LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 31 de julio de 2012

Las embajadas 'venderán' el excedente pisos en el extranjero

Parece que la solución al mercado inmobiliario español sigue estando fuera. El Ministerio de Asuntos Exteriores informará a través de las embajadas de las reformas urbanísticas en las que trabajan el Gobierno y las Comunidades Autónomas, como la nueva Ley de Costas. El Ejecutivo buscará con ello favorecer la compra de pisos en zonas turísticas por parte de ciudadanos extranjeros. Enclaves donde se encuentra la mayor parte del excedente de pisos existente en el país y que asciende, según los últimos datos oficiales a más de 687.000 viviendas.

El titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha informado de esta medida ante la demanda de los promotores inmobiliarios de que el Ejecutivo utilice el proyecto de la 'Marca España' para dar salida a las miles de viviendas que hay en venta en las costas e islas. 
 'Marca España' + Ley de Costas
Una dirección hacia la que ya apuntó el anterior Gobierno socialista, que impulsó un 'road show' por Europa para comercializar directamente, junto con otros agentes del sector, la sobreofertas de inmuebles españoles.
En una rueda de prensa junto con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en el Palacio de Viana de Madrid, García-Margallo ha admitido que su departamento puede ayudar a difundir los cambios legales que hay en marcha.
Entre ellos, destaca la reforma de la Ley de Costas, con la que se pretende ampliar las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años, medida de la que se beneficiarán numerosos propietarios extranjeros.
La intención es que una vez que el Gobierno apruebe la nueva normativa costera -ahora está en fase de anteproyecto- y las CCAA modifiquen a su vez sus leyes urbanísticas, Exteriores daría a conocer estos cambios en los países donde hay más interés por el mercado inmobiliario español, como Reino Unido, Alemania o Francia.
García-Margallo ha recordado que ha habido en los últimos años algunos informes del Parlamento Europeo (PE) en los que se venía a denunciar una falta de seguridad jurídica en la adquisición de pisos. El ministro ha admitido que este hecho "ha deteriorado las posibilidades de venta de inmuebles".
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/30/suvivienda/1343659279.html

Andreasen presses Zapatero on demolition of coastal houses in Spain


WARNING!!! They may be changes in the terrestrial-maritime boundaries indefinitely.

Some land (properties), now confiscated, were sold by the Spanish Government

If the Coastal Law is not repealed, never, nobody, can be sure that in a few years your property will not end up being confiscated by the Spanish Government even if now buyers are told that the property are buying it is perfectly legal.
Our properties are dating as far as from the 15th century until 1988.

jueves, 26 de julio de 2012

¿Okupa en su propia casa? Un molino de Gautegiz Arteaga resume la estricta aplicación de la ley costera


LLEVA tantos años batallando contra la administración que los documentos se apilan en su mesa. "Son quince años de litigios", aclara, contra la "abusiva" aplicación de la ley de Costas. Y el primero de los papeles que Jon Iturribarria muestra es el vetusto escrito del registro de la propiedad del molino de mareas de Portu Errota, construido en el siglo XVII, único en su condición en toda la costa vasca y catalogado como parte del patrimonio cultural de Euskadi. "La Diputación y los Ayuntamientos, desde 1827 en adelante, vendieron sus propiedades en la ría de Urdaibai a los vecinos", dice, "pero ahora las instituciones vienen a por la casa de la que somos legítimos propietarios desde el año 1965", en lo que califica como "una estafa en toda regla". "Es mi caso concreto, hoy en día soy un okupa en mi propia casa", indica gráficamente.
"No puedo ni arreglar el tejado que quedó afectado por un temporal en 1995", incide un hombre que, pese al desgaste que supone estar en permanente lucha con la administración, rezuma actividad. Tampoco puede arar los terrenos cercanos a su vivienda. "Prohibido", responde. "No reconocen la titularidad de nuestra casa, e incluso una sentencia contra mi causa del Tribunal Supremo amparó la confiscación de un bien privado", exclama, recordando que el estamento judicial "tampoco reconoció el derecho a la propiedad" en su caso concreto. Sin embargo, ha acudido a Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos, para reclamar que la normativa costera "viola el artículo primero del Convenio Europeo de Derechos Humanos", que apela a la propiedad privada.
El propietario del histórico molino de Gautegiz Arteaga, situado sobre las marismas de Urdaibai, defiende sus derechos en una Europa que ha dado varios tirones de oreja -sobre todo, mediante el informe Auken aprobado por la mayoría de los eurodiputados en 2009- al Gobierno español "para que cejase en la aplicación arbitraria" en la anterior Ley de Costas. Y sin embargo, "la situación se ha agravado", incide. Igual opinión mantiene Carmen del Amo, presidenta de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas con la que Iturribarria tiene un constante contacto. "La nueva normativa sigue violando los derechos humanos y agrava el problema. Y, además, con unas consecuencias impredecibles ", resumen desde el colectivo. Pero la última vuelta de tuerca de la larga historia de lucha del propietario de Portu Errota por salvar su molino ha llegado hace escasos días.
Fue la semana pasada cuando Iturribarria recogió una carta de Costas del País Vasco, firmada por el Jefe de la Demarcación, Fernando Pérez Burgos. Parecía un mero trámite más a los que está acostumbrado, pero el trámite era deleznable: iba remitida a la fallecida madre del titular de Portu Errota, y se dirigía a ella dándole respuesta a la alegación que supuestamente había presentado contra un proyecto que impulsa en Gobierno vasco en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Le reclamaba la concesión sobre sus supuestos terrenos ubicados en dominio público marítimo-terrestre. "El tema es tan serio como que está tipificado en el Código Penal como falsedad en documento público", responde. Su lucha sigue.

