LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

miércoles, 31 de octubre de 2012

Vídeo: Los vecinos de Cho Vito demuestran que sus casas no estaban en dominio público


Los afectados por la demolición en 2008 han presentado este miércoles dicha documentación en los juzgados.

Los vecinos afectados por la demolición de las viviendas de Cho Vito en 2008 llevaron este miércoles a los juzgados pruebas de que sus casas no estaban en dominio público. 

Las 12 familias afectadas piden justicia y la movilización de la ciudadanía el próximo día 12 de noviembre. Fecha en la que está prevista la demolición de las casas que aún quedan en pie.

(ver video abriendo el link)

martes, 30 de octubre de 2012

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA. VECINOS DE CHO VITO.


CONVOCATORIA
RUEDA DE PRENSA.
VECINOS DE CHO VITO.

       En relación con las noticias aparecidas recientemente en la prensa local, los vecinos de Cho Vito,  ofrecerán una rueda de prensa el miércoles, día 31 de octubre a las 11.00 horas, en la sala Guayarmina del hotel Príncipe Paz, para explicar las medidas adoptadas ante la nueva amenaza de derribo del día 12 de Noviembre, por parte de la Demarcación de Costas de Tenerife y la falta de soluciones por parte de todas las Administraciones implicadas, y que nos llevan, si no se soluciona el problema social de las viviendas de los afectados, a revivir  las imágenes del derribo del 2008
      En esta rueda de prensa, se mostrarán nuevos documentos que señalan graves errores por parte de la Administración, y que demuestran claramente la legalidad de las viviendas de este pueblo costero.


Tomás González.
Antonio Alonso.
José Antonio Luís.
656426004
lapeando@hotmail.com

lunes, 29 de octubre de 2012

LA SOMBRA DEMOLEDORA DE LA LEY DE COSTAS PLANEA SOBRE EL POZO DE LAS CALCOSAS (Aránzazu Gutiérrez Ávila Consejera del Cabildo de El Hierro)

