LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

sábado, 30 de junio de 2012

El Supremo frena el deslinde de Punta Margalla que Costas inició hace 6 años

CALA DEL PALANGRE
Los bloques se ubican en una zona de costa entre la Cala del Palangre y la Playa del Cura

Los vecinos de la zona de Punta Margalla están de enhorabuena porque una reciente sentencia del Tribunal Supremo les da la razón en un litigio que mantenían con la dirección general de Costas.
El Alto Tribunal ha anulado de forma cautelar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobado en 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente en la conocida zona de Torrevieja. Los bloques en cuestión se ubican en una franja de costa de 748 metros de longitud comprendida entre la cala del Palangre y la Playa del Cura. Esta sentencia pone fin a un largo procedimiento judicial iniciado a instancias de diversas comunidades de propietarios afectadas por el deslinde, que estaban administradas por Juan Andreu.
Los propietarios mostraron su preocupación por las consecuencias que el deslinde aprobado podía tener sobre las comunidades afectadas, pues implicaba que parte de los edificios pasaran a ser dominio público del Estado, con el consiguiente perjuicio patrimonial a los particulares y la cesión de su uso a Costas.
A partir de las actuaciones del organismo ministerial las comunidades afectadas encargaron a un bufete de abogados alicantino la interposición de un recurso contencioso-adiministrativo contra le orden del ministerio que aprobaba el deslinde, en un recurso de casación estimado por el alto tribunal. El Ministerio de Medio Ambiente había incluido dichos edificios en el dominio público, según consta en la sentencia del Supremo, no por sus características naturales, sino por la aplicación de un criterio jurídico, al considerar que dichos terrenos fueron declarados de dominio público en 1946 y desde entonces, pese a estar edificados, deben tener dicha condición.
PLAYA DEL CURA
Esta interpretación ha sido rechazada por la sentencia del TS, acogiendo las tesis de los abogados de las comunidades, al entender que un deslinde realizado con posterioridad en 1969 lo modificaba, por lo que no procede ahora incluir esos edificios en el dominio público marítimo-terrestre, máxime cuando no se dan circunstancias naturales que así lo aconsejen.
Esta sentencia, que anula el referido deslinde en el tramo afectado de Punta Margalla, implica que los edificios afectados, que el ministerio había incluido de uso público continuarán considerándose como propiedad privada, evitando así que sus actuales propietarios se vieran en la necesidad de solicitar una concesión del uso temporal, por un plazo de treinta años.
Los afectados fundamentaron su recurso en que la sentencia precedente incurría en un claro abuso de la jurisdicción, rebasando los límites administrativos porque defendieron que no había características naturales que justifiquen su inclusión en el dominio público marítimo terrestre.
Asimismo apelaron que la sentencia desfavorable era incongruente y el TS da la razón en parte a los demandantes. Una de las cuestiones que reseña es que los hitos se han retranqueado tierra adentro en el deslinde aprobado en 1969, que había dejado sin efecto el anterior, aprobado en 1946, y al que sucedió otro en el 2006, que fue impugnado por los afectados.
Asimismo estima que la sentencia de instancia se olvidó de analizar el documento de 1969 y cotejarlo con el otro de 1946, por lo que estima que los vecinos tienen derecho a la apelación.
SENTENCIA

martes, 26 de junio de 2012

El Supremo salva de la Ley de Costas a Almáciga y Roque de Las Bodegas pero condena a Tachero


El Tribunal Supremo (TS) finalmente ha dado su brazo a torcer y reconoce que en dos núcleos situados en el Anaga profundo como son Almáciga y Roque de Las Bodegas la zona de servidumbre debe tener una anchura de 20 metros en vez de los 100 fijados hasta ahora por la Ley de Costas. 

Esta resolución ya firme supone que ambos pueblos se salven de los rigores de esta legislación que mantenía a alrededor de 250 viviendas en situación de fuera de ordenación con las limitaciones que este régimen supone a la hora de devaluar el valor de las propiedades, imponer fuertes limitaciones a la realización de obras o incluso la posibilidad de proceder a derribos si se ejecutaran obras de interés general. No ocurre sin embargo así con Tachero donde el Supremo cree que no se dan las condiciones suficientes para calificarlo como núcleo urbano y por lo tanto  mantiene la anchura de la zona de servidumbre en cien metros, lo que implica que la práctica totalidad del pueblo se sitúe dentro de terrenos de dominio público.

