LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 17 de noviembre de 2013

El Gobierno lleva a la quiebra a ciudadanos y empresas con sus leyes retroactivas, pero va presumiendo de país seguro donde invertir

Mariano Rajoy: "La seguridad jurídica es requisito imprescindible para el progreso"


Ha debido de afectarle el jet lag o vive en otro país o no tienen decencia.
Esa frase del discurso no se atreve a decirla en el Parlamento Europeo después de haberse hecho públicas las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre los derechos de propiedad y la Ley de Costas de 1988 en España, incluida una visita de investigación a España, los días 21 y 22 de marzo de 2013:

En el proyecto de ley (Ley de Costas) se reconoció que habían surgido problemas en lo tocante a la seguridad jurídica de la propiedad que, a su vez, «suscitaron desconfianza y confusión».

Sin embargo, queda una consideración importante que todavía sigue, en parte, sin resolver, y que está relacionada con el propio derecho fundamental de la propiedad. En breves palabras, la cuestión enfrenta dos conceptos fundamentalmente opuestos de los derechos de propiedad: el Gobierno español no otorga la propiedad de las viviendas construidas en la zona costera, sino que las considera concesiones. Considerando que según la legislación de 1988 las concesiones duraban treinta años, a tenor de la nueva propuesta estas se ampliarían a setenta y cinco años en determinadas circunstancias. Los peticionarios, muchos de los cuales habían comprado su propiedad antes de 1988 o les había sido legada por su familia durante generaciones, consideran sin embargo que deberían conservar plenos derechos sobre la propiedad, atestiguados por los registros oficiales de venta de bienes raíces. Por lo tanto, los peticionarios encuentran inaceptable cualquier propuesta que se retracte de tales derechos adquiridos, tanto más teniendo en cuenta que sus efectos serían retroactivos.

Para concluir el debate, el Director General (de Costas) indicó que, en el pasado, la ausencia de seguridad jurídica había surgido en parte debido a los límites de la demarcación incorrectos, a los derechos de propiedad y a la acumulación en los registros de la propiedad y el Catastro.

Observaciones finales de la Comisión de investigación

Los miembros siguen preocupados por el hecho de que aún deben llevarse a cabo mejoras significativas en materia de derechos de propiedad y adquisición para poder respetar las normas comunes europeas.

Resulta deplorable que con esta revisión de la Ley de Costas no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad, un requisito imprescindible de todo mercado sostenible de la vivienda. Además, el hecho de que, en su caso, la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa (debido a la erosión costera o la construcción de un nuevo puerto deportivo, por ejemplo) genera una inseguridad adicional, pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana.

Los miembros tampoco tienen claro que se respeten plenamente algunas otras directivas de la UE.
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¿Puede Rajoy dar lecciones de seguridad jurídica, cuando siendo registrador de la propiedad aprueba una ley, la de Costas, que anula el Registro de la Propiedad con efecto retroactivo para poder confiscar las propiedades legales de los ciudadanos europeos con el único objetivo de un enriquecimiento ilícito del Estado?.... NO

¿Es España el Estado de Derecho fiable del que va presumiendo Rajoy en el extranjero?... NO

¿Existe seguridad jurídica en España?... NO

La conclusión es clara: invertir en España es jugar a la ruleta rusa. 

martes, 12 de noviembre de 2013

Costas, condenada a pagar 185.100 euros a una empresa

POR CAMBIAR UN DESLINDE


Los intentos de la compañía por construir en Tabaiba Baja dieron lugar en 2008 a una fuerte oposición vecinal