En principio, tengo que hacer una referencia histórica, pues no se entendería cual ha sido el devenir del Pozo de Las Calcosas. Este paraje sin igual en Canarias, que se encuentra ubicado en una isla baja, ofrece un paisaje singular donde se asentaron nuestros antepasados desde el S. XVII, para descansar y aprovechar los recursos que nos ofrece este magnífico lugar, practicando una de las tradicionales mudadas que han caracterizado la historia de El Hierro.
El Pozo de Las Calcosas toma su nombre del pozo de agua, entorno al cual, se formó el núcleo poblacional y también por la abundancia de calcosas que existen en la zona. Este núcleo se caracteriza por una arquitectura respetuosa con el medio, como es la arquitectura rural de El Hierro, una arquitectura donde los materiales que priman son: la piedra, la madera y el colmo, que le dan protagonismo y lo convierten en el único lugar con este tipo de arquitectura que permanece vivo en España, porque sus habitantes se han encargado de mantener lo que heredaron de sus abuelos. Esa relevancia y la falta de documento escrito, llevó a la Dirección Gral. de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que en aquel momento yo dirigía, a encargar y publicar "Piedra, madera y colmo" un estudio del modelo arquitectónico tradicional y un inventario de cuatro núcleos representativos de la isla: La Albarrada y Tejeguate, como antiguos asentamientos; Guinea como poblado restaurado y reconvertido en Ecomuseo, y el Pozo de Las Calcosas como expresión viva de una comunidad.
Después de esta publicación, se refuerza la importancia del Pozo de las Calcosas y cobra protagonismo en el II Congreso Internacional de Cubierta Vegetal, que se celebró en Tenerife, La Palma y El Hierro, en octubre de 2009; donde una de las conclusiones que se sacaron en dicho Congreso es que había que empezar a actuar en El Pozo de Las Calcosas, porque existían fortalezas, para que se convirtiera en un modelo de sostenibilidad y de conjunción del pasado, el presente y el futuro que estaba teniendo algunas debilidades, que se podían convertir a su vez en amenazas y contribuir a la desaparición de esa singularidad y valores naturales, culturales y turísticos que tiene este pequeño enclave. Sin embargo, la amenaza mayor era la Ley de Costas vigente en aquel momento, por eso el Cabildo Insular del Hierro a través de Asunción Amaro, Consejera del Territorio en aquél entonces trabajó con Gesplan un Documento Catálogo del Pozo de Las Calcosas.
Ante las conclusiones del Congreso y la preocupación por lo que estaba sucediendo en algunos núcleos costeros de Canarias, donde la Ley de Costas estaba siendo contundente, la Dirección Gral. de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias da el primer paso para un proyecto de Revalorización del Pozo de Las Calcosas, que se le encomendó a la Asociación Pinolere, cuyo objetivo era trabajar con los vecinos para que transmitieran todos los conocimientos de los que eran portadores, trabajando en pequeños grupos y dando información pero también intercambiándola a través de encuentros y charlas. Posteriormente, se plantea un segundo paso, que es el documental audiovisual, donde se recogen los valores intangibles como la pesca, la recogida de sal, la hoguera de San Lorenzo y las trastadas nocturnas de ese día, donde todo cambia de sitio, el Charco para los chochos, la traída de los mimbres y un sinfín de pinceladas que pintan la idiosincrasia del Pozo de las Calcosas.
Este documental fue presentado el pasado miércoles 24 de octubre en el Centro Cultural de El Mocanal, con la presencia del actual Director Gral. de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Aurelio González, a quien acompañaron en la mesa el Vicepresidente del Cabildo, Atilano Morales y la 2ª Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Valverde, Francisca Casañas. Estos últimos resaltaron y alabaron los valores patrimoniales del Pozo de Las Calcosas, sin embargo ninguno mostró ni un ápice de preocupación ni compromiso por la pica que planea sobre este pueblo costero con la nueva modificación de la Ley de Costas, debe ser que como es mandato del PP desde Madrid acatan lo que les mandan sin importarles ni sonrojarse con lo que tanto alabaron en la presentación. El despiste no nos vale, máxime cuando esa misma mañana se hablaba del desalojo de Chovito, como tampoco podemos obviar la pasividad y desinterés mostrados por el PSOE en El Hierro. 
La preocupación de la AHI ha quedado patente por su trabajo con los vecinos, con la moción que defendió el senador Narvay Quintero para que las competencias de esta materia pasaran a la Comunidad Canaria. Sin embargo, la aprobación de la modificación de la Ley de Costas ha dado al traste con las esperanzas de los vecinos y vecinas del Pozo de Las Calcosas que confiaban en que el cambio normativo librase a sus viviendas de la pica.
La AHI tiene claro que seguirá luchando junto a los vecinos, para que el Pozo de las Calcosas siga siendo ese paraje singular impregnado de historia, cultura y tradición, sin someterse a mandatos de España, donde el gobierno del PP se ha olvidado una vez más a Canarias, y sin someterse a la desidia que una vez más caracteriza al grupo de gobierno PPPSOE del Cabildo y del Ayuntamiento de Valverde.

miércoles, 24 de octubre de 2012

La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias penales sobre los posibles daños causados por los buques en El Saler


La Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia abrió de oficio la pasada semana diligencias de investigación penal por las consecuencias medioambientales que podrían haber causado los barcos encallados en la playa de El Saler.
La Fiscalía determinará así si los hechos pudieran ser constitutivos de delito contra el Medio Ambiente y quién ha de responder por él.
Las investigaciones están encaminadas a averiguar si los buques varados desde el pasado 28 de septiembre han provocado daños enla flora y la fauna del ecosistema marino.
Estas diligencias se abrieron previas a la denuncia interpuesta el martes por el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, en la que solicitaban las consecuencias medioambientales de los intentos de reflotamiento de las embarcaciones.

