LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 28 de enero de 2014

La Audiencia Nacional obliga a Costas a indemnizar por el derribo injusto de una vivienda

Esta es la historia
José Ramón Quiroga, pequeño empresario constructor, decidió hacerse casa en una parcela familiar de San Miguel de Oia, en Vigo, sin licencia municipal, con solo unas garantías de que el terreno sería recalificado por el plan general de urbanismo, cuya aprobación se hacía en 2006 inminente. En septiembre de ese año, el Seprona le paralizó la obra por encontrarse a unos 50 metros del mar, “dentro de la zona de servidumbre de Costas, que es de 100 metros”. La denuncia se tramitó al Servicio Provincial de Costas, que a su vez la remitió en diciembre a la Delegación Provincial de Protección do Litoral de la Xunta, en un expediente sancionador que paralizó la instrucción penal paralela por un delito contra la ordenación del territorio.
Después de más tres años de calvario judicial, Quiroga pactó una pena rebajada con la fiscalía: seis meses de prisión, inhabilitación profesional, multa, demolición de lo construido y devolución del suelo a su estado anterior, rasantes incluidas. En enero de 2010 la sentencia estaba plenamente ejecutada y, un año después, en febrero de 2011, el Servicio de Costas de Pontevedra comunicó a Quiroga su “rectificación de un manifiesto error de hecho”: el linde de protección en la zona de marras, donde él se hacía la casa, estaba a 20 metros del mar, y no a 100 metros, por haberlo aprobado así la Dirección General de Costas en enero de aquel 2006, ocho meses antes de la denuncia del Seprona. Cristina Paz-Curbera, responsable de Dominio Público y del propio Servicio Provincial de Costas, según parece, no se enteró. Tampoco la fiscalía.
Quiroga atribuye a Costas, por error o negligencia, la responsabilidad de su quebranto, que cifra en 194.636 euros y quiere reclamar al Ministerio de Medio Ambiente. Para ello necesita el número del expediente que le abrió Paz-Curbera con la denuncia del Seprona, pero que esta, pidiendo tiempo para su aterrizaje en la jefatura provincial, se niega a facilitarle. El “error” fue reconocido de oficio por el anterior jefe de Costas, Cristóbal Fernández. Pero Quiroga ya ha tenido que recurrir al juzgado para no perder, por silencio administrativo, los derechos que reclama.
Esta es la sentencia
CONDENAR a la Administración General del Estado (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente) a indemnizar a la actora en la suma de 194.635 euros; cantidad que será incrementada en los intereses legales a contar desde el 29 de mayo de 2010.
Por mucho que le paguen, no hay dinero que pueda resarcirle del calvario que ha sufrido. 
Sólo quien padece la persecución de Costas, puede comprender el sufrimiento de años que conlleva un deslinde. La presunción de inocencia desaparece junto con la propiedad. Esto no ocurre en ningún país civilizado del mundo.

lunes, 27 de enero de 2014

Benzú se movilizará para defender sus viviendas

Los vecinos de Benzú se reunieron ayer para conocer las opciones que les planteó la consejera de Fomento, Susana Román, a los representantes de la barriada con los que se entrevistó el pasado jueves. En este encuentro, Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui, de Caballas, actuaron como portavoces y trasladaron a los vecinos cómo está la situación, además de las alternativas legales que tienen para recurrir los expedientes. Además, desde los miembros del partido anunciaron que pedirán al Gobierno durante el próximo pleno de la Asamblea que exija a Delegación la paralización de los trámites de expropiaciones en Benzú. 

La presidenta de la plataforma de vecinos, Rahma Mokhlis, cuenta como el sentimiento entre los propietarios de Benzú es de “indignación”. Para ellos, estos trámites de expropiación para derribar algunas de las viviendas de la barriada forma parte de “una estrategia” para ir desalojando a todos los vecinos poco a poco y desarrollar un proyecto urbanístico en la zona. Por eso, los vecinos no están dispuestos a ceder ni una casa. “Esto va a ir por fases y sabemos que nos van a tirar a todos las viviendas”, advertía ayer Mokhlis.

La presidenta de la plataforma explica como los vecinos tienen documentos que acreditan que sus viviendas son legales y se han mantenido en pie generación tras generación. Muchos cuentan con la autorización de uso de dominio público.

Los propietarios de las viviendas que han recibido un aviso por parte de Delegación entienden que hay una Ley de Costas que se debe cumplir, lo que no quieren es abandonar su barriada y no comprenden por qué ellos no tienen cabida en el plan de urbanización para esta zona, según denuncia Mokhlis. Román les trasladó el jueves que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) conllevará cambios, pero serán a largo plazo.