La Audiencia Nacional ha condenado a la Dirección General de Costas en Tenerife a indemnizar con 185.100 euros a la empresa Deo Volente Sur SL , propietaria de una parcela situada en El Rosario, y más concretamente en Tabaiba Baja, por el cambio de criterio del organismo estatal sobre el deslinde en este tramo de la costa.
Este hecho supuso que la compañía no pudiera edificar en una parcela con el consiguiente perjuicio económico que le supuso, pese a que Costas, el Gobierno canario y el Ayuntamiento habían informado favorablemente al proyecto. Los intentos de construir en este punto del litoral por parte de la compañía dio lugar en 2008 a una fuerte protesta vecinal ya que las obras impidieron el acceso de los usuarios a las playas.
Estos encontronazos fueron noticia en los medios de comunicación durante varias semanas y concluyeron con la paralización de las obras tras quedar afectadas por el nuevo deslinde. A partir de aquí la compañía optó por acudir a los tribunales al considerar que Costas cometió un “error reiterado”, lo que dio lugar a una serie de planes urbanísticos, licencias y proyectos de obras que, según decían, afectaron a los derechos consolidados de propiedad.
Todo ello derivó en una pérdida en el valor de la parcela, por lo que la compañía pedía ser indemnizada con 1,7 millones, una cifra que ha sido rebajada notablemente. La entidad adquirió en 2006 un solar de casi 1.800 metros cuadrados por algo más de medio millón de euros que no estaba afectado por el deslinde aprobado en 1969.
Incluso Costas llegó a informar favorablemente el proyecto para construir 14 viviendas en este enclave y en el mismo sentido se pronunció la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario y el Ayuntamiento de El Rosario.
Denuncias por el acceso al litoral
Sin embargo, en 2008 comenzaron a sucederse las denuncias vecinales dado que las obras estaban impidiendo el acceso a las calas, por lo que la Plataforma en Defensa del Litoral de El Rosario solicitó la paralización de los trabajos. Durante varios meses fueron constantes los encontronazos entre los usuarios de la playa del Moro y las fuerzas de seguridad por los intentos de los primeros de acceder libremente a las calas. 
Pese a que existieron acuerdos para que los trabajos se realizaran sólo en los meses de invierno, finalmente la promotora prefirió acelerarlos y los llevó a cabo en verano, cuando más bañistas acudían a este punto del litoral. Un año más tarde Costas cambió el deslinde de manera que la práctica totalidad de la parcela quedó integrada como dominio público y, por lo tanto, se prohibían los usos residenciales.
La empresa finalmente optó por acudir a los tribunales, mientras que Costas se defendió indicando que el deslinde había sido impugnado por la propia compañía y, por lo tanto, tachaba de “prematura” su pretensión. Sin embargo, finalmente en 2012 una sentencia le daría la razón al organismo estatal frente a la constructora.
Costas se defendió indicando que el responsable de conceder la licencia había sido el Gobierno canario, argumento que no prosperó ante los tribunales, aunque el fallo es recurrible ante el Supremo.
SENTENCIA
Da la casualidad que el primer dueño del terreno, harto de las trabas que le pusieron para poder construir, se lo vendió a un antiguo jefe de Costas, Mariano González Becerra, que consiguió todos los permisos sin ningún problema. ¿Casualidad?

viernes, 8 de noviembre de 2013

El deslinde de El Saler tiene aún nueve recursos en el Tribunal Supremo

El propietario de una vivienda de la Casbah que ha conseguido que el Tribunal Supremo siembre al menos dudas sobre los deslindes de El Saler ha pedido al Ayuntamiento de Valencia que negocie con el Ministerio de Medio Ambiente una solución para las construcciones que han quedado dentro del espacio público marítimo terrestre. Aunque está convencido de que puede ganar el litigio en los tribunales, recuerda que sólo en el Supremo hay una maraña judicial con nueve recursos pendientes.
El portavoz de la mercantil Miratres S. L., propietaria de una vivienda en Casbah, cree que el Tribunal Supremo no ha entrado en el fondo de la cuestión al devolver el caso a la Audiencia Nacional para que decida si los 3.900 metros de costa que van desde el Camino de la Rambla hasta la Gola de Pujol protegen realmente un cordón dunar o se han excedido protegiendo "depósitos de materiales sueltos". "Aquí el problema es la retroactividad con la que se ha aplicado la Ley de Costas de 2008, algo en lo que no ha entrado el Supremo", dijo.
Este propietario recuerda que la Casbah, donde hay 79 viviendas, cumple todos los requisitos de la ley de 1969, que era la vigente cuando se construyó. Ha sido bendecida, así mismo, por un deslinde realizado posteriormente que no se aplicó y cuenta con todos los informes favorables. "Pero vino Narbona -ministra de Medio Ambiente con el Gobierno socialista- y lo alteró todo", creando una nueva ley y trazando unos deslindes que en la práctica son una aplicación retroactiva de la misma.
Sobre este asunto incluso la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo les ha dado la razón a los propietarios, dice la fuente, que lamenta que el Supremo no haya valorado este problema de "inseguridad jurídica".
Es por ello por lo que este propietario está convencido de que el pleito con el Gobierno terminarán ganándolo, "si no en el Supremo en el Tribunal de Estrasburgo", porque "la razón tiene mucha fuerza".
El proceso judicial, sin embargo, es muy farragoso, con pleitos en distintas instancias y al menos 9 recursos sólo en Tribunal Supremo.
Para salir de esa maraña, este propietario contempla también la posibilidad de que el Ayuntamiento, que "ya llegó a un acuerdo para el otro tramo deslindado entre la Gola de Pujol y el Perellonet", haga lo mismo en este caso. "La calle Gola de Pujol es tan de Valencia como la calle Colón y el ayuntamiento tiene la misma responsabilidad de defenderla".

