LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

sábado, 31 de agosto de 2013

EL NEGOCIO REDONDO DEL ESTADO: vende parte de su patrimonio y lo repone confiscando a los ciudadanos europeos sus legítimas propiedades con la Ley de Costas. Así siempre tendrá un nuevo stock para sacar a subasta.

Imagen de la finca de La Almoraina / laalmoraina.es

Palacios, locales, terrenos... A la venta un 25% del patrimonio del Estado
El Plan Estatal de venta de activos inmobiliarios engloba viviendas, oficinas, solares, locales comerciales, fincas rústicas, edificios industriales, garajes, trasteros, inmuebles asistenciales y edificios singulares como la sede del la CNMV, valorado en 28,7 millones de euros
El programa impulsado por el Gobierno pretende deshacerse de todas estas propiedades públicas, entre las que se encuentran espacios naturales y edificios emblemáticos, en un periodo de tres años.

El palacio centenario, antigua sede de la CNMV, situado en el centro de Madrid, valorado en 28,7 millones de euros; la finca de la Almoraima en Cádiz, con una superficie de 14.109 hectáreas, dentro del Parque Natural de los Alcornocales o el antiguo edificio de Radio Televisión Española, también situado en Madrid, son algunos de los 15.135 inmuebles que el Gobierno ha decidido liquidar a través del Plan de ventas de inmuebles del Estado aprobado el mes de julio. El diario francés Le Monde se hace eco de adelgazamiento de activos públicos que llevará a cabo el Gobierno español y cuantifica la descapitalización inmobiliaria en una cuarta parte del total.
Este Plan que el Gobierno califica como "ambicioso"  se llevará a cabo en los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Entre los activos públicos a liquidar aparecen viviendas (1.869, más 6.906 del Ministerio de Defensa), oficinas (126), solares (382), locales comerciales (805), fincas rústicas (4.832), edificios industriales (19), garajes y trasteros (16), inmuebles asistenciales (6) y edificios singulares (98).
La gestión de estos inmuebles está repartida por varios ministerios, así los centros encargados de venderlos dependen de Hacienda, Defensa, Fomento, Interior, Trabajo o Agricultura.
Fuentes de Hacienda aseguran que este plan "no sólo sirve para la reducción del déficit público, sino sobre todo la puesta en valor de muchos inmuebles o propiedades que tenían un uso deficiente o no estaban siendo utilizados para nada". Hacienda no ha dado respuesta acerca de qué porcentaje del total de inmuebles propiedad del Estado representan estas más de 15.000 propiedades.
Moncloa señala que "dentro de esa cifra global, destacan las previsiones de venta del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa con 8.170 inmuebles, si bien 6.906 son viviendas que deben venderse siguiendo los cauces especiales de la Ley 26/1999, que prevé que aunque éstas tengan la condición de enajenables, deben ser ofertadas, en primer término, dentro del colectivo de las Fuerzas Armadas".
El plan también subraya que "los inmuebles que, como algunas viviendas o locales comerciales, se encuentran actualmente arrendados, se intentarán vender de forma preferente a los actuales inquilinos" y añade que "en todo caso, el Programa tiene un carácter abierto, siendo susceptible tanto de ampliación, mediante la incorporación de nuevos inmuebles a las operaciones de venta, como de reducción, si se decide la reutilización de inmuebles inicialmente destinados a la venta". El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, confirmó ! que la finca de La Almoraima $Cádiz) no tenía comprador"y aseguró que "no se va a malvender".
El encogimiento del patrimonio inmobiliario del Estado ya comenzó en 2012 cuando el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, encargó vender 100 edificios en el centro de Madrid con el objetivo de ingresar 2.000 millones de euros por aquellos inmuebles que estuvieran en desuso.

miércoles, 21 de agosto de 2013

La Fiscalía del Estado investiga la venta de arena de la duna a Gibraltar


La Fiscalía General del Estado ha incoado las diligencias informativas 49/13 tras la denuncia de la asociación ecologista Verdemar de fecha 17 de julio por un "supuesto delito de hurto agravado y otros por la introducción de arena de la duna de Valdevaqueros en Gibraltar". 