Afectados por la Ley de Costas temen que la próxima revisión agravará su indefensión


GERNIKA-LUMO. Busca "lograr una protección medioambiental efectiva y otorgar seguridad jurídica plena a los ciudadanos y a las empresas", pero la modificación de la Ley de Costas no ha dejado satisfecho a nadie. Ni a los propietarios de viviendas en la costa que, con motivo de la aplicación de la ley de 1988, quedaron convertidos en concesionarios de sus posesiones, ni a las agrupaciones ecologistas: ambos colectivos han puesto el grito en el cielo ante la modificación legislativa. Tanto es así que mientras Greenpeace señala que la reforma "no puede ser peor", miembros en Bizkaia de la Asociación Europea de Perjudicados de la Ley de Costas lo han criticado duramente "por no solucionar los problemas, sino agravar en la indefensión que veníamos padeciendo".
El colectivo de perjudicados por la Ley de Costas de 1988 -AEPLC- en Bizkaia, una organización que incluso ha trasladado sus reivindicaciones al Parlamento Europeo, ha incidido en que miles de familias del herrialde verán "coartados sus derechos legítimos", en cuanto que sus titularidades "seguirán pudiendo ser confiscadas" con el lifting efectuado a una ley que, no obstante, podría permitir la venta de propiedades con la autorización de la administración, limitar el dominio público, distinguir las playas -entre urbanas y en espacios protegidos-, reducir la servidumbre en las rías de 100 a 20 metros y salvar a las industrias en dominio público marítimo-terrestre, que necesitarán superar un informe ambiental. Es por ello que los grupos conservacionistas han alzado su voz para solicitar su retirada ya que, como denunció Greenpeace, "renuncia a la protección ambiental".
Tras analizar minuciosamente el texto legal del Ejecutivo español del PP, los afectados en Bizkaia destacan que los principales caballos de batalla de su causa siguen siendo los mismos, si bien tampoco las nuevas figuras introducidas han conseguido cerrar una herida que supura desde que fueron aplicados los deslindes de los terrenos y que motivaron que muchos de los propietarios perdieran sus titularidades a favor de una concesión de 30 o 60 años. Pero si bien la nueva norma establece que podrán renovar esa cesión por un periodo de 75 años tras 2018, año en el que finaliza el plazo dado a los concesionarios, este aspecto tampoco es de su agrado. "Seguimos perdiendo la titularidad. Y, por ejemplo, tampoco han eliminado la retroactividad, lo que supone una violación de derecho fundamental", argumentan. "No tienen en cuenta que nuestras viviendas, de las que somos propietarios en el registro, son anteriores a la normativa", citan. En suma, insisten en que la modificación de la discutida ley costera "agrava el problema, lo amplifica y crea mayor inseguridad jurídica".
Otro de los argumentos esgrimidos para reforzar su oposición al anteproyecto de regulación costera es que "continúa amparando la confiscación de propiedades", advierten, "lo que conlleva una violación del derecho de la propiedad recogido en los tratados y los convenios de Derechos Humanos". Por último, y además de incumplir las resoluciones que el Parlamento Europeo ha ido trasladando a las autoridades españolas para que la ley costera sea modificada -con el demoledor Informe Auken como base, una resolución aprobada en Estrasburgo-, desde AEPLC sentencian que el anteproyecto ideado por el ministerio regido por Miguel Arias Cañete "eleva la arbitrariedad a rango de ley, creando diferentes definiciones de dominio público dependiendo de la zona de España en donde estén".
MAQUINARIA "EN MARCHA" En la línea costera de Bizkaia hay comarcas que se verán más afectadas que otras. Las rías serán unas de ellas, si bien Urdaibai será el principal punto de fricción. No en vano, muchos de sus terrenos costeros aguas arriba de Murueta fueron vendidos por las administraciones públicas de siglos pasados a los vecinos, para que los suelos fueron aprovechados para la agricultura. Heredados de generación en generación, el problema estalló hace dos décadas. No en vano, "tan solo en Murueta existen un centenar de damnificados", revelan, de un colectivo que emprendió una larga vía judicial, cuya meta en la Audiencia Nacional en 2004 les otorgó un derecho sobre sus terrenos.
Pues bien, los titulares de suelos en Busturialdea han comenzado a recibir cartas por parte de la Demarcación de Costas, unas misivas en las que se les conmina a tramitar su concesión debido a un proyecto del Gobierno vasco. Pero, desde el flanco vizcaino de AEPLC, auguran que este movimiento de la administración "solo conllevará una confiscación amparada en el interés general". Es más, "la maquinaria de la expropiación encubierta está en marcha", evidencian. "Así, y como se ha visto en un caso en Cádiz, pagarán apenas un 0,15% del valor de un terreno. Y eso tienen un nombre: confiscación", reclaman.

miércoles, 25 de julio de 2012

El Ayuntamiento de Yaiza afirma que presentará alegaciones a la nueva Ley de Costas, que no salva a El Golfo



El borrador de la futura nueva Ley de Costas, que no ’salva’ a ninguno de los núcleos costeros de Canarias, según se ha conocido este pasado martes, ha caído como un ‘jarro de agua fría’ en las zonas afectadas en Lanzarote, que se verían abocadas a a su desaparición si la normativa sale adelante así. Una de esas zonas es la de El Golfo, en el municipio de Yaiza, donde el tema causa gran preocupación. Pero la alcaldesa Gladys Acuña ya ha anunciado que no se quedarán de brazos cruzados.

“Lo primero que estamos haciendo es revisar esa legislación, y al amparo de lo que finalmente se vea, vamos a presentar todas las alegaciones y utilizaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance, porque el núcleo de El Golfo, y no es que lo digamos nosotros, es que es una realidad, es núcleo urbano y está consolidado desde hace tiempo, y así se tiene que reconocer finalmente”, ha afirmado Acuña este miércoles.

“Desde luego nosotros no vamos a cesar en esta lucha. Trabajaremos por contar con el apoyo de todos los estamentos representados por los distintos grupos políticos de la isla. La unión hace la fuerza y creo que en esta lucha estamos todos, sin excepción”, ha agregado la primera edil sureña.

