LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

viernes, 22 de febrero de 2013

'La justicia en España no tiene independencia'


José Luis González Armengol, juez decano de Madrid, analiza en 'El gato al agua' la situacion de la Justicia en España, de la que señala "está politizada".

José Luis González Armengol, juez decano de Madrid,  ha acudido al plató de 'El gato al agua' para hablar de la huelga de justicia, "una justicia politizada" según ha señalado, la supresión de las tasas judiciales o la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
A juicio de del juez decano de Madrid, según vienen defendiendo desde hace más de 20 años, "entendemos que en una división de poderes el poder judicial tiene que tener autonomía presupuestaria".
Según ha señalado González Armengol durante el programa que dirige y presenta Javier Algarra, "la huelga se realiza para mantener la independencia de la justicia" y para defender unos derechos fundamentales para los ciudadanos para que "todos puedan acudir a los tribunales sin las cuantías que se han establecido en las tasas".
Respecto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, "el 90% de los jueces está de acuerdo en que los magistrados sean elegidos por los propios jueces y no por los políticos", ha aclarado el juez decano de Madrid, "para garantizar una mayor independencia de la justicia".

miércoles, 20 de febrero de 2013

El Ayuntamiento de Yaiza asegura que Costas acepta el carácter urbano de Playa Quemada

El Consistorio dice que incluirá el pueblo en el Plan General


El Ayuntamiento de Yaiza ha asegurado este miércoles que la Dirección General de Costas ha avanzado que no pondrá reparo a la consideración de Playa Quemada como núcleo urbano, lo que conllevaría una delimitación de la zona de servidumbre de 20 metros desde el litoral y no de 100 metros , como está en la actualidad.

Una representación municipal entregó este martes a la Dirección General de Costas un informe emitido por la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias que, a instancias del Ayuntamiento, “concluye que Playa Quemada reúne los requisitos establecidos en la Ley de Costas de 1988” para ser considerada núcleo urbano.
Costas, según indicó el Ayuntamiento, confirmó que no pondrá impedimentos “al reconocimiento del carácter urbano del núcleo de Playa Quemada, decisión fundamental para establecer una nueva zona de servidumbre de protección en el deslinde que habría que revisar por el Ministerio de Medio Ambiente.
“Ante este nuevo escenario”, el Ayuntamiento anunció que buscará “la forma de darle encaje a la ordenación del pueblo dentro del Plan General de Yaiza”. En su momento, Playa Quemada quedó excluido del documento de aprobación inicial del Plan General “porque Costas rechazó la ordenación propuesta por el equipo redactor del Plan negando su carácter urbano”, recalcaron fuentes municipales.
En cuanto a El Golfo, cuyo deslinde –que los tribunales han ratificado- deja en dominio público una quincena de edificaciones y fija una zona de servidumbre de 100 metros , el Ayuntamiento señaló que “tiene características distintas al estar afectado por el Parque Natural de Los Volcanes”. “Costas seguirá estudiando su situación para adoptar una decisión”, según fuentes municipales.

Estocada a los pueblos costeros

La nueva Ley de Costas que este martes se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente del Congresos de los Diputados no recoge ni a una sola de las singularidades del litoral canario. La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, prácticamente predicó en el desierto de un órgano donde el Partido Popular (PP) volvió a usar el rodillo de la mayoría absoluta.

Al centenar de asentamientos que se salpican por el litoral del archipiélago sólo les queda una última oportunidad: la que les brindará el Senado, donde en unas semanas el proyecto de Ley de Costas que este martes aprobó la Comisión de Medio Ambiente y que no incorpora ni una sola de las enmiendas relativas a los núcleos de Canarias y a su singularidades. 

La nueva norma no se debatirá en el Congreso, sino que se enviará directamente al Senado tras el trámite parlamentario de este martes, en el que se debatieron y votación las 145 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. 
La diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, Ana Oramas, fue la única representante del archipiélago que intervino en la comisión y lo hizo para rechazar de pleno el proyecto de Ley de Ley de Costas del Gobierno porque, a su juicio «no aporta nada a Canarias». Todas las enmiendas nacionalistas fueron rechazadas a excepción de dos «de carácter técnico», explicó.