La lucha de estos vecinos junto con los de Igueste, también en Anaga, en contra de la ley de Costas se remota ha hace ya casi una década momento en el que el Estado comenzó a notificarles las consecuencias que la entrada en vigor de la ley iba a traer consigo. En el caso de Igueste hasta ahora todas las batallas judiciales se han saldado con un sonoro fracaso, pero sin embargo finalmente al menos Almáciga y Roque de Las Bodegas ha podido ver como sus argumentos salían adelante. El Supremo anula así en parte una sentencia anterior de la Audiencia Nacional que imponía que a lo largo de los más de 12 kilómetros de este tramo del litoral la zona de servidumbre tuviera una anchura de cien metros.

El recurso fue interpuesto por la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Begoña, en Almáciga, y dirigido por el letrado Juan José Rodríguez, después de haber acusado al Ayuntamiento de no haber elaborado con suficiente precisión los informes que probaran que antes de la entrada en vigor de la ley de Costas en el año 1988 estos núcleos contaban con las características suficientes para ser considerados urbanos. Estos es, que disponían de servicio eléctrico, alcantarillado, suministro y abastecimiento de agua, acerado, consolidación edificatoria y acceso rodado en condiciones. Finalmente, el Supremo estima que ocurría así en Almáciga y Roque de Las Bodegas pese a que los informes aportados por la Gerencia de Urbanismo y las empresas concesionarias de cada uno de estos servicios no resultaron siempre lo suficientemente claros. Pero no ocurre lo mismo con Tachero en el que ninguno de los documentos demostró de forma clara que se trataba de un núcleo urbano consolidado.

Así  la empresa concesionaria del servicio de Aguas, Emmasa, apuntó que Tachero no contaba con servicio de alcantarillado. Un extremo negado por estos vecinos y por un antiguo directivo de la compañía quien testificó que los núcleos disponían de un precario sistema de agua potable. Otro informe encargado por la Corporación local a un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, determinó que antes de la entrada en vigor de la ley se habían realizado obras básicas de infraestructura. La Concejalía de Servicios municipales tampoco fue muy concreta y en el informe elaborado no concluyó "de forma fehaciente" si el Ayuntamiento durante la década de los años setenta realizaba el suministro de agua potable, saneamiento y alumbrado en estos núcleos. La compañía eléctrica Unelco sí certificó que había instalado este servicio en 1968 en Almáciga, en 1973 en Roque de La Bodega pero no ocurrió así hasta 1994 en Tachero.
http://www.sanborondon.info/content/view/45030/1/

Sentencia
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6415794&links=anaga&optimize=20120625&publicinterface=true

sábado, 23 de junio de 2012

Zapatero llevó a la ruina a 400.000 familias españolas, dió orden de demoler miles de viviendas de gente humilde, pero pide a todos los gobiernos del mundo que combatan la pobreza

DEBERÍA EXISTIR UNA LEY QUE OBLIGARA A PASAR UN EXAMEN PSICOLÓGICO A TODOS LOS GOBERNANTES PARA QUE LOS VOTANTES SUPIÉRAMOS COMO ESTÁN DE LA CABEZA QUIENES VAN A REGIR NUESTROS DESTINOS.