El fiscal de la Sala de Medio ambiente y Urbanismo, Germán Gutiérrez, firma el acuse de recibo el día 2 y la pasada semana llegó a la sede del colectivo conservacionista en San Roque. En la denuncia de Verdemar contra el Ayuntamiento de Tarifa y otros, expone que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural solicitó consulta sobre el proyecto Retirada de arena de la duna de Valdevaqueros y aportes en las playas de los términos municipales de Tarifa y Algeciras. Esta consulta sobre las posibles afecciones del proyecto a la Red Natura 2000 del Estrecho se está estudiando en ese organismo. 

La asociación ecologista indica en su texto original que en el proceso de información pública "se ha estado extrayendo arena de la duna de Valdevaqueros y vendiéndola en Gibraltar". Esa arena habría sido utilizada para regenerar playas ganadas al mar en la zona este del Peñón de Gibraltar, lo que Verdemar denunció en la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea. 

Los ecologistas añaden que según la documentación aportada, el Gobierno de Gibraltar asegura que sólo ha comprado "2.950,23 toneladas de arena de Valdevaqueros", aunque este grupo ha "tenido conocimiento de que por la frontera han entrado más toneladas de las que aseguran", indicando que los registros pueden rescatarse de la Policía de la Frontera de Gibraltar. Así mismo destaca Verdemar que para introducir arena de la duna de Valdevaqueros en Gibraltar "se ha tenido que falsear la documentación y la procedencia de la arena". Estos hechos han sido denunciados ante el Ministerio de Medio Ambiente y de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, sin tener ninguna contestación. 

"El hecho de que la Fiscalía General del Estado haya iniciado investigaciones por el supuesto delito de hurto agravado y otros es una buena noticia para el Medio Ambiente y para la defensa de un espacio protegido", indicó ayer el portavoz de Verdemar, Antonio Muñoz, quien solicitó que se depuren responsabilidades más allá de conflictos políticos puntuales. 

El ecologista aseveró que para introducir arena de la duna en Gibraltar, fue preciso falsear documentos y ocultar oficialmente la procedencia de esa arena, tal y como se especifica en la denuncia. Así mismo, destacó que "entre los supuestos implicados en la compra-venta de arena de Valdevaqueros podrían figurar empresas y autoridades españolas y gibraltareñas, que habrían preparado o aceptado documentos falsos. La investigación de los hechos debe favorecer la defensa de un espacio protegido y no intereses nacionales". 

El Gobierno de Gibraltar reconoció el pasado 15 de julio que como parte de un proyecto inicial de regeneración de la playa de Sandy Bay, firmó un contrato con la empresa Van Oord que debía suministrar arena de la duna de Valdevaqueros. Además, destacó que la empresa presentó pruebas de los permisos necesarios expedidos por el Ayuntamiento de Tarifa. El suministro de arena comenzó el 29 de abril y finalizó el 6 de junio. Durante este periodo apunta que se suministraron 2.950,23 toneladas de arena. Posteriormente, el Gobierno de Gibraltar optó por contratar a otra empresa para la provisión de 7.000 toneladas de arena procedentes de una cantera de arena y no de una playa.

La Fiscalía podría aprovechar para investigar la juerga que se trae Costas desde hace años con las arenas, áridos varios y machaqueos, en las regeneraciones y playas artíficiales. Puede que se llevara una gran sorpresa.

martes, 20 de agosto de 2013

La Caja vendió una casa en dominio público que ahora Puertos quiere derribar

Hace dos años, la Autoridad Portuaria de Las Palmas comenzó a recuperar para el dominio público y el uso portuario los terrenos junto a la Disa, en Arrecife, frente al Telamón, el barco maderero que hundió a principios de los años ochenta. En esos terrenos se habían ido levantando varias casas, la mayoría chabolas, de forma irregular y dentro de la zona de servidumbre, pegadas a la marea. Todas eran ilegales, o al menos no contaban con escrituras de propiedad. Todas menos una.

