LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 31 de marzo de 2013

El TSJC anula el desarrollo turístico y residencial del Puerto

La sentencia entregada a las partes el pasado día 26 de marzo afecta a los suelos de Los Tarajales, La Nao y de Inversiones Cook, por estar dentro del deslinde marítimo-terrestre. La denuncia sobre la clasificación urbana de los suelos fue presentada en 2005 por una particular.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado en parte el recurso presentado por una particular en 2005 contra el acuerdo de la Cotmac de 2004 por el que se aprueba definitivamente, de forma parcial, el Plan Parcial de Tazacorte, una sentencia que fue notificada a las partes el pasado día 26 de marzo y que anula el desarrollo turístico previsto en el barrio del Puerto.

La demandante cuestionó la clasificación como urbanos de determinados ámbitos, obteniendo el respaldo judicial "solo" en el SUC 2.1 y ZSR 2.1 y 2.2, es decir, en suelos donde se sustenta gran parte del desarrollo previsto en la zona costera del municipio. En concreto, afecta a Los Tarajales, frente a la avenida del Emigrante, "al no respetar la servidumbre de cien metros que establece la Ley de Costas", y donde se ubica un edificio de pisos de lujo con sentencias firmes que invitan a su derrumbe.

El TSJC dice que el citado suelo "no tenía las condiciones para ser clasificado como suelo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas".
La sentencia también afecta al suelo ZSR 2.2 de la Nao, una parcela de 14,5 hectareas, situada junto al cauce de un barranco Tenisca y que pasó de ser agrícola con protección paisajística a urbanizable de uso residencial en unos pocos meses, obteniendo un aprovechamiento hasta los 10.500 metros edificables para uso residencial. La empresa catatana Estatecnic SA compró el suelo con la intención de ejecutar un plan parcial que incluye unas 90 viviendas de lujo con una media de 300 habitantes. Su clasificación ya contaba con una sentencia en contra del Tribunal Supremo. El TSJC dice que es un terreno que también se ve afectado por la Ley de Costas.

De igual forma, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias afecta al ámbito de actuación ZSZ 2.1 donde la sociedad Inversiones Cook S.L. tenía previsto en 2007, antes de iniciarse una batalla legal entre sus propietarios y el gobierno municipal de Unión Bagañeta, un desarrollo sin precedentes en 15.000 metros cuadrados de suelo, con un entramado de servicios públicos y comerciales. ElTSJC sentencia que este terreno también se ve afectado por el deslinde marítimo-terrestre, por lo que el proyecto edificatorio deberá retranquearse, lo que obliga a una modificación puntual del Plan General de Ordenación.

El nuevo grupo de gobierno en Tazacorte comunicó a finales de 2012 su decisión de revisar en profundidad el planeamiento municipal después de "detectar los técnicos jurídicos circunstancias en el mismo que no se ajustaban a la más estricta legalidad, pulcritud y transparencia del documento". Con la nueva sentencia del TSJC, ya tiene motivos más que suficientes para verse obligado a modificar el PGO.


lunes, 25 de marzo de 2013

Inversores extranjeros huyen de la Costa del Sol por culpa del Plan Litoral

Alegan inseguridad jurídica y apuestan por Croacia y Portugal como nuevo destino de sus promociones

MARCA ESPAÑA
El Plan de Protección del Corredor Litoral impulsado por decreto por la Junta de Andalucía está provocando la cancelación de inversiones procedentes del mercado alemán porque en esta economía se considera que la nueva norma incrementa la inseguridad jurídica. Esta es la denuncia que realiza el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, José Prado, tras su paso por la feria turística ITB de Berlín y de la que ha regresado apesadumbrado por el mensaje de confusión que está transmitiendo la Administración regional con mensajes contradictorios entre consejeros.
Prado comparó el impacto que para el mercado extranjero tuvieron los casos de corrupción política y urbanística con las consecuencias que el decreto de la Junta puede tener en un periodo en el que se comenzaba a recuperar la confianza exterior. El representante de los constructores malagueños calificó la norma como una «osadía» en un momento el que el turista residencial demostraba una recuperación de la confianza protagonizando un 14 por ciento de las operaciones inmobiliarias.
Ejemplificó el cambio de escenario con la percepción «negativa» que ha transmitido el nuevo marco legal autonómico con las opiniones recabadas en la feria turística ITB. «Los inversores alemanes están plenamente informados de la posible paralización de 30.000 viviendas y miles de plazas hoteleras y no entienden cómo puede haber 16 leyes y decretos relacionados con el urbanismo y decenas de planes de ordenación», manifestó, para lamentar que «estamos expulsando un mercado fabuloso». «Es un anacronismo que todos los partidos hablen de políticas de creación de empleo y lo que están haciendo es destruir los caminos que conducen a su generación», añadió.
José Prado manifestó que los inversores alemanes son muy permeables ante cuestiones de ámbito jurídico y aseguró que miran con recelo el Plan del Litoral, lo que está provocando que estén optando por adquirir propiedades en Croacia o el Algarve portugués.
«La realidad de los mercados es desconocida por nuestros políticos. No nos podemos permitir espantar a inversores que mueven 6.500 millones de euros», criticó Prado, quien dijo que «no se puede tolerar que las Administraciones usen el urbanismo como arma arrojadiza» y que recordó que el consejero de Medio Ambiente, Luis Planas (PSOE), declaró que el decreto era una respuesta a la nueva Ley de Costas del Gobierno Central. «Es un plan para contrarrestar, no para proteger», censuró.
La opinión de Prado es generalizada entre los constructores, quienes se reafirman cuando se lanzan mensajes contradictorios dentro del propio Gobierno andaluz. El último episodio lo protagonizaron Planas y el responsable del área de Turismo, Rafael Rodríguez (IU), sobre la aplicación del plan. Mientras el primero establecía ciertos cortafuegos para tranquilizar a los constructores y promotores, el segundo no dudaba en animar a revisar planes urbanísticos.
Emilio Corbacho, secretario general de Fadeco, la patronal andaluza de la construcción, precisó al consejero de Turismo que el derecho urbanístico no es público, sino estatutario, que «conlleva derechos y deberes». «Junto al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), se aprobaron 13 planes subregionales, de los que la mitad afectan al litoral», recordó en las páginas de este periódico, donde destacó que, junto al valor de la «sostenibilidad», se encuentra otro transversal como es el de la «seguridad jurídica».

