LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

miércoles, 31 de julio de 2013

La Audiencia Nacional anula el deslinde sobre el suelo reservado para una marina en Moncofa

La Audiencia Nacional ha decretado la anulación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Belcaire Nord de Moncofa realizado en 2010 por la caducidad del expediente. Se atiende así el recurso contencioso-administrativo que presentó el ayuntamiento moncofense a través de los servicios jurídicos atendiendo el mandato del pleno del consistorio del 30 de septiembre de 2010.
En este caso la anulación viene dada por una sentencia del 9 de julio y según fuentes municipales, el recurso propició la apertura del procedimiento tras solicitarse la anulación de la Orden Ministerial del deslinde. 
Según informaron ayer fuentes del consistorio, el motivo de la derogación de dicha orden es la caducidad del expediente pues el ministerio ha tardado más de 24 meses desde el inicio del procedimiento. 
Cabe recordar que con el deslinde aprobado por Costas en 2010 y que ahora se anula pasaban a ser dominio público marítimo-terrestre los más de 70.000 metros cuadrados del PAI Belcaire Nord que el ayuntamiento tiene todavía reservados para la construcción de la marina proyectada en Moncofa. 
Cabe señalar que los 235 metros de costa afectados por el deslinde eran en su totalidad propiedad municipal, justo en la zona donde se ubicaban antiguamente los chiringuitos o discotecas de verano.
El alcalde de Moncofa, Jaime Picher, destacó que "con el recurso presentado en su día hemos conseguido que se anule el deslinde y por tanto defender los intereses de la localidad" y "conseguimos que no se aplique el deslinde de 2010" en la zona de Belcaire Nord, aseguró ayer el primer edil.

Prórroga fuera de ley
Además los magistrados entienden que se realizó una prórroga desde el ministerio con "fraude de ley" según informaron ayer fuentes municipales. Desde el Ayuntamiento de Moncofa entienden además que se ha estimado el recurso municipal "con la anulación de la Orden Ministerial por caducidad del expediente, todo ello tras las pruebas practicadas en el seno del procedimiento seguido en Madrid".

SENTENCIA

martes, 30 de julio de 2013

El Gobierno catalán confirma que recurrirá al TC la ley de costas por invasión competencial

El Gobierno catalán ha aprobado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de costas, al entender que la nueva normativa del Gobierno central incurre en la "invasión competencial".


La Generalitat estima que la ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral vulnera competencias catalanas relacionadas con la ordenación del territorio y la gestión de los puertos, después de recibir el dictamen que había encargado al Consejo de Garantías Estatutarias.
El recurso fue anunciado el 1 de julio en Madrid en un comparecencia conjunta de representantes de Canarias, Andalucía, País Vasco, Asturias y Cataluña, al entender que la normativa estatal vulneraba competencias municipales y autonómicas y plantea "retroactividades intolerables".
El Gobierno catalán considera recurribles la delimitación estatal de los tramos urbanos y naturales de las playas, así como sus usos turísticos; la de la superficie máxima de bienes de dominio público portuario que se pueden destinar al comercio y la resultauración, y la habilitación del delegado del Gobierno para suspender acuerdos municipales.
Asimismo, ve problemas en la regulación del derecho de uso de los amarres en determinadas urbanizaciones, y la reserva para el Estado de la aprobación de los planes que elaboren las comunidades autónomas para adaptar el dominio público marítimo terrestre que se adscriban a las incidencias provocadas por el cambio climático.

miércoles, 24 de julio de 2013

País Vasco y Andalucía mandan la Ley de Costas al Constitucional

Ambas comunidades se suman a Canarias en la interposición de recursos de inconstitucionalidad

País Vasco y Andalucía acordaron ayer interponer sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas, al considerar que invade competencias autonómicas, al igual que lo hizo el pasado 11 de julio el Ejecutivo canario, cuya demanda se encuentra a la espera del dictamen del Consejo Consultivo, como paso previo a su interposición ante el Tribunal Constitucional. Canarias entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna: vulneración de la autonomía local, del principio de igualdad, invasión de competencias autonómicas y por tener carácter de retroactividad.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, informó que se recurrirán una decena de preceptos de la ley por considerar que vulneran la Constitución, y solicitará la suspensión cautelar de esta normativa para evitar "daños irreparables". El pasado 1 de julio, representantes de los gobiernos de Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco y Canarias, cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, mantuvieron una reunión y anunciaron su intención de recurrirla. Estas comunidades tienen hasta el 31 de agosto para presentar recursos contra la legislación del PP. Según Vázquez, la citada norma estatal, que modifica la Ley de Costas, constituye una "regresión" en lo que respecta a la protección del litoral, pues existe la posibilidad de que terrenos anteriormente protegidos sean ahora susceptibles de urbanización.
A juicio del Gobierno andaluz, esta norma supone un "ataque frontal" a la protección del dominio público marítimo-terrestre y a sus competencias en ordenación del territorio y urbanismo, informa EFE
La Junta cree que se pretende primar intereses particulares, favorecer la privatización de espacio litoral, limitar su uso público, reducir el papel garantista de la administración y promover desarrollos urbanísticos "insostenibles".
El portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Josu Erkoreka, explicó que, en concreto, el Gobierno de Vitoria entiende que la nueva Ley de Costas vulnera las competencias vascas en materia de régimen local, en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, así como la competencia de medio ambiente y ecología.
Además, la nueva ley de Costas atribuye al Estado la capacidad de suspender algunos actos en materia de urbanismo adoptados por las entidades locales, cuando, según recuerda el Gobierno vasco, el Estado no tiene ningún tipo de competencia en materia urbanística y, por lo tanto, no los puede suspender, y menos a través de una vía excepcional.

martes, 23 de julio de 2013

Así se aplica la Ley de Costas frente al Bahía Real.

