LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

lunes, 31 de diciembre de 2012

Ayamonte. El alcalde alerta de una "posible reactivación" del deslinde urbano

Rodríguez Castillo asegura que Costas "sigue avanzando en sus trabajos con dicho expediente" La medida expropiaría propiedades legales en toda la zona portuaria norte

El alcalde de Ayamonte, el socialista Antonio Rodríguez Castillo, ha mostrado a este periódico su temor por el hecho de que pueda ser reactivado en próximas fechas el expediente de deslinde que tanta alarma social despertó en la localidad en 2011 por afectar a buena parte del casco urbano, especialmente a su fachada fluvial, y que quedó en suspenso tras realizar el Consistorio distintas gestiones ante la Dirección General de Costas 

Según precisó el regidor, "aunque sabemos que el deslinde sigue parado, las noticias que me llegan de forma extraoficial son de nuevo alarmantes porque la Dirección General de Costas sigue avanzando en sus trabajos con dicho expediente de deslinde". 

El expediente de deslinde que afectaba al casco urbano "quedó paralizado antes de que saliese el Gobierno socialista, y podría ser reactivado ahora que gobierna el Partido Popular en Madrid". No obstante, insistió, "es algo que conocemos de forma extraoficial y por estamos esperando noticias sobre el tema". 

Rodríguez Castillo también dejó claro que "si al final se confirma la información que tenemos y la Dirección General de Costas sigue adelante con el expediente de deslinde del casco urbano ayamontino, nos vamos a oponer a ello, como ya hicimos cuando gobernaba el PSOE en Madrid, con todas las herramientas jurídicas y políticas que tengamos en nuestras manos para evitar que el deslinde sea una realidad" 

Unos 200 vecinos ya fueron citados por la Dirección Provincial de Costas el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2011 al objeto de ser informados sobre el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de la margen izquierda del río Guadiana colindante con el casco urbano de la ciudad fronteriza que tramitaba la entonces Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM). A dichas reuniones los vecinos afectados fueron citados en plena calle, y los técnicos de Costas mostraron sobre el terreno la delimitación provisional del dominio público correspondiente al deslinde, mediante su apeo, levantándose acta donde se hacía constar la conformidad o disconformidad de los vecinos, que en este último caso dispusieron de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y proponer de forma justificada una delimitación alternativa. 

Este hecho venía causando desde dos meses antes a sendas actas de apeo un importante revuelo en la ciudad fronteriza entre los 200 vecinos cuyos bienes inmuebles se verían afectados por el deslinde ya que el entonces MARM iba a delimitar al detalle los terrenos que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre al amparo de la Ley de Costas de 1988, que definía como tales las playas, dunas, marismas, acantilados, espacios ganados al mar y en general todos aquellos terrenos que van desde la marea más baja hasta donde llegasen las olas en los mayores temporales. 

El deslinde propiciaría por tanto que numerosas propiedades desde la zona portuaria norte de Ayamonte hasta el estero de la Nao, pasasen a ser de titularidad del Estado. Daba igual que fuesen totalmente legales y estuviesen perfectamente inscritas en los registros de la propiedad para que el Estado las considerase suyas, ordenase la anulación de las inscripciones registrales, y sus actuales dueños perdiesen todos los derechos de propiedad sobre ellas. 

La zona afectada por este deslinde es la parte del casco urbano que discurre paralela al Guadiana. Se trata, sobre todo, de las avenidas Villa Real de San Antonio, Andalucía, Muelle de Portugal y Muelle Norte, muchos de cuyos inmuebles pasarían a régimen de servidumbre. Ello implicaría que sus propietarios, entre otras cosas, tuviesen que solicitar una autorización al MARM para hacer reformas, o que aquellas edificaciones que se vayan declarando en ruina tengan que ser derruidas, no pudiendo construirse nada sobre el terreno que ocupaban. 

Muchos afectados consideraron entonces el deslinde un ataque contra Ayamonte y todo un despropósito hacia muchas familias, cuyos inmuebles quedarían afectos al dominio público. Además, para muchos ayamontinos, también supondría un ataque contra el patrimonio paisajístico, histórico y etnológico de la localidad, al afectar a una de sus zonas más antiguas. 

Es por ello por lo que todos los afectados mostraron entonces su predisposición a presentar alegaciones al deslinde, incluido el Ayuntamiento, que incluso habilitó un mecanismo para facilitar a los ciudadanos la tramitación de éstas.

jueves, 20 de diciembre de 2012

El Constitucional declara nula la ley que permitía construir Marina de Cope


El TC ha declarado "inconstitucional y nula" una disposición de la Ley del Suelo de la Región de Murcia