La alcaldesa también ha reconocido que este hecho les ha toma desprevenidos. “Nuestra sorpresa ha sido mayúscula, aunque estamos esperando a los informes técnicos de los juristas que están revisando la normativa. Parece que es una Ley para toda España en la queCanarias es la que sale peor parada, algo totalmente incongruente si tenemos en cuenta que el archipiélago canario es el más afectado en el tema de costas”.

domingo, 22 de julio de 2012

La Ley de Costas obra el milagro de resucitar a los muertos, literalmente.

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Hace unos días, el propietario del molino confiscado por Costas Portu Errota (Urdaibai), Jon Iturribarria, fue a recoger una carta que la Demarcación de Costas del País Vasco había mandado a  nombre de su madre. 
Hasta aquí todo normal visto el mal funcionamiento de la Administración española. Sin embargo la sorpresa fue mayúscula cuando, el Jefe de Demarcación, Fernando Pérez Burgos, se dirigía a ella dándole respuesta a la alegación que había presentado contra un proyecto que se iba a realizar en alguna parcela de su propiedad, reclamando, además la concesión sobre sus supuestos terrenos.

El problema es que, por desgracia, Dña Concepción ha fallecido hace varios años, con lo cuál sólo cabe pensar que es verdad que existe otra vida después de la muerte y que, como Dña Concepción no tendría otra cosa que hacer, decidió comunicarse, vaya usted a saber de qué modo, con el Jefe de Demarcación del País Vasco.

El tema es tan serio como que está tipificado en el Código Penal como falsedad en documento público. 

La carta recibida no ha sido la única, sino que se trata de un envío masivo a los propietarios (supongo que vivos) de los terrenos confiscados para que el Gobierno Vasco haga un proyecto de "destruir la Reserva de la Biosfera de Urdaibai", aunque ellos le pongan un nombre más rimbombante y pseudoecologísta para despistar, y ni más, ni menos, con fondos Europeos.

El desatino no acaba aquí, sino que, por si fuera poco, se salta el acuerdo que firmaron  los partidos (menos PSOE) del Senado mediante la Proposición No de Ley que llevó el  propio PP el 22/2/2012, para paralizar todos los actos administrativos hasta que se aprobara la modificación de la Ley de Costas.

Y es que por lo que se ve, el Jefe de Demarcación de Costas del País Vasco, es más  listo que nadie y con él no va nada, aunque cometa un delito.
Pues vale, todo tiene sus consecuencias.


Propietarios de Urdaibai se unen contra la Ley de Costas que les «roba» terrenos




Los propietarios de terrenos e inmuebles de Urdaibai han decidido unirse para reivindicar que se respeten sus derechos. En una charla mantenida el viernes con la parlamentaria del PNV, Arantza Tapia, en Gautegiz Arteaga, acordaron defender sus intereses en el Congreso de los Diputados «ante la usurpación de nuestros bienes por la Ley de Costas, una normativa retroactiva que lo único que persigue es quedarse gratis con nuestras propiedades». La Ley de Costas, que entró en vigor en 1988 y es objeto de una profunda revisión, nació para evitar operaciones inmobiliarias abusivas en el litoral. Sin embargo, su aplicación ha supuesto la pérdida del derecho de propiedad para 400.000 afectados, que hasta la entrada en vigor de la norma eran los legítimos dueños de dos millones de metros cuadrados de extensiones. «Tenemos todos los títulos y escrituras que acreditan que son nuestras propiedades, pero Costas no los reconoce y los ha confiscado. Los ha declarado bien de dominio público marítimo-terrestre y no podemos hacer ni siquiera reformas», denunciaron.
Los vecinos de Gautegiz Arteaga, Forua, Kortezubi, Murueta y Busturia han decidido movilizarse tras la solicitud del Gobierno vasco a Costas de la concesión o derecho de ocupación de los terrenos de los residentes para afrontar un proyecto de recuperación en la marisma. Según los afectados, que han presentado doscientas alegaciones al plan, supone una violación de los derechos humanos porque no hay una contraprestación justa. «Incumplen el artículo 17 que establece que nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley a cambio de una indemnización justa en un tiempo razonable. Nos roban sin darnos nada a cambio», añadieron. Durante los últimos días, la Demarcación de Costas ha enviado una carta a los propietarios con el fin de otorgarles una concesión de ocupación en lugar de reconocer la titularidad. Ellos temen que su propósito es «declarar que hay un interés general cuando le venga en gana y expropiártelo concediendo un 0,15% del valor del bien. Es decir, si vale 100.00 euros sólo te conceden 1.500».
«Falsedad documental»
En un caso particular como es el del propietario del molino de mareas de Portu Errota, Jon Iturribarria, que lleva peleando dieciséis años para que se reconozca su titularidad, se ha producido además un caso de «falsedad documental». 
Según Iturribarria, el jefe de la Demarcación de Costas, Fernando Pérez Burgos, remitió esa misma carta a su madre en la que asegura que ella pidió la concesión del molino, actualmente confiscado por Costas. «Esta petición es falsa porque ella falleció hace años. Simulan que los propietarios han solicitado una concesión para así quedarse con la propiedad y eso es usurpar. No podemos caer en esta trampa. Se escudan en que el Gobierno vasco quiere desarrollar un proyecto en Urdaibai para robar nuestras posesiones», declaró Iturribarria.
Los propietarios instan a las autoridades españolas a que revisen y modifiquen urgentemente la Ley de Costas a fin de proteger sus derechos como legítimos propietarios de viviendas y pequeñas parcelas en zonas de la costa que no ejercen un impacto negativo sobre el medio ambiente. «Y esto no sólo lo decimos nosotros. Lo exige el Parlamento europeo, que además amenaza con retirar fondos a España si el Gobierno insiste en despojarnos de lo que es nuestro», añadió Iturribarria. Tras la charla, Arantza Tapia anunció su intención de «arropar» a los propietarios en el Parlamento a través de mociones.

viernes, 20 de julio de 2012

¿Cuál es valor real de una concesión?

