LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

viernes, 28 de febrero de 2014

“Del barrio de Benzú, ¡no nos moverán!”

(foto JPGAMERO)

Corría el año 1954 cuando la familia de Akali compró por 6.000 pesetas en Benzú la casa que continúa siendo su hogar. Ahmed dispone de archivos que documentan la presencia de sus parientes en su parcela desde 1930. Hay linajes centenarios como el de Abdelila, quien demuestra con expedientes militares que ya estaban en la barriada en 1916. Éstos son solo tres de los testimonios que pudieron escucharse durante la manifestación convocada por la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas en Benzú que discurrió ayer de forma pacífica entre el Palacio Autonómico y la Delegación del Gobierno en contra del derribo de unas 15 viviendas, si finalmente la Administración resuelve que éstas ocupan el dominio público.  
    
Tanto los vecinos a los que se les ha incoado expediente de recuperación posesoria de ese espacio marítimo terrestre como aquellos que contemplan la posibilidad de recibirlo de acuerdo con las directrices del Área de Fomento, se echaron a la calle para dejar claro que Benzú no se vende, se defiende, como rezaba la pancarta principal que aglutinó a unas 350 personas, según los cálculos de la Policía Nacional, y 450 de acuerdo con los datos de la organización. 

Un movimiento que reunió a personas de otras barriadas, partidos políticos y asociaciones, aunque criticaron la ausencia de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), la cual interpretaron como una “falta de apoyo”. Quienes sí respaldaron la reivindicación fue el grupo de parados que protagoniza la protesta diaria frente a la Asamblea en contra de la “falta de oportunidades de las barriadas de la periferia”. Por otra parte, algún líder de la oposición llegó a colocarse en la primera línea de la comitiva a pesar de que la movilización surgía de los propios vecinos.  
Rahma Mokhlis, presidenta del colectivo de afectados y de Benzú, reiteró ayer que nunca dejarán su barriada; rechazó el realojo en Loma Colmenar de las 25 familias afectadas porque hay otros ciudadanos que realmente lo necesitan; e instó a cumplir las “promesas” urbanísticas “incumplidas” como fue el caso del proyecto Europan 8.
Ashma, junto a la portavoz vecinal, sostuvo un cartel en el que se leía ¿Deslinde del 69? Mucho Fomento, poco fundamento. “La Delegación pretende aplicar un deslinde según una ley derogada”, denunció Mokhlis en relación a la Ley de Costas de 1969, a la cual sustituyó la del 88 y en 2013 se aprobó una nueva modificación que suaviza la protección. 

En la mañana de ayer, indicó Ahmed Amar, portavoz de la Plataforma, registraron “por tercer vez” un escrito por el cual solicitan a la Delegación del Gobierno que les “facilite la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la cual entraría en vigor el deslinde” porque, sostuvieron, esa orden ministerial nunca fue publicada y, por tanto, no tendría efecto. Agradecieron que la representación de la Administración General del Estado les haya remitido el boletín sobre una notificación a las construcciones de Benzú en 1984.

Un portavoz de los letrados que representan a los afectados por la Ley de Costas se quejó del “oscurantismo” que envuelve la explicación del Área de Fomento sobre la vigencia de la norma y el momento a partir del cual se aplica la Orden Ministerial de mayo de 1985, en la cual se basa para incoar los expedientes. “La costa ceutí está sin deslindar, le faltan 7 ó 5 kilómetros”, añadió el abogado.

Amar señaló que están dispuestos a llegar a los tribunales en la defensa de sus viviendas y recordó que cuentan con la asistencia jurídica gratuita que les brinda la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, que ya ha remitido una queja al respecto al Europarlamento y se mantienen a la espera de confirmar si es aceptada a trámite.  
Adaptando la canción de Verano Azul a su problemática, tararearon Del barrio de Benzú, no nos moverán avanzando durante dos horas por las calles del centro, de la Gran Vía a la Plaza de los Reyes, hasta alcanzar la Delegación del Gobierno. Como ocurriera en la serie de televisión, los vecinos avanzaron que se harán fuertes para evitar su demolición y comunicaron que organizarán más movilizaciones.