¿Quién va venir a invertir a España cuando la propiedad privada no existe y te  confiscan mediante ley? Sin seguridad jurídica no hay inversión, ni española ni extranjera.

Se ignora en qué país viven los políticos españoles, pero es seguro que en el nuestro no, porque no se enteran de nada y han perdido el contacto con la realidad.

sábado, 23 de marzo de 2013

Los eurodiputados recaban informes de la regresión del Saler y las obras del puerto


Vecinos de la Casbah denuncian a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el "abandono" de la playas del parque natural de la Devesa - Los parlamentarios trasladan al Gobierno su preocupación por la "inseguridad jurídica" de la ley de Costas 

La delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, encabezada por la eurodiputada Angelika Werthmann, que ha viajado a Madrid a petición de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, ha recabado información sobre la regresión de la playa del Saler y las obras de ampliación del Puerto de Valencia. Los vecinos de la Casbah, una urbanización que el mar se está tragando por la regresión de la costa, entregaron ayer a los eurodiputados de la citada comisión un amplio dossier con fotografías sobre la situación de sus casas para que el Parlamento Europeo inste al Gobierno de España a tomar medidas.
La delegación parlamentaria, que ha visitado España para "recabar datos y cotejar hechos" después de recibir más de 70 denuncias de pequeños propietarios, está compuesta por la eurodiputada austríaca del Grupo ALDE Angelika Werthmann, los alemanes Rainer Wieland y Peter Jahr (PPE), los británicos Michael Cashman (S&D) y Marta Andreasen (ECR) y la danesa Margrete Auken (Los Verdes), autora de un duro informe contra la urbanización del litoral español.
Según explicó Mercedes Gómez, vecina de la Casbah y miembro de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, "hemos denunciado ante los eurodiputados la connivencia que creemos que existe entre el Ayuntamiento de Valencia, la Dirección General de Costas y el Puerto de Valencia para consentir la desaparición de nuestras casas". Mercedes Gómez explicó que los eurodiputados se han interesado por los efectos que las ampliaciones del puerto de Valencia han tenido sobre el parque natural de la Devesa, sobre todo, porque "las obras las ha financiado en gran medida por la Unión Europea". Las viviendas de la Casbah están en zona de dominio público marítimo y, por tanto, afectadas por el deslinde de la controvertida Ley de Costas española, cuya modificación está tramitando el Gobierno de Rajoy.
Mercedes Gómez apuntó que cuando ellos compraron sus casas no estaban dentro del dominio público. Delante de sus casas había una playa que ahora no existe porque el mar se la ha tragado como consecuencia de las continuas ampliaciones. La regeneración de las dunas del Saler que Costas acaba de llevar a cabo ante los graves daños que sufrió esta playa tras el temporal de septiembre y el varamiento de dos buques "no ha servido de nada", apuntó Mercedes Gómez, que señala al Puerto de Valencia como responsable de aplicar medidas efectivas para salvar sus casas y frenar la regresión de la costa en aplicación del principio de "quien contamina paga".
Informe no vinculante
Los eurodiputados escucharon a los propietarios de viviendas en las playas españolas que denuncian su "indefensión" ante una ley que consideran "confiscatoria" de sus bienes. Tras la visita de la Comisión de Peticiones a España los parlamentario redactarán un informe, no vinculante, sobre la ley de Costas. La eurodiputada danesa Angelika Werthmann manifestó en rueda de prensa su preocupación por la "inseguridad jurídica" que genera la ley española de Costas de 1988, mientras Aucken apuntó que ni la normativa actual ni la reforma que tramita el PP "aportan nada" desde el punto de vista de la conservación.