La ausencia de una referencia directa a Canarias en la futura ley supone una estocada para las viviendas afectadas por los deslindes del dominio público martimo-terrestre posteriores a 1988. Sólo se salvarían de la piqueta aquellas edificaciones susceptibles de acogerse a una concesión administrativa que la nueva norma amplía de 35 a 75 años. El resto se mantendrán en una situación idéntica a la actual, pues ni siquiera se han estimado aquellas enmiendas que pretendían rebajar la línea de servidumbre del dominio público de 100 a 20 metros.

En las islas hay contabilizados hasta 111 núcleos costeros situados en su totalidad o en parte a menos de 100 metros del mar. El número de viviendas afectadas ronda las 10.000 y se estima que hay unas 150.000 personas que podrían perder su casa si la ley que hoy se ha aprobado en el Congreso sale del Senado sin mencionar a Canarias según publica Canarias 7

martes, 19 de febrero de 2013

El PP saca adelante en solitario la reforma de la Ley de Costas

Se ha aprobado con el apoyo del PP, la abstención de CIU y la negativa de resto de grupos, que consideran que abre el litoral al negocio privado.
CiU considera que la llamada cláusula "antialgarrobico" invade las competencias locales al permitir al Gobierno parar obras en el litoral
La norma, que salvará 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa por 75 años más, será remitida ahora al Senado.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de la Ley de Costas, con elapoyo del PP, la abstención de CIU y la negativa del PNV, UPyD, grupo mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.

La norma, que salvará por 75 años más 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa, será remitida ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que incluirá un grupo de enmiendas para tener en cuenta el cambio climático.

De las 145 enmiendas presentadas a este texto, y en una sesión que se ha alargado tres horas y media en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, el Grupo Popular ha admitido dos de Coalición Canaria, ha transaccionado una con el PNV, ha aceptado varias de Izquierda Plural y BNG, y ha transaccionado siete, de carácter técnico, con CIU.
El portavoz de este último grupo, Martí Barberá, ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, "si es necesario", porque considera que la llamada cláusula "antialgarrobico" invade las competencias locales al permitir al Gobierno parar obras en el litoral, previamente aprobadas por los ayuntamientos. Defiende además la abstención de su grupo porque la ley no recoge dotar de financiación suficiente a las comunidades autónomas.
El portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, ha opinado que esta cláusula no vulnera la autonomía local porque permite la posibilidad de recurrir a los ayuntamientos. Hernando ha negado asimismo que la reforma abra la puerta al "urbanismo salvaje", como ha asegurado la oposición, y ha anunciado que presentarán en el Senado un grupo de enmiendas sobre el cambio climático.
La ausencia de alusiones al cambio climático en esta reforma y sus consecuencias sobre el litoral había sido objeto de numerosas enmiendas y críticas.

La postura de los partidos

  • Coalición CanariaAna Oramas, critica que el Gobierno legisla sin entender, ni tener en cuenta, las necesidades de las islas Canarias; y afirma que la reforma no corrige los problemas del litoral y no cumple con la máxima sostenibilidad.
  • BNG: A juicio de Olaia Fernández Dávila la futura ley "soluciona la ilegalidad" y su objetivo es garantizar industrias contaminantes.
  • Compromís: El diputado Joan Baldoví ha calificado de "nula" la disposición del PP de aceptar enmiendas, y ha considerado que hay artículos que vulneran la Constitución.
  • PNVJoseba Agirretxea ha manifestado su "gran decepción" ante las "pocas ganas" del Gobierno de negociar acuerdos en algunos planteamientos importantes para el País Vasco.
  • UPyDToni Cantó ha afirmado que se trata de una ley de "resultados inaceptables", y que el litoral está peligro por su "estrechez de miras". "Tras la chapucera amnistía fiscal de Montoro llega la amnistía de los chiringuitos y edificaciones ilegales en la costa del ministro Cañete", ha dicho.
  • Izquierda Plural: La diputada Laia Ortiz ha coincidido en que se desprotege el litoral y ha criticado que el texto haya seguido un proceso "tan opaco y acelerado" al servicio de "la cultura del pelotazo".
  • PSOEMaría José Rodríguez ha insistido en la desprotección de esta normativa, en su opinión un "relato amañado" que alienta la degradación de las costas y abre la veda a la especulación. Mientras que el responsable en la materia del PSOE, Hugo Morán, ha señalado en un comunicado que se pone al servicio del enriquecimiento de unos pocos privilegiados el litoral con la normativa.