jueves, 27 de febrero de 2014

Ley de Costas (políticamente incorrecto hablando) Antonio Alonso Orihuela

En toda cuestión importante, existen siempre aspectos de los que nadie quiere hablar. Y si nos referimos al espinoso tema de la ley de Costas, y el experimento de reforma sucesivo, esos aspectos, se convierten en secretos de Estado, que, en caso de ser desvelados, lograrían sonrojar a toda la maraña de políticos, actuales y pasados; no porque lo ignoraran ellos, sino porque salieran a la luz, tal cantidad de despropósitos. 

Muchos de los ideólogos costeros, padres de la criatura (dícese ley de Costas) que actualmente, se dedican a enriquecer su jubilación, dando conferencias sobre las virtudes de su creación, allá donde los llamen, hacen referencia a las décimas de Alfonso X, el sabio como la primera norma para las costas y su dominio público, al citar textualmente,” Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que bien [viven] en este mundo, son estas: el ayre e las aguas de la lluvia, e el mar, e su ribera”. 

La utilización de esta cita literaria, por parte de este conjunto de intelectos costeros, es claramente sesgada e interesada, pues en las mismas décimas aparece lo siguiente:” “Cualquier criatura que viva, puede usar de cada una de estas cosas según necesite y por ende toda persona se puede aprovechar de la mar y de su ribera, pescando o navegando y haciendo todas las cosas que entendiera en su pro. Pero si en la ribera de la mar hubiera casa u otro edificio cualquiera, que sea de alguien, no se debe derribar, ni usar de ninguna manera sin el permiso de quién lo hizo y en caso de que lo derribase el mar u otro o se cayese él, cualquiera podría hacer otro edificio en aquel lugar”. Claro está, que esto último, lo omiten. 

Los defensores de la ley de Costas, no quieren hablar, que realmente esta norma es una burda copia de un proyecto franquista de 1968, que fue rechazado en aquellos tiempos, por tener un marcado carácter confiscatorio. Pero, años después, en un desmesurado intento de proteger nuestra costa, fue recuperado, (lo que hoy llamamos un corta y pega) modificando lo justo, para disfrazar la nueva norma, dotándola de un carácter proteccionista, medioambiental, y claramente retroactivo, eliminando, eso sí, el aguilucho y las flechas del anterior régimen. 




Entonces, si la ley de costas de 1988, es tan maravillosa como dicen, ¿Qué es lo que ha fallado? En primer lugar, tengo claro, que las costas, nuestras costas, representan dinero. Una cantidad de miles de millones de euros, de los que se han beneficiado, desde políticos, nacionales y autonómicos, alcaldes, promotores y constructores. Todos han participado del festín; basta con recordar cómo estaban nuestras costas, en la década de los noventa, y compararlo con el estado actual. 
La aplicación de la ley, fue, y posiblemente será, aplicada de una forma totalmente errónea e interesada. Se aplicó la norma, no como protección del litoral, sino como una norma urbanística; contemplando excepciones, planes especiales, limitaciones (pocas y continuamente modificadas) y permitiendo verdaderas atrocidades, en beneficio de las principales fuentes de ingreso de este país: el turismo y la construcción. Es quitar lo viejo, lo legalmente construido hace muchas décadas, para implantar aberraciones urbanísticas. Para esto, no escatiman en medios y recursos. 

Y es aquí, donde la justicia, tiene que aplicarse en contra de los que autorizan estos desaguisados. Los que especulan con la desigual línea de un deslinde marítimo terrestre, para borrar de la costas, una, dos, treinta viviendas… para promover paseos marítimos y maravillosos y espectaculares complejos residenciales y hoteleros privados para el disfrute de todos. Es aquí, donde los defensores de la ley, tendrían que seguir citando a Alfonso X el Sabio, en lo referente a la Partida séptima, Título XXXIV, «De las reglas del derecho» y lo que recoge en la 17ª: “nadie debe enriquecerse torticeramente con el daño de otro”... y eso va por las administraciones competentes en esta materia. Al Estado; protector del medio ambiente, y al mismo tiempo garrote vil, de los derechos humanos. Pues aunque no lo admitan, están vulnerando el derecho humano a la propiedad privada, recogido en los convenios internacionales que este país firma y hace suyos. 