La reforma de la Ley de Costas es "injusta" con los propietarios

La modificación de la Ley de Costas, que está en trámite parlamentario, podría vulnerar la Carta Europea de Derechos Fundamentales ya que, aunque "se ha producido alguna mejora respecto a la de 1988, "no es totalmente justa con algunos propietarios", según ha manifestado la europarlamentaria austriaca Angelika Werthmann, la presidenta de una delegación de europarlamentarios que está de visita en España para conocer los pormenores de la norma.

En una rueda de prensa ofrecida por la delegación europea, los parlamentarios europeos dan así un varapalo a España que plasmarán en un informe que elaborarán para su posterior debate en Bruselas. La delegación se ha centrado en "recabar datos y cotejar hechos", para lo que se han reunido con ciudadanos, propietarios afectados pro la ley de costas, con ONG y con el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra.
   
El objetivo de la visita es estudiar si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de propiedad privada.
   Para la europarlamentaria danesa Margrete Auken "no se entiende" como con la Ley de Costas se pueden expropiar y demoler casas y luego volver a construir. Además, señala que aunque la ley no puede demoler las expectativas de todo el mundo, a su juicio, la ley de Costas "no resuelve las preocupaciones de los ciudadanos".
   En su opinión, la ley de costas actual (en trámite en el Senado) es "peor" que la anterior y "no sirve para nada, porque no aporta nada desde el punto de vista de la protección". 
   Respecto a la protección medioambiental, Werthmann ha valorado que si la ley de 1998 se elaboró para proteger el medio ambiente y se observa lo que ha ocurrido en la costa española desde entonces, "se ve que no ha servido para nada" y ha derivado en una inseguridad jurídica. 
   Además, Auken considera que las compensaciones a los propietarios afectados por la Ley "se han pensado de forma 'sui generis', muy raro", mientras que el europarlamentario alemán Peter Jahr ha añadido que el Gobierno español "no paga nada, no compensa y se queda con la propiedad". "Una concesión, o la ampliación de una concesión no es una compensación", ha apostillado.

INDEFINICIÓN E INSEGURIDAD

   Asimismo, Jhar ha añadido que la delegación ha concluido que se necesita una clara definición del concepto dominio público marítimo terrestre y que el registro de la propiedad no es satisfactorio, porque se tendría que saber si una propiedad está afectada o no por la Ley de Costas antes de comprar.

   Por otro lado, sobre la reunión mantenida con Saavedra, la británica Marta Andreasen, ha contado que el responsable de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha defendido "de forma tajante" la constitucionalidad de la Ley pero ha agregado que la preocupación europea es que la norma no satisface la seguridad jurídica de los propietarios y que la reforma impulsada por el Gobierno español "no incrementa" dicha seguridad jurídica. "Es necesario actualizar los registros. Muchos inversores se ven afectados sin saber que la propiedad es ilegal".
   Mientras, el alemán Rainer Wieland ha precisado que desde el punto de vista jurídico, la legislación europea no debe interferir la nacional, pero ha recordado que hay mecanismos para intervenir si la legislación de un país contraviene las Directivas y normas europeas.

   Por ejemplo, ha subrayado que cuando el legislador nacional legisla sobre algo que concierne a todos los ciudadanos de la Unión Europea (como en este caso, por el derecho de los ciudadanos europeos a residir en cualquier punto del territorio) se puede recurrir a las instituciones comunitarias.
   "Este es un asunto que concierne y preocupa a todos y se debe tener en cuenta la carta europea de los derechos humanos", ha manifestado.
   Finalmente, ha apuntado que el Tribunal Europeo de Justicia aplica la legislación más rápido que algunos tribunales de los países y ha agregado que la carta europea se aplica cuando se vulnera la legislación comunitaria".

Los pequeños propietarios denuncian su indefensión por la Ley de Costas


Asociaciones de pequeños propietarios con viviendas en las playas españolas han denunciado hoy su "indefensión" ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la reforma de la Ley de Costas,que consideran "confiscatoria" de sus bienes privados.
Los denunciantes se reunieron el 21 de marzo con una delegación de esta Comisión que se encuentra en Madrid para analizar las denuncias presentadas sobre la citada reforma y estudiar si vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y propiedad privada.
En el encuentro, abierto a los medios, han participado portavoces de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas; Afectados de Cho Vito (Tenerife); Playazo de Vera (Almería); Asociación de Propietarios de Empuriabrava; El Saler (Valencia) o Urbanización Mil Palmeras (Alicante).
La mayoría consideran que tanto la vieja ley de 1988 como la actual reforma vulneran el derecho a la propiedad privada y que la ampliación de las concesiones a 75 años limita "el uso ilimitado" que tienen como propietarios de sus casas.
En el caso de los Afectados de Cho Vito se ha denunciado que han sido desposeídos por completo de sus propiedades, y en general todos se han preguntado cómo es posible que la protección ambiental se ponga por encima del derecho a la propiedad.