Durante varios años hemos tratado de averiguar cual es el valor de expropiación de las concesiones que tan "generosamente" ofrece la Ley de Costas a cambio de despojarnos de la propiedad. 
Parecía un secreto de Estado hasta que en junio ha salido una sentencia donde lo aclara todo.
El valor real de una concesión dada por la Transitoria 1ª de la Ley de Costas es el ¡¡¡0,15 % del valor de la propiedad que te arrebatan por la fuerza!!! 
El timo del tocomocho con rango de ley.

La sentencia 149/1991 donde el Tribunal Constitucional dictaminó, más bien se inventó,  que una concesión de uso y disfrute es una más que digna por la pérdida de la propiedad, o como dice el juez Sr. José Guerrero Zaplana  en una de sus innumerables sentencias sobre deslindes, "no existe privación de propiedad privada, sino tan solo pérdida de efectos de determinadas relaciones jurídico privadas existentes sobre aquellos bienes que "ope legis" son de dominio público, porque tales derechos, incluso los que tienen acceso al Registro de la Propiedad, en la nueva Ley, no puede prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados". 
Se ha llegado a tal degeneración judicial, que de empezar diciendo que se perdía la propiedad, se ha terminado diciendo que sólo se pierden "efectos de determinadas relaciones jurídico privadas". Quizás piense que a sí duele menos. Quizás crea, como el Gobierno, que haciendo un uso perverso del lenguaje no nos enteramos de nada. 

Sentencia STS 3878/2012 de 5 de junio
Con fecha 12 de diciembre de 2007, la Comisión Provincial de Valoraciones de Cádiz fija el justiprecio a pagar a los expropiados en la suma de 150.877,32 euros, incluido el 5% de afección, teniendo en cuenta que el objeto de expropiación es el derecho de concesión existente tras la realización del correspondiente deslinde del dominio público marítimo-terrestre sobre la finca nº  NUM000  del polígono 1 del catastro de Puerto Rea; tomando como valor de dicho derecho concesional el valor neto de los rendimientos que pudieran obtenerse en el transcurso de los años restantes de concesión. (...)

Pues bien, la Sala de instancia acoge el allanamiento de la Administración demandada, aun cuando incurre en un error de redacción, que advierten los recurrentes, al declarar que "...procede fallar en términos ajustados a la pretensiones de la Administración demandada", cuando el citado precepto se refiere, lógicamente, a las pretensiones del recurrente, tal y como luego se pronuncia la Sala.
Precisamente, este pronunciamiento descansa en la distinción en la demanda de una acumulación de acciones, principal y subsidiaria, identificando aquélla con la acción de nulidad del acto impugnado y ésta con la fijación del justiprecio en cantidad no inferior a 105.878.039,78 euros. Recordemos a este respecto que en el suplico de la demanda se dice textualmente lo siguiente: "...se declare la nulidad de la Resolución recurrida o, en otro caso, se fije el justiprecio en el expediente expropiatorio en la cantidad no inferior a ciento cinco millones ochocientos setenta y ocho mil treinta y nueve euros con setenta y ocho céntimos". (...)

Pero es que, en cualquier caso, hay que reseñar que el justiprecio que reclaman los recurrentes -en cantidad no inferior a 105.878.039,78 euros-, lo es con base en la pretendida expropiación de los terrenos que dicen de su propiedad, cuando, y así se ha dicho más arriba, el objeto de la expropiación ha sido el derecho de concesión sobre esos terrenos afectados por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas . A este respecto, es elocuente el documento, de fecha 27 de febrero de 2007, obrante al folio 90 de las actuaciones, dirigido por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente a la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico, y en el que se explícita la tramitación del expediente relativo a la solicitud de concesión de usos y aprovechamientos del dominio público marítimo-terrestre formulada por los recurrentes.

Esta es una de las muchas trampas que contiene la Ley de Costas. La gente pide las concesiones creyendo que así van a permanecer en sus tierras y en sus casas, al menos durante el tiempo que marca la ley. Pero no, la trampa consiste en darte la concesión para rescatarla pocos meses después a precio de saldo.

El interesante artículo de ABC fechado en 2009, se refiere precisamente al caso expuesto en la sentencia. Se trata del intento de hacer el Polígono Industrial de Las Aletas (Cádiz) anulado por el Tribunal Supremo.


La trampa de las Aletas
Incompetencia como decía anteayer Arenas, puede, pero sobre todo prepotencia. Esas son las dos claves que explican el despropósito cometido por el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía con el polígono industrial de las Aletas, que ahora el Tribunal Supremo acaba de paralizar por infringir la Ley de Costas.
Es de incompetentes, desde luego, que Gobierno y Junta, con toda su pléyade de funcionarios y asesores, después de diez años gestionando el que vendieron como el parque empresarial clave para el empleo en la Bahía de Cádiz, no hayan caído en la cuenta de que no se podía construir justo ahí, ocupando unas marismas que están doblemente protegidas, por ser Parque Natural y porque es zona de dominio público marítimo terrestre, donde la Ley de Costas exige que no se construya ninguna industria, excepto instalaciones marítimas como un astillero, un puerto o una piscifactoría.
Las Aletas, Cádiz
Como no me creo que Gobierno y Junta no conociesen la Ley que ellos mismos defienden a capa yespada, me inclino por pensar que el gravísimo error cometido es fruto de la prepotencia. Pensaron que el que hizo la ley, hizo la trampa y que había un resquicio por el que colar el polígono industrial. Pero el Supremo les ha dado en la cara con el Estado de Derecho yles ha dicho que nones, que la ley es igual para todos y que como no han justificado lo injustificable, no hay nada que hacer.
¿Por qué quisieron hacer el polígono justo allí? En teoría porque está muy bien comunicado, pero tanto o más lo están otros polígonos ya consolidados y otros terrenos aún sin construir de los alrededores. La razón de fondo es que los de Las Aletas les salían casi gratis. ¿Por qué? Pues porque la Ley de Costas, en una aberración increíble, considera que absolutamente todas las marismas son de titularidad estatal, pese a que estén inscritas en el Registro de la Propiedad como propiedad privada. Ante esta lamentable realidad, la Junta al expropiar para hacer el polígono, indemniza para compensar no la pérdida de una propiedad privada, sino porque el antiguo dueño pierde el derecho preferente a una posible concesión administrativa sobre esos terrenos, único derecho que le reconoce la Ley de Costas. Ese es el quid de la cuestión.
Gobierno y Junta se han pasado de listos y al final han caído en su propia trampa. Se aprovecharon de la Ley de Costas para expropiar a precio de ganga pero por su prepotencia no atendieron a que la misma ley prohíbe construir un polígono industrial en zona de dominio público marítimo-terrestre.
Al final, además, la sentencia no beneficia a nadie, excepto a los ecologistas de Adena. Algunos antiguos propietarios han dado saltos de alegría al conocer la resolución porque estiman que anula las expropiaciones, pero no han caído en la cuenta de que la limosna que han obtenido por sus terrenos es lo único que pueden conseguir mientras no se cambie la Ley de Costas. La sentencia del TS, en fin, lo que pone en evidencia es que algunos aspectos de la Ley de Costas, como ignorar los derechos de propiedad de marismas y salinas, son una verdadera calamidad.
http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-03-11-2009/sevilla/Opinion/la-trampa-de-las-aletas_1131145043733.html


