LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

miércoles, 26 de junio de 2013

Costas se queda con más de 70.000 metros cuadrados de superficie en la zona de O Bao

La Audiencia Provincial considera que esos terrenos "son inundables y sus lindes no están claros", dejando a los comuneros sin una parcela que siempre utilizaron

Más de una década después de que se realizase el proceso de deslinde marítimo terrestre de A Illa, los tribunales han optado por reconocer a Costas del Estado la titularidad de los terrenos de O Bao, por los que el ente estatal litigaba con los comuneros del municipio. La sentencia, que se dio a conocer a las partes implicadas hace apenas un mes, entiende que la afección del mar en la zona puede alcanzar a prácticamente toda la parcela en disputa, de 70.000 metros cuadrados, por lo que entrarían dentro del dominio marítimo terrestre, sobre todo si se tiene en cuenta que Costas considera O Bao una zona de relleno. A este argumento hay que añadir que los lindes de la misma no están precisamente claros, ya que en la zona, el jurado de montes solo le reconoce a los comuneros cuatro hectáreas de superficie, una gran parte de las cuales fueron expropiadas para la construcción del puente.
La decisión de la Audiencia Provincial ratifica así la sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso el pasado mes de noviembre, dando un duro varapalo a los comuneros a lo que ya solo les queda una última opción, el recurso de casación, para intentar que esos terrenos continúen perteneciéndoles. Sin embargo, el presidente de la gestora de los comuneros, Juan Jesús Diz, descartaba ayer que la comunidad de montes de A Illa pueda hacer frente a los costes que supone un recurso de estas características, y anunciaba que desisten de seguir litigando. Diz no oculta su desilusión por la sentencia de la Audiencia Provincial ya que en todo el proceso, "los únicos que aportamos documentación sobre la titularidad de los terrenos en litigio fueron los comuneros, mientras Costas no presentó absolutamente nada". Con esta sentencia, y al no recurrir los comuneros, los 70.000 metros cuadrados de la parcela pasan a ser de dominio público.
Esta parcela se encuentra dividida en dos partes por el vial del puente de A Illa. La primera de ellas se encuentra en la zona sur y es una parcela de 43.174 metros cuadrados, mientras que la zona norte cuenta con una extensión de 30.066 euros y es el único punto donde si existe una constancia fehaciente de que el mar ha comenzado a convertir la zona en una marisma debido a un canal artificial practicado hace décadas.
Los comuneros presentaron todo tipo de documentación, entre la que destacaba la que aludía a la expropiación de los terrenos para la construcción del puente, un escrito que emitió en su día la propia administración. A ello hay que añadir que contaban con la declaración de un considerable número de vecinos que afirmaban que, toda esa parcela, era un terreno utilizado para el pastoreo, actividad que sería incompatible con la presencia de las mareas en la zona. Incluso llegaron a presentar documentos de fincas particulares de la zona en los que se asegura que lindan con terrenos comunales en los puntos que reclamaba Costas. Ninguno de estos documentos les sirvió en el proceso, especialmente en la zona sur, donde un biólogo realizó un informe en el que aseguraba que las mareas no afectaban.

jueves, 20 de junio de 2013

El PP rechaza proyecto de informe de la Eurocámara crítico con la nueva Ley de Costas

El eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz ha mostrado su "decepción y desacuerdo más absoluto" con un proyecto de informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la reforma de la Ley de Costas.

   El estudio es fruto de la visita realizada por una delegación de eurodiputados a Madrid entre el 21 y el 22 de marzo para analizar la norma y estudiar las quejas de decenas de ciudadanos españoles y europeos, que se quejan de la inseguridad jurídica sobre sus propiedades y en muchos casos por expropiacines y demoliciones y las preocupaciones de las ONG.

   El proyecto de informe, que ha sido elaborado por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann y que todavía debe incorporar las recomendaciones de los grupos al Gobierno español de cara a su votación final en la Comisión de Peticiones los próximos días 8 y 9 de julio, cuestiona la revisión de la Ley de Costas del Gobierno de Mariano Rajoy. Concretamente, duda de que "sea aplicada coherentemente y cumpla los objetivos del Ministerio de reforzar la protección acordada al entorno costero" y, además, resalta que "siguen preocupados" por "las mejoras significativas que todavía son necesarias en términos de derechos de propiedad y adquisición para cumplir los estándares europeos comunes".

   El texto de la austriaca recuerda que "el objetivo de la reforma de la Ley de Costas 1988 era dar una mayor certidumbre legal para la gente con propiedades a lo largo de las zonas costeras españolas y dar mayor protección al entorno costero". También subraya que la "descentralización de la autoridad y el poder excesivo tácito, pero acordado durante muchos años a las autoridades municipales por los Gobiernos regionales, permitieron a muchos ayuntamientos locales abusar de su rol aceptando programas de construcción masivos" sin supervisión "adecuada" dejando a "muchos propietarios inocentes" como víctimas de abusos.  

   "Esto se ha dado mano a mano con lo que muchos ven como una amplia corrupción y connnivencia  entre las autoridades políticas y la industria de la construcción", recoge el borrador del informe, que saluda con todo que el borrador de la Ley de Costas -la visita fue previa a la adopción de la reforma normativa por el Congreso en mayo-- "contribuirá a poner fin a esta mala práctica" a través de la creación de "directrices nuevas y mucho más claras a seguir por todos". "Esto será en beneficio de los propietarios de casas, compradores potenciales y para la industria de la construcción que podrá embarcarse en una senda de desarrollo más sostenible", subraya el texto.