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado "inconstitucional y nula"una disposición de la Ley del Suelo de la Región de Murcia de 2005, porque su indefinición "crea inseguridad jurídica sobre todos sus destinatarios", por equiparar Espacios Naturales y Lugares de Importancia Comunitaria.
El TC estima así el recurso promovido en el año 2001 por 65 diputados del grupo socialista en el Congreso, aunque advierte de que, en contra de lo sostenido por éstos, no se puede hablar de "arbitrariedad".
El tribunal, frente a lo alegado por los recurrentes de que la disposición ahora anulada -la adicional octava- abría la puerta a la desprotección automática de unas 11.000 hectáreas de la red básica de espacios protegidos -entre ellos, los del proyecto de Marina de Cope-,señala que "toda apreciación sobre la alegada arbitrariedad se movería en el terreno de la pura hipótesis".
"No es posible -añade la sentencia- realizar un análisis de las motivaciones posibles de la norma y de sus eventuales consecuencias".
El Alto Tribunal afirma que es procedente la declaración de nulidad de la disposición combatida porque "genera inseguridad jurídica, en último término, sobre todos los ciudadanos, en cuanto a las concretas partes del territorio autonómico acreedoras de protección ambiental, con las consecuencias de todo orden que ello conlleva".
La sentencia recoge también que la indefinición generadora de la inseguridad jurídica que detecta se produce porque la norma anulada dispone que los límites de los Espacios Naturales Protegidos "se entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria", cuando se trata de conceptos distintos generados, además, por instancias distintas y con efectos igualmente diferentes.
La citada disposición fue duramente criticada no solo por el PSOE, sino también por organizaciones ecologistas que vieron en ella la posibilidad de que por la Comunidad Autónoma se ejecutara finalmente el proyecto de Marina de Cope, que contemplaba la construcción de 9.000 viviendas y veinte mil plazas hoteleras en este espacio costero.
Precisamente el pasado 21 de mayo la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia una orden por la que "tomaba conocimiento del texto refundido de las modificaciones de los Planes Generales de Águilas y Lorca en desarrollo de la actuación de interés regional Marina de Cope de planeamiento"

jueves, 13 de diciembre de 2012

Deplorable debate de la modificación de la Ley de Costas en el Congreso

PP - Arias Cañete
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, reiteró este jueves que la Ley de Costas de 1988 se ha demostrado ineficaz a la hora de proteger el litoral y no ha respondido a sus fines y objetivos.

"Un litoral sostenible medioambientalmente", indicó Arias Cañete, "debe conciliar la preservación, mantenimiento y mejora de nuestras costas con todas las actividades que sean respetuosas y compatibles con la conservación del litoral, incluidas las económicas". 

Durante su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas en el Congreso, el ministro situó esta reforma como "uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para esta legislatura".

Según indicó, la reforma de la Ley de Costas de 1988, tras más de 20 años de vigencia, está motivada porque no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía: mantener y conservar el buen estado de "nuestro extenso y valioso litoral", y porque "ha fomentado una aplicación errática, contradictoria, deficiente y muy arbitraria en algunas ocasiones, lo que ha provocado inseguridad jurídica para propietarios y titulares de derechos en la costa".

En su exposición, el titular de Medio Ambiente aseguró que la Ley de Costas de 1988 no ha sido eficaz en su principal objetivo de proteger el litoral. "Entre 1988 y la actualidad se ha producido la mayor degradación de la costa, con la masificación urbanística y la expansión de grandes pantallas arquitectónicas", precisó.

A juicio del ministro, esta ley también ha generado una gran inseguridad jurídica, tanto en sus aspectos esenciales como en las dificultades de su aplicación, "que ha sido con frecuencia parcial o tardía"

Puso como ejemplo la cuestión de los deslindes, que determinan qué es dominio público y qué es servidumbre de protección, los cuales "se han realizado con criterios no homogéneos, de diferente forma según los territorios y las épocas, creando la consiguiente sensación de arbitrariedad y agravio comparativo".

Además, Arias Cañete destacó la "inadecuada" regulación de la ley en relación con los Registros de la Propiedad, "que ha propiciado que adquirientes de buena fe con títulos registrales vean cuestionadas sus propiedades"

Por otra parte, indicó que, hasta ahora, "ha primado una visión limitada de la protección de la costa, que no valoraba adecuadamente la idea de compatibilidad entre calidad medioambiental y actividad humana para alcanzar un desarrollo sostenible". 

En opinión del ministro, "este concepto erróneo ha producido regulaciones excesivamente restrictivas, que no propiciaban la realización de actividades económicas, deportivas, de ocio o culturales, respetuosas con la costa y con la garantía del uso público y común de las playas y del litoral por todos los ciudadanos".

"CLÁUSULA ANTI-ALGARROBICO" 

En relación con la nueva ley, Arias Cañete explicó que las previsiones para reforzar la protección del litoral van dirigidas a preservar "lo que tenemos mejor conservado", a impedir que continúe la degradación de las áreas costeras más vulnerables y a dotar al Estado de mecanismos excepcionales de respuesta, cuando exista un riesgo grave para la protección del dominio público. 

En este sentido, añadió que el proyecto de ley distingue entre los tramos "urbanos" de las playas y los tramos "naturales", situados en zonas protegidas o en suelo rústico y alejados de urbanizaciones. Para ello, explicó que la ley prevé un régimen diferente, con objeto de dotar a las playas naturales de un elevado nivel de protección y garantizar que se mantengan sus valores medioambientales.