Delegación parlametnaria

La delegación parlamentaria está compuesta por la eurodiputada austríaca del Grupo ALDE Angelika Werthmann, los alemanes Rainer Wieland y Peter Jahr (PPE), los británicos Michael Cashman (S&D) y Marta Andreasen (ECR) y la danesa Margrete Auken (Los Verdes).
Mañana tienen previsto reunirse con autoridades del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y ONG.
La reforma de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno fue aprobada el pasado 20 de febrero en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y ha sido remitida al Senado para su debate y posterior votación.

76 quejas

La Comisión de Peticiones visita España tras recibir 76 quejas, la mayoría de ellas por parte de propietarios de viviendas en la costa.
También hay organizaciones medioambientales que les han expresado su disconformidad con la reforma por poner obstáculos a la protección de la costa.
La Comisión de Peticiones estudia las reclamaciones de ciudadanos de la UE, que señalen posibles infracciones sobre los derechos reconocidos en el Tratado de la UE.

miércoles, 20 de marzo de 2013

Una comisión de Eurodiputados visita Madrid durante dos días para estudiar denuncias sobre la Ley de Costas


La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se reunirá este Jueves 21 y Viernes 22 con más de 40 ciudadanos y con Pablo Saavedra, Director General de Sostenibilidad de la costa y el mar del Ministerio de Agricultura, con el fin de analizar las denuncias presentadas sobre la reforma de la Ley de Costas, y estudiar si vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada.

La delegación parlamentaria estará liderada por la eurodiputada liberal austríaca Angelika Werthmann. Estará compuesta por los alemanes Rainer Wieland y Peter Jahr (PPE), la británica Marta Andreasen (ECR) y la danesa Margrete Auken (Los Verdes). Además, los diputados españoles Carlos Iturgaiz (PPE) y Willy Meyer (Izquierda Unitaria Europea) acompañaran a la delegación. Durante su visita, la Comisión mantendrá encuentros con Pablo Saavedra, Director General de Sostenibilidad de la costa y el mar del Ministerio de Agricultura, ciudadanos que forman parte de las organizaciones denunciantes y otros representantes de la sociedad civil. 


AGENDA DE LA DELEGACIÓN

Jueves 21 de marzo 18:00h Sede de las Instituciones Europeas. Paseo de la Castellana, 46. Madrid
Encuentro de la Comisión de Peticiones con peticionarios (ciudadanos)
Se podrán tomar imágenes del comienzo de la reunión. Los periodistas podrán asistir a la reunión pero no grabar video/audio.

Viernes 22 de marzo mañana Ministerio de Agricultura
Encuentro con Pablo Saavedra Inaraja, Director General de Sostenibilidad de la costa y el mar 
Encuentro a puerta cerrada.

Viernes 12:30h Sede de las Instituciones Europeas. Paseo de la Castellana, 46. Madrid
RUEDA DE PRENSA de la eurodiputada Angelika Werthmann, presidenta de la delegación.
Habrá traducción simultánea.

Viernes 13:00h Sede de las Instituciones Europeas. Paseo de la Castellana, 46. Madrid
Encuentro de la Comisión de Peticiones con peticionarios (ONG y organizaciones)
Se podrán tomar imágenes del comienzo de la reunión. 
Los periodistas podrán asistir a la reunión pero no grabar video/audio.

Las peticiones
La Comisión de Peticiones visita España tras recibir 76 peticiones sobre un amplio abanico de cuestiones referidas a la Ley de Costas, y procedentes de todas las comunidades autónomas con litoral. La mayoría de ellas, por parte de propietarios de viviendas en la costa, insatisfechos con las modificaciones porque no cumplen los derechos de propiedad y protección medioambiental. 

Los peticionarios pertenecen a la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas o de asociaciones vecinales y locales de la Costa Brava (Girona), El Saler (Valencia), Alicante, Mazarrón y el Cabo de Palos (Murcia), Almería, Huelva o Tenerife, entre otras. En el caso del País Vasco, las reclamaciones van referidas a los molinos históricos amenazados por la Ley de Costas. 

La Comisión de peticiones también se reunirá con organizaciones medioambientales que han expresado su disconformidad con la reforma por considerar que pone obstáculos a la protección de la costa y crear incertidumbre entre los propietarios. La Comisión también ha recibido informes a favor de ciudadanos que están mayoritariamente de acuerdo con las medidas propuestas por el Gobierno español. 

La Ley de Costas
En España, la Ley 22/1988 que regula la protección, uso, determinación y policía del espacio público marítimo-terrestre y su ribera, fue aprobada el 28 de julio de 1988. Su reforma se encuentra en este momento en proceso de tramitación parlamentaria tras ser aprobada el pasado 20 de Febrero por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y su envío al Senado para su debate y posterior votación.

La norma, en el caso de ser aprobada, salvará del derribo durante 75 años a más de 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la costa, que tendrían que haber sido derribados a partir de 2018 según se indica en la ley aprobada en 1988 y cuya reforma ahora se aborda. 