Artículo de Jose Luis Rguez Zapatero
La Cumbre de Río supone un nuevo esfuerzo de la comunidad internacional para concertar políticas que garanticen que el crecimiento económico tenga dos fronteras prioritarias: la sostenibilidad medioambiental y el combate contra la miseria y el hambre. Las cifras a este respecto siguen siendo hoy un aldabonazo en la conciencia de todos: en torno a 800 millones de personas en el mundo padecen una miseria extrema, y aproximadamente 30.000 seres humanos mueren al día a consecuencia del hambre. Cifras intolerables.
En los últimos treinta años, la pobreza extrema se ha reducido en el mundo desde un 50 por ciento de la población total a un 17,5. El dato es espectacular, pero insuficiente. Deberíamos tratar de lograr en una década el sueño tanto tiempo imaginado de que el hambre deje de ser una de las causas de muerte en la Tierra.
Ese es el mandato de los Objetivos del Milenio, que mantienen hoy su vigencia plenamente, aunque sus avances se producen -y hay que decirlo con claridad- a un ritmo insuficiente, sobre todo por la actual crisis internacional. Por ello, en Río deberá renovarse enfáticamente ese gran compromiso mundial de acabar con la miseria.
En esta cumbre se plantea la convicción de que el futuro de la humanidad dependerá de nuestra capacidad para preservar el medio natural en el que vivimos. En apenas cuarenta años, la población mundial se duplicará. La biodiversidad no puede seguir deteriorándose, porque pondríamos en riesgo el desarrollo de los países más avanzados y especialmente la salida de la pobreza de los no desarrollados. La comunidad científica ha demostrado que reducir los gases de efecto invernadero es una tarea imprescindible. Políticamente, supone el mayor examen de la gobernanza mundial, pues se trata de encontrar un camino en el que se equilibren los sacrificios que deben hacer los países desarrollados, por un lado, y los emergentes, por otro.
He asistido a muchas cumbres internacionales en las que la dificultad esencial para llegar a un acuerdo se producía cuando los países emergentes reclamaban, ante los países desarrollados, su derecho de seguir creciendo sin cortapisas: "Primero, dejadnos llegar al grado de desarrollo que vosotros ya habéis alcanzado y luego reduciremos nuestras emisiones". Entiendo a los países emergentes, pero no hay tiempo. La Tierra no lo tiene: es forzoso alcanzar un consenso entre desarrollo y reducción de emisiones, entre desarrollo y energías renovables, entre desarrollo y ahorro energético, entre desarrollo y transferencia tecnológica...

Hoy, cualquier gobierno y cualquier organismo internacional saben que la ayuda al desarrollo ha de ser necesariamente ayuda al desarrollo sostenible. Dicho de otra manera, ha arraigado de un modo irreversible la convicción de que la erradicación de la pobreza y la preservación de la naturaleza han de ir de la mano, porque son expresión de un mismo paradigma de defensa de la dignidad humana.
Sea cual sea el éxito de la Cumbre de Río, a partir de ahora cada día de nuestro futuro tenemos convocada una cumbre de la Tierra, una cumbre con el destino de nuestra especie. Y no tengo ninguna duda de que esa cumbre diaria va a ser finalmente resuelta en favor de la reducción progresiva de la pobreza y en favor del equilibrio con el medio ambiente. Puede haber percances o demoras en este camino, pero la humanidad no deja de avanzar porque no deja de aprender. Es esa misma convicción en el progreso la que nos ofrecen a diario todos los cooperantes que, en uno u otro rincón del mundo, salvan una vida, proyectan la luz de la educación sobre la sombra del analfabetismo y convierten la expectativa de una vida digna en algo tangible.