Mientras, "en las playas urbanas se asegura su conservación y se permiten los servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y del turismo de calidad, siempre de forma compatible con el uso común", recalcó. 

Por lo demás, Arias Cañete señaló la conveniencia de que la Administración General del Estado disponga de un mecanismo de reacción rápido y eficaz, que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales. 

En concreto, "me estoy refiriendo a la conocida como 'cláusula anti-Algarrobico', que permite al Estado afrontar el problema desde el principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los tribunales la decisión de fondo", aclaró. 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/79482/arias-canete-insiste-en-que-la-ley-de-costas-de-1988-se-ha-demostrado-ineficaz-para-proteger-el-litoral

PREGUNTA: ¿Por qué entonces mantienen la ley de 1988 tal y como estaba? ¿Por qué el PP y su modificación de la ley sigue confiscando y derribando las propiedades legales?

PSOE - Jose Luis Ábalos
El portavoz socialista de medio ambiente, José Luis Ábalos, afirmó este jueves que la reforma de la Ley de Costas que plantea el Gobierno del PP "es una vuelta hacia atrás" que "desprotege el litoral".
Ábalos fue el encargado de defender en el Pleno del Congreso la enmienda a la totalidad, de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la reforma de la Ley de Costas, argumentando que lejos de mejorar la protección del litoral, las medidas que incorpora el proyecto del Gobierno lo que mejoran, en perjuicio de éste, es el patrimonio y la rentabilidad económica de los negocios de determinados colectivos.
Para el dirigente socialista, que reivindicó la actual Ley de Costas, apuntando que "cuestionó el derecho sacrosanto de la propiedad instalada en el dominio público, con desprecio de su función social", el proyecto de ley que propone el PP no cumple su propia denominación "de protección y uso sostenible del litoral". En su opinión, constituye un compendio de medidas "a la carta" que más bien responden a intereses privados y están lejos de la protección del litoral y de la defensa del interés general.
"No sólo no supone un avance en la protección medioambiental de nuestro litoral, sino que es más bien un claro retroceso respecto de la regulación vigente a fecha de hoy", subrayó el diputado, quien añadió que la modificación de la ley "contradice la propia normativa comunitaria y va en dirección radicalmente opuesta a la que se encaminan los estudios e investigaciones científicas en nuestros días".
Ábalos cimentó el rechazo de los socialistas en que el conjunto de medidas contempladas en el proyecto del Ejecutivo implican un total desconocimiento de las disposiciones y recomendaciones aprobadas por la UE en materia de protección y desarrollo sostenible del litoral.
Además, insistió en que contraviene preceptos constitucionales, la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Constitucional, así como otras normas básicas, y refleja una imprecisión intencionada cuya concreción se remite a un futuro reglamento.
También denunció que el PP se ampara en el conflicto de las viviendas que, por estar situadas en dominio público, obtuvieron una concesión, para generalizar la prórroga de 75 años al resto de concesiones cuyo fin es el aprovechamiento lucrativo.
El portavoz socialista comentó que esta reforma ha conseguido aunar muchas voces en su contra, tanto de organizaciones ecologistas como de colegios profesionales y expertos que alertan de los múltiples riesgos que conlleva. "Es fácil saber a quién beneficia esta ley", dijo Ábalos. "Les gusta a quienes tienen intereses patrimoniales que conservar".
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/el-psoe-dice-que-la-reforma-de-la-ley-de-costas-es-una-vuelta-atras-que-desprotege-el-litoral.aspx
Alguien debería decirle que el derecho a la propiedad, la suya y la de los demás, está protegido en la Carta Universal de los Derechos Humanos.
¿El Diputado Ábalos sólo cuestiona las propiedades de los demás? ¿Dónde está la función social de sus 5 propiedades? ¿Sólo él tiene derecho a conservar su patrimonio? 
Y es que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo... 

lunes, 3 de diciembre de 2012

Eurodiputados proponen una visita a España por las denuncias de Ley de Costas


Los coordinadores de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) decidieron hoy proponer a los presidentes de los grupos de la Eurocámara enviar una delegación a Madrid para pedir información sobre la reforma de la Ley de Costas, objeto de la mayoría de quejas ciudadanas españolas al PE.
Los coordinadores acordaron de forma unánime la iniciativa de realizar una visita "antes de Navidad o en enero a más tardar" para reunirse con las autoridades españolas, informaron a Efe fuentes parlamentarias.
"Los eurodiputados quieren hacer un seguimiento de Ley de Costas que se encuentra en trámite parlamentario", añadieron.
En el año 2011, casi la mitad de las 204 peticiones españolas presentadas a la Eurocámara estaban relacionadas con la Ley de Costas de 1988, cuya problemática ha afectado a miles de propietarios de la costa española.
La Comunidad Valenciana y Andalucía son protagonistas de la mayor parte de las denuncias