Las grúas avanzan mar adentro para perforar las rocas de la playa del Charco de Las Agujas, y construir unas pasarelas autorizadas por el Gobierno de Zapatero el 24 de noviembre de 2011 a través de la ex-comunista Rosa Aguilar como Ministra de Medio ambiente en funciones.


El 24 de noviembre 2011, el consejo de Ministros del gobierno de Zapatero, daba el visto bueno al proyecto presentado por los propietarios del Hotel Bahía Real de Corralejo, para llevar a cabo la privatización de casi 2.000 m2 de playa en el Charco de las Agujas con sus respectivos quioscos y un paseo marítimo dotado de los correspondientes locales comerciales que explotarán durante 20 años.  El Director General de Medio Marino, por delegación de la Ministra en funciones de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar Rivero, dictó la resolución otorgando a los propietarios del citado hotel la concesión para la ocupación de bienes de dominio público marítmo terrestre en Corralejo, todo ello , minutos antes de entregarle la cartera a su sucesor en el cargo. Además, con la oposición de 966 vecinos.

  Como se puede ver en la imagen, la primera fase de la obras consiste en la construcción de las pasarelas y plataformas para el acceso al baño. Los trabajos de ejecución de las pasarelas se iniciarán con la excavación localizada en la roca natural para poder garantizar el apoyo mediante cimentación directa de la subestructura en el estrato resistente. 

 Así se aplica la Ley frente al pueblito marinero de El Jablito.


El Jablito, recogido en el catastro del año 1957 como un poblado marinero de 4.120 metros cuadrados, en el municipio de La OlivaUnas 15 familias de este pueblo norteño sufrieron el derribo de sus viviendas sin previo aviso, si bien los vecinos admitieron que llevan recibiendo amenazas de la empresa propietaria de los terrenos, Rudy, S.L., para que abandonen la zona desde hace casi un año. Detrás de esa sociedad aparecen una serie de personajes, catalanes unos, y majoreros otros, que no tienen el más mínimo escrúpulo a la hora de hacer negocios, Cebriá, Mederos, Hormiga, Estévez... 

 Sin duda, la Ley de Costas se aplica de manera muy diferente y no es igual de diligente según quién es el beneficiario o infractor. Cuando de los catalanes, hermanos Cebriá (Bahía Real) se trata, o del jefe de la patronal de la hostelería, Antonio Vicente Hormiga, se comportan como hermanitas de la caridad.

domingo, 21 de julio de 2013

As Sinas teme una interpretación ´muy restrictiva´ de la Ley de Costas para Galicia

La coordinadora participó en unas jornadas con redactores de la modificación de las que regresó "con más dudas" - Siguen trabajando en el informe que acredita su condición de urbana.

Muchas dudas. Eso es lo que tiene la coordinadora de vecinos de As Sinas, en Vilanova de Arousa, sobre las posibilidades de que la propuesta que lleven a Costas acabe fructificando. Esas dudas siempre han existido, pero desde las jornadas que varios de los redactores de la modificación celebraron en Santiago, se han incrementado todavía más, al no clarificar en absoluto las preguntas que se les plantearon, lo que hace temer que la nueva Ley de Costas sea todavía más restrictiva con Galicia.
La coordinadora asistió a las jornadas con la intención de que se le aclararán cuestiones como cuales son los criterios que se van a emplear para calcular la densidad urbana, y sobre todo, si para cambiar la catalogación de suelo urbano sirven evidencias como la presencia de fosas sépticas o de pozos de recogida de agua. Ninguna de estas preguntas encontró respuesta. Más bien, lo único que recibieron fue "largas y nada concreto", remitiéndoles al reglamento que fijará la aplicación de la Ley de Costas, un documento que no estará redactado antes del próximo mes de diciembre.
Sin embargo, los afectados de As Sinas, y de toda la costa gallega en general, deberán tener presentado su informe solicitando el cambio de catalogación del suelo antes del próximo 30 de agosto, cuando expira el plazo dado a los Concellos afectados para que definan que zonas consideran que tienen carácter urbano pese a encontrarse afectadas por Costas en estos momentos. Sin reglamento para aplicar la ley, las dudas todavía se incrementan más, ya que en ningún punto de las modificaciones se habla de cómo van a quedar las parcelas que se encuentran sin edificar, es decir, si la línea de la zona de protección marítimo terrestre se va a bajar de los 100 a los 20 metros o si se mantendrá tal y como está en estos momentos. "Si se mantiene, eso significaría que podrían darse casos en la costa gallega de que si se tiene una parcela con una pequeña casa, la edificabilidad de la misma se triplicaría, mientras que la de al lado, al estar vacía, seguiría afectada por los 100 metros, algo que sería lamentable", explican desde la coordinadora.
Los responsables de la misma habían puesto su confianza en esas jornadas, pero la valoración que pueden hacer de las mismas es que "no han servido prácticamente para nada, ya que no se explicó que tipo de criterios se van a utilizar para el cambio de catalogación del suelo, o que nivel de consolidación se necesita para pasar a ser considerados como zona urbana".
Pese a todos estos temores, la coordinadora va a continuar recabando documentación para demostrar que As Sinas contaba con los servicios básicos antes de 1988, fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas, fuesen estos servicios públicos o privados. Con esos documentos será con los que se elabore el informe con el que se justificará la condición de urbana de facto de As Sinas, una de las zonas de expansión urbanística que tiene el Concello de Vilanova.
Junto con As Sinas, el Concello de Vilanova de Arousa va a elaborar otros dos informes en los que solicitará la catalogación de suelo urbano para los entornos de A Pantrigueira y de Currás, otros dos puntos del litoral vilanovés que se encuentran afectados por Costas.
La coordinadora de As Sinas comenzó a funcionar en 2004 y siempre ha tratado de implicar al Concello de Vilanova en su lucha por conseguir que se reconozca como suelo urbano todo el entorno, que posee viviendas y acceso a las playas desde muchas décadas antes de que entrase en vigor la Ley de Costas en el año 1988.