¿Qué supone la reforma?

Según el Gobierno, la reforma de la Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido. Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes u hoteles).
Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias (como las papeleras) situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
El texto prevé además que diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga seanamnistiadas, y que la isla de Formentera tenga un trato especial por su especial configuración geológica.
En sintonía con lo defendido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), CIU ha presentado una enmienda, que no ha prosperado, para que las islas o islotes cuya superficie no excediera de 100 kilómetros cuadrados pudieran beneficiarse también de un deslinde singular como el de Formentera.
La nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá unnivel de protección mayor al vigente.
Así, se establece que la zona marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarán a ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales, con la precisión de que en cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables.

La reforma de la Ley de Costas se aprueba en el Congreso con el voto del PP y pasa al Senado


La Comisión de Medio Ambiente del Congreso ha aprobado la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988,--con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el voto en contra de PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, BNG y Compromís-Equo--, para posteriormente ser enviada al Senado, y así continuar con la 'segunda fase' de su trámite parlamentario.

De las 145 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios al texto del Gobierno, el PP ha aceptado dos de CiU de carácter técnico, así como otras seis pactadas con los grupos parlamentarios; todas ellas de carácter técnico.
Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
Eso sí, se establece que, a la hora de conceder una autorización urbanística, en el caso de las obras o instalaciones que afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada.
La nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá un nivel de protección mayor al vigente.
Así, se establece que la zona marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarán a ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales, con la precisión de que en cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables.
TRÁMITE PARLAMENTARIO
En diciembre, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya defendió en el Pleno del Congreso el proyecto de reforma de la Ley, frente a PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo, que pidieron en sus enmiendas a la totalidad que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito, puesto que fueron rechazadas.
Para el ministro, la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.
Así, apuntó que los deslindes en la costas, que determinan qué es dominio público y qué es servidumbre de protección, se han venido realizando "de diferente forma según los territorios y la época, creando la consiguiente sensación de arbitrariedad y agravio comparativo".
Se introduce también en esta reforma un mecanismo de reacción "rápido y eficaz", que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales, como en el caso de 'El Algarrobico', con la llamada 'cláusula anti-Algarrobico', "que permite al Estado afrontar el problema desde el principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los tribunales la decisión de fondo".
1.100 VIVIENDAS NO SE DESTRUYEN CON LA CONCESIÓN DE 75 AÑOS
Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en DPMT, la mayoría con un derecho anterior a 1988. En este punto, Medio Ambiente precisa que sólo en 2018 expirarían alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
"Hemos intentado utilizar un concepto jurídico en base a precedentes establecidos en otras leyes como la Ley de Aguas y por eso hemos ido a concesiones de 75 años. Otorga seguridad jurídica a los propietarios de un patrimonio que tenía enormemente limitado su mantenimiento. Se ha facilitado igualmente la transmisión 'intervivos' de estos bienes", ha justificado el portavoz 'popular' Rafael Hernando en el debate de este martes.
Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en la actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo", como más de 1.700 ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).
En el caso de ocupaciones destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera el otorgamiento de la concesión requiere de un informe del órgano ambiental autonómico.
SERVIDUMBRE
La principal novedad que se introduce respecto de la zona de servidumbre de protección es la dirigida a las edificaciones que legítimamente la ocupan, a cuyos titulares se les permitirá realizar las obras de reparación, mejora, modernización y consolidación, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie.
De la misma forma, se prevé reducir el ancho de esta servidumbre de 100 metros a 20 metros en relación con los núcleos de población que sin poder acogerse a lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas, por no ser suelo calificado como urbano, sí tenían en aquella fecha características propias de él.
Esta reducción se contempla también, como posibilidad excepcional, en los márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las mareas, para evitar que en los tramos alejados de la desembocadura se genere, por defecto, una servidumbre de 100 metros. Igualmente, la ley prevé que a los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio público, se les otorgue una concesión y se les aplique su régimen jurídico propio.
Desde Coalición Canaria, Ana Oramas, critica que el Gobierno legisla sin entender, ni tener en cuenta, las necesidades de las islas Canarias, mientras que Joseba Agirretxea, del PNV, ha manifestado su "gran decepción" ante las "pocas ganas" del Gobierno de negociar acuerdos en algunos planteamientos importantes para el País Vasco.
"Tras la chapucera amnistía fiscal de Montoro llega la amnistía de los chiringuitos y edificaciones ilegales en la costa del ministro Cañete", sentencia desde UPyD, Toni Cantó, a la vez que Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, ha destacado que este texto no cumple con la protección del litoral que promete sino que la desprotege al servicio de "la cultura del pelotazo".
Al mismo tiempo, la ecosocialista lamenta que una ley de este impacto social y económico forme parte de un proceso parlamentario "opaco" y donde el Gobierno dice que ha tenido "poca voluntad" de diálogo y no se ha tenido en cuenta la opinión de los expertos. Por otro lado cree que ampliar el deslinde al 90 por ciento de Formentera desprotege la isla, "una de las perlas a conservar".
Martí Barberá, de CiU, se ha abstenido en la votación de la ley puesto que ésta no recoge sus principales reclamaciones, como dotar de financiación suficiente a las comunidades autónomas para ejecutar la gestión del litoral, al mismo tiempo que amenaza con llegar al Constitucional si no se modifica la intención de "obstaculizar" obras locales a través de la Delegación del Gobierno.
Por su parte, María José Rodríguez, del PSOE, ha insistido en la desprotección de esta normativa, en su opinión un "relato amañado" que alienta la degradación de las costas y abre la veda a la especulación. Mientras que el responsable en la materia del PSOE, Hugo Morán, ha señalado en un comunicado que se pone al servicio del enriquecimiento de unos pocos privilegiados el litoral con la normativa.