El medio ambiente, es lo de menos. No existen planes serios, prácticos, y totalmente realistas, para proteger nuestras costas, porque han sido los políticos, y los legisladores, los que han cedido a las presiones económicas. Ejemplo de esto, es el caso de un antiguo director general de Costas, en aquel entonces, 1988, Jefe de la demarcación de Costas de Canarias, cuando se solicita en el Congreso de los Diputados el cese del mismo, por realizar unos vertidos en las costas de Mogán, Gran Canaria, permitiendo lo no permitido y destrozando toda un paraje de espectacular belleza. El resultado de la votación fue en contra del medio ambiente, y a favor de una construcción especulativa de apartamentos y hoteles, junto con el correspondiente “paseo marítimo”. (Diario de Sesiones del Congreso 20 de diciembre de 1988). Años más tarde, cuando el mar destrozó el famoso paseo marítimo e infraestructuras varias, la justificación, carente de toda validez científica, ofrecida por el mismo organismo que destrozó el litoral, fue sencilla; los destrozos se producen por los efectos del cambio climático. 

Y mientras, José Fernández, afín al PSOE, defiende a ultranza los derribos de los pueblos canarios en la costa, justificando una vez más, la vergonzosa ley de costas; Incluso, el gobierno de Canarias, CC-PSOE, lo nombra director general de la Agencia Canaria para la Protección de medio ambiente y natural. Tremendos descerebrados, tanta desfachatez debe ser producto anexo a los altos cargos, devolviendo favores políticos, a aquellos que deberían estar en la cárcel de por vida. Por cierto, José Fernández, gran defensor de la Ley, cual perro fiel, esta actualmente imputado. Que raro. 

Similares casos se pueden ver en todo el litoral español, pero es en Canarias, la comunidad autónoma con más kilómetros de costas, donde vemos casos de permisibilidad urbanística en la costa, totalmente indecente, llegando incluso, a poner en riesgo, (con total impunidad por parte de aquellos que lo autorizaron, promovieron y construyeron) la vida de las personas. 

El caso de Tabaiba y Radazul, en Tenerife es otro ejemplo, de cómo se saltaron la ley, mediante una excepción a la norma, un plan especial, y vertieron escombros, construyeron, y edificaron, donde no debían. Así, actualmente, Tabaiba y Radazul, construidas en desembocaduras de barrancos de cumbre, en acantilados, padece riadas e inundaciones cada vez que tenemos temporal, pues han obstruido los cauces naturales, con el beneplácito de políticos, gobernantes y altos cargos del organismo que debería velar por nuestro litoral. Es más, recientemente, un político local, pedía la bandera azul y la creación de una reserva marina en la zona en un delirio de grandeza, cuando estaba aliviando el tránsito intestinal, pues otra explicación coherente a esta solicitud, no veo, cuando la realidad, es que ese tramo de costas, está plagado de emisarios y estaciones de bombeo de aguas fecales, en dominio público, (justo donde no pueden estar) bravo campeón,, con esta solicitud te has encumbrado.

 

Casos como estos, cientos, son los que hacen de esta ley de costas, y de la reforma aprobada por al actual gobierno, un simple papel mojado, que no tiene más utilidad, de la de servir, a políticos como el anterior, cuando acabe de aliviarse. 
Me gustaría creer, que nuestros líderes políticos no saben esto. Que a Rubalcaba, le crecería robusta y larga melena, o a Rajoy, se le sanara esa distrofia cerebral al investigar este tema; incluso que a toda esa camada de diputados, y senadores, se les abrieran sus respectivas mentes, y dejaran de preguntar, por las ocupaciones del dominio público marítimo terrestre en Cuenca, Extremadura o Córdoba. (Seguro que los geógrafos, les darían las gracias...) 