Desde la plataforma de vecinos están convencidos que quieren ir desalojándolos poco a poco para que no armen ruido. Lamentan que los quieran llevar a Loma Colmenar para “crear un gueto” y avisan de que no se van a quedar tranquilos. “Somos una barriada al completo y vamos a movilizarnos”. Para ello, ya han solicitado los permisos pertinentes a Delegación del Gobierno y avisan que, aunque sólo quieran tirar unas pocas casas, “no van a poner la otra mejilla”.

“De la barriada no se va a mover nadie, nos quedaremos con los niños y los mayores, aunque sea en tiendas de campaña”, aseguraba ayer la presidenta de la plataforma. Para ellos, la única solución es que se paralicen los expedientes y que se ponga en marcha un proyecto en Benzú, en el que se cuente con los vecinos de la barriada.

Mokhlis entiende que prevalece el derecho a la vivienda, que cumplir con una ley que pondría en riesgo de quedarse en la calle a muchas familias afectadas por la actual normativa.
http://www.elpueblodeceuta.es/201401255102.html

No van descaminados los vecinos de Benzú. En el proyecto ya se anuncian de manera clara y contundente:
"El área de Benzú desaparece y son colonizados por los espacios abiertos. En sus propias ruinas esta nueva situación se da forma"


La ONU prohibe los desalojos masivos para especular con los terrenos. A ver si se entera nuestro Gobierno de una vez. 

sábado, 11 de enero de 2014

Unos 100 municipios esperan poder seguir en la costa y no ser demolidos

Un centenar de municipios están a la espera del informe que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente deberá emitir antes del 1 de abril de 2015 y que dictaminará si podrán seguir en la costa y, así, evitar ser demolidos de acuerdo con la Ley de Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas, que entró en vigor antes del verano.
   Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno y dirigida al portavoz de Medio Ambiente del PSOE, José Luis Ábalos, después de que éste cuestionara al Ejecutivo sobre el número de municipios españoles que, acogiéndose al amparo de una disposición de la Ley de Costas, han solicitado poder permanecer en la costa sin ser derruidos y regular su situación de manera definitiva.
   De acuerdo con la reforma de la Ley de Costas, los municipios que tengan parte de su suelo en dominio público hidráulico pero que cuando se aprobó la Ley de Costas de 1998 cumplieran ya una serie de requisitos aunque sin estar clasificados como suelo urbano, podrían acogerse a dicha disposición.
   Concretamente, los requisitos que deberán cumplir los municipios con planeamiento (en 1988) son que los terrenos que bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación.
   También podrán acogerse a esta disposición los municipios sin planeamiento con terrenos que, en julio de 1988, o bien contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad de su superficie.
   Según la reforma de la Ley de Costas, estos municipios disponían de un plazo de tres meses, que expiró el 1 de octubre, para acogerse a esta disposición. Ahora el Gobierno tiene 18 meses para estudiar si estos se ajustan a las características de esta disposición y no tienen por qué ser demolidos. En caso de que en ese plazo el Ministerio no emita un informe favorable, se entenderá que la respuesta a su continuidad es positiva.