Compromís pide a la Fiscalía investigar los barcos varados

Ribó denuncia que los intentos de reflotar los buques "han provocado en la playa una intensa erosión que prácticamente la ha hecho desaparecer"
El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia ha solicitado a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue el varado de los dos buques que permanecen encallados en la playa de El Saler desde finales de septiembre ante los daños ambientales causados por los intentos de reflotamiento.

El portavoz municipal de Compromís, Joan Ribó, ha asegurado hoy en rueda de prensa que, respecto a los cargueros varados, "todo esto se ha de clarificar y se han de delimitar responsabilidades".

En el escrito presentado hoy a la Fiscalía, Compromís denuncia que los intentos de remolcar las embarcaciones "han provocado, en la playa, una intensa erosión que prácticamente la ha hecho desaparecer".

Los visitantes que se han desplazado para verlas han ocasionado también, según Compromís, "un impacto muy negativo" en las dunas de El Saler.

Ribó ha lamentado el "retraso" de la Policía Local en acudir a las playas ante la "gran afluencia" de visitantes y ha acusado al Ayuntamiento de Valencia de "negligencia" porque "no se entera de lo que hace la gente de esta ciudad".

Asimismo, Compromís también señala, en el texto de la Fiscalía, que el Ayuntamiento ha actuado "con mucha lentitud" y que el plan de rescate de los buques "no contaba con el debido estudio previo de impacto ambiental pese a haber sido autorizado por Salvamento Marítimo".

Desde Compromís han apuntado, además, que los jefes de máquinas de los buques "habían abandonado su responsabilidad" durante la tormenta que provocó su accidente, dado que "se encontraban en tierra".
El portavoz ha criticado que "ahora se planteen como solución sacar las 800 toneladas de tuberías que hay en uno de los barcos", algo que, a su juicio, "deberían haber pensado antes".
Para Ribó, "se ha abordado este problema para ver si se resolvía pronto y salir corriendo todo el mundo sin querer arreglar los temas adecuadamente, y quien ha pagado es el parque natural de El Saler".

La concejala de Compromís Pilar Soriano ha afirmado que en el próximo pleno su grupo solicitará al gobierno municipal que elabore un protocolo de actuación ante situaciones de emergencia, para que la respuesta sea "mucho más rápida".

Soriano ha añadido que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 se ha previsto una reducción de la partida del mantenimiento de las costas "en torno al 61 %", con lo que corresponderían "alrededor de 800.000 euros" a la provincia de Valencia para casos de emergencia.

La edil de Compromís ha señalado exigirá a la corporación municipal que pida un aumento en esta partida del presupuesto, ya que el coste de desencallar los buques "estará en torno a los dos millones de euros, con lo cual supera en una gran cuantía la cantidad que tendríamos el año que viene".

martes, 23 de octubre de 2012

PP. "El Gobierno canario alarga el calvario de los afectados por la antigua Ley de Costas"

La vicesecretaria de Acción Sectorial del Partido Popular de Canarias y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, acusó hoy al Gobierno Regional de "tomar el pelo a los afectados por posibles demoliciones en el litoral de las Islas a consecuencia de la actual Ley de Costas, alargando su calvario sin necesidad".

Tavío se entrevistó hoy con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, responsable en materia de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con quien coincidió en la necesidad de exigir que el Gobierno canario elabore "cuanto antes" un censo de viviendas del litoral isleño, en colaboración con las Corporaciones locales, con el fin de delimitar qué poblados marineros reúnen valor etnográfico y paisajístico que aconseje su conservación".

"Decenas de familias llevan tres años de agonía con una sentencia en la mano, esperando una decisión sobre su realojo, que es competencia exclusiva de las Instituciones canarias", denunció la parlamentaria del PP, quien recordó que Costas solo podrá legalizar aquellos núcleos de las siete Islas incluidos en ese listado, a través de los instrumentos que facilitan las leyes de la comunidad autónoma. 