Pero les aseguro que no es así. Llevan más de 25 años sabiendo este tema; saben de la confiscación continuada y autorizada de legitimas propiedades, pues el Estado, no tiene dinero para expropiar todo lo legalmente construido, de ahí, el fin de las concesiones del dominio público. Saben, que cuando un núcleo costero tiene una gran población, legalizan la situación, o en muchos casos, dejan pasar el tiempo, consolidando viviendas; pero si son pequeños pueblos, con pocos propietarios, pues se cambia el deslinde, se derriba, y venga, todos la calle, a vivir de la caridad de los Asuntos Sociales. Prueba de esto, es que la nueva ley del PP, salva núcleos densamente poblados, sin títulos de propiedad y en dominio público, o urbanizaciones de lujo, con un poder económico alto, o simplemente, complejos residenciales habitados por miles de extranjeros, para callar la multitud de quejas oficiales a la ley de costas, que se reciben desde países como Inglaterra, Francia o desde la, cada vez mas incrédula y menos permisiva Comunidad Europea. Pero no salva a los pueblos tradicionales de Canarias, de Galicia, o del litoral mediterráneo. 

A toda esta camarilla de políticos ineptos, se les suman los adeptos al ecologismo radical, partidarios de la protección total de la costa, cueste lo que cueste; les da igual que más de millón y medio de personas vivan en la calle, después de ver sus casas demolidas, comparando y denunciando, al constructor del hotel del Algarrobico, como a los vecinos de Cho Vito, el Puig, o Benzú. Demonizando al pescador de un pequeño pueblo de Lanzarote, por tener una casa a veinte metros del mar, heredada de sus antepasados, legal, y pagando todos los impuestos, que posiblemente lleve ubicada en el lugar, totalmente integrada con el paisaje, muchos años antes del nacimiento del movimiento ecologista. Les animo, a que tengan de lo que siempre presumen y soliciten el deslinde y derribo de San Sebastián, La Coruña, Santander etc... debido a que ha sido inundada por “los mayores temporales conocidos” en estos últimos días y que según la indescifrable Ley de Costas, son ya, de hecho y de derecho, dpmt. De no hacer los deslindes preceptivos, Costas, estaría discriminando a unos ciudadanos de otros por motivos sociales, económicos etc. 


 
A estos sectarios del ecologismo radical, partidarios de planes proteccionistas ya desfasados, bien por irrealizables, bien por carentes de rigor, comentarles, que los principales interesados en mantener y cuidar las costas, son aquellos, que llevan décadas, viviendo en ellas. Decirles, que es totalmente imposible, separar a las personas del medio ambiente, pues están históricamente ligadas. Unos de los mayores avances contra el urbanismo destructor y salvaje de nuestras costas, fue creado en el seno de Europa (informe Auken), y sus recomendaciones son una denuncia directa a la política medioambiental española, incluida la tan querida por ustedes, Ley de Costas. Y les aseguro, que Europa, hace mucho tiempo que no cree en las bondades de esta Ley. Ni de la reforma de la misma. 

En este tema, el consenso de la clase política, de la intelectualidad ecológica, no es necesariamente correcto, al margen de cuantos le den crédito, o durante cuantos años perdure la creencia de que esta Ley es beneficiosa. Puede ser errónea. De hecho es muy errónea. 

Y esto es la realidad, de la arbitrariedad de la ley, que queda grabada para siempre, en los rostros de aquellos, que viviendo en la costa, ven como les derriban sus casas, mientras sentados en los escombros de las mismas, miran con asombro como apartamentos, urbanizaciones, y hoteles, a escasos metros, turistas, ecologistas, especuladores y sectarios políticos, ven el morboso espectáculo del drama humano que significa perder tu casa. 

http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia88738.php

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, da una lección magistral sobre como abolir los derechos fundamentales con la Ley de Costas

2.2.3. Recomendación 124/2013, relacionada con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

1. Generales 
El desarrollo reglamentario de la Ley 2/2013 debería tener en cuenta los siguientes criterios básicos o generales: 

a) La definición de la zona marítima-terrestre debe hacerse exclusivamente con criterios físico-morfológicos y científicos, sin consideraciones de otra naturaleza. 