   Iturgaiz ha mostrado en nombre del PP "decepción" y su "desacuerdo más absoluto con el contenido del documento" porque está "plagado de inexactitudes" y no explica "bien" el contenido de la nueva Ley, además de centrarse de forma sesgada en su opinión en las quejas de los ciudadanos por la inseguridad en torno a sus propiedades, avanzado que presentará enmiendas al texto.

   La delegación del PP en la Eurocámara no está de acuerdo con el proyecto de informe de la eurodiputada austriaca porque "presenta una visión de corrupción generalizada" en España al calor de la Ley de Costas de 1988 y "ataca de manera flagrante el sistema judicial español porque se duda de su independencia" e insistirá en que se incorporen más explicaciones de la nueva Ley de Costas, según han explicado fuentes del PP.

   Werthmann ha explicado, por su parte, que ya está "elaborando las recomendaciones" que deben incorporarse en la versión definitiva del informe de la Eurocámara tras la visita a Madrid y ha defendido que los grupos se reúnan "en breve" para "tratar las recomendaciones". "Espero que nos pongamos de acuerdo", ha recalcado.

   La presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada popular Erminia Mazzoni ha recordado que "todavía tienen que llegar contribuciones de otros miembros" al proyecto de informe y ha pedido acelerar los trabajos con el obejtivo de que "antes del verano" se pueda "terminar el trabajo".

lunes, 17 de junio de 2013

Las expropiaciones andaluzas ahuyentan a los inversores. ¿Y las confiscaciones del Gobierno español con la Ley de Costas, no?

La banca, el sector inmobiliario y las autoridades europeas miran con recelo la reciente normativa antidesahucio aprobada por la Junta de Andalucía por diferentes razones. El decreto ley, que entró en vigor en abril, prevé la expropiación temporal, en casos excepcionales de emergencia social, del uso de viviendas en procesos de ejecución hipotecaria a los bancos o sus filiales inmobiliarias o a entidades de gestión de activos, así como sanciones para estas entidades si mantienen ociosos o no destinan su «stock» al alquiler. A la banca le preocupa que se interfiera en su negocio con una medida cuya encajo jurídico muchos cuestionan. La Comisión Europea tiene dudas de que pueda chocar con el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado por España para recibir 40.000 millones de euros en ayudas a la banca el pasado verano y que establece la obligatoriedad de comunicar a Bruselas cualquier cambio legislativo que afecte a las entidades financieras. Y al sector inmobiliario le alarma la inseguridad jurídica que genera y que ya está teniendo sus repercusiones. Varias fuentes aseguran que al menos un par de fondos de inversión inmobiliaria, uno muy importante de Estados Unidos y otro chileno, han paralizado proyectos de inversión en Andalucía tras aprobarse el decreto ley por las dudas que les genera.


«Los fondos necesitan cierta seguridad sobre los plazos de compra-venta. Hacen planes a 5-7 años vista, y esta norma lo que crea es una inseguridad jurídica que complica cualquier plan de negocios», explica una de estas fuentes. Si intuyen posibles problemas, se van, añade. «El dinero es muy cobarde. No es tan sofisticado como pensamos. Y en cuanto hay cualquier problema, huye a otra parte», lamenta otro de los consultados, que advierte de que el dinero no espera y el que no se invierte en España se va a otro lugar donde haya oportunidades y no vuelve. «Es un cambio duro de asimilar para los fondos. Puedes tener un modelo de negocio muy definido que se vaya al traste por esto y te haga perder mucho dinero», razona Manuel Gandarias, director de estudios del portal inmobiliario pisos.com, que es más partidario de ofrecer estímulos fiscales a aquellos que tienen inmuebles para que los alquilen que de imponerles sanciones por no hacerlo.

Esta misma semana, la agencia de calificación Standard&Poor's advertía en un informe de la situación del crédito en España que el decreto «podría debilitar la confianza de los inversores» en las leyes locales sobre propiedades. «Esto podría retraer la inversión, haciendo caer más los precios de la vivienda», explica.

Lo paradójico de este asunto, como coinciden en señalar todos los consultados, es que en un momento en que España se ha convertido en un destino atractivo para la inversión inmobiliaria por la caída de los precios y el país necesita deshacerse de su abultado «stock» de viviendas vacías, la legislación pone «palos» en las ruedas. Según el último informe del Ministerio de Fomento, a finales de 2011 en España había 676.038 viviendas nuevas en desuso, la mayoría de las cuales se concentra en zonas costeras como Andalucía. De hecho, en esta región hay en este momento 107.138 casas en esta situación. En su último censo poblacional y de vivienda, el INE, sin embargo, eleva el total incluyendo las de todas las tipologías hasta las 637.221, aunque tan abultada cifra no justifique por sí sola política de sanciones para fomentar el alquiler, apunta Julio Gil, de Horizone Consulting Inmobiliario. «No es el momento de gravar las viviendas vacías porque si no se venden es porque no es el momento más adecuado para ello», añade Manuel Gandarias, jefe de estudios de pisos.com. En marzo, la compraventa de viviendas en esta comunidad apenas alcanzó las 4.149 operaciones, un 17,4% menos que en el mismo mes de 2012.