jueves, 21 de junio de 2012

Coger piedras de la playa es delito medioambiental...menos, para Costas


Una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil detuvo ayer a un hombre al que estaba multando por infringir la Ley de Costas por tallar una escultura con varias piedras del Parque Natural de Ses Salines, después de encontrarle marihuana y hachís en una bolsa.
El hombre, José F.M., de 52 años, fue detenido ayer por unos agentes que realizaban la vigilancia rutinaria en el parque natural, ha informado el instituto armado en un comunicado.
Los agentes le encontraron tallando una escultura en la playa con varias herramientas, comprobaron que las piedras que utilizaba habían sido extraídas de la zona costera de Dominio Público Marítimo Terrestre, por lo que identificaron al hombre para denunciarle por realizar una extracción de áridos y modificar el estado natural del paisaje, infracciones que contempla la Ley de Costas.
Posteriormente, los agentes registraron la bolsa de tela que portaba el hombre, en la que hallaron cogollos de marihuana y pastillas de hachís, por lo que procedieron además a detenerle por un delito contra la salud pública.
Los agentes se incautaron de 198 gramos de hachís y 278 gramos de cogollos de marihuana, así como de 1.145 euros en metálico.
Vale, lo dice la Ley de Costas. ¿Y por qué no ha demostrado el Seprona el mismo celo profesional cuando Costas se dedicó a destruir la playa de Cho Vito? 
¿Por qué denunciaron a los ciudadanos que trataron de impedir que se cometiera un delito mediambiental en vez de agradecérselo?
¿Por qué no se han dignado siquiera en abrir una investigación para ver quiénes son los responsables de semejante fechoría y llevarles hasta el juez?
¿Por qué aún no han abierto un expediente para poder averiguar si la empresa tiene todos los permisos, licencias, etc...y si el promotor de la obra cumple con todos los requisitos legales?
Pues porque en este país se ha llegado a tal degeneración que ser un ciudadano honesto que no se calla ni se somete, es conceptuado de poco menos que de delincuente y se nos trata como a tal. Nos quieren callados y sumisos.

viernes, 15 de junio de 2012

El PSOE vuelve a manifestar su oposición frontal a la reforma de la ley de Costas

Durante la comparecencia, ayer en el Senado, del secretario de estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, el grupo parlamentario socialista volvió a manifestar su oposición frontal a la reforma de la ley de Costas.

Federico Ramos abordó ayer, entre otros temas en su comparecencia, la reforma de la actual ley de costas, y explicó claramente que el gobierno va a cumplir con la modificación a la que se comprometió y que por lo tanto finales de este mes presentará el borrador de la nueva ley para su estudio, discusión y posterior aprobación.

Tal y como explico el secretario de estado de Medio Ambiente, la modificación de la actual ley pretende, ante todo, amparar los derechos de las personas ante el riesgo de derribo y pérdida de su patrimonio por la aplicación de una ley que, de forma retroactiva, vulnera sus derechos y destruye su legítimo patrimonio.

El senador castellonense Vicente Aparici ha declarado que “ante las falsedades que los senadores castellonenses del PSOE han venido vertiendo en los medios de comunicación, no hay mejor desmentido que la posición de su portavoz de Medio Ambiente en el senado, Miguel Fidalgo, que ayer constató la total oposición de su partido a cualquier modificación de la actual ley, por lo que exigimos al actual secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que aclare su posicionamiento y desautorice a su portavoz en el Senado”.

Aparici se ha mostrado convencido de que “el PSOE ejercerá sin duda su derecho a veto en primera instancia en el senado y aunque la mayoría del Partido Popular en el senado garantiza que la modificación pueda tramitarse en esta instancia, el grupo socialista podría presentar un recurso que paralice esta reforma en los tribunales, lo que aclararía su posición en contra de los intereses de los castellonenses y su defensa de sus posiciones partidistas, y prolongaría la situación de precariedad que actualmente padecen los vecinos de la costa castellonense hasta la resolución del tribunal”.


martes, 12 de junio de 2012

Costas, dispuesta a suspender derribos hasta que se apruebe la nueva ley

El Ministerio de Medio Ambiente estudiará la suspensión de las actuaciones administrativas hasta que se apruebe la nueva ley, pero matiza que no puede hacer nada en el caso de resoluciones judiciales firmes. Los afectados de Canarias piden que los abogados del Estado no insten la ejecución de las sentencias. 

Las buenas noticias con las que los afectados por la Ley de Costas en Canarias volvieron el pasado jueves de su reunión en el Ministerio de Ambiente solo lo son a medias. El abogado José Luis Langa, representante en las Islas de la asociación de perjudicados por esta norma, aclaró ayer que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, les advirtió de que la "receptividad" de la Administración central a la hora de suspender derribos no alcanzará a aquellos que sean objeto de una resolución judicial firme.

En el encuentro, Saavedra se comprometió a estudiar el aplazamiento, hasta que se apruebe la nueva ley, de aquellas actuaciones administrativas que "representen un perjuicio para las propiedades y los negocios en Canarias", pero matizó que "no puede entrar" en las decisiones judiciales.