sábado, 16 de febrero de 2013

La reforma de la Ley de Costas encara su recta final


La reforma de la Ley de Costas, que salvará del derribo a 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas en las playas, encara su recta final en el Congreso de los Diputados, con el rechazo de los partidos de izquierda y la atenta mirada del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo que ha recibido cien quejas.
El martes 19, el Congreso aprobará la reforma, previsiblemente sin cambios sustanciales, tras un debate en el que se verán las 140 enmiendas presentadas por los grupos.
La reducción de la zona de servidumbre a proteger, la ampliación de las concesiones a 75 años para las construcciones del litoral y la omisión del cambio climático en la norma, han centrado las críticas de los partidos de izquierda, que consideran que sólo se sirve a los intereses privados, se olvida el medio ambiente y se favorece la especulación.
PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís y ERC presentaron hace meses cinco enmiendas a la totalidad, que fueron tumbadas por los votos del mayoritario Grupo Popular, en un referendo en el que PNV y CIU se abstuvieron.
En su defensa, el Gobierno explica la necesidad de cambiar una ley, ya vieja (25 años) de "muy difícil aplicación", según el ministro Miguel Arias Cañete, quien juzgó además que no había sido eficaz en su principal objetivo: la protección de un litoral degradado por la masificación urbanística.
Para Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, esta reforma legaliza las construcciones ilegales y crea más inseguridad jurídica, razón por la que presentaron una queja conjunta al Comité de peticiones del Parlamento Europeo.
Las quejas recibidas han motivado la creación de un grupo de trabajo específico sobre este asunto y la visita a España esta semana de dos eurodiputadas.
Angelika Werthmann (austríaca del Partido Liberal) y Margaret Auken (danesa de Los Verdes) avanzan, tras reunirse en España con parlamentarios y ONG, que si la reforma se aprueba sin cambios sustanciales, la Comisión de Peticiones solicitará una comparecencia de las autoridades españolas para investigar posibles incumplimientos del derecho comunitario.
En las enmiendas que se debatirán en la Cámara Baja, los grupos de izquierda, además de pedir que se suprima la ampliación de las concesiones a 75 años, solicitan que parte del litoral de Formentera no se excluya del dominio público terrestre.
Otros grupos como CiU, y en sintonía con los defendido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), aboga por que las islas o islotes, cuya superficie no exceda de 100 kilómetros cuadrados y que tengan como Formentera una configuración geológica especial, puedan beneficiarse también de un deslinde singular.
La llamada "cláusula antialgarrobico" para frenar construcciones en la costa también ha sido objeto de enmiendas.
CIU, PNV y Coalición Canaria reivindican su anulación porque entienden colisiona con las competencia de los ayuntamientos.
Según el Gobierno, la reforma de la Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes u hoteles).
El texto prevé además que diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga sean amnistiadas.
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas debido a su ubicación, se prevé una prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