El Supremo anula un deslinde de terreno en El Saler

El Tribunal Supremo ha anulado un deslinde de terrenos de 3.900 metros de costa entre el camino de la Rambla y la gola de Puchol, en las inmediaciones de El Saler, en Valencia, que fueron considerados bienes de dominio público marítimo-terrestre a finales de 2007.
Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se estima el recurso de casación interpuesto por varios propietarios de forma que se anula la sentencia de abril de 2010 y se ordena que se repongan las actuaciones y que se dé traslado a las partes para que aleguen cuanto estimen conveniente sobre la pertenencia de los terrenos objeto de litigio.
Estos propietarios defendieron, en contra del criterio del Ministerio de Medio Ambiente, que los terrenos y la vegetación sobre los que se asientan las urbanizaciones cercanas al Sidi Saler y los conocidos como chalets de la Casbah son propios de monte, y no de zona de dunas, como se arguyó para acometer el citado deslinde.
Así, se constata que los terrenos no reúnen las características de dunas litorales, sino que se trata de una zona forestal que actúa como manga de separación entre la Albufera y el mar y pertenecientes al monte denominado Dehesa de la Albufera, que fue cedido por el Estado al Ayuntamiento de Valencia en 1911 y catalogado posteriormente como monte de utilidad pública.

La Audiencia Nacional anula el deslinde de Ampuriabrava

Finalmente cabe añadir, que si bien esta Sala ha conocido con anterioridad de diversos recursos interpuestos contra la misma Orden de deslinde de 23 de diciembre de 2010 aquí impugnada y los ha desestimado, en ninguno de dichos recursos se había invocado la caducidad del procedimiento de deslinde, que se esgrime ex novo en el presente procedimiento.

Apreciada, como se ha hecho, la caducidad del procedimiento de deslinde seguido para dictar la resolución recurrida que, tal y como expresa nuestra sentencia de 13 de mayo de 2013 afecta a la totalidad del deslinde, pues todo el tramo de costa objeto de deslinde fue objeto de recurso fallado (FJ 1), al haberse superado el plazo previsto legalmente para su tramitación y resolución ya a la fecha en que esta fue dictada, procede resolver de conformidad con lo resuelto por esta Sala en el precedente trascrito, anulando la resolución recurrida.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional , procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, al no apreciarse que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho.

FALLAMOS
ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Jacobo García García, en nombre y representación de FECORMASA SL, contra la resolución de fecha 30 de enero de 2012, dictada por el Secretario General Técnico por delegación del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 2010, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos cuarenta y siete mil ochocientos seis (47.806) metros de longitud, en la Marina interior de Empuriabrava, en el término municipal de Castelló d'Empúries (Girona), que se anulan por no ser conformes a Derecho.

Se condena al pago de las costas causadas a la Administración demandada.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Notifíquese a las partes la presente sentencia con indicación de que no cabe contra ella recurso de casación.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública. Doy fe. Madrid a 
LA SECRETARIA JUDICIAL

jueves, 7 de noviembre de 2013

El alcalde de Benicarló apoya la querella de vecinos de la costa norte contra su partido

El munícipe exige que se actúe en el litoral para frenar la agresiva erosión. Acepta denunciar al Gobierno del PP porque “hay que mirar por la ciudad”

El alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, apoya la intención de la Asociación de Vecinos de las partidas Riu, Surrach yAiguaoliva de ampliar la querella que presentaron hace algo más de dos años contra los responsables de Costas (dirigida por aquel entonces por el PSOE), a los dirigentes del actual Gobierno del PP.
Domingo, si bien es alcalde por las filas populares, ha sido crítico con la política de su partido en referencia a su postura con la problemática de la costa norte. “Entiendo la decisión de la entidad porque es cierto que la Administración central ha hecho pública en reiteradas ocasiones su intención de actuar en la zona para frenar la regresión pero, hasta ahora, no ha hecho nada”, señaló en munícipe, a la vez que apuntó que su deber como primer edil es “mirar por defender los intereses del municipio”.
Domingo aseguró que ve con buenos ojos que el colectivo haya optado por ejercer medidas de presión, como la de acudir a los tribunales, encaminadas a conseguir su propósito, que no es otro que el Estado, “independientemente del color político, cumpla con la obligación de poner en marcha los medios y actuaciones pertinentes para prevenir la degradación y asegurar la adecuada conservación e integridad del dominio marítimo terrestre, tal como se contempla en los artículos 1 y 2 de la Ley de Costas”.
Precisamente, la omisión de esta responsabilidad fue la que llevó a los ciudadanos, en abril del 2011, a presentar una querella ante el juzgado de instrucción número 2 de Vinaròs en la que denunciaban a la administración socialista por prevaricación y que, ahora, en menos de 10 días, incluirá al gobierno popular, argumentando las mismas causas.
“La ley nos ampara y si no se lleva a cabo la obra, vamos a seguir adelante con las acciones jurídicas”, aseguró el presidente de la plataforma, Manuel Roca.