miércoles, 17 de julio de 2013

La Audiencia Nacional anula el deslinde de 34 kilómetros de costa en Doñana

Da la razón a un propietario del parque y considera que la tramitación administrativa no ha cumplido los plazos establecidos El Gobierno tardó tres años en aprobar el expediente

La Audiencia Nacional ha anulado la orden ministerial 23 de agosto de 2010 por la que se aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 34.730 metros de longitud en el Espacio Natural de Doñana, por advertir caducidad en el procedimiento. 

Ese deslinde, que afecta a unas 9.200 hectáreas, comprende el brazo arenoso existente entre la zona urbana de Matalascañas y la desembocadura del Guadalquivir, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La delimitación de ese espacio como dominio público marítimo-terrestre provocó un enfrentamiento entre el Gobierno central que efectuaba la separación, y la Junta de Andalucía, que entendía que se estaban invadiendo sus competencias como titular de la gestión del Espacio Natural. Con las dos administraciones gobernadas por el PSOE, el acuerdo era obligado y llegaba de la mano de la transferencia de determinadas competencias sobre la gestión del litoral. 

Así se evitaba un contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Andalucía, pero un propietario interponía su propio recurso, que ahora se ha resuelto. En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional estima el recurso del propietario de una finca enclavada dentro del coto del Palacio de Doñana, afectada por esta orden, en el que, entre otros motivos, alegaba caducidad del procedimiento por haber pasado más de dos años desde su inicio el 27 de septiembre de 2007 hasta su conclusión en 2010, a pesar de haberse aprobado un plazo de ampliación de 12 meses por resolución de 2 de septiembre de 2009. 

La Audiencia Nacional, analizados los hechos, estima esta excepción de caducidad opuesta por el recurrente en su demanda, al no haberse cumplido, en la ampliación del plazo acordado "los requisitos y exigencias previstos por ley". 

En este sentido, explica que no consta en la resolución ampliatoria "que se hayan tratado de habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo del expediente de deslinde, ni tampoco que, con carácter, se hayan agotado los medios a disposición posibles". Además, tampoco ha habido ni "propuesta razonada del órgano instructor" ni, en su caso, propuesta del superior del órgano competente para resolver, requisito de procedibilidad exigido por la norma y también incumplido en el caso". 

Según la sentencia, el incumplimiento del plazo máximo para resolver solo puede derivarse del número de solicitudes formuladas o del número de personas afectadas por el procedimiento, y en la resolución de ampliación evidencia que "la misma no se justifica por tal número de personas afectas" sino que se sustenta, "en la escasez de medios y el gran número de expedientes que se tramitan simultáneamente por el servicio competente". 

En definitiva, al ser improcedente la ampliación del plazo de doce meses acordado en el expediente de deslinde, procede declarar la caducidad del mismo, pues incoado el procedimiento de deslinde mediante providencia de fecha 27 de septiembre de 2007 había incurrido en caducidad cuando se dictó la orden de deslinde en fecha 23 de diciembre de 2010, lo que conduce a su anulación.


Sentencia anulación deslinde Doñana

lunes, 15 de julio de 2013

Propietarios de El Portil y Nuevo Portil se sienten “discriminados” por la Ley de Costas

La comunidad de propietarios de la parcela PUC1 de El Portil (Punta Umbría), ha denunciado sentirse “agraviada” tras la aprobación de la actual Ley de Costas, con la que el Gobierno ha sustituido definitivamente la famosa y polémica Ley de Costas de 1988, por “indultar” no sólo en Huelva, sino en todo el litoral español, miles de edificaciones construidas en primera línea de playa, “en muchos casos mucho más cerca que las nuestras”, dejando fuera las nuestras.

Así lo ha puesto de manifiesto a VIVA LA COSTA José Luis Velasco, secretario de dicha comunidad de propietarios de El Portil, que ha añadido que en total están afectados por la nueva Ley de Costas en esta zona unos 300 propietarios, sumando los 108 de esta comunidad, los 120 de la Urbanización Puerta Mar, también en Punta Umbría, y los 70 de La Barra, en Cartaya

También exigen que el Ministerio de Medio Ambiente les dé “inmediatamente” una respuesta, ya que “antes de entrar en vigor la nueva Ley mantuvimos un encuentro con el Director General de Costas, quien nos dijo que esperásemos a su aprobación”. Según lamenta, la Ley se ha aprobado y “no hemos tenido ninguna respuesta sobre cómo queda nuestra situación”.
Según ha apuntado, “creemos que sufrimos un agravio comparativo” frente a otras situaciones similares en nuestro litoral, como La Antilla, Punta Umbría o El Rompido, y con otras muchas en el litoral español, “donde hay construcciones indultadas a menor distancia de la línea de costa (en algunos casos hasta a menos de 20 metros) que en El Portil, donde la zona afectada oscila entre esa distancia y los 600 metros”. Según asegura, en esta zona del litoral onubense “el deslinde de 1994 al amparo de la Ley del 88 se separa de la costa y se mete tierra adentro”. Todo ello con el “agravante” de que “estamos en una ría, la del Piedras, mientras que en otras rías como la del Carreras (Isla cristina) o la de Punta Umbría, se ha indultado a las edificaciones ubicadas en sus márgenes”.  