Sin embargo, y pese a reconocer la buena voluntad del alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Langa -que acudió a la reunión junto a las senadoras del Partido Popular (PP) Luz Marina Socas y Meluca Suárez- recordó que son los abogados del Estado quienes deben instar a la ejecución de las resoluciones de los jueces, por lo que demandó que no se dé este paso mientras no haya luz verde para la nueva ley.
Ante esta solicitud, el secretario general de Costas replicó que dar esas directrices a los abogados del Estado no depende del Ministerio. "Pensamos que debe articularse algún procedimiento entre varios ministerios para que no se materialicen esas ejecuciones si van contra la nueva ley, que será totalmente contraria a la actual", expuso el representante del colectivo de afectados.

A juicio de José Luis Langa, es "de sentido común" que se haga todo lo posible para no aplicar la norma vigente si en breve se promulgará otra que en gran parte la contradice. De acuerdo con la información que el Ministerio le ha facilitado, el anteproyecto de la nueva ley de Costas será presentado en julio, de forma que la ley entrará en vigor antes de que finalice el año.

En cuanto a la intervención del Gobierno canario, Langa lamentó las contradicciones entre los ejecutivos central y autonómico, dado que el primero sostiene que Canarias no ha pedido que se convoque la comisión mixta para la discusión de las competencias en materia de costas y la Administración regional asegura que sí lo ha hecho. La asociación de perjudicados por la ley urge a que se impulse esta mesa de negociación y que se tengan en cuenta las aspiraciones de Canarias y su conocimiento de esta realidad.

En las Islas -con alrededor de 7.000 kilómetros de litoral- hay cerca de cincuenta zonas afectadas por los posibles derribos, entre ellas Igueste de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), Santa Lucía (Güímar) y Los Roques, (Fasnia), en Tenerife: Ojos de Garza (Telde) y La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria; Valle Gran Rey, en La Gomera; Fuencaliente, en La Palma, y El Golfo, en Lanzarote.

domingo, 10 de junio de 2012

El Bloc pide un frente común para que Costas respete las edificaciones tradicionales de Castelló

Recuerda que se trata de viviendas particulares amenazadas de derribo y no fruto de la especulación urbanística

El portavoz del Bloc en la Diputación de Castellón, Enric Nomdedéu, pide a los políticos castellonenses que se unan para lograr que la futura Ley de Costas, cuyo borrador estará redactado antes del verano, "incluya y contemple todas las particularidades de la costa de Castelló con el objetivo de preservar las viviendas tradicionales de nuestro litoral, ahora en peligro". Nomdedéu apela a todos los representantes castellonensea a mostrar la misma altura de miras que la lograda de forma reiterada en la diputación, donde en esta legislatura "se han respaldado por unanimidad las reiteradas propuestas de todos los grupos para evitar los derribos de los núcleos rurales tradicionales de nuestra costa".


Viviendas tradicionales de Nules 

En este sentido, Nomdedéu ha manifestado que "estamos frente a un momento crucial para el futuro de nuestra costa y debemos aunar esfuerzos para que los vecinos de los numerosos municipios afectados por posibles derribos -Cabanes, Moncofa, Xilxes, Almenara, AlmassoraÉ- no vean trucadas sus expectativas"


Nomdedéu recuerda que desde el principio de el actual mandato, los grupos de la diputación han mostrado una gran capacidad de consenso respecto a nuestro litoral. "La propuesta del Bloc para paralizar los derribos y acabar con la retroactividad de la ley en lo relativo a las viviendas tradicionales fue respaldada por unanimidad. Más tarde, las enmiendas presentadas por el Bloc en el mismo sentido a una moción del PP, también fueron aprobadas por unanimidad. También el PP y el PSOE han manifestado su vocación de defensa de nuestro litoral". Por ello, el representante del Bloc apela a que este consenso surgido en Castelló se traslade a la redacción de la futura Ley de Costas para lograr que todos nuestros municipios vean incluidas sus reivindicaciones. "En Castelló las viviendas afectadas por la Ley de Costas no son grandes hoteles ni complejos urbanísticos surgidos por el ansia especuladora, sino que, en su mayor parte, son viviendas tradicionales que, en muchos casos, se han visto afectadas por la Ley de Costas debido a la regresión marina y a la falta de actuaciones para frenarla"
Poblado de pescadores de El Puig derribado por Costas
Nomdedéu advierte que "si no logramos ahora que la Ley de Costas contemple las reivindicaciones de nuestros municipios, posiblemente ya no habrá marcha atrás en los derribos". 