Además, si la modificación a la ley sale adelante, diez barriadas históricas de Alicante, Girona, Huelva, Málaga y Valencia serán igualmente preservadas, la isla de Formentera recibirá un trato especial por su configuración geológica y se contemplará la prórroga de actividad de industrias contaminantes, si la autoridad competente medioambiental informa de manera favorable.

La Comisión de Peticiones

La Comisión de Peticiones estudia las reclamaciones ejercidas por ciudadanos de la UE, que señalen posibles infracciones sobre los derechos reconocidos en el Tratado de la UE. Coopera con las autoridades nacionales, regionales y locales en asuntos relacionados con la aplicación de la legislación europea en materias como el medio ambiente, los asuntos sociales o la libertad de circulación, entre otras. Su misión es velar por que existan soluciones extrajudiciales para los ciudadanos cuando éstos sustancien sus reclamaciones. La comisión puede organizar visitas de investigación e informar al Pleno.


Contacto: 
Oficina del Parlamento Europeo en España:
María ANDRÉS
  : (+34) 914 364 766 
  : 669 409 045
  : maria.andres@europarl.europa.eu
www.europarl.es / @PE_Espana / https://www.facebook.com/ParlamentoEuropeo.ES

martes, 19 de marzo de 2013

La Audiencia Nacional declara nulo parte del deslinde de Oropesa de Mar


La parte demandante impugna a tenor del suplico de la demanda la Orden del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de fecha 13 de julio de 2010, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo- terrestre del tramo de costa de unos 3.031 metros de longitud, del término municipal de Oropesa del Mar (Castellón).

La parte recurrente circunscribe su impugnación a la delimitación de la servidumbre de protección en la desembocadura del río Chinchilla. No indica cuales son los concretos vértices impugnados, pero, tal y como señala el Abogado del Estado en la contestación a la demanda, y afectando a la desembocadura del río Chinchilla, los terrenos objeto del recurso se ubican entre los vértices M-1 a M-21, cuestión no contradicha por la parte actora en el escrito de conclusiones.

Aduce, en síntesis, que de conformidad con los anteriores deslindes de 1989 y 1992 los edificios El Faro y Rumbo quedaban excluidos de la zona de protección, y ahora no, lo que implica una serie de perjuicios a sus propietarios. Se esgrime que el cambio de la servidumbre de protección se debe a que ha cambiado la línea de dominio público como consecuencia de la acción artificial, por haberse construido una marinaembarcadero en la desembocadura del río Chinchilla que permite la entrada, aguas arriba del río, del agua marina hasta donde entonces ello no sucedía. 

Considera la parte actora que resulta evidente que la desembocadura del río Chinchilla no tendría aporte de agua marina y no formaría parte del dominio público sin intervención antrópica, es decir, sin la realización de las obras consistentes en marina artificial y las autorizaciones de captación y vertido por parte de los organismos afectados, por lo lleva necesariamente a eliminarse de dicha zona la servidumbre de protección de conformidad con el artículo 43.6 del Reglamento de Costas.

La Sala valorando en conjunto la prueba practicada y tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes descritas, considera que contrariamente a lo que sostiene la Administración, no ha resultado acreditado que el tramo del deslinde impugnado se viera alcanzado por las aguas del mar con anterioridad a las citadas obras de encauzamiento y embarcadero- marina. Y si bien ello no tiene incidencia en cuanto a la delimitación del dominio público marítimo terrestre en los terrenos del pleito, que no se discute por la actora, si tiene relevancia en lo que respecta a la aplicación del artículo 43.6 del Reglamento de costas.


El artículo 43 del Reglamento de costas dispone "6. La realización de obras tales como marinas o urbanizaciones marítimo terrestres que den origen a la invasión por el mar o por las aguas de los ríos hasta donde se haga sensible el efecto de las marea, de terrenos que con anterioridad a dichas obras no sean de dominio público marítimo-terrestre, ni estén afectados por la servidumbre de protección producirán los siguientes efectos:

a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo terrestre.
b) La servidumbre existente con anterioridad mantendrá su vigencia.
c) En los terrenos que no sean objeto de la servidumbre a que se refiere la letra b) no se generará una nueva servidumbre de protección en torno a los terrenos inundados, sino que, exclusivamente, será de aplicación, en ese caso, la servidumbre de transito".


Por tanto, en aplicación del citado precepto reglamentario, al no estar gravados los terrenos con servidumbre de protección, no se generará servidumbre de protección en dicha zona y sólo será de aplicación la servidumbre de transito, lo que conlleva la estimación del recurso interpuesto

.
Lo que se acaba de exponer es perfectamente aplicable al tramo que nos ocupa, no olvidemos que el citado informe pericial se realizó para el tramo comprendido entre los vértices M-1 a M-18, por lo que procede estimar el recurso contencioso- administrativo


FALLAMOS

Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de fecha 13 de julio de 2010, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 3.031 metros de longitud, del término municipal de Oropesa del Mar (Castellón), procede declarar la nulidad de la resolución en el sentido de declarar contraria a derecho la fijación de la servidumbre de protección del citado dominio público entre los vértices del pleito M-1 a M-21, declarando de aplicación exclusivamente la servidumbre de tránsito; sin hacer expresa imposición de las costas procesales.