¿Qué dirá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando empiece a ver las denuncias por confiscación que se han interpuesto y se interpondrán contra el Reino de España? Jurisprudencia hay de sobra como para anticipar que España será condenada.

lunes, 16 de julio de 2012

Vecinos de El Palo y Pedregalejo piden que los terrenos pasen a ser privados

Aunque podrán vender sus viviendas, el suelo será Patrimonio del Estado
La noticia de que el Gobierno central va a legalizar las casi 500 casas de El Palo y Pedregalejo, que llevan casi tres décadas con la amenaza del derribo sobre ellas, ha generado una sensación agridulce entre los vecinos de las históricas barriadas malagueñas. El hecho de que las viviendas sean excluidas del dominio público marítimo terrestre no soluciona, según aseguran, la titularidad de los terrenos que seguirán perteneciendo al Estado

La desafectación de estos terrenos y la ampliación de la concesión de la que disponen sus dueños hasta el año 2093 no es, aseguró ayer el presidente de la asociación de vecinos de Pedregalejo, Antonio Delgado, la solución que reclamaban desde hace años al Gobierno y que consiste en que "podamos escriturar los suelos y consolidar un derecho que tienen los vecinos que llevan tanto tiempo viviendo ahí y pagando todos los impuestos habidos y por haber". 

Aún, dijo, habrá que esperar al texto que finalmente salga del anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la modificación de la Ley de Costas de 1988, al que el viernes dio el visto bueno el Consejo de Ministros, para "saber con exactitud qué pasará finalmente", aunque advirtió que "seguiremos luchando hasta que conseguir nuestro objetivo". 

Para el presidente de la asociación de vecinos de El Palo, Santiago González, tampoco la medida anunciada por el Ejecutivo es la panacea al "aplazar la solución del problema que ha provocado la propia administración al haber hecho dejación de sus funciones y haber impedido que se construyera de esa forma en la playa durante años". 

Eso no significa, aclaró, que su colectivo esté en contra de la legalización de este medio millar de viviendas "siempre que sea con un fin social y no para favorecer la especulación de los que compraron baratas las casas pensando que algún día podrían vender los terrenos". Pero de momento no será así porque estos suelos pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado, si bien al quedar fuera del marco normativo de la futura ley a partir de ahora sus vecinos serán reconocidos como propietario y sí podrán vender sus vivienda. Lo que sí limitará el texto inicialmente aprobado es que estas personas no tendrán vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora. 

La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años que ahora será ampliada a 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon. Pero en el caso de las viviendas, el Gobierno central anunció ayer que será "prácticamente simbólico".

viernes, 13 de julio de 2012

La Ley de Costas modifica la situación de miles de personas en España

Formentera tendrá un tratamiento especial en la nueva Ley de Costas

             

El Estado cobrará un canon a los afectados por la Ley de Costas del 88 que amplíen su concesión por 75 años

La reforma de Ley de Costas excluye del dominio público a 10 núcleos urbanos y establece un deslinde específico para Formentera.


 Los titulares de los inmuebles afectados por la Ley de Costas de 1988 podrán renovar su concesión por un plazo de 75 años que empezarán a contar cuando venza el permiso que tienen en vigor, pero para hacerlo, habrán de pagar un canon que se determinará reglamentariamente y que variará en función de si se trata de una vivienda familiar o de un establecimiento comercial.
   Así lo ha explicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, en una reunión con periodistas para detallar el contenido del anteproyecto de Ley de Costas que este viernes ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, al que previsiblemente volverá en forma de proyecto de ley en el mes de septiembre, tras superar una fase de consulta con distintos ministerios y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
   Según ha concretado, estas personas, que en 1988 perdieron la propiedad de sus viviendas y establecimientos a cambio de concesiones de ocupación, podrán renovar durante otros 75 años este permiso a cambio de un "canon concesional que será adecuado al establecimiento de cada uno".
   "Los comerciales tendrán un canon acorde a su actividad, y cuando se trate de viviendas, será prácticamente simbólico", ha asegurado, tras explicar que en la actualidad sólo pagan canon quienes obtuvieron su concesión después de la Ley de Costas de 1988 y con sus aportaciones, el Estado recauda anualmente 20 millones de euros. Esto le lleva a pensar que se recogerá una cuantía muy importante cuando todos los titulares tengan que aportar.
   Por tanto, con la nueva norma y pagando una cantidad quienes tienen una concesión de 30 años que caduca en 2018 podrán extenderla hasta, al menos, el año 2093, y quienes tenían opción de llegar hasta 60 años de concesión, podrían alargarla hasta el siglo XXII. Sin embargo, la iniciativa legislativa nada dice de lo que ocurrirá llegado ese momento.
   Ramos de Armas considera que quienes gobiernen entonces optarán por la misma resolución que el Ejecutivo actual: evitar el gasto económico y el perjuicio social que suponen los derribos y renovar las concesiones, porque, al fin y al cabo, no suponen una nueva agresión a la costa dado que ya están en ella. Además, durante todo este tiempo podrán cambiar de manos, ya que con la nueva ley, estas ocupaciones serán transmisibles.