miércoles, 6 de junio de 2012

La nueva Ley de Costas admitirá el carácter urbano de los núcleos

LOIRA

La reforma de la Ley de Costas pondrá fin a los conflictos de los núcleos de litoral en Galicia al calificarlos como suelo urbano. Esta es la expectativa de la jefa provincial de Costas, Cristina Paz-Curbera, que ayer comentó lo que sabía sobre la intención del Gobierno central, tras una reunión con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Cores Tourís. La jefa de Costas explicó que el Ministerio todavía no les ha transmitido con detalle cuáles serán los cambios, pero que sí se adelantaron algunas de las líneas generales, que intentarán subsanar problemas que no solucionó la Ley de 1988.
«Se va a arreglar el tema de los núcleos, es lo único que sé, que es una figura que no se conoce en el resto de España», sostuvo. Cristina Paz-Curbera añadió que estos núcleos pasarían, al parecer, a la consideración de suelo urbano, pero aseguró que habrá que esperar a julio para que el ministro revele algo más sobre esta reforma.
Marín, Vilanova y Vilaboa son tres de los municipios que se verían beneficiados con esta modificación legal. Concretamente sobre los núcleos de Marín precisó que el último informe de Costas dio por solucionado definitivamente el problema con la urbanización Pérez Crespo de Mogor, donde se redujo la línea de protección excluyendo de la franja todas las viviendas. En relación con el resto de los núcleos, Paz-Curbera aclaró que la reducción de la línea había afectado a pocos tramos y que se habían presentado muchas alegaciones vecinales. Ahora con la modificación de la Ley de Costas se podrían atender el grueso de estas solicitudes.
La responsable de Costas en la provincia asimismo admitió que habrá prórroga a concesiones de empresas en la franja de protección. Sin embargo, no pudo responder si Ence se encontrará entre estas o no. «No puedo decir nada sobre ello. Sé que va a haber prórroga a concesiones, pero no sé a cuáles».
Además, destacó que se abreviarán los procesos de desafectación de terrenos, con lo que se acortarían los plazos que actualmente se eternizan como el dictamen de Patrimonio del Estado.
En estos momentos, están solicitadas en la provincia las desafectaciones de los colegios de Riomaior (Vilaboa) y Ponte Sampaio, y Vilanova de Arousa que estima que se aceptarán sin problemas.

sábado, 2 de junio de 2012

Los vecinos de Cho Vito recurren a la ONU por obras del paseo marítimo












El portavoz de las nueve familias, que viven en ese enclave, asegura que los trabajos actuales vulneran derechos humanos.

Los vecinos de Cho Vito ( Candelaria, Tenerife), están indignados con la situación actual que les ha tocado vivir. Aseguran que se están vulnerando muchos derechos humanos en la construcción del paseo y que sus casas están tan solo a escasos metros, por eso han acudido a la ONU.

El portavoz de los vecinos, Tomás González, dice que están molestos por la limitada seguridad que aseguran falta a diario en la obra, la cual ha provocado ya diversos destrozos en sus viviendas. En total hay nueve familias que permanecen viviendo en esta zona, pero aún aparecen registradas viviendas que a día de hoy ya han desaparecido. 