El PP cambia la Ley de Costas para ´indultar´ A Illa y parte del núcleo urbano de Moaña


El PP modificará la Ley de Costas en su tramitación en el Senado para rebajar la protección en parte del núcleo urbano de Moaña y en A Illa de Arousa. Se trata de dos "soluciones concretas" que los populares pretenden introducir en la reforma para dar respuesta a "singularidades" de Galicia. En el caso de Moaña lo que se busca es que se "indulte" una parte de su núcleo urbano que en el deslinde ha quedado dentro de la zona de dominio público marítimo terrestre, sometiendo al estricto régimen de concesión a varios edificios residenciales y hasta a dos colegios públicos. Se pide que esta zona sea considerada como cualquier otro suelo urbano. Y en A Illa se quiere que la zona de protección se restrinja solo a la franja que queda entre las carreteras y el mar, ya que tal como está la ley y debido a la morfología de la isla, muy estrecha, todo el enclave quedaría prácticamente afectado y sin posibilidad de hacer ningún desarrollo urbanístico en su interior por menor que fuera.
Estas enmiendas han sido impulsadas por el PPdeG y, salvo sorpresa mayúscula, se incorporarán al texto definitivo de la nueva Ley de Costas. De su contenido y alcance informaron ayer al PPdeG, en la reunión del grupo parlamentario, los senadores Enrique López Veiga y María Elvira Larriba. Se quiere, como advirtió el viceportavoz popular Román Rodríguez, "adaptar" la ley a las "especifidades" de la comunidad autónoma.
Para defender un estatus especial para A Illa, el PP toma como referente el caso de Formentera. Quiere el mismo trato. Con las áreas de protección que establece la norma entre el dominio marítimo terrestre y la zona de servidumbre -cien metros a contar desde la línea de mar- y los espacios interiores protegidos por la legislación ambiental, A Illa quedaría, debido a pequeño tamaño, "fosilizada y sin posibilidad de hacer prácticamente nada", en palabras de Román Rodríguez.
Para corregir esta disfunción, el PP reclama que no se tengan en cuenta las distancias marcadas por la ley, sino que como en Formentera, se consideren las vías de circulación pegadas a la costa como la línea de separación entre el dominio público y el resto de territorio. Eso, evidentemente, supondría una rebaja sustancial del área de protección.
En el caso de Moaña la situación es otra. Los deslindes realizados incluyeron en la zona de dominio marítimo terrestre edificios completos e incluso dos colegios, por lo que el titular de las viviendas es el Estado, si bien los ocupantes de la viviendas tienen la posibilidad de ocuparlas por una concesión de treinta años prorrogables otros treinta.
Deslindes
Es además uno de los pocos ayuntamientos españoles -y el único gallego- en el que se clasificó, debido a los deslindes, una parte del núcleo urbano dentro del dominio marítimo. Lo que pide el PP es que esa parte sea excluida de la zona de máxima protección de costa y pase a funcionar como cualquier otro suelo urbano, solo sujeto al planeamiento urbanístico municipal.
Para ello, los populares reclaman que se incorpore a la lista de los diez núcleos singulares indultados en Girona, Huelva, Valencia, Alicante o Málaga. El PP considera que al igual que esa decena de pueblos, Moaña merece una "solución singular" ya que los terrenos sobre los que se ha edificado en absoluto merecen la protección o la utilización del dominio público por su degradación o característica física actual. "En realidad, forma parte del caso urbano de Moaña que es un núcleo urbano de dimensiones notables", defiende el PP, que entiende que además este cambio es de "justicia moral".

lunes, 18 de marzo de 2013

CONTESTACIÓN DEL GOBIERNO EN EL CONGRESO SOBRE EL Nº DE CONCESIONES


184/013311 Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) y a don José Luis  Ábalos Meco (GS) sobre construcciones o instalaciones que tienen concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre, así como susceptibles de ser utilizadas como vivienda, situadas en zonas de dominio público marítimo terrestre o dentro de la servidumbre de protección de la provincia de Cádiz, al margen de cualquier figura legal de ocupación o propiedad (núm. reg. 47779) ......... 271 
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 209, de 24 de enero de 2013.)
Respuesta:
Las concesiones a las que hace referencia Su Señoría serían susceptibles de ser prorrogadas siempre que estuvieran vigentes en el momento en que, en su caso, entrase en vigor el proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, actualmente en tramitación parlamentaria.
Actualmente se está realizando un inventario de las ocupaciones existentes en el litoral español y aunque los datos no son definitivos, se estima que en la provincia de Cádiz hay unas 240 concesiones vigentes.
Por otra parte, la Disposición Adicional Duodécima no se refiere a las prórrogas de las concesiones.
Como se ha señalado anteriormente, actualmente se está redactando el inventario de ocupaciones.
Basándose en dicho inventario y según los datos provisionales, se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de Cádiz hay unas 50 viviendas que carecen del título habilitante necesario.
En el caso de aprobarse el proyecto de «Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988», y una vez revisados los deslindes, se procedería a determinar el número de viviendas afectadas y la posibilidad de obtener una concesión de acuerdo con lo previsto en las Disposiciones Transitorias de la Ley de Costas.
La gestión de la zona de servidumbre de protección es competencia de las comunidades autónomas, no disponiendo la Administración General del Estado de los datos solicitados.
Madrid, 14 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