¡ Genial ! ¿Donde se ha dejado "respetando los derechos fundamentales"?

¿No tiene nada que decir del anuncio del Gobierno del derribo de PROPIEDADES LEGALES ANTERIORES A LA LEY DE COSTAS?

184/028920
(184) Pregunta escrita Congreso Autor: Ábalos Meco, José Luis (GS).
Respuesta:

En próximas fechas está previsto realizar demoliciones en los municipios siguientes:
En la provincia de Alicante: Santa Pola y Guardamar del Segura; 
en Asturias, Valdés; 
en Illes Balears, Ses Salines; 
en A Coruña, Ferrol; 
en  Girona: Blanes, Calonge, Palafrugell, Begur, Roses, Cadaqués y Colera;
en Lugo: Viveiro y O Vicedo; 
en  Málaga, Estepona; 
en Murcia: Mazarrón, La Unión, Cartagena, San Javier y Los Alcázares; 
en Cantabria: Rivamontan al Mar y Santoña; 
en Tarragona, Tortosa y,
en de Bizkaia: Plentzia y Gorliz.

Madrid, 12 de noviembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Informe de la Defensora del Pueblo demuestra que no tiene ni idea de la Ley y sus consecuencias para centenares de miles de familias, pero se permite el lujo de dar consejos de como hacer los deslindes. 

¿Su labor no es defender al pueblo y los derechos humanos?

lunes, 10 de febrero de 2014

¿Tiene usted dinero? ¿Es una persona influyente? ¿Quiere hacerse un regalo exclusivo? Entonces, es usted el candidato perfecto para que Costas le permita dinamitar la playa y hacerla a su gusto

Esto es exactamente lo que le han permitido hacer a los dueños del Hotel Bahía Real, sitio de referencia para cuando van las ministras de Medio Ambiente a Lanzarote.
Ahora que salgan diciendo que el litoral es una zona muy sensiiiiible que hay que cuidar.

La Ley de Costas en manos de tanto descerebrado es una bomba atómica que, tanto sirve para dinamitar poblaciones enteras, como para bombardear playas. Lo triste es que todo sea cuestión de dinero y de influencias.


Obras explosivas frente al Bahía Real


Las obras de las pasarelas en la playa semiprivatizada del Bahía Real se realizan a bombazos de dinamita, volando por los aires las rocas de la costa. Como se puede ver en el vídeo, la primera fase consiste en la construcción de las pasarelas para el acceso al baño. 

Todo ello para perforar las rocas de la playa del Charco de Las Agujas, y construir con autorización del Gobierno de Zapatero el 24 de noviembre de 2011 a través de la ex-comunista Rosa Aguilar como Ministra de Medio ambiente en funciones.

El 24 de noviembre 2011, el consejo de Ministros del gobierno de Zapatero, daba el visto bueno al proyecto presentado por los propietarios del Hotel Bahía Real de Corralejo, para llevar a cabo la privatización de casi 2.000 m² de playa en el Charco de las Agujas con sus respectivos quioscos y un paseo marítimo dotado de los correspondientes locales comerciales que explotarán durante 20 años. El Director General de Medio Marino, por delegación de la Ministra en funciones de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar Rivero, dictó la resolución otorgando a los propietarios del citado hotel la concesión para la ocupación de bienes de dominio público marítimo terrestre en Corralejo, todo ello , minutos antes de entregarle la cartera a su sucesor en el cargo. Además, con la oposición de 966 vecinos. 
Como se puede ver en la imagen, la primera fase de la obras consiste en la construcción de las pasarelas y plataformas para el acceso al baño. Los trabajos de ejecución de las pasarelas se realizan con cartuchos de explosivos insertado en la roca natural para poder garantizar el apoyo mediante cimentación directa de la subestructura en el estrato resistente. 