LAS AUTORIZACIONES DESMONTABLES SE RENUEVAN POR CONCURSO

   En cuanto a las instalaciones desmontables que se encuentran en estas zonas y que hasta ahora tenían un periodo de autorización que debían renovar anualmente, el anteproyecto concede las licencias por un periodo de cuatro años. Para renovarlas, los titulares de estas explotaciones (como chiringuitos desmantelables o instalaciones náuticas no permanentes) deberán someterse a régimen de concurrencia competitiva, de modo que no será automática la prórroga de su licencia, sino que deberán conseguir una nueva.
   Sobre los chiringuitos en particular, ha asegurado que "van a poder seguir estando en las costas españolas y los turistas van a poder seguir disfrutando de ellos", eso sí, "en un marco más estable", con un plazo mayor de explotación y "más estabilidad". Aunque el anteproyecto deja al reglamento cuestiones como las medidas de estos establecimientos, Ramos de Armas ha avanzado que se respetará el límite actual de 150 metros cuadrados.
   El secretario de Estado también ha concretado que en las ocupaciones en zona de servidumbre (las situadas a 100 metros si es suelo no urbano y a 20 metros si lo es) se podrán hacer obras de mejora si no aumenta la altura, el volumen ni la superficie y siempre que el titular firme una declaración responsable que comprometa la introducción de medidas de eficacia energética y en consumo de agua. Cumpliendo este requisito, no tendrán que esperar al informe de idoneidad para las obras que se exige actualmente.

EXCLUSIONES

   El anteproyecto de reforma de la Ley de Costas excluye del dominio público-marítimo terrestre a los núcleos de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava (Gerona), Platja d'Aro (Gerona), Ría Punto Umbría (Huelva), Caño del Cepo (Huelva), Casco Urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedragalejo (Málaga), El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia).
   El texto recoge en un anexo estos municipios señalados en virtud de la disposición adicional sexta de la norma, que establece que estos terrenos se incorporarán al patrimonio del Estado como bienes patrimoniales y se regirán por lo determinado en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Además, "debido a la especial configuración geológica de la isla, establece un deslinde especial de la isla de Formentera, que deberá ejecutarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la norma.
   En total, se trata de unas 10.000 viviendas, con otras tantas familias que ahora "salen de dominio público y se podrán convertir en propietarios", conforme ha declarado el secretario de Estado. Estas zonas serán definidas y cartografiadas para que no puedan crecer y aquellos núcleos que no estén en la lista, se someterán a la norma general de las concesiones.
   Sobre este asunto del dominio público, el secretario de Estado ha llamado la atención sobre otra novedad de la norma, que obligará a inscribir los deslindes en el registro de la propiedad para evitar que una persona compre una casa en la playa y al tiempo descubra que no tiene una propiedad sino una concesión que, además, no puede vender y pierda así sus ahorros. Según ha dicho, esta práctica ha suscitado muchas quejas en el Parlamento Europeo y los afectados podrían llegar a ser más de 20.000.
   En cuanto a la ya conocida como cláusula "anti Algarrobico", que permitirá al Estado parar por vía administrativa (sin necesidad de esperar a una resolución judicial y, por tanto, antes de que se ponga la primera piedra) cualquier licencia concedida por un ayuntamiento que no se ajuste a la nueva ley de Costas, Ramos de Armas ha incidido en que se trata de un mecanismo eficaz de protección del litoral, donde "no se podrá construir nada que no estuviera permitido en la Ley de 1988".

BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS


¡¡¡BIENVENIDOS A LA REPÚBLICA DE BANANARIA!!!

BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS.
La reforma de la Ley de Costas que ha preparado el Ejecutivo no solo amplía las concesiones de las casas construidas en la playa hasta 75 años, como adelantó este diario, sino que diseña un régimen especial para 11 zonas problemáticas, a las que excluye del dominio público marítimo terrestre. Además, la superficie de la servidumbre de protección en las rías podrá bajar en algunos casos de 100 a 20 metros y se reduce la definición de dominio público.
La ley admite que habrá un deslinde especial más laxo para la isla de Formentera “debido a la especial configuración geológica” de la isla. Además, excluye del dominio público 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d´Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). Estos pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado, que se pueden vender. Los ecologistas lo ven como el paso previo para que pasen a manos privadas, ya que si se considera dominio público no se puede vender.
El texto, de 24 folios, justifica la reforma en que la ley vigente, de 1988, ha “tolerado resultados inaceptables medioambientalmente” y añade que el tiempo pasado desde su aprobación “se impone y consolida situaciones”. Así, la norma ha “provocado desconfianza y desconcierto”, que el Ejecutivo quiere recuperar dando seguridad jurídica.
En general, las concesiones de 30 años de uso del dominio público (que eran ampliables a 60) pasarán a tener 75 años ahora. Las concesiones empezaban a caducar en 2018 y se reforma para “evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho en un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros”. Además, los dueños de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.
La ley permite al delegado del Gobierno suspender los planes urbanísticos municipales que invadan el dominio público marítimo-terrestre y fija un régimen distinto para las playas urbanas y las contiguas a espacios protegidos, a las que se les impondrá “un nivel de protección alto” y se limitarán las ocupaciones.
La ley excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos parta establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y por lo tanto debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.
La ley exime a las marinas artificiales de ser dominio público, como la marina de Empuriabrava (Girona), al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.
La ley obliga a la Administración a incorporar en el Registro de la propiedad todos los deslindes. La falta de ese trámite había generado muchos problemas a los compradores que denunciaban que no habían sido informados.
Medio Ambiente autoriza a reducir en las rías la servidumbre de protección de 20 a 100 metros “en atención a las características topográficas o hidrográficas”. Esgrime que esa es la distancia en los ríos. Así salva muchos problemas en Galicia.
La norma también permite la publicidad en las playas –hasta ahora estaba prohibido- “siempre que sea parte integrante o acompañe a actividades permitidas en el dominio público”.
Las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite permitiría seguir en la ría de Pontevedra a la polémica papelera de Ence.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/13/actualidad/1342183082_524877.html