Lejos de arredrarse por esta serie de críticas y posibles dificultades, la Junta ha reiterado esta semana la legalidad de la medida y su «anclaje constitucional», según ha expresado su consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz Pacheco, que incluso aseguró que se trata de una ley que no es tan ambiciosa como la alemana, la francesa o la noruega.

sábado, 15 de junio de 2013

Caso Arona. Corrupción en la costa canaria. Una trama delictiva integrada por concejales y funcionarios

Un auto determina que hay indicios suficientes de que en el municipio se urdió "una trama delictiva" integrada por concejales y funcionarios

La Audiencia Provincial ha ratificado las imputaciones de la Comisión de Gobierno de Arona entre los años 2003 y 2007, encabezado por el ya exalcalde José Alberto González Reverón y el resto de sus siete concejales de CC. Además, mantiene las de la subinspectora de la Policía Local Hortensia García García y de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo Roberto de Luis Jiménez, Eliseo de la Rosa González y de Zenón Rodríguez.
En este último caso se le considera supuestamente responsable de haber actuado como intermediario para exigir a un empresario el pago de 300.000 euros por permitirle construir en Costa del Silencio. Precisamente, la denuncia de este promotor dio lugar a que los técnicos y Rodríguez fueran encarcelados durante meses y se intervinieran los teléfonos de los después imputados. Sin embargo, se le retiran los cargos a once personas, entre ellos el exconsejero del Cabildo por el PSOE José Luis Delgado.
El grueso del conocido como caso Arona-1 se refiere a la concesión de más de doscientas licencias de construcción con los informes técnicos y jurídicos en contra y cerca de 80 adjudicaciones llevadas a cabo sin supuestamente seguir el procedimiento legalmente establecido. La Audiencia considera que de las escuchas telefónicas y de las investigaciones desarrolladas se puede determinar la existencia de “una trama delictiva llevada a cabo por funcionarios y concejales”.
En el auto ahora emitido y que tendrá continuación con el escrito de la Fiscalía en la que se recogerán la petición de penas, se considera que los miembros de la Comisión de Gobierno deben mantener la condición de imputados. El auto refleja que existen indicios que denotan la posible comisión por su parte, “cuando menos de un delito contra la ordenación del territorio en su vertiente de prevaricación urbanística”, en cuanto a la concesión de licencias de forma arbitraria y contrarias a la normativa en vigor.
En el caso de los técnicos que estuvieron encarcelados se aprecia también indicios de cohecho. A Antonio Sosa, concejal entonces de Urbanismo, se le considera supuestamente responsable de haber hecho la vista gorda con las irregularidades en el Mare Nostrum Resort que supusieron que el Ayuntamiento dejara de ingresar tres millones en tasas. Pero además, se descubrió que a cambio el alcalde podía utilizar libremente las habitaciones VIP del establecimiento para su propio disfrute.
Sin embargo se le retiran los cargos a un empleado de las empresas concesionarias del servicio de basura, Artillo de Los Ríos, que fue presionado para que diera trabajo a determinadas personas por orden del grupo de gobierno. En cuanto al exconsejero socialista, la Audiencia estima que no se ha podido desprender de las escuchas telefónicas realizadas que efectivamente intentara amañar un concurso de sistemas de seguridad, como en principio se mantenía.
El primo del exalcalde y entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Reverón, también se queda fuera de la causa en la que fue incluido ya después de que el anterior primer edil intermediase ante el Cabildo para legalizar su vivienda y cambiar para ello el Plan Insular de Ordenación, en el ámbito de Buzanada donde se situaba la casa.

Queda de manifiesto en el marco de la instrucción del caso Arona que ciertos empresarios han podido disfrutar de un trato de favor mayúsculo que les habría permitido obtener licencias para construir enormes edificios de apartamentos aunque los mismos invadieran la zona de servidumbre marítimo terrestre o aunque se ubicaran sobre parcelas destinadas pura y exclusivamente a uso comercial.

¿Dónde estaba Costas? ¿No es muy sospechoso que en las Demarcaciones de Costas correspondientes no se enteren de nada cuando se trata de grandes constructores?

viernes, 14 de junio de 2013

La Ley de Costas podría violar seis directivas europeas, según el PSOE

El eurodiputado socialista Andrés Perelló ha denunciado ante la Comisión Europea a través de una pregunta parlamentaria que la Ley de Costas española que entró en vigor en mayo podría ser incompatible con al menos seis directivas comunitarias y le ha instado a aclarar si cumple las normas europeas y qué medidas piensa tomar en el caso de detectar errores graves de inadecuación.
   En concreto, Perelló cree que la legislación española puede vulnerar las normas comunitarias relativas a la protección de aguas costeras y aguas de transición; a la de riesgos de inundación; a la de medidas para garantizar un estado ecológico satisfactorio de las aguas; a la relativa a la conservación de las aves silvestres; a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; y al procedimiento de renovación de las concesiones administrativas y a la duración de dichas concesiones, ha informado el PSOE en un comunicado.
   "La Ley de Costas es un paso atrás, las escasas zonas de playa virgen que quedan no pueden sucumbir ante este instrumento depredador que fomenta la especulación a costa del paisaje, la fauna, la flora y el medio ambiente", ha denunciado el eurodiputado español.
   Por ello, ha instado a la Comisión Europea a pronunciarse sobre la compatibilidad de la legislación española "sin medias tintas y diga si comparte o no esa política regresiva y destructora del medio ambiente que, a nuestro juicio, contraviene la orientación general de la Unión Europea".
   El eurodiputado socialista insta al Ejecutivo comunitario a garantizar que la nueva legislación española cumple con las directivas europeas, tal y como se ha comprometido en el pasado, y ha aclarar qué medidas piensa emprender contra España en caso de detectar errores graves de inadecuación con la normativa europea.
   "Para el litoral mediterráneo, ya azotado por la plaga urbanizadora del Partido Popular, la nueva Ley supone un revés más y un nuevo zarpazo dirigido a esquilmar lo poco que queda en el litoral para engordar así algunos bolsillos que parece que no se han llenado suficientemente aún con el ladrillo", ha denunciado Perelló.