El Ayuntamiento de Candelaria, por su parte, no ha querido hacer declaraciones, pero asegura que se están llevando a cabo reuniones con los vecinos para firmar un acuerdo.

viernes, 1 de junio de 2012

Fomento estudia una amnistía para miles de viviendas ilegales


En un documento plantea eludir las sentencias de demolición si hay un comprador de buena fe

La norma salvaría de la piqueta urbanizaciones cerca del litoral


 Ministerio de Fomento estudia una amnistía que, de aprobarse así, afectaría a decenas de miles de viviendas ilegales. Se trata de eludir la demolición en edificaciones con sentencia firme en contra, siempre que haya un tercero de buena fe ocupando el inmueble. Así figura en un documento de reforma de la legislación urbanística enviado a comunidades y Ayuntamientos para alegaciones. Esto afectaría a decenas de miles de edificaciones (imposible saber el número) por toda España, pero principalmente en el litoral: Marbella, la costa cántabra, la Axarquía de Málaga, Almería... Fuentes del ministerio afirman que se trata solo de un “documento técnico sin respaldo político abierto a sugerencias”.
Fomento ha preparado un documento de 58 páginas “a favor de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas”, en el que incluye cambios en la Ley del Suelo, la de Propiedad Horizontal, la de Economía Sostenible y un decreto ley de 2011 de racionalización del gasto público. El ministerio insiste en que queda un largo camino por delante, que muchas partes pueden sufrir cambios y que es un texto muy técnico, “sin respaldo político”, para recibir sugerencias y alegaciones.
El texto intenta facilitar la renovación y rehabilitación de viviendas, la salida natural para el sector de la construcción. El borrador destaca que “existe actualmente suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos 45 años” mientras que “el stock de la ya construida, sin vender y vacía, está tan sobredimensionado”, que la construcción de vivienda nueva ha caído un 88%.
Entre reformas para facilitar la rehabilitación, figura un cambio en la Ley del Suelo de calado. Ahí, con una redacción algo críptica, señala que “será causa de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia o acto administrativo firmes, en virtud de los cuales haya de demolerse una edificación, el hecho de que los propietarios de todo o parte de la misma hubieren adquirido su derecho” de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, el que hace referencia a la inscripción en el registro de los terceros de buena fe.
Es decir, que quienes compraron casas en Marbella que luego fueron declaradas ilegales, si lo hicieron con todos los papeles municipales, no deberían temer el derribo. En muchos casos (el Puerto de Santa María, la Axarquía de Málaga, el interior de Almería o la costa cántabra), los Ayuntamientos dieron licencia a chalés y urbanizaciones en terreno rústico. Esas licencias fueron anuladas por los tribunales cuando las casas estaban ya vendidas e inscritas.
Un caso típico es el de la comarca de la Axarquía, en Málaga, donde puede haber unas 10.000 viviendas construidas sobre terreno rústico. Allí, los dueños parcelaban terrenos en los que solo estaba permitido una casa para los aperos de labranza y levantaban chalés con el visto bueno de los municipios. Con frecuencia eran vendidos a británicos que luego descubrían que eran ilegales.
Aunque se actuara por la vía penal contra los regidores que dieron licencias, ejecutar la demolición de las viviendas era mucho más complicado. En la costa de Cantabria también hay urbanizaciones enteras con sentencia de derribo y con cientos de propietarios que compraron con permiso.
El texto de Fomento añade que para beneficiarse de este cambio legal, las construcciones deberían cumplir cuatro condiciones. Las viviendas deben estar terminadas (no se aplica a obras aún en marcha). Además, la compraventa debe ser posterior al fin de la obra, de forma que no sea el promotor quien se beneficie de la amnistía, y no debe exceder la licencia o el plan urbanístico que fue declarado ilegal. Por último, no puede estar en dominio público (cauces de ríos o en primera línea de playa) ni de defensa y no suponer un riesgo para las personas.
La norma no afectaría a las casas construidas directamente sobre la playa, el dominio público marítimo-terrestre. Para las levantadas allí legalmente antes de la Ley de Costas, de 1988, el Ministerio de Medio Ambiente prepara una reforma de la Ley de Costas. Según ha anunciado a su Consejo Asesor, lo construido en terrenos degradados podrá desafectarse de forma sencilla. Ese es el trámite para convertir el dominio público en privado y afectaría a barrios enteros como El Palo, en Málaga.