LISTA DE MUNICIPIOS

   En la citada respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, el Gobierno precisa que, a fecha de 15 de octubre, son 100 municipios los que han solicitado la aplicación de la disposición transitoria de la ley.
   En la provincia de Alicante estarían Denia y Villajoyosa; en Almería, Roquetas de Mar; en Asturias, Ribadesella, Tapia de Casariego y Valdés; en Baleares, San Joan de Lebritja y Santa Eulalia del Riu; en Cádiz, Rota, San Fernando y Barbate; en A Coruña, Ares, Boiro, Camariñás, Carballo, Cedeira, Fene, Ferrol, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Miño, Mugardos, Muros, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal y Ribeira.
   Mientras, en Gipuzkoa, se han acogido a esta disposición Astigarraga; en Las Palmas, Agaete, Agüimes, Antigua, Arucas, Galdar, Haría, Ingenio, La Oliva, Moya, Pájara, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, San Nicolás de Tolentino, Santa Lucía, Santa María de Guía de Gran Canaria, Teguise, Telde, Tinajo, Tuineje y Yaiza.
   En la provincia de Lugo se encontrarían Cervo y Xove; en Málaga, Manilva; en Pontevedra, Baiona, Catoira, Gondomar, Illa de Arousa, Marín, Meaño, Nigrán, O Rosal, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa y Vilanoba de Arousa; en Cantabria están a la espera, Escalante, Piélagos y Polanco; a su vez, en Tarragona, Vila-seca.
   En cuanto a Santa Cruz de Tenerife lo han solicitado Adeje, Arafo, Arico, Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, El Rosario, Fasnia, Frontera, Garachico, Guía de Isora, Güimar, Icod de los Vinos, La Laguna, Los Realejos, Los Silos, Matanza de Acentejo, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte, Tazacorte, Valle Gran Rey, Vallehermoso, Valverde, Victoria de Acentejo y Villa de Mazo.
   Precisamente, en una reciente entrevista a Europa Press, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, aseguró que la modificación de la Ley de Costas "no es una amnistía de nada".
   "Niego la mayor. No sé de dónde sale el término amnistía en la Ley de Costas", enfatizó, porque, según agregó, es una ley para que los que tengan una situación concreta puedan ordenarse, pero el que quede fuera y esté en dominio público sin tener título que le habilite, "tendrá que salir" del dominio público y todas las sentencias firmes de demolición tendrán que ejecutarse.
   Sobre esta cuestión, trasladó las críticas al principal partido de la oposición, al decir que es "fácil llamarlo amnistía por parte de quien ha tenido responsabilidades de Gobierno y no ha hecho absolutamente nada más que mirar a otro lado" ni quiso corregir esa situación.

Muchos de estos municipios, algunos con núcleos centenarios, ya eran urbanos antes de 1988, pero llegó Costas y decidió que mandaba más que nadie y que lo legal pasaba a ser ilegal para conseguir los terrenos a coste cero... y todos callaron, ¿por qué? 

miércoles, 1 de enero de 2014

El gol que Felipe Gonzalez metió a Margaret Thatcher con la Ley de Costas

1989 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO MONTESINOS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN POPULAR, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA MEDIDA, ADEMAS DEL JUSTO PRECIO, QUE COMPENSE ECONOMICAMENTE A LOS RESIDENTES EXTRANJEROS PROPIETARIOS DE INMUEBLES EN EL LITORAL ESPAÑOL, QUE SERÁN EXPROPIADOS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS?

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Montesinos García. Tiene la palabra el señor Montesinos. 

El señor MONTESINOS GARCIA: Gracias, señor Presidente. 
Señor Ministro de Obras Públicas, según una información aparecida en el "Sunday Times", el 12 de marzo, más de medio millón de ciudadanos británicos se verán afectados por la posible expropiación de inmuebles de su propiedad. 
De ahí la pregunta: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida, además de pagar el precio justo, que compense económicamente a los residentes extranjeros propietarios de inmuebles en el litoral español, que serán expropiados por la aplicación de la Ley de Costas? 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montesinos. Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas. 

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO (Sáenz Cosculluela): Señor Presidente, señoría, me causa extrañeza que, habiendo leído esa noticia, no haya tenido conocimiento del comunicado que, como respuesta leo, que fue divulgado por el Ministerio de Obras Púíblicas y Urbanismo: En relación con las informaciones publicadas recientemente en diversos medios de comunicación británicos, relativas a una hipotética nacionalización o expropiación de las residencias veraniegas propiedad de ciudadanos británicos en el litoral español, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas, se hace público el siguiente comunicado:
  • Uno. El Ministerio de Obras Públicas y urbanismo desmiente rotundamente que la Ley de Costas implique la nacionalización o expropiación de propiedad alguna de ciudadanos españoles o extranjeros. Sólo aquellas edificaciones que carezcan de todo soporte legal se verán afectadas por los oportunos expedientes sancionadores, según el procedimiento legalmente establecido y con todas las garantías procesales para los interesados. La Ley de Costas arbitra mecanismos para la legalización de construcciones realizadas en la zona de dominio público marítimo-terrestre, así como salvaguarda las edificaciones construidas de acuerdo con la legislación anterior. 

  • Dos. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo -sigue diciendo el comunicado- afirma que una lectura objetiva y rigurosa de la Ley de Costas no puede llevar a declaraciones como las que se han hecho públicamente, por lo que no puede dejar de constatar y lamentar profundamente que se estén produciendo por parte de algunas personas con determinada representatividad -obviamente el comunicado es anterior a la pregunta y no es S. S. el aludido- campañas que tienden intencionadamente a generar una confusión en la opinión pública.

25 años después, se confirma todo cuanto anunció el "Sunday Times". Los ciudadanos europeos han visto confiscadas sus propiedades.