Se ha olvidado de la pregunta principal: ¿La Ley de Costas española vulnera la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Art 1 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos?

Por lo que se ve, al Sr Perelló le importa muy poco los ciudadanos europeos a los que pronto les pedirá el voto.

jueves, 13 de junio de 2013

Canarias insiste en la inconstitucionalidad de la Ley de Costas (LA RETROACTIVIDAD ES "ANTICONSTITUCIONAL")

El Gobierno de Canarias mantiene que el contenido de la ley es injusto, ya que sólo da un plazo de tres meses a los municipios para que se justifique la catalogación urbana de los enclaves costeros.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, se ha dirigido por carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, para solicitarle una aclaración sobre el contenido de los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de las Ley de Costas de 1988.
En concreto, el Gobierno canario quiere aclarar si el apartado 3 supone una "clara retroactividad" de la normativa, al pretender que se justifique la catalogación como urbanos de numerosos núcleos, ya recogidos como tales en los diferentes planeamientos municipales.
El Gobierno de Canarias entiende que este apartado es inconstitucional, porque contraviene el principio de la irretroactividad de las leyes, e "injusto", puesto que da tres meses de plazo a los municipios y se reserva 6 veces más tiempo para que el Ministerio resuelva.
El Ejecutivo interpreta que la ley, tal y como está redactada, hace "inútiles" los esfuerzos por justificar la condición de urbano o no de un núcleo en la zona de servidumbre, porque la reducción desde los 100 metros afectados a sólo 20 que se produce en zonas urbanas no tendría efectos en la práctica, porque el apartado 4, que el consejero recuerda que fue introducido mediante enmienda en el Senado a propuesta de los senadores canarios del PP, lo que hace es prohibir incluso el desarrollo normal de aquellas viviendas que queden fuera de la zona de servidumbre.
Ante esta redacción de la norma, Berriel considera "necesario" que el Estado aclare si efectivamente el espíritu de la ley es el de no permitir que se puedan desarrollar y consolidar incluso los núcleos que queden fuera de zona de servidumbre.
En caso contrario, estima necesaria la publicación de un reglamento o cualquier otro mecanismo legal que permita aclarar las actividades permitidas en los núcleos del litoral y su desarrollo futuro.
Zona de servidumbre
Aún así, en el caso de que se aclarase que el apartado 4 sólo afecta a las viviendas ubicadas en zona de servidumbre, Berriel señala que la reforma sigue siendo "mucho más restrictiva" que la existente desde 1988, puesto que no permite los usos que sí estaban ya autorizados, a través de instrumentos como la regularización de fachadas.
El consejero insiste en que el Gobierno regional va presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley por vulneración del principio de igualdad y autonomía local, por su carácter retroactivo al imponer la exigencia de un nuevo informe, y por la invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas.

martes, 11 de junio de 2013

El Gobierno catalán estudia si la ley de costas invade competencias propias antes de recurrir al Tribunal Constitucional

El Gobierno catalán ha encargado un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias para que evalúe la "posible invasión de competencias" en la nueva ley de costas aprobada por el Gobierno central, como paso previo a la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

   La decisión, adoptada en el Consell Executiu este martes, se refiere específicamente a diversos apartados del artículo 1 de la ley y a tres disposiciones adicionales, entre ellas la delimitación de los tramos urbanos y naturales de las playas y de la superficie máxima de bienes de dominio público portuario que se pueden destinar a comercio y restauración.

   La nueva ley permite también al Gobierno suspender acuerdos municipales que afecten al dominio público costero y modifica aspectos que tienen que ver con las competencias asumidas por la Generalitat de Cataluña en lo referente a puertos, ha precisado la Generalitat en un comunicado.

sábado, 8 de junio de 2013

Ramos prevé que los rellenos de Gibraltar acabarán en pleito (lo tiene perdido antes de empezar)

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente comparte la preocupación del PP de La Línea sobre la incidencia en el litoral de Levante de los rellenos que realiza Gibraltar. Así lo comunicó ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, a preguntas del público en el foro sobre la Ley de Costas en la quinta edición de la Escuela de Verano del PP gaditano, que se celebra en Atlanterra (Tarifa) hasta el domingo. 


"Somos conscientes de la situación. De hecho, en el primer año en el Gobierno hemos registrado ese área como Zona de Especial Conservación (ZEC) para establecer limitaciones por razones medioambientales", contó Ramos, que explicó que con esa medida pretenden evitar la extracción de arenas para rellenos o el establecimiento de buques para el almacenamiento de combustibles. 