Que el Ayuntamiento La Oliva no te venda la moto:
  • Hoy es 7 de febrero de 2014.
  • La concesión de la Demarcación de Costas para la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre (Playa de Las Agujas) fue el 24 de noviembre de 2011.
  • El BOP del 18 de enero de 2012 hacía público el acuerdo contra el cual se podía presentar su correspondiente recurso Contencioso-Administrativo, igual que han hecho en otras instituciones contra las prospecciones petrolíferas. 
Artículo relacionado: Así se aplica la Ley de Costas frente al Bahía Real.

viernes, 7 de febrero de 2014

Benzú, reflejo de Cho Vito

El pueblo marinero de Cho Vito en el municipio de Candelaria (Tenerife, Canarias), el cual databa de mediados del siglo XX, según las escrituras de propiedad tanto del suelo como de las viviendas de este asentamiento, estaba compuesto por casas-cueva dada la orografía del terreno y donde, originariamente, los pescadores almacenaban sus herramientas y embarcaciones. Cuando la Ley de Costas se cernió sobre esta idílica estampa, la Administración exigió a sus dueños –descendientes de aquellos hombres de mar– que aportaran unas licencias de obra que en 1945 no se expedían, especialmente, si se tiene en cuenta que Canarias, dada su extrapeninsularidad, vivía sumida en cierto aislamiento ante el menor desarrollo de los medios de transporte. Sin embargo, los inquilinos sí disponían de otros documentos como las hipotecas contraidas con los bancos, señal de que la titularidad estaba reconocida.
Tras la primera denuncia en 1995 en la que se acusaba a los habitantes de Cho Vito de invadir el dominio público-terrestre, y tras recurrir su caso ante todas las instancias posibles, las excavadoras entraron en las casas arrasando con todo, primero en 2008 y después en 2012, bajo un fuerte dispositivo de la Guardia Civil. Estos recuerdos y reflexiones corresponden a Antonio Alonso, responsable en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, además de ser uno de los propietarios del extinto pero célebre Cho Vito. 


Alonso sigue de cerca el caso de los vecinos de Benzú cuyas viviendas se encuentran a expensas de la resolución de los expedientes del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno que determinará si vulneran la Ley de Costas. De ser así, su final será la demolición de estos hogares siempre que carezcan de una concesión administrativa o los juzgados no resuelvan a su favor. De lo contrario, podrán continuar en la ubicación que ocupan en la actualidad.

Este portavoz de Asociación Europea de Perjudicados, como su presidenta, Carmen Del Amo, ya se puso en contacto con Rahma Mokhlis, presidenta de la plataforma en defensa de Benzú creada por los propios residentes, para expresarles su apoyo en la reivindicación de permanecer en el lugar que les vio nacer. Una representación del colectivo local tiene previsto asistir al Pleno de este jueves, mientras que el resto seguirá los acontecimientos en los exteriores del Palacio Autonómico.

La organización propuso a Mokhlis que los residentes presenten de forma colectiva una queja ante el Comité de Peticiones de la Unión Europea (UE) y que puede contar con la rúbrica de los partidos políticos. “En algún pueblo canario logramos que también nos respaldara el Ayuntamiento”, añadió. 

Canarias es la autonomía con más kilómetros de costa, los cuales comprenden a 107 pueblos influidos por esta Ley. Alonso, conocedor de las “irregularidades” en su aplicación, identifica varias similitudes entre Benzú y Cho Vito en el “modus operandi” de la Administración. El primer rasgo de semejanza se encuentra, a juicio del canario, en la “negativa” de la Delegación del Gobierno a ofrecer información sobre los expedientes a los vecinos.

“En España, los poderes fácticos impiden que demostremos la verdad a pesar de que contamos con los documentos que la acreditan. Por eso luchamos en Bruselas desde 2008”, explicó el encargado de la entidad en las islas. 
En segundo lugar, Alonso entiende que, en función del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Benzú está fuera del dominio público marítimo-terrestre y correspondería a otro organismo –Defensa o Ciudad Autónoma– dirimir sobre su derribo en caso de que proceda.  