184/013312 Autor: Gobierno provincia de Bizkaia
Actualmente se está realizando un inventario de las ocupaciones existentes en el litoral español y aunque los datos no son definitivos, se estima que en la provincia de Bizkaia hay unas 250 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de Bizkaia hay unas 75 viviendas que carecen del título habilitante necesario

184/013313 Autor: Gobierno provincia de Lugo
Se estima que en la provincia de Lugo hay unas 30 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de Lugo hay unas 25 viviendas que carecen del título habilitante necesario.
184/013314 Autor: Gobierno provincia de Málaga
Se estima que en la provincia de Málaga hay unas 120 concesiones vigentes
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de Málaga hay unas 1100 viviendas que carecen del título habilitante necesario.

184/013316 Autor: Gobierno provincia de A Coruña
Se estima que en la provincia de A Coruña hay unas 150 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de A Coruña hay unas 130 viviendas que carecen del título habilitante necesario

184/013317 Autor: Gobierno provincia de Valencia
Se estima que en la provincia de Valencia hay unas 110 concesiones vigentes
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de Valencia hay unas 500 viviendas que carecen del título habilitante necesario

184/013318 Autor: Gobierno isla de Tenerife
Se estima que en la isla de Tenerife hay unas 70 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de la isla de Tenerife hay unas 740 viviendas que carecen del título habilitante necesario

184/013319 Autor: Gobierno provincia de Almería
Se estima que en la provincia de Almería hay unas 50 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de Almería, hay unas 175 viviendas que carecen del título habilitante necesario

184/013320 Autor: Gobierno provincia de Huelva
Se estima que en la provincia de Huelva hay unas 450 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de Huelva hay unas 1625 viviendas que carecen del título habilitante necesario.

184/013321 Autor: Gobierno provincia de Valencia
Se estima que en la provincia de Valencia hay unas 110 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de la provincia de Valencia hay unas 500 viviendas que carecen del título habilitante necesario

184/013322 Autor: Gobierno provincia de  Pontevedra
Se estima que en la provincia de Pontevedra hay unas 170 concesiones vigentes
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de la provincia de Pontevedra hay unas 175 viviendas que carecen del título habilitante necesario

184/013323 Autor: Gobierno provincia de isla de Gran Canaria
Se estima que en la isla de Gran Canaria hay unas 45 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de isla de Gran Canaria hay unas 475 viviendas que carecen del título habilitante necesario.

184/013324 Autor: Gobierno provincia de  isla de Fuerteventura
Se estima que en la isla de Fuerteventura hay unas 20 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de la isla de Fuerteventura hay unas 220 viviendas que carecen del título habilitante necesario

184/013325 Autor: Gobierno provincia de  isla de Fuerteventura
Se estima que en la isla de Lanzarote hay unas 25 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de la isla de Lanzarote hay unas 610 viviendas que carecen del título habilitante necesario

184/013327 Autor: Gobierno Comunidad Autónoma de Cantabria
Se estima que en la Comunidad Autónoma de Cantabria hay unas 220 concesiones vigentes
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria hay unas 75 viviendas que carecen del título habilitante necesario.
184/013328 Autor: Gobierno provincia de Alicante
Se estima que en la provincia de Alicante hay unas 330 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de la provincia de Alicante hay unas 1900 viviendas que carecen del título habilitante necesario

184/013330 Autor: Gobierno provincia de Murcia
Se estima que en la Región de Murcia hay unas 320 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de la Región de Murcia, hay unas 525 viviendas que carecen del título habilitante necesario

184/013374 Autor: Gobierno provincia de Gipuzkoa
Se estima que en la provincia de Gipuzkoa hay unas 180 concesiones vigentes.
Se estima que en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de la provincia de Gipuzkoa no hay viviendas que carezcan del título habilitante necesario.


No tener título habilitante no significa que no tengan título de propiedad, sino que aún no se les ha dado la concesión.

En 2006, la Comisión Europea ya le pidió al Gobierno el inventario de las propiedades en dominio público. Nunca lo enviaron.