Larga historia
La historia de estos 300 propietarios viene de lejos y como explica Velasco, según reflejó el Boletín Oficial del Estado del 1/6/66, con esa fecha fue aprobada la planificación turística de la zona de El Portil, lo cual se refrendó dos años más tarde con su declaración como Centro de Interés Turístico Nacional (BOE del 22/01/68).
Una vez los ayuntamientos de Cartaya y Punta Umbría contaron con estas aprobaciones, iniciaron su Plan de Ordenación Urbana de El Portil de forma conjunta, aprobado el 18 de febrero de 1969.
“A partir de ahí -relata- se construye la urbanización con todos los requisitos legales aprobados, cumpliendo los estrictos controles establecidos en el plan, y abonando los propietarios todos los impuestos exigidos”.
No obstante, señala, en 1994 se aprobó un deslinde al amparo de la polémica Ley del 88, “que dejó en el dominio público marítimo terrestre las viviendas de los afectados”, que perdieron unos años más tarde sus derechos como propietarios de  las parcelas, para pasar a ser concesionarios. Fueron los propietarios los que pudieron comprobar cómo en 2007, los que habían adquirido “de forma legal” una parcela y habían edificado en ella, “hasta ese año constaban en el Registro de la Propiedad como propietarios, y a partir de ese año pasó a ser según el mismo Registro titularidad del Estado”.
“Las parcelas dejaron de ser nuestras para estar concesionadas por el Estado, por lo que en ellas no se nos permiten ahora tocar un ladrillo por haber quedado tras el deslinde dentro del dominio público marítimo terrestre”.
“Es incongruente -se queja- que el mismo Estado que nos vendió unos terrenos dentro del marco de una declaración de Interés Turístico Nacional, venga ahora a decirnos que esto no es nuestro”.
Además, en las actuales circunstancias, los terrenos tampoco pueden venderse y “con la Ley en la mano sólo se podría vender las concesiones, que es lo que nos ha quedado. Pero nadie está interesado en adquirir concesiones, que además tienen una fecha de caducidad de 30 años que finaliza en 2024”. Y pese a que ésta puede ampliarse por otros 30 años, “eso hay que solicitarlo y puede que te la renueven, o no, y hasta incluso puede que te la expropien por alguna causa que ellos consideren oportuna”.
Piden que se aplique la Ley estudiando “caso por caso”
 Esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la comunidad de propietarios de la parcela PUC1 de Punta Umbría  en distintas instancias a lo largo de los últimos años,  llegando incluso en 2010 hasta el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que incluso emitió in informe en el que decía que apreciaba “disfunciones” en la Ley de Costas de 1988. “Los deslindes -dice literalmente dicho informe- son una constante en las reclamaciones de los ciudadanos, y los criterios necesarios para hacer dichos deslindes, deberían aplicarse con igualdad en toda la costa española”.
Igualmente argumenta que “La Ley de Costas de 1988 no respeta las situaciones de propiedad privada  anteriores a ella, y creemos que no debieran pasarse por alto las situaciones de propiedad u ocupación preexistentes durante a los y años”.
Por otra parte asegura que “la ausencia de claridad de las instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ha tenido como consecuencia que las líneas de deslindes sean trazadas, por ejemplo, en zigzag”, motivo por el que se queja esta comunidad de propietarios, cuya línea de deslinde se introduce tierra adentro al menos en unos 600 metros en algunos tramos.
El informe también pone en duda la anulación, gracias a la Ley del 88, del registro de propiedad de los inmuebles incluidos tras la misma en zona de dominio público marítimo terrestre.
Judicialmente, estos propietarios también iniciaron un pleito en 1994, cuando se produjo el deslinde, que perdieron. También han pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz. Finalmente, Velasco asegura que su único objetivo es que la nueva Ley del Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, “se aplique estudiando razonadamente caso por caso porque nos sentimos discriminados frente a otras zonas del litoral español”. 
















Inseguridad jurídica en la nueva Ley de Costas

Mucho se viene hablando sobre la modificación de la Ley de Costas de 1988 por la recientemente aprobada Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral. Esta reforma contiene entre sus principios fundamentales lograr el principio de seguridad jurídica mediante el establecimiento de reglas claras. Veremos que los deseos se confunden con la realidad.
En el caso de Galicia, la inseguridad la provoca la disposición transitoria primera de la nueva ley de 2013, a efectos de regularizar la situación de los «núcleos rurales». En contra de lo que se ha publicitado, no se ha otorgado una solución inmediata. Se ha establecido una disposición confusa y farragosa que, en lugar de aportar luz y seguridad, genera confusión. El legislador difiere una vez más la solución del caso al futuro reglamento.
En cualquier caso, lo que parece claro es que los municipios que hayan clasificado en la franja costera como suelo urbano en sus planes generales con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, y que reúnan los requisitos de consolidación edificatoria y de dotación de servicios (un tercio junto con los servicios correspondientes o dos tercios si carecieran de alguno de los enunciados en la disposición) deberán solicitar hasta el 31 de agosto del 2013 el informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), que tendrá dieciocho meses para pronunciarse si procede la reducción de la servidumbre de protección a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, en lugar de los 100 metros contemplados en la Ley de Costas de 1988.
Más problemático resulta el tema de los núcleos rurales. El legislador estatal padece una especie de alergia, ya que ni tan siquiera cita expresamente el término «núcleo rural». Se refiere a los «núcleos» o «áreas delimitadas», pero no establece un procedimiento para su delimitación. Se intuye que no es un procedimiento de delimitación urbanístico. Los municipios deberán efectuar la propuesta de delimitación del «núcleo» y remitirla al Magrama en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la ley (hasta el 31 de agosto del 2015), para que el citado ministerio en el mismo plazo de dieciocho meses se pronuncie sobre la procedencia de la reducción de la servidumbre de protección a los 20 metros. Esa tramitación sectorial en materia de «costas» es independiente de la correspondiente al planeamiento urbanístico aunque puede efectuarse de forma simultánea.
El culmen de la seguridad jurídica será que si en dieciocho meses la Dirección General de Costas no se pronuncia, se entenderá entonces informada favorablemente la propuesta de delimitación municipal del núcleo por silencio positivo.
Mención aparte merece el hecho de que, aún reduciendo la servidumbre de protección a 20 metros para estos núcleos o áreas, en la franja comprendida en los 100 primeros metros no se podrán autorizar nuevas edificaciones. Lo anterior supone una flagrante contradicción, ya que si se reconoce que esos núcleos o áreas reunían los requisitos para ser considerados como urbanos con anterioridad a la aprobación de la Ley de Costas de 1988, no se aprecia razón jurídica alguna para aplicar una desigualdad de trato ante una misma realidad fáctica. Cuestión distinta son las razones de tipo ambiental.
En definitiva, como diría Romanones: «Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento», donde supuestamente se aclararán todas las dudas, sin olvidar que la reforma de la Ley 2013 ha perdido una clara oportunidad de reconocer expresamente la singularidad de los «núcleos rurales» de Galicia y su naturaleza de «clase equivalente» a la del suelo urbano.