miércoles, 6 de noviembre de 2013

Los vecinos de la costa norte de Benicarló incluirán en su querella a los dirigentes del PP

La primera denuncia por "prevaricación" contra los responsables socialistas de Costas sigue activa en los juzgados

La Asociación de vecinos de las partidas Riu, Surrac y Aiguadoliva de Benicarló ampliarán la querella presentada en su día contra la dirección general de Costas a los dirigentes del actual gobierno del Partido Popular. Los propietarios denunciaron en abril de 2011 ante el juzgado de instrucción número 2 de Vinaròs a los responsables de la administración socialista por la falta de interés en solucionar los problemas de regresión en la costa norte. 


En ella acusaban a los responsables de la Dirección General de Costas de "prevaricación". El juzgado admitió a trámite la querella en su día y llamó a declarar a varios de los responsables de Costas en la etapa socialista. Ahora, junto a sus nombres, estarán los responsables del área del gobierno de Mariano Rajoy.

Para el presidente de la plataforma vecinal, Manuel Roca, el actual gobierno "se ha limitado a hacer anuncios ante los medios de comunicación sobre su intención de llevar a cabo las obras pero sin llegar a hacer nada". "Los únicos trabajos que se van a llevar a cabo previsiblemente serán pedazos y no los trabajos de protección integral que reclamamos desde la asociación por eso en un plazo de 10 días presentaremos la ampliación de la querella", indicó el portavoz del colectivo. 
Así las cosas, Roca considera que "tensar la cuerda" es la única solución para empujar al ejecutivo a actuar. "Hemos visto que sin tensar la relación no conseguimos nada, así que vamos a presionar y a ver si conseguimos que actúen, ya que el compromiso que adquirió el gobierno de Rajoy era acabar las obras en 2015, no comenzarlas entonces", espetó Roca. 

Los vecinos denunciaron a Costas al considerar que no han cumplido con los artículos 1 y 2 de la ley de Costas, que contemplan la obligación del Estado de asegurar la adecuada conservación e integridad del dominio marítimo terrestre, adoptando las medidas de protección y restauración necesarias. Unas medidas que en el caso de Benicarló nunca han llegado y que desde la ampliación del puerto de Vinaròs en los años 90 son más que necesarias ya que, año tras año, la acción del mar ha ido erosionando el litoral produciendo graves desperfectos en propiedades privadas llevándoles a una "situación insostenible e incomprensible". En este sentido, los vecinos recuerdan que la ley de Costas "obliga al gobierno a actuar dentro del dominio público".

domingo, 3 de noviembre de 2013

El gobierno español necesita 4 meses para certificar que Guadalajara no tiene costa



El ejecutivo del PP del Estado español queda retratado al contestar una pregunta, formulada por el PSOE, simple y vacía de sentido

La farragosa burocracia y lentitud de la administración pública española que ya criticaba Mariano José de Larra en su famoso artículo costumbrista ' Vuelva usted mañana 'parece haberse trasladado al Congreso de los Diputados español. El gobierno de España ha quedado retratado para contestar una pregunta simple y vacía de sentido 4 meses después de ser formulada por el grupo socialista. Los diputados del grupo parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos Meco y Magdalena Valerio Cordero, preguntaron el mes de abril como afectaría la Ley de Costas a la provincia de Guadalajara. 
4 meses más tarde han obtenido respuesta por parte del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a través del BOCG (Boletín Oficial de las Cortes Generales) . Aquí la respuesta: "La provincia manchega se encuentra a más de 300 kilómetros de la costa, por lo tanto no está afectada por la Ley de Costas" . Este hecho ha sido fuente de burlas en las redes sociales, donde se han podido leer comentarios que reflexionaban con tono irónico cuánto tiempo tardaría el ejecutivo del PP español en dar respuesta a preguntas más complejas.