SI YA HABÍA INSEGURIDAD JURÍDICA, CON ESTA MODIFICACIÓN LA HAN ELEVADO A LA ENÉSIMA POTENCIA  ADEMÁS DE HACERLA DISCRIMINATORIA.
AHORA LA CONFISCACIÓN SERÁ A DEDO.

martes, 10 de julio de 2012

El Consejo de Ministros estudiará la reforma de la Ley de Costas


El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha trasladado a los grupos ecologistas que "lo más probable" es que el anteproyecto de la Ley de Costas se debata en el Consejo de Ministros de este viernes y afirma que las conclusiones del informe encargado por el Gobierno sobre las implicaciones económicas de derribar el Algarrobico (Almería) "se espera para otoño".

   Así lo han explicado a Europa Press representantes de estas organizaciones tras reunirse con el ministro. En este encuentro también se ha abordado una posible modificación del Código Penal en lo que respecta a las imprudencias en los incendios forestales, que se encuentra en fase de "conversaciones" con el Ministerio de Justicia.

   El coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, ha señalado que "aunque el ministro ha asegurado que la reforma de la Ley de Costas no va suponer una desprotección para el medio ambiente, la mayoría de las organizaciones ecologistas son tremendamente escépticas al respecto".

   "Lo cierto es que es la primera ley ambiental que se modifica desde la llegada al Gobierno del Partido Popular y, por lo tanto, es un 'test' que nos hará saber hasta donde quiere llegar el Ejecutivo en este campo", ha apostillado. Asimismo, Segura ha celebrado el "compromiso adquirido por el Gobierno" para organizar unas jornadas técnicas que ayuden a trabajar en la prevención de incendios.

   En este sentido, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruíz, ha señalado que "es verdad que hay menos presupuesto para incendios", pero añade que "no vale la demagogia" e indica que "los incendios se apagan en invierno". Por ello, insta al Gobierno a aplicar "medidas de gestión forestal para eliminar estos grandes desastres para el mundo rural y la biodiversidad".

lunes, 9 de julio de 2012

Enmiendas al XIII Congreso del PP de Alicante; más participación, medio ambiente y Ley de Costas


El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del Partido Popular de la Provincia de Alicante convocado bajo el lema “comprometidos con la Provincia de Alicante”. Una vez más y como viene siendo habitual bajo la Presidencia Local de D. Julio de España los afiliados de la Ciudad de Alicante no han recibido ni una sola comunicación sobre la celebración de este cónclave Provincial. Las únicas noticias que los militantes populares sobre este Congreso provienen de los medios de comunicación. Los populares de la ciudad de Alicante ni han recibido una carta anunciándoles la celebración del Congreso, ni recordándoles su derecho a ser compromisarios para participar en el mismo. Es así como algunos entienden la participación de la militancia en un partido que no sólo debería proclamar su adhesión a los principios democráticos, sino que debería ejercerlos de abajo a arriba en su estructura interna.
Un servidor parece que va a participar gracias a que recibió la documentación precisa para ejercer sus derechos de afiliado de otra sede local y a que, esta vez, no ha sido preciso realizar una asamblea local.
El Congreso provincial servirá, tal y como determinan los Estatutos del PP, para elegir al Presidente Provincial que será, sin duda alguna, el candidato oficial José Císcar. Con ser ello relevante no es lo único que se va a hacer en el Congreso. Tanta importancia como la elección del Presidente y de la nueva dirección Provincial tienen las dos ponencias que se van a debatir y a aprobar: una ponencia política y una ponencia con el Reglamento del Partido provincial.
Sobre el contenido de estas ponencias hay que destacar una evidente contradicción entre ambas. De una parte, la ponencia política subraya en muchas ocasiones la voluntad del Partido Popular de Alicante de potenciar la participación de los ciudadanos en la vida política poniendo al servicio de este objetivo todos los cauces tecnológicos existentes. De otra parte, el proyecto de Reglamento, los estatutos provinciales, realizan una interpretación restrictiva de los Estatutos nacionales y de los Regionales de modo que la participación de los militantes populares en la vida interna del partido queda reducida a la mínima expresión. Hay una evidente contradicción entre el espíritu de la ponencia política y la ponencia de Reglamento que se salda con una retórica políticamente correcta hacia el conjunto de los alicantinos y una realidad estatutaria absolutamente cerrada a la participación interna. Así, no se deja ningún margen de actuación para que los militantes puedan ni tan siquiera opinar internamente sobre las candidaturas del partido en su ámbito territorial, ni para que los cargos electos rindan cuenta ante la militancia o para que ésta pueda trasladar a los mismos opiniones o sugerencias. Si no prosperan las enmiendas encaminadas a fomentar la participación interna y la corresponsabilidad de la militancia no se avanzará lo más mínimo en la consolidación y crecimiento de un proyecto político firmemente arraigado en la sociedad sino que se seguirá profundizando en un modelo de partido de cuadros, en una simple maquinaria electoral fuerte y eficaz, de momento.
En cuanto a la ponencia política hay tres aspectos muy importantes que se han omitido. Se trata del papel del voluntariado social en la crisis y las relaciones del PP con el mismo, el tratamiento de los residuos y su impacto provincial y el impacto de la vigente Ley de Costas en los bienes y derechos de miles de ciudadanos alicantinos afectados por su aplicación. Destaca especialmente este tercer “olvido” por tres circunstancias concretas: la anunciada revisión de la vigente Ley de Costas anunciada por el Ministro Arias Cañete, el tono reivindicativo frente a otras necesidades de la Provincia como son el AVE o los trasvases mientras se silencia esta reivindicación y las constantes y bien fundamentadas menciones a la política turística y al desarrollo de esta industria clave para la Provincia en la que tiene una especial incidencia a niveles europeos los “desaguisados” que la actual ley de Costas ha generado en la Provincia afectando a muchos residentes comunitarios. No se entiende que con244 Km. de costa en la Provincia no se haga mención al asunto.
Por ello, sería deseable que la Ponencia política incluyera el compromiso del Partido popular de Alicante también con los miles de afectados por la Ley de Costas que han visto como una norma aplicada con efectos retroactivos ha transformado su derecho de propiedad en una simple concesión administrativa con plazo de caducidad. Se trata de una reivindicación justa que debería ser asumida por el Partido Popular de Alicante para ser defendida en el Congreso de los Diputados buscando una solución justa con los propietarios expoliados y equilibrada con la defensa del medio ambiente.
Santiago de Munck Loyola