"Para el Gobierno de España es imposible saber cuántas viviendas canarias están afectadas, porque el Gobierno de Rivero incumple desde 2009 la obligación de remitir un catálogo de los asentamientos que merecerían ser conservados, en cumplimiento de nuestra propia legislación", indicó la diputada del PP, que recordó que el Ministro de Medio Ambiente estima en 2.000 las viviendas de toda España en esta situación.

"Esta sería la única forma de acogerse a la beneficiosa regulación de la nueva Ley de Costas, que permitiría preservar los núcleos que tuvieran valor paisajístico y etnográfico, según la propuesta de las Instituciones canarias, y garantizasen uso sostenible del litoral", apostilló Tavío, para quien "sería un desastre que solamente el Archipiélago se quede fuera porque las Administraciones de la comunidad autónoma no quieran colaborar".
Seguridad jurídica

El encuentro entre Ramos y Tavío, celebrado en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, permitió repasar las singularidades de las Islas en la nueva Ley que elabora el Gobierno de España y ahondar en la necesidad de que las Administraciones colaboren para dar seguridad jurídica a los propietarios.

Tavío agradeció personalmente la sensibilidad demostrada por el Ministerio con las características del litoral canario, que quedaron de manifiesto cuando el propio Arias Cañete garantizó en la presentación de la Ley que Canarias ha de tener una regulación específica en materia de deslindes.

En este sentido, puso como ejemplo de la "bochornosa actitud del Gobierno de Canarias", la "delicada situación" de una docena de vecinos del núcleo tinerfeño de Cho Vito, en Candelaria, que llevan dos años esperando una solución a su realojo que nunca llega. 

La dirigente popular reiteró que "en los difíciles momentos de crisis que vivimos, no se puede consentir que haya familias esperando tres años por el realojo, lo cual alarga su agonía".

Cristina Tavío recordó que desde septiembre de 2010, los vecinos aguardan a que el Ayuntamiento, el Cabildo Insular de Tenerife y la Consejería de Medio Ambiente cumplan con su compromiso de buscar una solución que permita la ejecución de las resoluciones judiciales firmes que el Gobierno de España desea que se cumplan con la menor afección posible. 

Por este motivo, citó el caso de Güímar, también en Tenerife, "cuyo Ayuntamiento logró salvar las propiedades y actividad económica de varios núcleos de su litoral, poniéndose a disposición de sus vecinos y facilitando una aplicación de la vigente Ley que favorezca el uso sostenible de la costa".

La inmadurez de los políticos españoles no tiene nombre. No afrontan su responsabilidad jamás. 
Cristina Tavío conoce desde hace tiempo el problema de los poblados costeros canarios y no ha ha hecho absolutamente nada para encontrar una solución. 

Hace varios años que se les planteó el problema, porque tarde o temprano iban a gobernar, y ya que parecía preocuparles las nefastas consecuencias de la Ley de Costas, que tan furibundamente aparentaban combatir, fueran informándose de las afecciones y las posibles soluciones. Han pasado olímpicamente de todo y ahora la culpa es de otros.

¿No es el PP el que gobierna? ¿No tiene un Proyecto de ley que puede dar la solución que piden a los demás? ¿Para qué quieren calificar de BIC los poblados si la nueva ley seguiría confiscándoles la propiedad al convertirlos automáticamente en concesiones? ¿Cómo es posible que el Gobierno de España no sepa cuantas viviendas hay afectadas cuando ha sido el promotor del problema y el que las ha afectado? 

Sra Tavío, la solución es muy simple y está en manos de su Partido. Sólo hay que poner en la nueva Ley de Costas que las propiedades anteriores a 1988 SERÁN RESPETADAS Y DEVUELTAS A SUS LEGÍTIMOS DUEÑOS. 