Se han dedicado 25 años a confiscar las propiedades a sus legítimos y no tienen ni idea de a cuantos ni a quienes se las han arrebatado.

sábado, 16 de marzo de 2013

Eurodiputados viajarán a Madrid para estudiar denuncias sobre Ley de Costas


La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) visitará Madrid los próximos día 21 y 22 de marzo con el fin de analizar las denuncias presentadas por organizaciones y ciudadanos sobre la reforma de la Ley de Costas y estudiar si vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de la propiedad privada.
Según ha informado el PE, la delegación parlamentaria estará compuesta por la eurodiputada austríaca del Grupo ALDE Angelika Werthmann, los alemanes Rainer Wieland y Peter Jahr (PPE), los británicos Michael Cashman (S&D) y Marta Andreasen (ECR) y la danesa Margrete Auken (Los Verdes).
Todos ellos estarán acompañados por los diputados españoles Carlos Iturgaiz (PPE) y Willy Meyer (GUE) durante su visita, que les servirá para encontrarse con las autoridades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ciudadanos que forman parte de las organizaciones denunciantes y otros representantes de la sociedad civil.
REFORMA
La Comisión de Peticiones del PE analizará las 76 quejas recibidas sobre la futura Ley de Costas, ahora en trámite parlamentario, que modifica una norma de 1988 y que, entre otras cuestiones, salvará del derribo durante 75 años a más de 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la costa.
Tanto los chiringuitos como las viviendas deberían demolerse a partir de 2018, según la ley que ahora se está reformando y que todavía está vigente, la aprobada en 1988.
Si la modificación normativa sale adelante, diez barriadas históricas de Alicante, Girona, Huelva, Málaga y Valencia se salvarán también del derribo, mientras que la isla de Formentera recibirá un trato especial por su configuración geológica y se contemplará la prórroga de actividad de industrias contaminantes, siempre que la autoridad competente medioambiental informe de manera favorable.
LAS QUEJAS
Los propietarios de viviendas en la costa que se han quejado al PE argumentan estar insatisfechos con las modificaciones normativas porque, dicen, no cumplen los derechos de propiedad y protección medioambiental.
También organizaciones medioambientales han expresado su disconformidad con la reforma por "poner obstáculos a la protección de la costa y crear incertidumbre entre los propietarios".
La Comisión de Peticiones, asegura el PE, también ha recibido informes a favor de ciudadanos que están mayoritariamente de acuerdo con las medidas propuestas por el Gobierno español.
Esta comisión estudia las reclamaciones ejercidas por ciudadanos que señalen posibles infracciones sobre los derechos reconocidos en el Tratado de la UE y trata de llegar a soluciones extrajudiciales en los conflictos.

domingo, 10 de marzo de 2013

Costas reclama a los dueños de Can Ganxo 212.972 euros, el coste de su demolición


El edificio de Tuent se tiró en 2010 cumpliendo una orden ministerial firmada en 2001 por Jaume Matas

La Demarcación de Costas en Balears notificó ayer a los propietarios de la antigua casa de Cala de Tuent (Escorca) conocida como Can Ganxo que tienen «hasta el día 20 de abril» para abonar la cantidad de 212.971,76 euros en concepto de una «indemnización por daños al Estado» correspondiente al coste de la ejecución subsidiaria de esta polémica demolición ejecutada por Costas en mayo del 2010, en cumplimiento de una orden que había firmado nueve años antes el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas.
La notificación de Costas fue recibida ayer por correo certificado al menos por uno de los dos copropietarios de esta casa, que se había construido a principios del siglo XX, muchas décadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Los propietarios de este antiguo edificio siempre defendieron su «legalidad» y el «agravio comparativo» que suponía esta ejecución. De hecho, desde la primera orden de demolición consiguieron demostrar documentalmente la titularidad privada de los terrenos donde se levantaba el edificio. Aún así no consiguieron ninguna salida a la situación de Can Ganxo a pesar del apoyo de ciudadanos, partidos y de la plataforma de los afectados por la Ley de Costas.
Florentina Mora, copropietaria de inmueble llegó a denunciar a la prensa que la orden de demolición de Can Ganxo respondía a una «venganza por motivos políticos y personales» contra su ex marido, socio y copropietario, Pere Vicens.
Ayer Mora aseguraba desesperada que no tiene «ninguna posibilidad de pagar» y denunciaba de nuevo entre lágrimas lo que considera un «abuso» y un «agravio» ya que en otras ejecuciones la misma administración ha asumido los costes. También que la reclamación llega cuando «la nueva Ley de Costas hubiera impedido ahora esta injusticia».
Hay que decir que en enero del 2008 Costas dictó ya un apercibimiento previo a la ejecución forzosa de la demolición de la casa, anunciando a los afectados que el presupuesto de las obras era de 378.629,22 euros, cantidad todavía superior a la que ahora se reclama definitivamente.
http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/part-forana/costas-reclama-duenos-can-ganxo-212-972-euros-coste-demolicion.html

Esto es a lo que llama el ministro Cañete  dar seguridad seguridad jurídica a los  propietarios.

Jaume Matas, ministro en 2001 de Medio Ambiente ha sido juzgado y condenado por corrupción. Aún sigue imputado en otros casos.
http://www.publico.es/espana/304071/matas-manual-del-perfecto-corrupto

Es muy sospechoso que estuviera proyectado un hotel justo detrás de Can Ganxo que posteriormente fue anulado por los tribunales. El daño ya estaba hecho.