viernes, 12 de julio de 2013

Un informe europeo culpa al puerto de la erosión de la playa que amenaza las casas del Saler

Los eurodiputados cuestionan la reforma de la Ley de Costas e instan a pagar indemnizaciones justas a los afectados.

Un informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatido el martes en la eurocámara responsabiliza al Puerto de Valencia de la regresión de la playa del Saler que amenaza con tragarse las casas de la urbanización de la Casbah. 

El informe de la presidenta de la misión de eurodiputados que visitó España en marzo para comprobar sobre el terreno las quejas de los afectados de la ley de Costas, la eurodiputada liberal austríaca Angelika Werthmann, hace suyas las quejas de los vecinos valencianos. Así apunta que "como resultado de la ampliación del puerto de Valencia y de la supresión de las dunas de arena, las casas del Saler [en alusión a la Casbah] pueden ser inundadas, confiscadas y destruidas".

La urbanización de la Casbah fue construida en los años 70, antes de que la Devesa y la Albufera fueran declaradas parque natural. La línea de costas quedaba entonces delante de sus casas que tenían enfrente una extensa playa de la que ahora apenas quedan unos metros. 
El Saler, Urbanización la Casbah. La playa en 1977
Los vecinos, cuyas casas han quedado ahora dentro del deslinde como consecuencia de la desaparición de la playa, denuncian la connivencia del Ayuntamiento de Valencia con la Dirección General de Costas y la APV a la que reclaman que lleva a cabo la regeneración de la playa del mismo modo que va a hacer en las Arenas y la Malva-rosa, afectadas por la reciente ampliación norte del puerto. 
La misma playa después de la ampliación del puerto.
Ha desaparecido completamente
El informe de los eurodiputados recoge las quejas de los propietarios de la playa de Santa Pola que, en aplicación de la ley de Costas, perdieron sus casas mientras los bares y restaurantes han podido permanecer. En Valencia, el ayuntamiento ha hecho bandera de la defensa de los chiringuitos de la playa. "En cambio, a nosotros nos ha abandonado", apunta una propietaria de la Casbah, miembro de la Asociación Europea de Perjudicados por la ley de Costas.

El informe, cuya votación se ha aplazado, en parte debido a las presiones del PP, hasta septiembre, considera la reforma de la ley de Costas del Gobierno de Rajoy insuficiente y plantea "fuertes reservas" al mecanismo compensatorio vía concesiones, que con la reforma se alargan hasta 75 años. 

En sus recomendaciones, el informe insta al Gobierno español a "establecer un esquema completo y justo de compensación financiera para los propietarios legales de propiedades cuyos hogares puedan ser objeto de demolición o expropiación por la ley de Costas". Propone que los registradores de la propiedad informen de la situación legal de las viviendas de la costa e insta a perseguir a los agentes privados y autoridades públicas que hayan propiciado las construcciones ilegales en la costa. Los eurodiputados recomiendan mayor celeridad al sistema de justicia español puesto que los "retrasos en la justicia son una injusticia inaceptable".

Los vecinos de la Casbah reclaman a la APV que regenere la costa del Saler como hará con el Cabanyal, las Arenas y la Malva-rosa

jueves, 11 de julio de 2013

Escándalo en Menorca: Mercedes Milà, Lorenzo Milà, Ana Belén y Víctor Manuel se niegan a dejar las edificaciones ilegales que disfrutan en primera línea del Puerto de Mahón



Hace unos meses la Autoridad Portuaria de Baleares remitía a los periodistas Lorenzo Milà y Mercedes Milà -presentadora del programa Gran Hermano que emite Tele5-, y a los cantantesAna Belén y Víctor Manuel, sendos requerimientos de desalojo de las parcelas de La Solana, en el Puerto de Mahón (Menorca), que disfrutan ya desde hace más de dos décadas de una manera privilegiada. La orden de desalojo se producía “por ocupar sin título habitante bienes de dominio público portuario”, tras las respectivas sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que daba la razón con rotundidad a la Autoridad Portuaria frente a los citados recurrentes vips, al afirmar que el interés general es “absolutamente preferente y además con grado máximo de intensidad”, máxime tratándose de una zona de dominio público marítimo.