sábado, 13 de octubre de 2012

Cho Vito no se rinde y pedirá reabrir su caso




Esta semana se han cumplido cuatro años de los derribos de las viviendas de Cho Vito ordenados por la Dirección General de Costas para recuperar el dominio público y construir un paseo, con un desalojo a la fuerza que incluyó un amplio despliegue de fuerzas y cuerpos del Estado.
Quedan nueve casas por tirar, de las 31 afectadas, pero los vecinos de este poblado de Candelaria -que en este tiempo han llevado sus quejas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo- no se dan por vencidos contra lo que consideran “una injusticia”. Ahora quieren pedir a los juzgados la reapertura de su caso -pese a que la sentencia ya es firme- tras descubrir lo que consideran nuevas pruebas do-cumentales a su favor.
Estos documentos constatan que con el deslinde de 1969 las edificaciones quedaban fuera de dominio público, tal como se aprecia en mapas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), lo que explica que en 1968 los propietarios firmaran su conformidad con la delimitación fijada, según explicó ayer Tomás González, portavoz de los afectados, cuya casa es una de las que faltan por demoler.
Un papel clave para Cho Vito es un escrito firmado en 2000 por el ingeniero jefe de la Demarcación, Manuel Barrios, en el que certificó que “la línea de deslinde probable” en la revisión iniciada en 1998 para este tramo litoral “coincide” con las aprobadas desde 1966 y 1969 “por encontrarse conformes con las definiciones de la Ley” de Costas de 1988. Pero la realidad es que, para “sorpresa e indignación” de este vecindario, el nuevo deslinde aprobado en 2001 finalmente se retranqueó frente al barrio, dejandolo de lleno en franja pública para “cometer la injusticia de derribar las viviendas sin respetar derechos, sin indemnización alguna”, en palabras de otro portavoz vecinal, Antonio Alonso, cuya casa ya fue demolida, aunque pague aún por el terreno el IBI y en el IRPF.
“Si los deslindes de 1969 y 2001 debían coincidir”, se preguntan tanto González como Alonso, “cómo es que luego eso no fue así, cómo es que desde 1994 nos abrieron expediente de recuperación posesoria del dominio público, y cómo es que todas las viviendas tienen escrituras de propiedad, cédula de habitabilidad, pagan el IBI; algunas fueron hipotecadas por bancos y hasta en un caso se recibió una subvención del Gobierno canario”. A estos documentos añaden uno de Costas en el que el suelo de Cho Vito figura como “urbano edificación intensiva”, así como otros con ubicaciones “arbitrarias” de los mojones que delimitan el deslinde.
Así las cosas, 9 familias siguen su “suplicio” en Cho Vito, a la espera de que Costas, el Gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento resuelvan el problema social de su realojo, al tratarse de su única vivienda. Mientras, continúa la obra del paseo marítimo, con un presupuesto de unos 924.000 euros.
“Un paseo que no lleva a ninguna parte, a no ser a la central de Unelco, y que, con la demolición de Cho Vito, deja un bonito frente marítimo a una unidad de actuación para 15 adosados que ahora quedarán en primera línea de costa; una futura urbanización de un conocido promotor en terrenos que además fueron cedidos en su día por sus antiguos dueños al Ayuntamiento para equipamiento público, pero no para que otras personas hicieran negocio”, denunció González, quien además recordó que en este litoral está planificado un puerto deportivo.
“Todo esto lo sacamos a la luz, y contarlo públicamente nos ha costado a alguno hasta amenazas de muerte”, manifestó, antes de advertir: “En Canarias hay más de cien Cho Vitos, muchos con sentencia, pero no se ha tirado nada desde que se hizo aquí; y en todos los casos siempre hay urbanizaciones que saldrían beneficiadas de derribar las casas de la gente humilde”.
Hoy, acto público
Los vecinos de Cho Vito celebrarán hoy, a las 18.00 horas, junto a lo que queda del poblado, un acto público en recuerdo del cuarto aniversario del desalojo y del comienzo de los derribos. Por megafonía, los asistentes podrán escuchar las intervenciones, vía telefónica, de portavoces de afectados por la Ley de Costas en toda España. Una conmemoración que concluirá con una paellada. “Hemos ido cuatro veces a Bruselas para que no se cometan más abusos de poder y se tiren casas sin indemnizaciones”, afirman.
¿Por qué tanta destrucción?
¿Para conseguir fondos europeos?
¿Para engordar las arcas de la empresa pública TRAGSA?
Además de para todo lo anterior, para conseguir a coste cero una playa para los 15 chalets programados y poderles hacer un pantalán, tal y como está programado en el PGOU. La Ley de Costas fue pensada para poner al servicio de los poderosos los terrenos de la gente humilde. La foto lo dice todo.