 

jueves, 14 de febrero de 2013

Eurodiputadas, "preocupadas", pedirán a la CE que investigue si la futura Ley de Costas vulnera la directiva europea


     La eurodiputada liberal, Angelika Werthmann, y la parlamentaria danesa de 'Los Verdes' y responsable del 'informe Auken' de 2009 (que cuestionaba la especulación inmobiliaria en España y el modelo económico sobre el que se basaba), Margret Auken, han visitado el Congreso de los Diputados este jueves "preocupadas" por la futura modificación de la Ley de Costas y pedirán a la CE que investigue si la normativa que planea el Gobierno vulnera directivas europeas.
   Las parlamentarias han visitado Madrid y han mantenido una reunión informal con el Grupo Socialista, el Grupo Mixto, CiU, UPyD, IU-ICV-CHA, con el objetivo de demostrar su "inquietud" frente al texto que prepara el Ejecutivo en materia de Costas que, en su opinión, mantiene abierta la puerta a la especulación inmobiliaria en las costas españolas.
   En un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, admiten que "lamentablemente" la modificación planteada "bajo ningún concepto" va a proteger el litoral español. "En todo caso debilita su protección abriendo la puerta a nuevas construcciones en áreas protegidas del litoral. Es más, no resolverá los problemas de los pequeños propietarios de la costa (uno de los principales objetivos de la modificación)", según agregan.
   En este sentido, subrayan que el texto presentado por el Gobierno sigue sin aclarar la protección de los pequeños propietarios del litoral, como por ejemplo la de aquellos procedentes de pueblos costeros.
   A juicio de la parlamentaria liberal, la modificación de la ley es "inaceptable" porque va en contra de los intereses de los ciudadanos y no sólo eso, sino que da pie un nuevo 'boom inmobiliario'.
   "No deja lugar para la participación ciudadana en la tramitación de la ley. No puede considerarse transparente", ha agregado, a la vez que lamenta que el propio informe Auken sea citado en el preámbulo de la futura Ley española como justificación de la misma, cuando en realidad pretende todo lo contrario.
Por su parte, Margret Auken subraya que, en la actualidad, todas las recomendaciones recogidas en el informe que ella misma elaboró en 2009 no se recogen en la ley que prepara el Ejecutivo español.
   Al mismo tiempo, critica que esta modificación normativa deja la puerta abierta a la especulación inmobiliaria en la costa, a la vez que conculca varias directivas europeas, como la directiva marco de Agua o la de Consultas públicas.
   "Lamento igualmente que las nuevas previsiones de modificación de la ley abran la puerta a nuevos casos de corrupción inmobiliaria", sentencia la experta.



lunes, 11 de febrero de 2013

jueves, 7 de febrero de 2013

La exministra Narbona se sale por la tangente ante una pregunta sobre los Derechos Humanos y la Ley De Costas


Está claro que hablar a los políticos españoles los Derechos Humanos es como mencionarles al diablo y los ignoran hasta cuando se les pregunta de manera clara y directa. ¿Sabrán que existen?

Lo grave es que no sólo los ignora, sino que contesta con una sarta falsedades que a base de repetirlas, quiere convertirlas en verdades. Además, y por si acaso, la culpa de  cuantas tropelías se han cometido y se están cometiendo con la Ley de Costas, la tiene todos, menos ella. ¿Quién firmaba las Ordenes Ministeriales? ¿El conserje, la señora de la limpieza, su chofer...?

miércoles, 6 de febrero de 2013

“La ley de Costa del 88 ha confiscado el derecho de propiedad”


El abogado de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), Ignacio Cáceres, invitado del programa “30 Minutos”.

Cáceres cree que han “existido una serie de transmisiones de padres a hijos, que han ido consolidando el derecho de propiedad”. Un derecho que, según Cáceres, está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que la Ley de Costas del 88 obvia por completo.