Pero la gravedad del caso radica ahora en que, a pesar de haberse dictado esta orden de desalojo por parte de la Autoridad Portuaria, todavía a día de hoy ni la familia Milà ni los cantantes del PCE han procedido a la entrega de las llaves de las instalaciones ni a retirar todos los enseres y bienes muebles de las mismas, tal y como la Autoridad Portuaria de Baleares les viene solicitando desde el pasado día 13 de febrero mediante requerimiento público que obra en poder de Extraconfidencial.com. A este incumplimiento se une que ni por parte del Ministerio de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy, que dirige Ana Pastor, ni por parte del Ayuntamiento del PP de Mahón, con su edil Águeda Reynes, se ha hecho lo más mínimo por hacer cumplir esta orden pública, que lleva aparejada en caso de no realizarse la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como ha ocurrido en casos menos significativos.

Un privilegio “donado” por Felipe González
La problemática se arrastra ya desde el 22 de febrero de 2010, fecha en la que a estos ilustres veraneantes de La Solana se les terminó la concesión extraordinaria de 17 años que les dio en su día el gobierno de Felipe González para que durante ese periodo de tiempo (improrrogable) disfrutaran de estas privilegiadas edificaciones en primera línea del puerto de Mahón en Menorca. La Autoridad Portuaria de Baleares era consciente de que en esa fecha se extinguía de un manera improrrogable el título concesional que permitía a lafamilia Milà y a Víctor Manuel y Ana Belén la citada ocupación, y que le había concedido el gobierno socialista de Felipe González en octubre de 1992, casualmente sólo un mes antes de que entrara en vigor la famosa Ley de Puertos (27 de Noviembre de 1992), en la que se prohibía de manera expresa el uso residencial o de vivienda en el dominio público portuario.

Desde hace ya más de dos décadas los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel y la familia Milà (tanto Lorenzo, como Mercedes y su tío Alfonso Milà Sagnier), disfrutan de unas parcelas privilegiadas en la zona de La Solana en primera línea del puerto de Mahón. Unas parcelas (las números 6, 7, 8, 9 y 10) que en el año 1968 el Ministerio de Obras Públicas del Gobierno del General Franco había dado en concesión administrativa a la Cofradía de Pescadores del Puerto de Mahón para unas casetas destinadas únicamente a guardar el marisco capturado en balsas (mejillones, dátiles, escupinas, ostras, etc.)

Precios de risa
En los años 70 se produjo un deterioro grave en la calidad del agua del Puerto de Mahón debida a los vertidos del colector municipal de aguas residuales que eran vertidos al Puerto directamente sin depuración alguna. Como consecuencia de esta contaminación se prohibió la actividad marisquera en este Puerto. Precisamente, durante los años de paralización de la actividad marisquera, y de forma irregular al tratarse de terrenos públicos (dominio público marítimo terrestre), se produjeron de manera individual la venta de alguna de estas casetas. Concretamente, dos de ellas son adquiridas de inicio por el tío de los MilàAlfonso Milà Sagnier, y otra tercera por parte del productor José Samano de la Brena, marido de Mercedes Milà, que la adquiere en 1989. Posteriormente en el año 2000 la transfiere a la sociedad de la periodista denominada Taramparo SL, y por la que según refleja la memoria de Puertos de Baleares pagaba 1.473 euros al año. Pero la familia Milà no ha sido la única famosa privilegiada con el disfrute de edificaciones en terrenos de dominio público marítimo, como adelantó ya Extraconfidencial.com en 2010, también los cantantes Víctor Manuel San José Sánchez y su mujer Ana Belén recibieron una concesión para una edificación y explanada aneja (dedicada a solarium) que fue adquirida a un mariscador por la exigua cantidad de 590 euros al año. 

Todos estos privilegiados veraneantes destinaron estas iniciales casetas de marisqueo a viviendas, solariums o residencias de vacaciones. La administración socialista de Felipe González trató de regularizar la situación mediante la concesión extraordinaria por 17 años improrrogables de unos permisos de uso de vivienda cuya vigencia formal expiró ya en el 2010. Fue en abril de ese año cuando la Autoridad Portuaria de Baleares notificó a los privilegiados ocupantes de las parcelas de La Solana la caducidad de la concesión excepcional de la que disfrutaban. Estos iniciaron entonces una serie de recursos y procedimientos administrativos para paralizar el inicio del trámite de reversión de los terrenos a la Administración, quien en su día decidido conferir a esta zona un uso portuario público, manteniendo sólo dos edificaciones para la actividad marisquera y proyectando una zona de acceso común en toda esta franja de terreno de La Solana, con la construcción de un embarcadero público.

La familia Milá y Ana Belén y Víctor Manuel unidos por el “chollo” 
Para evitar esto, la familia Milà y Ana Belén y Víctor Manuel comenzaron una serie de recursos y alegaciones ante los organismos correspondientes que terminaron en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que finalmente ha dado la razón a la Autoridad Portuaria, por lo que los ya famosos desahucios ha devenido en firme y en consecuencia se debe proceder a ejecutar las resoluciones del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, José María Urrutia Medra, firmadas en enero de 2011 contra estos privilegiados veraneantes. Pero todavía a día de hoy no se ha producido la ejecución por parte de la autoridad competente. Ni entregándose las llaves ni produciéndose la retirada de todos los enseres y bienes muebles de las citadas instalaciones que invaden la zona de dominio público marítimo.