sábado, 6 de octubre de 2012

Cañete argumenta que las ''demoliciones masivas'' darían mala imagen


El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha justificado la reforma de la Ley de Costas aprobada este viernes en Consejo de Ministros "por la imagen de España que se generaría" al efectuar "demoliciones masivas de viviendas" a partir del año 2018, fecha en la que expiran las concesiones de casi 2.000 viviendas, lo que obligaría a su demolición.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arias Cañete ha indicado que, "dentro de cinco años, se tendrían que haber empezado a demoler, solo en 2018, cerca de 2.000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en el país y que luego veían que una modificación del sistema jurídico les desposeía de sus viviendas y obligaba a demolerlas con enorme coste".

En cualquier caso, el titular de Medio Ambiente ha señalado que "todo lo que sea ilegal en la costa será demolido y se actuará sobre ello", en alusión al hotel constuido en El Algarrobico (Almería). Cañete también ha hecho alusión a los deslindes que, gracias a la nueva normativa, se podrá consultar a través de Internet para que los ciudadanos puedan comprobar "si su vivienda o parcela está afectada por limitaciones de dominio público".
A juicio del ministro, estos cambios "tienen que mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permita dar salida a los 'stocks' de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad juridica, lleva a frenar las inversiones en el litoral". Por ello, ha subrayado que no se trata de "una ley de amnistía" ya que establece "un marco regulatorio mucho más claro" que permitirá evitar "la sensación de arbitrariedad". "No es más laxa ni tolerante", ha reiterado.

En este punto, ha detallado que "lo ilegal será demolido, lo que era legal y estaba sometido a concesion se prorrogará a peticion de sus titulares; y las instalaciones industriales se analizarán desde el punto de vista medioambiental para ver si son sostenibles y afectan a los ecosistemas marinos o habitats naturales para tener una política de conservación real de las playas y el litoral".

Así, ha recordado que actualmente, en los cerca de 10.000 kilómetros de costa que hay en el litotal, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y 3.000 'chiringuitos'. Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, Cañete ha cifrado en 40.000 el número de empleos que se generan solo en Andalucía.

Y dentro de unos años, vuelven a repetir la historia haciendo nuevos deslindes y confiscando las propiedades a los incautos que las han comprado. 
Es exactamente lo que hicieron con la Ley de Costas de 1988, quitársela a los propietarios extranjeros que habían comprado su vivienda LEGALMENTE en los años 60-70 y a los españoles que llevan siglos viviendo en la misma casa familiar.

La imagen de España está dañada por las leyes bananeras que permiten la retroactividad, la confiscación y la violación de los Derechos Humanos.

La única manera de dar seguridad jurídica es derogando la ley y declarando públicamente que en España se respetará la propiedad privada.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena a España por retraso en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua

La Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena al Reino de España por el incumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Dicho Tribunal acepta el recurso presentado por la Comisión Europea donde alega el incumplimiento de los artículos 13, 14 y 15 de la citada Directiva Marco del Agua en los que se insta a
  • La adopción de los planes hidrológicos de cuenca.
  • La comunicación a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros de la Unión una copia de los planes de Demarcación.
  • La realización de un proceso de participación y consulta pública.
Más en concreto, la Sala Sexta del Tribunal Superior de Justicia condena en costas al Reino de España:
  • al no haber adoptado, a 22 de diciembre de 2009, los planes hidrológicos de cuenca, salvo en el caso del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, y al no haber enviado a la Comisión y a los demás Estados miembros interesados, a 22 de marzo de 2010, un ejemplar de dichos planes
  • al no haber iniciado, a más tardar el 22 de diciembre de 2008, salvo en el caso de los planes hidrológicos de Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, Islas Baleares, Tenerife, Guadiana, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea Andaluza, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental, el procedimiento de información y consulta públicas sobre los proyectos de los planes hidrológicos de cuenca.
En el siguiente enlace puede consultar la sentencia completa: [Sentencia]