"El ministerio, junto al de Asuntos Exteriores, está interesado en bloquear ese tipo de prácticas y somos conscientes de que será necesario un pleito ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", auguró el secretario de Estado, que contó que hace ya seis meses que el ZEC está declarado, cartografiado y con las restricciones de uso en vigor. 

El pleito estaría perdido antes de empezar. La Comisión Europea ya se pronunció en 2012 sobre el asunto y concluyó que no existe ninguna infracción medioambiental.


Petición 1311/2010 presentada por Alejandro Sánchez García, de nacionalidad española, en nombre el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, sobre el impacto medioambiental de un proyecto inmobiliario en Gibraltar

1. Resumen de la petición
El peticionario, Alcalde presidente del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, expone y denuncia el impacto medioambiental del proyecto inmobiliario que se está realizando en Gibraltar, «Sovereign bay». Dicho proyecto, de una superficie de 380 000 m2, ganados al mar a base de áridos extraídos de canteras, fue emprendido en 2005 por las autoridades británicas sin que estas informasen a sus homólogos españoles. El Ayuntamiento, principal afectado, pide que se mida el impacto medioambiental que están teniendo estos rellenos en el territorio del municipio y dice desconocer si se ha realizado un estudio de impacto ambiental, preceptivo según la Directiva 97/11/CE. El Ayuntamiento denuncia que no ha habido consulta pública y que esta debería ser transfronteriza, al afectar principalmente a los habitantes de La Línea. El proyecto afecta a cuatro lugares de la red Natura 2000 (ES61200329, ES120033, UKGIB0001, UKGIB0002).

Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012
La Comisión pidió a las autoridades del Reino Unido que presentaran sus observaciones respecto a las denuncias planteadas por el peticionario en septiembre de 2011. La Comisión pidió en primer lugar una aclaración sobre la alegación de que se había autorizado el desarrollo de Sovereign Bay en Gibraltar sin haber cumplido los requisitos de la Directiva 85/337/CEE (ahora 2011/92/UE) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente1 (la Directiva EIA). Las autoridades del Reino Unido explicaron que ese no era el caso. Se consideró la licencia de planificación durante un período de tiempo considerable y se llevó a cabo una evaluación del impacto ambiental. El promotor envió una licencia de planificación en diciembre de 2007 que iba acompañada de una declaración medioambiental. Las autoridades del Reino Unido informaron a la Comisión de que la declaración medioambiental se consultó públicamente y se concedió el permiso de conformidad con la Directiva EIA el 16 de abril de 2008.

En lo que respecta a la denuncia del peticionario de que el proceso no cumplió con lo dispuesto en la Directiva EIA porque no se consultó a otros Estados miembros potencialmente afectados, las autoridades del Reino Unido respondieron que dicha consulta solamente sería necesaria si el proyecto pudiera tener previsiblemente algún impacto significativo en el medio ambiente. La declaración medioambiental elaborada por el promotor identificaba un motivo principal de preocupación, que era el impacto potencial de las columnas de sedimento en las aguas españolas durante la fase de construcción del proyecto, tanto en calidad del agua como en la ecología marina. Sin embargo, las autoridades del Reino Unido informaron a la Comisión de que con la adopción de las medidas de mitigación se reducirían esos efectos a efectos adversos menores o insignificantes. Las medidas de mitigación adoptadas consistían en la prohibición de dragar en parte del emplazamiento, identificada en la declaración medioambiental, ya que era probable que ocasionara la columna de sedimentos, y, en lugar de eso, exigía que el promotor procurara material de relleno limpio. En consecuencia, las autoridades nacionales competentes concluyeron que el proyecto no tendría un impacto transfronterizo significativo en el medio ambiente de otro Estado miembro.

El peticionario denunciaba que los trabajos de relleno para la preparación de este desarrollo comenzaron en 2005, mientras que la licencia de planificación se concedió en 2008. Las autoridades del Reino Unido comentaron esta alegación indicando que no estaba claro a qué trabajos se hacía referencia. Explicaron que los trabajos de reclamación de terreno en la zona tuvieron lugar desde 1989 hasta 1998 y se consideraron esenciales para garantizar la estabilidad de las defensas marítimas y, en particular, para proteger la carretera que conecta la parte oriental de Gibraltar con el resto.

El peticionario también denunció que los trabajos emprendidos están teniendo efectos negativos al otro lado de la frontera de Gibraltar, en la Línea de La Concepción, en lugares cercanos de la red Natura 2000 designados en virtud de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres2 y que estos efectos no se habían evaluado. Las autoridades del Reino Unido explicaron a la Comisión que los trabajos de reclamación del terreno vinculados a este desarrollo comenzaron en el sitio principal en 2011 y han seguido con la creación de parte de la masa continental necesaria para el proyecto Sovereign Bay. El impacto potencial del desarrollo se evaluó antes de que se concediera la autorización, y se concluyó que no se produciría ningún impacto significativo en ninguno de los lugares de la red Natura 2000 designados en las inmediaciones en el momento en que se autorizó el desarrollo, en abril de 2008, es decir el sitio del Rock of Gibraltar y Southern Waters of Gibraltar designados por el Reino Unido. Además, las autoridades del Reino Unido informaron a la Comisión de que, en lo que respecta al lugar de los Fondos Marinos Marismas del río Palmones, está ubicado demasiado lejos del proyecto Sovereign Bay como para verse afectado. En relación con el lugar Estrecho Oriental, dichas autoridades indicaron que discutieron la legalidad de la designación por parte de las autoridades españolas. En cuanto a las partes del lugar que no se vieron afectadas por esta controversia, las autoridades del Reino Unido manifestaron que el proyecto no tendría un impacto significativo en este lugar.