Las investigaciones de Extraconfidencial.com confirman que estos privilegiados veraneantes se están moviendo con bastante fuerza en el organismo público Puertos del Estado (del Ministerio de Fomento) y en el seno del Partido Popular para buscar soluciones. Hay que recordar que cuando salió la primera resolución de desahucio, la presentadora de “Gran Hermano” y del programa de denuncias “Diario de…” hizo campaña a favor del entonces alcalde socialista de la localidad, Vicens Tur, aliado de sus planteamientos, y que posteriormente en mayo de 2011 fue derrotado en las urnas por la actual alcaldesa del PP, Águeda Reynes, que ahora parece estar también a favor de la causa de sus ilustres veraneantes al no ejecutar la orden de desahucio dictada y mantener el privilegio de ocupar el dominio publico como propio por parte de unos privilegiados, con nombre y fama.

Juan Luis Galiacho
juanluisgaliacho@extraconfidencial.com

martes, 9 de julio de 2013

La Comisión Europea avisa de que vigilará el desarrollo de nueva la Ley de Costas

TRAS RECONOCER LAS "MUCHAS" QUEJAS DE CIUDADANOS
La Comisión Europea ha avisado al Gobierno español de que vigilará "atentamente la evolución del marco jurídico" de aplicación de la Ley de Costas tras reconocer las "muchas" quejas de ciudadanos españoles y europeos. Ha admitido, no obstante, que no tiene "competencias" para "intervenir" en casos de denuncias de expropiaciones.

   "Estamos siguiendo atentamente todo lo que va sucediendo en la legislación española. No tenemos competencias específicas de acuerdo con el derecho europeo para intervenir", ha explicado el funcionario de Justicia del Ejecutivo comunitario, Vincent Depaigne, durante el debate en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que ha aplazado el voto del informe de la delegación que visitó Madrid en marzo para estudiar 'in situ' las quejas de los ciudadanos a la anterior norma y discutir con las nuevas autoridades la reforma de la Ley de Costas, ya aprobada.
   Depaigne ha recordado que muchos ciudadanos han remitido "muchas" quejas a la comisión europarlamentaria sobre la normativa de Costas españolas y ha explicado que seguirá "examinando atentamente la evolución del marco jurídico de aplicación"."Seguiremos atentamente la aplicación y desarrollo de la misma", ha explicado su compañero de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario.

LA VOTACIÓN SE APLAZA A SEPTIEMBRE

   La presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, la popular italiana Emilia Mazzoni, ha confirmado que la votación del proyecto de informe de la presidenta de la misión de eurodiputados que visitó España en marzo, la eurodiputada liberal austríaca Angelika Werthmann, se aplaza a septiembre para dar tiempo a los grupos políticos a presentar sus enmiendas al texto. "Votaremos el informe en septiembre", ha confirmado.
   Los portavoz de los grupos políticos de la Comisión de Peticiones así lo acordaron este lunes, sobre todo por las presiones del Partido Popular, que ha rechazado de plano el contenido del informe a raíz de la visita, según han confirmado varias fuentes parlamentarias.
   El proyecto de informe cuestiona que la revisión de la Ley de Costas del Gobierno de Mariano Rajoy "sea aplicada coherentemente y cumplirá los objetivos del Ministerio de reforzar la protección acordada al entorno costero" y además resalta que "siguen preocupados" por "las mejoras significativas que todavía son necesarias en términos de derechos de propiedad y adquisición para cumplir los estándares europeos comunes".
   El texto de la austriaca recuerda que "el objetivo de la reforma de la Ley de Costas 1988 era dar una mayor certidumbre legal para la gente con propiedades a lo largo de las zonas costeras españolas y dar mayor protección al entorno costero". Además subraya que la "descentralización de la autoridad y el poder excesivo tácito pero acordado durante muchos años a las autoridades municipales por los Gobiernos regionales, permitieron a muchos ayuntamientos locales abusar de su rol aceptando programas de construcción masivos" sin supervisión "adecuada" dejando a "muchos propietarios inocentes" como víctimas de abusos.
   "Esto se ha dado mano a mano con lo que muchos ven como una amplia corrupción y connivencia entre las autoridades políticas y la industria de la construcción", recoge el borrador del informe, que saluda con todo que el borrador de la Ley de Costas -la visita fue previa a la adopción de la reforma normativa por el Congreso en mayo-- "contribuirá a poner fin a esta mala práctica" a través de la creación de "directrices nuevas y mucho más claras a seguir por todos".
   "Esto será en beneficio de los propietarios de casas, compradores potenciales y para la industria de la construcción que podrá embarcarse en una senda de desarrollo más sostenible", subraya el texto.
   En sus recomendaciones, el proyecto de informe pide que el Ejecutivo comunitario investigue sobre todo si la nueva Ley de Costas española cumple especialmente las directivas comunitarias sobre Hábitats, Aves Salvajes, la directiva marco de Agua, la de calidad de agua de baño, la directiva sobre gestión de residuos de agua urbanos, la directiva sobre la evaluación de impacto medioambiental, la directiva sobre inundaciones, así como la nueva directiva sobre gestión integral de las zonas costeras y otras normas europeas relevantes y les informe al respecto para diciembre de 2013.
   También recomienda a las autoridades españolas "clarificar de forma ulterior y a respetar los derechos de todos los ciudadanos de la UE afectados y residentes sobre su propiedad legítimamente adquirida" y que las autoridades españolas que "establezcan un esquema completo y justo de compensación financiera para todos los propietarios legales de propiedades cuyos hogares puedan ser objeto de demolición o expropiación como resultado de la aplicación de la Ley de Costas".
  
El eurodiputado popular, Carlos Iturgáiz, quien ya avanzó en junio la intención de su partido de presentar enmiendas al informe aunque no ha participado en el debate de este martes, ha criticado en un comunicado que el proyecto de texto hable de la "vulneración de nada menos que siete directivas europeas" cuando el anterior borrador no mencionaba esto sin aportar "argumentos", incluido una normativa europea "que aún no está aprobada" como es la directiva  de gestión integral de zonas costeras. Lo considera, también, "incoherente" porque "cuestiona lo que dice el Gobierno, porque da por buenas todas las peticiones de particulares" incluidas en su opinión "barbaridades como que en España se confisca a débiles para entregar el terreno a poderosos para que edifiquen".