La Caja Insular de Ahorros de Canarias era titular de una de las casas que había obtenido por un embargo y la tenía inscrita como propiedad suya en el Registro de la Propiedad de Arrecife, a pesar de que estaba en zona de dominio público marítimo terrestre. Se la vendió a Pepe Díaz, que entonces trabajaba como depositario de la Caja de Ahorros.
Se hizo el correspondiente contrato privado de la compraventa pero cuando Díaz fue a registrar la casa no pudo. Y lo que no se explica es cómo pudo inscribir La Caja (ahora Bankia) la casa a su nombre y él no.
El caso es que incluso en la escritura de la casa aparece que se encuentra en zona urbana y también referencia catastral, aunque el catastro no había informado al Ayuntamiento de la existencia de la casa, sino que tuvo que hacerlo el propietario, que hace poco tiempo recibió una carta que le anunciaba que debía pagar el impuesto de bienes inmuebles.
Los años fueron pasando con esos inconvenientes pero sin más problemas. Díaz no vive en esa casa, no es su residencia habitual. Pero de repente la Autoridad Portuaria de Las Palmas decide recuperar esa zona y tirar la casa, junto con las demás.
La única que queda ya en pie es la suya y resulta que aunque no está registrada a su nombre es a él a quien le envían los requerimientos para el desalojo, al que se opuso, aunque ha acabado perdiendo la batalla judicial y recientemente le llegó la notificación de que el Juzgado ya ha autorizado a la Autoridad Portuaria a derribar el inmueble.
Díaz señala que tiene pensado ponerse en huelga de hambre para reclamar la casa o una indemnización si se la derriban y va a denunciar tanto al Registro de la propiedad, que permitió hace años que se inscribiera una casa que, aparentemente, no podía ser inscrita, y a Bankia por venderle una casa que no puede poner a su nombre.
Para la Fiscalía, venta nula
Díaz denunció el caso en la Fiscalía, que no apreció “hecho delictivo” pero sí que dejó claro que si se consuma el desahucio y derribo del inmueble por encontrarse en zona de dominio público, “la venta realizada por La Caja sería nula” al estar “fuera del comercio” los terrenos “comprendidos en la zona marítimo terrestre” y cabría una demanda judicial.

lunes, 12 de agosto de 2013

Costas revueltas

 ANTONIO ALONSO ORIHUELA (*)



Parece que la cosa esta revuelta. Tratándose de las costas canarias, sería mejor hablar de “revoltura” que es una palabra mejor aplicada en nuestro léxico.

Es tal el descontrol informativo, la desidia política, el conformismo del falso nacionalismo, las falsas promesas, y las hipocresías desmesuradas, que no sabemos cómo va a quedar las costas canarias, después de todo este vaivén de declaraciones, amenazas, y denuncias contra esta nueva reforma de la desafortunada ley de Costas de 1988.

Si a esto le sumamos la participación de los ecologistas con su informe anual, y las criticas del Parlamento Europeo (ese sitio donde vamos a pedir dinero) pues como resultado tendremos una marejada de despropósitos y de medias verdades, que al final, en el caso de estas últimas, se convierten en grandes falsedades.

Que las costas canarias, están muy construidas, es un hecho. Que nos sobran bloques, cierto. Pero que, quienes tenían que protegerla, mediante una norma estatal, en vigor desde 1988, han sido los verdaderos culpables del estado de las mismas, también es verdad, muchas veces, motivados por el interés económico, urbanístico, o turístico.

Como ejemplo de eso, citemos el caso los municipios del sur de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana o Mogán, con cientos de hectáreas de playas artificiales, destrozando el litoral natural, para hacer, playas de ensueño, explotadas mediante concesiones, por grupos hoteleros importantes, y autorizadas, en su mayoría, por un canario, José Fernández, antiguo director general de Costas, actualmente, director general de la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias. Raro, Raro, muy raro, es que aquel que defendía el acceso a la costa, permitió grandes trozos del litoral, privatizados, por hosteleros, donde colocar una toalla, en la arena, es casi imposible, entre la abundante marea de hamacas, tumbonas y sofás balineses, todo de pago y legal.

Igualmente extraño, o anómalo, es que la histórica guerrera del medio ambiente, la aludid de las hordas del ministerio en las costas, Cristina Narbona, hable ahora, de que la nueva norma es un retroceso y que invita a la especulación urbanística y a un nuevo boom del ladrillo, cuando ella, la que vino a tranquilizar a los vecinos de Cho vito, diciendo que no se quedarían en la calle, la que defendió en las Cortes que el hotel Algarrobico no estaba en domino público, en un parque natural y a quince metros del mar, la que defendió hoteles ilegales con sentencia firme de derribo en Lanzarote y Fuerteventura, la que regaló el dominio público (de todos) a Barcelona mientras confiscaba la propiedad privada a otros, la que defendía con uñas y garras el medio ambiente, es ahora consejera del consejo de seguridad nuclear….Cristi, quien te ha visto y quién te ve…Mejor, no hables, ni tú ni los históricos de tu partido, pues con una ley socialista, se han cometido los mayores desmanes urbanísticos en la costa. Curioso es, que sigan en pie… se ve que la ley no va con ellos. Un consejo, mejor calladitos...