Aunque no lo parezca, tiene mucho que ver con la Ley de Costas.

viernes, 5 de octubre de 2012

El Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto de ley de costas


El Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto de ley costas, con el que el Gobierno persigue la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente en el litoral español.

El proyecto al que dará luz verde el Gabinete de Mariano Rajoy se denomina oficialmente de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley de costas del año 1988.
El texto llega a la mesa del Consejo dos meses después de que el Gabinete tramitara el correspondiente anteproyecto de ley, que ya recogía la ampliación a 75 años de las concesiones de propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre.
En la presentación de ese anteproyecto, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que la ley supondrá una "tolerancia cero" frente a las agresiones en la costa.
La ley prevé asimismo que a los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio publico se les otorgue una concesión y se les aplique su régimen jurídico propio.
La ley de costas forma parte de la veintena de normas que el Gobierno tiene previsto aprobar en el segundo semestre del año y con las que pretende reformar las Administraciones Públicas, ganar en competitividad y mejorar la economía española para el crecimiento.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Desaparece parte de la playa de El Saler por el rescate de los mercantes



El mar se ha comido la playa, que se ha estrechado, y ha generado un cortante de casi tres metros de altura en las dunas protegidas
Las dunas protegidas de la playa de El Saler (Valencia) se están viendo afectadas por las labores de reflotamiento de los dos buques que llevan encallados en la orilla tras el temporal del pasado viernes. En solo unos días ha desaparecido parte de la playa por culpa de la corriente que genera la hélice del “Sunrise” al tratar de salir a flote.
El mar se ha comido la playa, que se ha estrechado, y ha generado un cortante de casi 3 metros de altura en las dunas protegidas. Capitanía Marítima afirma que se arreglará la afectación a la playa y que será el propio armador quien tendrá que pagar el coste de regeneración. De momento se desconoce el alcance de la marea aunque el Ministerio ha comenzado a medir la cornisa. Los vecinos y los bañistas habituales se quejan además de que la playa está muy sucia por el movimiento de tierra y que ha llegado a la orilla un gran número de piedras.
Por otra parte, las labores de reflotamiento avanzan lentamente. Hoy se ha incorporado a los trabajos un tercer remolcador para tratar de mover el “Celia”, que sigue en paralelo a la playa. Está previsto que en las próximas horas se sume otro remolcador más.
En cuanto al “Sunrise” la situación está más avanzada ya que se encuentra encarado al mar después de que dos remolcadores de Salvamento Marítimo hayan conseguido girarlo 90 grados y arrastrarlo unos 40 metros mar adentro. Mañana se reforzarán los trabajos con un dispositivo para dragar la zona con un tubo de succión y crear una piscina alrededor ya que el buque continúa atascado en la arena.


A pesar de las innumerables denuncias que se han hecho debido la perdida de decenas de metros de la playa de la Garrofera desde hace años por culpa de la ampliación del puerto, ninguna Administración ha reaccionado y la que lo ha hecho, como Costas, en vez de obligar a Puertos de Valencia a regenerar la playa, decidió aprovechar la ocasión para realizar un nuevo deslinde y confiscar las pequeñas propiedades que en nada estaban afectando al medio ambiente. Es decir, que se no sólo se vulneró la Directiva europea de que "quién contamina paga" sino que se violaron los Derechos Humanos y el Protocolo 1 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
De haber tomado medidas a tiempo, esto no hubiera ocurrido. ¿Van a volver a pagar los ciudadanos las consecuencias de la dejación del deber de las Administraciones Públicas?