   También ha criticado que el texto exhorte a las autoridades judiciales a "investigar a agentes privados y autoridades públicas que hayan actuado al margen de la ley" al vender propiedades particulares "como si España fuera una república bananera bananera en la que no se persiguen actuaciones judiciales" o que critique al sistema judicial español por su "lentitud" para resolver los casos de expropiaciones.

INFORME JURÍDICO

   Iturgáiz ha avanzado que pedirá "un informe jurídico del Parlamento Europeo sobre los nuevos puntos" tras recordar que en octubre de 2010 los servicios jurídicos "declaraban con total claridad que la Ley de Costas española quedaba fuera del ámbito de competencias de la Unión Europea".
   Werthmann ha subrayado la "buena cooperación" con las autoridades españolas durante la visita y se ha mostrado abierta a "incorporar la nueva ley" al informe, como ha reclamado el eurodiputado popular alemán Peter Jahr durante el debate y ha apostado porque los miembros de la delegación lo discutan en septiembre.
   La eurodiputada ecológica danesa Margrete Aucken, autora el informe crítico sobre urbanismo en España de 2009, ha subrayado "las preocupaciones" por posible incumplimiento del texto legal de varias directivas y ha lamentado que la nueva ley de Costas "no haya mejorado" los derechos de propiedad. "Todavía es una ley muy mala, la anterior no era tan mala para el medioambiente, pero no era aplicada", ha defendido.
   En cambio, Aucken ha criticado que la nueva ley tiene una parte "muy débil" para proteger el medioambiente y existe "confusión" sobre la seguridad jurídica de propietarios.
   El eurodiputado socialista Miguel Ángel Martínez, ha defendido la necesidad de encontrar en todo caso "el equilibrio entre los intereses particulares y la protección de la costa".

lunes, 1 de julio de 2013

Canarias, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias recurrirán la Ley de Costas ante el Constitucional

Las comunidades autónomas de Canarias, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias presentarán antes del 30 de agosto en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas de 1988, al entender que vulnera varios principios constitucionales.

"Hemos puesto en común nuestra preocupación. Vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad Asturias, Canarias, País Vasco, Andalucía y Cataluña", ha anunciado el consejero de obras públicas, transporte y política territorial de Canarias, Domingo Berriel en rueda de prensa.

Berriel ha explicado que la norma recientemente aprobada por el Parlamento viola el principio de igualdad ante la ley; algunos aspectos competenciales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y plantea algunas "retroactividades intolerables".

El representante canario ha señalado que, aunque las distintas administraciones autonómicas presentarán por separado el recurso, este lunes han mantenido una reunión en la que han concretado los aspectos comunes y la línea argumental. Además, ha destacado que las comunidades autónomas reunidas representan más de la mitad del litoral español y que están prácticamente de acuerdo en un 80 por ciento de sus argumentos.

Al encuentro han asistido, comisionados por sus respectivos consejeros el secretario general técnico y el director general de ordenación del territorio y urbanismo de Cataluña; por parte del País Vasco, el viceconsejero de Medio Ambiente y el director general de la Agencia del Agua; el subsecretario general técnico de Andalucía, y la jefa de servicios de gestión y disciplina urbanística de Asturias.

Concretamente el consejero canario ha calificado de "mala" la Ley actual porque no tiene ningún precepto que mejore, facilita o ponga en valor aspectos históricos del litoral o la economía local y porque vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que excluye a 12 núcleos poblacionales en la Península, que dejan de ser dominio público, y no se tiene en cuenta otros enclaves.

UNA LEY ARBITRARIA
"No se sabe por qué estos y no otros", ha lamentado, al tiempo que ha reclamado que la ley no amnistíe municipios concretos sino un régimen jurídico que se aplique por igual al conjunto del territorio. En cuanto a Canarias, considera que hay entre 60 y 80 municipios que necesitan un nuevo estudio.

Asimismo, asegura que la ley invade competencias autonómicas y municipales al reservarse la potestad de suspender una orden o permiso municipal cuando así lo considere. Esta sería la conocida como cláusula anti-Algarrobico, cuyo objetivo inicial es evitar que construcciones en el dominio público marítimo terrestre, como el caso del hotel en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

A su juicio, esta cláusula rescata "potestades de Gobernadores Civiles y jefes provinciales del Movimiento, cuando tenían la posibilidad de suspender cautelarmente, según su libre albedrío las resoluciones de los ayuntamientos" y ahora esa potestad la tendrán los delegados del Gobierno. "Eso nos parece una barbaridad", ha apostillado, al igual que las invasiones de las competencias de las comunidades autónomas, que tienen la ordenación del territorio y de la del litoral.

Por ello, a su juicio, la norma en cuestión "hace un ablación casi completa" al exigir que habrá dos años para que el Estado pueda decidir si un enclave debe ser urbano o no. En este sentido, ha dicho que Canarias ha preguntado sobre esta cuestión, recogida en la disposición adicional primera, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

"Hay varias invasiones competecenciales que no podemos dejar pasar por alto. Hay que preservar el modelo constitucional de respeto a las comunidades autónomas", ha defendido.

Finalmente, para el consejero esta ley va en contra del corazón del Estado para debilitar el reparto competencial y la descentralización. Berriel ha vaticinado que la Ley de Uso Sostenible y Protección del Litoral, en definitiva, no tendrá más futuro que su derogación.