Si nos vamos a la nueva ley, pues vemos que no soluciona nada, y si viene a añadir más confusión, en una norma, ya de por sí, muy complicada.

El PP, se ha metido en un mar con oleaje, y salir de él le va a costar caro, Eso sí, algo bueno si han logrado; han puesto de acuerdo a ecologistas, afectados por la ley, grupos minoritarios, la oposición política, y hasta al parlamento europeo, en contra de la Ley de Protección y Uso Sostenible de las Costas; por romper, han roto hasta la igualdad entre ciudadanos reflejada en nuestra carta magna, incluyendo, además, varias definiciones, no contempladas en nuestra Constitución, del dominio público marítimo terrestre; tantas como les haga falta: una para Formentera, otra para las Salinas. Parece, como si a la niña del Presidente, y a sus primos, primas, y demás allegados, les hubiera dado un golpe de calor, mientras se remojaban en cualquier playa del litoral español, redactando al mismo tiempo, esta reforma de la ley, que va camino de ser mucho peor que la anterior norma, cosa, ya de por sí, que me parecía imposible.

Mientras, el Parlamento Europeo, ha escuchado a los cientos de miles de afectados por la Ley de Costas, y al gobierno Español, en sus quejas, y explicaciones. El resultado de esta investigación, críticas a la anterior ley, y a la reforma de la misma. Para esta institución, son claramente insuficientes las mejoras, llegando a exponer en su informe, que el medio ambiente costero español ha sido motivo de especulación e irremediablemente destruido en extensos tramos, sobre todo a lo largo de la costa mediterránea y las islas, no por los individuos que poseían propiedades pequeñas, sino debido a la construcción especulativa que había tenido lugar durante los muchos años después de la original Ley de Costas de 1988, impulsado por la complacencia y, a veces las prácticas corruptas de las autoridades políticas.(Informe Wertmann sobre la Ley de Costas. Parlamento Europeo. Julio 2013) Lo curioso de este informe, es que aunque fue publicado en julio de este año, ningún medio nacional, ni local, lo han publicado, e incluso, las grandes organizaciones ecologistas, lo omitieron, claro, esta, no se puede estar a favor de la ley de costas de 1988, y denunciar que durante el tiempo en vigor de la misma, se ha destruido prácticamente el litoral. Eso, amigos ecologistas, no cuela en Europa.

A todo esto, el gobierno de Canarias, y los nacionalistas, están a media mar. Ni se mojan, ni se quieren mojar. Estancados, en el asunto de las competencias, sin dar, una respuesta clara al gobierno central, en el asunto de los núcleos costeros traiciónales.

Cientos de miles de canarios, con la amenaza del derribo, y nuestros políticos, se centran en la vulneración de competencias autonómicas. Ni siquiera tienen una constancia real, de los pueblos afectados, ni si tienen escrituras e hipotecas, si son su primera vivienda o no…simplemente, eso no les importa. Es cierto, que después del dramático derribo de Cho Vito, se han preocupado un poco más, pero siguen buscando más el discurso político tranquilizador, que la acción clara y determinante de defender nuestras costas.

Y los afectados. Esos, muchos de los cuales, ni si quiera saben lo que se les viene encima. Ellos son los verdaderos perjudicados, los que sólo aparecen en las noticias de los derribos, las imágenes con sangraza, propias del periodismo fácil, más preocupados de vender la imagen de las lagrimas, que de investigar la realidad de lo ocurrido.

Los afectados, son carnaza para abogados sin escrúpulos, para falsas asociaciones de afectados, totalmente politizadas, que cobran fortunas, y dan falsas esperanzas a aquellos, que están condenados, aún sin entrar en los juzgados.

Está la costa canaria revuelta. Quizás ese sea el motivo, por el cual, muchos canarios, nos vamos de vacaciones a las costas de Croacia, de Italia, de Grecia, y vemos esos pueblos costeros con encanto, con las casas pegadas al mar, tan pintorescos, e incluso nos preguntamos, si no podemos tener algo así en Canarias. ¿Hipocresía?

(*) Articulista y vecino de Candelaria