La principal preocupación del peticionario parece ser la pérdida de arena de las playas de la Línea de La Concepción. Sin embargo, no existen pruebas que indiquen que el proyecto Sovereign Bay sea la causa de ello, como se alega, ni en lo que respecta al impacto que el proyecto tiene en los lugares designados de la red Natura 2000. El peticionario también suscitó preocupaciones en el sentido en que el suministro de áridos procedentes de canteras cercanas está causando erosión, ruidos y contaminación producida por el polvo. Sin embargo, no se ha facilitado información específica que demuestre que esto incumpla la Directiva sobre hábitats, como se alega.

Conclusión
La Comisión no aprecia ninguna infracción de la legislación medioambiental comunitaria sobre la base de la información proporcionada.

viernes, 7 de junio de 2013

La ley de Costas en Canarias es selectiva

La Ley de Costas en Canarias es selectiva y el ayuntamiento de Tijarafe así lo cree, y presenta Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra Costas por querer derribar la zona costera del Proís en Candelaria. Y le da la razón con fecha 4 de marzo de 2013. Lo que demuestra a priori que los derribos de viviendas en las Costas de Canarias, se efectúa por la dejadez o complicidad de ayuntamientos, Cabildos Insulares y Gobierno de Canarias.

En Canarias está previsto derribar 41 núcleos costeros, mientras en el continente indultan a 10 núcleos y en territorio anexo a todas las de la isla de Formentera (Baleares).

Cuarenta y un núcleos costeros quieren derribar en Canarias porque la ley de Costas se aplica selectivamente en Canarias, afectando a más de 1.500 canarios. Atentando a nuestros valores históricos, culturales, etnográficos; tiran nuestras antiguas viviendas hechas con penuria y sudor… por los presentes y fallecidos familiares, alegando que invaden la zona marítimo-terrestre, y, nos dejan en la puta calle. Sin embargo, en el territorio continental y anexo, les garantizan su supervivencia 75 años, porque las instituciones implicadas (Alcaldes, Diputaciones…) han solicitado su indulto.

En Canarias Costas con el silencio cómplice de las instituciones implicadas: alcaldes, presidentes de Cabildos y presidente del Gobierno de Canarias sentencian a la destrucción los siguientes núcleos costeros:

a) En la isla de La Palma 10, El Remo (Los Llanos de Aridane), la Bombilla (entre Los Llanos de Aridane y Tazacorte), Punta Larga, El Faro y La Zamora (Fuencaliente), Puerto Trigo, Puerto Paja y Martín Luís (Puntallana) Las Mretas (Mazo) y Caleta del Palo (Breña Baja).

b) En Tenerife 15 núcleos, como Boca Cangrejo (El Rosario)…

c) La Gomera 1, Puntallana (San Sebastián de la Gomera).

d) Hierro 3, Pozo de la Salud (Frontera)…

e) Gran Canaria 5, Tufia (Telde)…

f) Lanzarote 1, El Golfo (Yaiza).

g) Fuerteventura 6, Puerto Lajas (Puerto de Rosario)…

En la isla de la Graciosa y otras muchas miles de viviendas de Canarias que tiene la zapata sobre la arena de playas, en terrenos de protección…, no las derriban. ¡Qué casualidad! ¿Quiénes serán sus dueños?

Otras comunidades, hacen gestiones administrativas ante Costas y consiguen indultar 10 asentamientos costeros, como en la provincia de Alicante unas 800 viviendas en los edificios de Alacant, Helios y Rocafel y Santa Pola, en Gerona dos núcleos como Empueriabravo y Paja de Aro, Huelva 3, casco urbano de isla Cristina…, Málaga 2, Pedregalejo y El Palo, Valencia 1, Olivares.

Uno dice más, en la isla de Formentera (Baleares), no se derriban los núcleos costeros porque su Comunidad Autónoma ha solicitado el indulto alegando tener identidad propia.

El Gobierno vernáculo ¿Es culpable de los derribos? Uno cree que sí por su silencio cómplice, y pasividad ante la obligación moral de solicitar una merecida prórroga para nuestros emblemáticos núcleos costeros. Y el pueblo, ¿es culpable? A uno no le vale el victimismo ¿No puedo hacer nada? Sí se puede, sí se puede.

¿Usted que ha hecho? Ante la injusticia de destruir nuestras casas en si misma, acrecentada comparativamente (continente y anexo) que, es la mayor de las injusticias que se puede cometer.

El pueblo tiene que usar la palabra, manifestaciones, huelgas y si no es suficiente ante los simios que nos gobiernan; ponernos en huelga de hambre como hicieron los vecinos de Cho Vito en Candelaria (Tenerife), antes de permitir derribar viviendas costeras selectivamente, hechas con sudor de los presentes o de nuestros ancestros comiendo gofio procedente de cereales mezclado con raíz de helecho.

