienes al demanario" (público, o sea, propiedad nacionalizada...)
Exactamente ninguna...Bueno sí, somos más finos diciéndolo, pero el resultado es el mismo (la propiedad confiscada está a más de 500 mts del mar) 
El Estado no debe pagar un justiprecio
La vecina de Campos que impugnó la orden ministerial de deslinde de la playa de es Trenc por incluir como bien público unas fincas de su propiedad situadas en segunda línea de costa no deberá ser indemnizada por el Estado, según dispone la Audiencia Nacional en su sentencia.
La recurrente pidió la exclusión de sus terrenos de la zona de dominio público y, alternativamente, reclamó una compensación económica por la "expropiación" de sus derechos a manos del Estado.
La demandante aludió al llamado Informe Auken, aprobado por el Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2009, y donde se equiparan las ampliaciones de los deslindes costeros sobre terrenos privados consolidados con expropiaciones de facto.
La Audiencia Nacional rechaza condenar al Estado a abonar indemnización alguna a la vecina de Campos. La sentencia explica que la Ley de Costas contempla mecanismos para compensar a los particulares afectados por las ampliaciones del dominio público marítimo-terrestre, fórmulas basadas en las concesiones públicas. La Ley de Costas permite a los afectados acceder a un sistema de concesión pública, que "permite el mantenimiento de los usos y aprovechamientos existentes por un plazo máximo de 60 años", recuerda la sala de la Audiencia Nacional. La demandante no había establecido la cantidad que quería pedir como indemnización al Estado central y se limitó a reclamar "el justiprecio".

miércoles, 9 de mayo de 2012

Las empresas extranjeras en España reclaman más seguridad jurídica

El Gobierno se reunió con las multinacionales presentes en nuestro país para explicarles el proyecto de la «Marca España»

Todo esfuerzo es poco para recuperar la credibilidad de nuestro paísa nivel internacional. De ello depende gran parte de la recuperación de nuestra economía. Atraer la inversión extranjera y ser capaces de exportar son dos actividades con un denominador común: ambas necesitan que fuera confíen en la seriedad de nuestro país. Recuperar la «Marca España» es uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno y el gran reto del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
Con este objetivo, diversos miembros del Gobierno, encabezados por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se reunieron, el martes 7 de mayo, con directivos de una veintena de multinacionales extranjeras presentes en España. El objetivo era explicarles el proyecto «Marca España», que será presentado el próximo 13 de junio, y calibrar su opinión: tanto sobre la «injusta» imagen negativa del país en el exterior como sobre qué se puede hacer para mejorar.
El encuentro, que se produjo en el Palacio de Viana, contó también con la presencia de el ministro de Industria, José Manuel Soria; la ministra de Fomento, Ana Mato; y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, según la Oficina de Información Diplomática. Entre las empresas extranjeras, participaron representantes de Renault, Peugeot, Ford, Opel, Bayer, Vodafone, Ericsson, Siemens, Philips, McDonalds, Microsoft, IBM o Huawei.
Esta iniciativa se engloba dentro de las acciones emprendidas por el Gobierno para exponer el proyecto de la «Marca España».
Las firmas extranjeras reclamaron mayor seguridad jurídica en el país, criticando los vaivenes legislativos del Gobierno anterior, y más unidad de mercado, ante la evidente disparidad autonómica. El director general de Reanult España Comercial, Armando García Otero, señaló que habría que reducir las trabas burocráticas para crear una empresa. Además, criticó los altos costes logísticos de nuestro territorio. Los empresarios destacaron que la política económica del Gobierno «va en la buena dirección», aunque pidieron mejorar la comunicación. Exigieron un esfuerzo a la hora de explicar las reformas a los ciudadanos. Por último, las empresas extranjeras bendicieron la constancia del Gobierno en promover la «Marca España». Es mucho lo que está en juego.
¿Qué es injusta la imagen de España en el extranjero? Nos la hemos ganado a pulso con leyes como la de Costas. Ejemplo: en octubre, en una foro internacional que programaron la Comisión Europea y el Parlamento Europeo con intervinientes del máximo prestigio, nuestro representante de la oficina del Defensor del Pueblo reconoció públicamente que la Ley de Costas era una LEY INJUSTA y que ya no sabía que más hacer y decir a los políticos para que  la modificara. Lo que nos tocó oír en los pasillos es de antología. 
Sólo hay dos Marcas España:
  1. Marca España + Ley de Costas = inseguridad jurídica = república bananera
  2. Marca España - Ley de Costas = seguridad jurídica = Estado de Derecho Europeo, país seguro donde invertir.
¿Tan difícil es escoger la segunda? 

martes, 8 de mayo de 2012

El ministro Soria cuenta el chiste del año a los inversores


Soria asegura a los inversores  que España es un país fiable y estable


El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se ha reunido hoy con inversores para comunicarles que España es un país fiable, con un marco jurídico estable, donde la propiedad privada se puede sentir segura y "no seguimos prácticas inhabituales en Derecho".