martes, 3 de julio de 2012

La Audiencia Nacional anula el deslinde del litoral en Binimel·là (Es Mercandal) Menorca

El tribunal da la razón al propietario del restaurante ubicado en la zona, Eduardo Pascual, quien denunció la caducidad del expediente aprobado en su día por el Ministerio de Medio Ambiente

Según el deslinde que Costas pretendía aplicar en esta zona, la parcela pasaba de tener 20.000 metros cuadrados a 3.000 

Cual efecto dominó, la Audiencia Nacional está echando por tierra uno tras otro los nuevos deslindes fijados por Demarcación de Costas en Menorca. Después de anular el del solar de Gel-Fux en Ciutadella y de dar la razón a los propietarios de la finca Tirant Vell, de Es Mercadal, la Justicia ha vuelto a fallar a favor de otro afectado, el propietario del restaurante de Binimel·là, Eduardo Pascual. Y es que en estos dos últimos casos, así como en otros procedimientos que ya están en marcha contra el Ministerio de Medio Ambiente, los propietarios denuncian la caducidad de los deslindes aprobados en su día por Costas y ahora la Audiencia les está dando la razón.


La magistrada ponente de la Sala de lo Contencioso Administrativo (sección Primera) de la Audiencia Nacional, Nieves Buisán García, deja claro este hecho en el fallo que anula el deslinde realizado por Costas en Binimel·là, en concreto en el tramo comprendido entre los hitos 176 y 186, catalogado en su día por Costa como zona de dominio público marítimo terrestre. La magistrada remarca que el procedimiento de deslinde fue incoado por Medio Ambiente en marzo de 2007 y concluyó en febrero de 2009. En este punto recuerda que la ley establece un plazo de dos años para tramitar y notificar la resolución del procedimiento. En cambio, al propietario del restaurante de Binimel·là, dicha notificación le fue entregada en marzo de 2009, “dicho plazo se ha sobrepasado con creces en el presente caso”, subraya la magistrada ponente. 

Deslinde de es Mercadal
La Audiencia Nacional anula el deslinde por la caducidad del expediente, el propietario recupera el dominio, pero contra este fallo cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. No obstante, este órgano ya ha ratificado alguna sentencia de la Audiencia Nacional, como en el caso de Tirant Vell, por lo que previsiblemente, Costas deberá tramitar de nuevo todo el deslinde de Es Mercadal. Solo en esta población, el deslinde de bienes de dominio público marítimo terrestre aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2009 afecta a 87.720 metros de longitud.

No entra en el fondo
La sentencia de Binimel·là no entra en el procedimiento utilizado por Costas, ni en la delimitación realizada, cuestiones de fondo que el abogado de Eduardo Pascual también puso en duda en el recurso presentado ante la Audiencia Nacional. El mismo propietario del restaurante, Eduardo Pascual, explica que con el deslinde que Costas pretendía aplicar en esta zona, su terreno pasaba de tener 20.000 metros cuadrados a disponer nada más de 3.000.  “Me pusieron cuatro mojones en cada una de las esquinas de la casa. Ahora los tienen que quitar y poner otros nuevos respetando las distancias”, comenta. 
El propietario hace hincapié en que su finca se encuentra situada a 400 metros de la playa, es decir, alejada de la servidumbre de protección de 100 metros que establece la Ley de Costas de 1988. El propietario del restaurante de Binimel·là sospecha que la intención de Costas era que su negocio pasase a ser un concesión más.

Un litigio de tres años que ha costado 18.000 euros
Eduardo Pascual abrió el restaurante en las cercanías de la playa de Binimel·là, en 1996. Hace cuatro años, tras conseguir la declaración de interés general y las correspondientes autorizaciones del Govern, Consell y Ayuntamiento de Es Mercadal, llevó la luz a esta zona, un logro que representó para él un fuerte desembolso económico. Después de luchar años para conectarse a la red eléctrica y modernizar su negocio, encontró poco después otro obstáculo en el camino. Relata que lleva tres años litigando con Costas con un gasto añadido de unos 18.000 euros. Al pago de la minuta de su abogado y del procurador de la Audiencia Nacional, ha tenido que añadir las costas del informe realizado sobre su terreno por el ingeniero de Caminos, Lorenzo Muzas Labad, y el estudio geotécnico encargado a la empresa Munditest. Documentación que aportó al procedimiento. A todo ello, también suma el pago del estudio realizado por otro ingeniero independiente designado por la Audiencia. “El informe que nos hizo esta persona fue muy favorable a la postura que manteníamos”, apunta satisfecho. “De momento no puedo recuperar nada, porque la sentencia dice que me da la razón, pero no impone el pago de costas a ninguna de las partes”, explica. 
Eduardo Pascual se muestra muy crítico y dolido con la forma de actuar de Demarcación de Costas. “Dijeron que habían realizado un estudio en mi terreno, pero según el ingeniero neutral nombrado por el mismo juez, Costas realizó las pruebas fuera de mi parcela y, por tanto, no sirven”, relata. “No entiendo cómo Costas pudo decir que hicieron las pruebas en mi terreno sin yo saberlo”, agrega aún contrariado por lo sucedido.

SENTENCIA
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