La historia no eximirá de culpabilidad a los ciudadanos que actualmente se escudan en los políticos. La historia dirá: los políticos son unos zánganos representando a un pueblo paquete; donde unos critican a los valientes de Cho Vito, y otros se quedan acojonados en su casa porque les da vergüenza o por precaución ante el trabajito prometido.

Y Las generaciones futuras cuando junto con otros males les asolen; nos maldecirán.

Debemos elegir ante la disyuntiva de ver un partido de fútbol u organizarnos para que no destruyan nuestra cultura… formarnos… y exigir al Gobierno de Canarias, o lo que sea, porque a lo mejor no es gobierno ni nada, sino un enjambre de zánganos, donde pululan como buenos simios en una institución social y donde priva el amiguismo, el nepotismo, el chanchullo, y el comadreo como parte intrínseca de su conducta ética, porque ellos son los principales culpables de dejarnos sin viviendas, porque en vez de defender nuestros entornos costeros ante depredadores medioambientales para su enriquecimiento personal, lo que hacen es culpar al Gobierno de España en vez de solicitar el indulto de nuestros inmuebles como han hecho y conseguido otras comunidades. Con esta guisa; mientras los canarios adormilados crean sus patrañas, difundidas a través de sus medios de comunicación y de otros afines, seguirán derribando viviendas costeras en Canarias.


SENTENCIA

jueves, 6 de junio de 2013

Arcila: “El PP no se ha enterado de que la realidad es distinta a lo que regula en la Ley de Costas”

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dijo hoy que “el PP no se ha enterado de que la realidad es muy distinta a lo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha regulado en la Ley de Costas, ya que con esa norma se impide el natural crecimiento poblacional de los asentamientos costeros rurales de la zona de Anaga”.
Arcila hizo esta afirmación tras haber asistido ayer a una asamblea informativa convocada por los vecinos de Igueste de San Andrés sobre este asunto, en la que la portavoz popular en el Ayuntamiento, Cristina Tavío, volvió a incidir en la idea del partido conservador en el sentido de no permitir nuevas edificaciones en los pueblos costeros de Anaga afectados por la Ley de Costas, aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados.

El concejal ecosocialista, que en la citada asamblea expuso la posición de Sí se puede, totalmente contraria a la que defiende el grupo municipal presidido por Tavío, recuerda que el Ayuntamiento ya aprobó por unanimidad en noviembre pasado una moción de su formación en la que se proponía la modificación de una disposición transitoria de la ley, de tal manera que se reconociera que el ancho de la servidumbre de protección de los asentamientos rurales de Anaga fuera de 20 de metros, tal y como demandan los vecinos de esta zona del municipio.

Según Arcila, la solución para el problema planteado no consiste solo en regularizar la situación de las viviendas costeras afectadas, sino que pasa por buscar fórmulas que permitan el desarrollo poblacional de estos núcleos, modificando, si fuera necesario, la Ley recientemente aprobada, algo que “ni Cristina Tavío ni el resto del Partido Popular parecen querer entender”, afirmó.

Además, el edil recordó que el diputado nacional del PP Pablo Matos –también concejal en Santa Cruz– adquirió ante el alcalde, José Manuel Bermúdez, el compromiso de hacer las modificaciones oportunas en la citada norma para garantizar el cumplimiento de la moción de Sí se puede, que su propio grupo apoyó en el pleno municipal.

Fuera de ordenación
La moción presentada en noviembre fue consecuencia de la preocupación de Sí se puede por el hecho de que el proyecto de ley no incluyera la protección para esta parte del municipio. En la propuesta, defendida por Arcila, se solicitaba equiparar los asentamientos rurales a los suelos urbanos existentes antes de 1988, de tal manera que no se les aplicara la servidumbre de protección de cien metros.

De esta forma se pretendía resolver la situación en la que se encuentran los pueblos de Igueste, Tachero, Almáciga y Roque de Las Bodegas tras los injustos pronunciamientos judiciales que han supuesto que más de 200 viviendas se encuentren fuera de ordenación. Esta situación se agrava por la imposibilidad, en varios de estos pueblos, de contemplar suelo residencial para atender el crecimiento demográfico natural debido fundamentalmente a las limitamciones de uso residencial que impone esta servidumbre.

sábado, 1 de junio de 2013

Ley de costas confiscatoria (Mario Gómez Figal)

Bajo el paraguas de "nueva Ley de Costas, basada en el bien común", el Gobierno modifica una difusa, ambigua e irracional ley, la de 1988 -'copia' del proyecto de Ley de Costas franquista del 68-, que más allá de solucionar y evitar las tropelías arbitrarias de quien dice defender los intereses de propietarios y litoral, agrava el problema y aumenta el poder confiscatorio e inconstitucional del Estado.

Muchos son los medios que hablan de las modificaciones de la Ley de Costas, pero nadie habla de las 'bondades' que oculta; la expropiación o confiscación sin indemnización de la propiedad privada por parte del Estado; el desalojo de poblados enteros, su derribo, y por ende, la destrucción de un patrimonio cultural con más de doscientos años de historia (en algunos casos) que debería ser preservado y puesto en valor. Y todo ello, en aras de la protección del litoral -¡un nuevo 'brindis al sol'!-.
 