¿Por qué no nos lo cuenta a las 400.000 familias a las que nos han confiscado la propiedad? A lo mejor de la risa que nos entra se nos olvida que nos han llevado a la ruina.


Cuénteselo también a los miles de extranjeros que invirtieron en la costa pensando que este era un país fiable y estable y que han perdido toda su inversión mediante la Ley de Costas...creo que las carcajadas se van a escuchar en todos los idiomas


Cuando devuelvan las propiedades a sus legítimos dueños, a lo mejor, alguien les cree.

viernes, 4 de mayo de 2012

El Ministerio de Medio Ambiente se compromete a colaborar con la Diputación en la mejora de la Ley de Costas

El vicepresidente de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez, y el diputado de Medio Ambiente, Mario García, han mantenido esta mañana en el Ministerio de Medio Ambiente una reunión con el director general de Sostenibilidad del Mar, Ángel Muñoz, y la subdirectora general de Dominio Público Marítimo - Terrestre, Raquel Orts, para exponer ante el Gobierno Central la situación del litoral castellonense y defender los intereses de los ciudadanos afectados por la Ley de Costas de 1998.

Así, el Ministerio ha confirmado a los diputados provinciales que antes del verano estará disponible el borrador de la modificación de la Ley de Costas, teniendo en cuenta las reivindicaciones de la Diputación para conseguir salvar del derribo los hogares, construidos legalmente antes de 1998, de cerca de 600 familias.

De este modo, Martínez y García, que han estado acompañados por el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, han explicado que la plataforma impulsada por la Diputación para la defensa de las viviendas y propiedades del litoral castellonense está pendiente de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo les dé fecha para defender el informe que justifica una modificación de la Ley de Costas. Cabe recordar que la Unión Europea aceptó a trámite las más de 15.000 firmas recogidas por esta entidad para llevar a cabo dicha reforma.

Desde la plataforma, que presta servicio a 14 municipios de la costa de Castellón, se denuncia que el anterior Gobierno llevó a cabo demoliciones arbitrarias de propiedades adquiridas legítimamente que ahora, por la acción progresiva del mar, se encuentran dentro del dominio público marítimo terrestre. Al respecto, la Diputación solicita una moratoria en la ejecución de expedientes hasta que entre en vigor la reforma de la ley, anunciada por el ministro Miguel Arias Cañete el pasado mes de enero.

Los representantes provinciales también han preguntado si se va a mantener el plan de construcción de 13 espigones entre Burriana y Sagunto, equivalente a una inversión de 60 millones de euros, que resolvió el anterior Gobierno días antes de dejar el poder. Se trata de aplicar dos alternativas descritas en un estudio de la Universidad de Cantabria contra la erosión. La Dirección General de Costas ha explicado que se está revisando la documentación y que en breve se sabrá si se tira adelante con el proyecto. Cabe señalar que diversos estudios confirman que el proceso de regresión del litoral de Castellón es el más grave de la Comunidad Valenciana y uno de los más preocupantes de España.

Mario García ha valorado de forma "muy positiva esta reunión, ya que el Ministerio ha demostrado su voluntad de colaborar con la administración provincial y de facilitar toda la información a la plataforma así como a todos los afectados. Se trata de un cambio de actitud muy importante, ya que el anterior Gobierno ha sido hermético con nosotros respecto a esta problemática".

“La defensa de las viviendas pasa necesariamente por la protección integral del litoral de Castellón, ya que de lo contrario el mar seguirá ganándole terreno a la costa y amenazando el bienestar de nuestros vecinos y el futuro desarrollo de nuestras ciudades”, ha añadido García.

La apuesta de la Diputación por la plataforma responde a la petición de los municipios afectados, quienes solicitaron el apoyo del ente provincial ante la administración central y la Unión Europea, para coordinar las acciones necesarias en relación a la defensa de los intereses de los ciudadanos y preservar el litoral.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/172273_ministerio-medio-ambiente-compromete-colaborar-diputacion-mejora-costas.html