El abogado asegura que la Ley de Costas supone disparidad y encierra diferencias en su aplicación, de tal forma que “ha ido a confiscar el derecho de propiedad excluyendo del dominio público determinadas viviendas”.

martes, 5 de febrero de 2013

El alcalde de San Vicente negocia con Costas la legalización del polideportivo

Garantizar el futuro del polideportivo municipal de San Vicente de la Barquera sobre el que existe una orden para su derribo y conseguir la legalización de todas las actuaciones ejecutadas, acogiéndose a la reforma de la Ley de Costas, será el objetivo principal de la reunión que mantendrá hoy el alcalde, Julián Vélez, con responsables de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre. El polideportivo de San Vicente cuenta desde 1999 con una orden de derribo, tanto de la instalación como de las dos pistas de tenis construidas posteriormente. Según Costas, el polideportivo se construyó sobre un espacio de 7.562 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, en parte sobre rellenos de la marisma, sin contar con las autorizaciones pertinentes.

Las obras de polideportivo comenzaron en 1981, con la tramitación por parte del Ayuntamiento de una solicitud para ubicarlo en terrenos de dominio público. Sin embargo, este expediente administrativo no se finalizó correctamente, lo que unido a la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 provocó que con posterioridad se incoase un expediente sancionador al comprobarse que la instalación no contaba con las autorizaciones necesarias. El expediente se cerró en 1999 con la denegación de la Dirección General de Costas de la concesión definitiva de los terrenos y de la legalización de las obras. Al mismo tiempo se daba al Ayuntamiento de San Vicente un plazo máximo de tres años para demoler todas las instalaciones y restaurar la marisma a su estado original

EL FENÓMENO DE "DÉJÀ VU" DE COSTAS...LA HISTORIA SE REPITE (2006)

El alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, ha mantenido una reunión en Madrid con el subdirector general de la Gestión Integrada del Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo, en la que se ha abordado la situación del polideportivo municipal sobre el que existe una orden ministerial de derribo.

Tras el encuentro, Vélez ha manifestado que Muñoz Cubillo se ha comprometido a estudiar el expediente con sumo cuidado para buscar soluciones alternativas al derribo del polideportivo, comprometiéndose a contactar con el Ayuntamiento barquereño cuanto se haya elegido la línea de actuación, con el fin de llegar a un acuerdo no forzado. 
Una de las alternativas barajadas sería mantener el edificio y permitir los usos a los que está dedicado actualmente, u otros definidos por la Ley de Costas. La otra posibilidad sería la construcción de un nuevo polideportivo, según recoge la redacción del nuevo PGOU. Esta opción implicaría una actuación conjunta con el Ministerio, buscando una ubicación distinta para el complejo, así como la recuperación de esa zona de la marisma, para devolverla a su estado natural. En esta actuación, el Ministerio de Medio Ambiente participaría con parte de los fondos y daría tiempo suficiente al Ayuntamiento para definir la financiación global del proyecto. Vélez ha destacado la «buena disposición» de Costas para apoyar al Ayuntamiento en la opción final que sea posible, valorando como «muy positivo» el hecho de que el subdirector conozca por fin los detalles añadidos y el posicionamiento municipal al respecto.

Delimitación Costera
El litoral barquereño se encuentra en fase de delimitación del dominio público, circunstancia por la que el alcalde ha expuesto también la disconformidad del Ayuntamiento con la calificación adjudicada a los terrenos donde se ubica el actual polideportivo, considerados por la Alcaldía «fuera de la zona de agua y relleno».

No se si el alcalde habrá visto la película Groundhog day o Atrapado en el tiempo, porque bien podría ser el protagonista de la misma. 
7 años después se encontrará con el mismo personaje, Muñoz Cubillo, que le prometió "estudiar el expediente con sumo cuidado". 

Muñoz Cubillo, mano derecha de Cristina Narbona y talibán donde los haya con respecto a la Ley de Costas, ha sido recuperado por el gobierno del PP para que siga haciendo de las suyas en del departamento de donde salió en 2008. 

El alcalde de San Vicente de la Barquera vivirá hoy su Déjà vu particular.