Veinticinco años después de la aprobación de la Ley de Costas de 28 de julio de 1988, y cuando pensábamos que se había esfumado toda posible especulación urbanística con la burbuja inmobiliaria, se modifica la ley que nació para evitar todo aquello que posteriormente consintió convirtiéndose en una clara y gravísima dejación de funciones de las Administraciones públicas. Eran otros tiempos -podríamos decir ahora-, en los que promotoras especuladoras y políticos sin escrúpulos iban de la mano, en algunos casos hasta con la participación de las cajas de ahorro que ellos mismos dirigían para conseguir, además del enriquecimiento personal, la depredación urbanística de nuestro litoral. Pero no, no podemos hablar en pasado porque las nuevas modificaciones son garantes del control de la propiedad en nombre de un falso 'bien común', vulnerando el derecho a la propiedad recogido en el artículo 33 de la Constitución española y en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal y como advierte el Informe Auken del Parlamento Europeo. Una ley que dará pie a nuevos y 'camuflados' Algarrobicos o Marinas. Una Ley que, seguro, será tumbada.

Modificación que, pretendiendo proteger el medio ambiente de riberas y litoral, poco se preocupa del impacto visual ocasionado por las paredes de hormigón y ladrillo de los complejos hoteleros y urbanísticos que los partidos gobernantes han promocionado; poco se preocupa de los vertidos incontrolados al mar provocado por un crecimiento desproporcionado e insostenible. Y nada se preocupa de la conservación de los sistemas de dunas permitiendo la eliminación de la entrada de arena en los mismos.

Una modificación que, procurando proteger los derechos de antiguos propietarios de viviendas u otros bienes, les despojan, con carácter retroactivo (prohibido en el artículo 9 de la Constitución), hasta de sus recuerdos: Expropian sus bienes y obligan a pagar los impuestos de las propiedades que mantienen como okupas a la espera del ilegal desahucio. Y en algunos casos, hasta el derribo.

 
Una modificación que, lejos de ofrecer seguridad jurídica para garantizar un equilibrio sostenible entre el entorno y la actividad económica, más bien deja a los propietarios que compraron de buena fe y a sus herederos en una indefensión absoluta ante la aplicación de la ley de forma arbitraria y totalitaria que arrasa pequeñas casas costeras y mantienen macrocomplejos, fruto de la corrupción urbanística y un claro 'fraude de ley' Y lo que es aún peor, aprueban nuevos megaproyectos urbanísticos riéndose de las víctimas expoliadas y de los que aún creemos en la democracia. 

Puedo enumerar miles (cerca del medio del millón, me atrevería a decir), de casos de gente humilde a la que le han derribado su vivienda, y con ella su vida, sin indemnización alguna. Pero pocos son los casos -escasas decenas- donde los 'filibusteros del 'XX y XXI', poder en mano, han actuado contra las grandes promotoras aunque siempre asociadas a contrapartidas millonarias. De nada sirve una Ley que arremete contra 'unos' -los más débiles- y garantiza derechos a 'otros' -los de siempre- mediante una asquerosa 'política de derechos consumados'.

«Amigos de Salinas» arremete contra la nueva ley de Costas que entra hoy en vigor

«Es un atraco que los propietarios tengan que pagar por la protección del litoral», sostiene el presidente de la asociación de vecinos 

La nueva ley de Costas que hoy entró en vigor nace rodeada de polémica. La normativa con la que el Gobierno central del PP enmienda a la de 1988, aprobada por el ejecutivo del PSOE, tampoco contenta a todos. Uno de los artículos más controvertidos es el que hace referencia al cobro de contribuciones especiales por la ejecución de obras en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora. «Es un atraco a los propietarios. Toman ahora esa decisión porque no hay dinero», criticó ayer el presidente de la asociación de vecinos «Amigos de Salinas», Eloy Martínez Argüelles.

El artículo 87 bis de la Ley de Costas que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dice que «podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque éste no pueda fijarse en una cantidad concreta». La base imponible de las contribuciones especiales se fijará en un real decreto aunque la cantidad no podrá exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras.

«Con la anterior Ley de Costas hubo grandes problemas con los deslindes y ahora pretenden cargar a los vecinos con el coste de las obras. Si un vecino del paseo marítimo de Salinas tiene que pagar el arreglo si la mar lo tira, terminará marchándose a otro sitio, porque no es justa la decisión del Gobierno», señaló Eloy Martínez.

El dirigente vecinal destacó que en la ley hay agravios comparativos pues, mientras a unos propietarios les harán pagar las obras a otros les legalizan una viviendas (125.000 en total según el PP), que con la ley de 1988 estaban fuera de ordenación urbanística.

La nueva Ley de Costas fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 9 de mayo con los votos a favor del PP, UPN y Foro Asturias; la abstención de CiU y el rechazo del resto de los grupos políticos de la oposición entre los que se encuentran el PSOE, IU, UPyD, el PNV y el grupo Mixto (excepto UPN y Foro). Asimismo, Coalición Canaria que gobierna en canarias con el apoyo del PSOE, ya anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley. La asociación europea de perjudicados por la Ley de Costas (Aeplc) se constituyó recientemente, incluso antes de la entrada en vigor de la normativa.

«Es una vergüenza que se quiera cobrar a los vecinos por lugares que las administraciones tienen la obligación de mantener en buen estado. Espero que rija el sentido común y no se aplique porque seguirán los recursos como en la ley de 1988 que se recurrieron deslinden. No entiende cómo lo que destruya el mar lo tengamos que pagar los ciudadanos», concluyó Eloy Martínez.