“Hay que dar un trato específico en casos como Canarias, Ceuta o Melilla porque tienen una superficie limitada y hay que contemplar sus singularidades”, señaló el portavoz; “si Canarias está rodeada de agua por todos sus flancos; el 70 por ciento es terreno protegido como parque natural y reserva. Entonces, ¿dónde vamos a vivir los canarios?”, se preguntó. Alonso estableció la analogía con las ciudades autónomas: “Por un lado está el mar y por el otro la frontera”.

Como documento que justifica la existencia de Benzú como barriada, el equipo de la Asociación remite al Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) de 14 de junio de 1956, en el cual queda recogido que en una moción se solicitó que la escuela que existía en el lugar fuera trasladada “desde su actual emplazamiento hasta el centro de la barriada” además de la “construcción de viviendas para maestros”.

Alonso aludió al “mal uso” que se da a la Ley de Costas, “como fue el caso de Cho Vito”, y sospechó que en la ciudad autónoma podría ocurrir lo mismo. Junto al poblado de pescadores derribado en Tenerife, “estaba contemplada la construcción de 15 adosados de lujo y, claro está, su precio disminuía con Cho Vito al lado en vez de revalorizarse con un paseo marítimo”, argumentó este integrante de la Asociación. Su directiva consideró que en la barriada ceutí podría reproducirse el mismo escenario. “Si la Administración tuviera que expropiar a los legítimos propietarios de las casas en toda la costa española, el Estado no tendría suficiente dinero y por eso recurre a los cambios en el deslinde”, valoró. 

“Primero hablamos de personas”, puntualizó Alonso, “y en segundo lugar del medio ambiente. Pero si se les ha permitido estar durante todo este tiempo y se les ha dotado de servicios, de buenas a primeras no se les puede echar porque se les condena a vivir de los servicios sociales”, lamentó.

La UCIDCE se reúne con los residentes y les da su “apoyo total”
J. O. ceuta
La Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE) mantuvo este lunes un encuentro con los vecinos de la barriada de Benzú en el que abordaron el conflicto al que se enfrenta el colectivo por los 15 expedientes de recuperación del terreno sobre el que se asientan sus casas y que tramita la Delegación del Gobierno de acuerdo con la Ley de Costas.
La entidad percibió la “inquietud tremenda” que predomina en el vecindario y la “preocupación” por el devenir de la situación que se está produciendo ante el “temor” a los hipotéticos derribos. Esta sensación se amplía a otros habitantes de Benzú, quienes consideran que la situación se podría extender a otros hogares.
“Se sienten desamparados, sin ayuda de nadie, todo son buenas palabras pero realidades ninguna”, expuso un portavoz de la UCIDCE, asistente a la reunión en la barriada.
Los integrantes de la entidad trasladaron su “apoyo total” y comparten la “inquietud” de las familias que ya alcanzan la “tercera o cuarta generación en Benzú”.
Ante la “indefensión” manifestada por los residentes en la barriada, la UCIDCE hizo un llamamiento dirigido a la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma por el cual propone un acuerdo que permita a los vecinos permanecer en sus hogares o, en el caso de que esta opción sea inviable, que sean realojados en una promoción de viviendas en la misma barriada y no tengan que abandonar la zona. La federación recordó la existencia de una parcela municipal susceptible de urbanización.

jueves, 6 de febrero de 2014

El día de la marmota, la historia se repite. ¿Dónde está Costas?

video

¿Por qué Costas no ha aplicado la Ley de Costas con el rigor con que la aplica en otros lugares de la geografía española?


¿Por qué Costas es implacable en otras zonas costeras llegando a derribar pobladoS enteros con la excusa de que ha sido invadido por un temporal?


JURISPRUDENCIA AL RESPECTO

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=112500&links=maritimo%20terrestre%20guipuzcoa&optimize=20080717&publicinterface=true



CUARTO . Impugnación de la línea de deslinde.
La cuestión de fondo planteada se centra en su disconformidad con la línea de deslinde trazada a la altura de los vértices 165 a 171 del proyecto de deslinde. Y ello básicamente por considerar que, según acreditan los informes periciales aportados, el alcance máximo de las olas en los mayores temporales conocidos nunca ha superado en esa zona los 4,50 metros de altura sin que en ningún momento, ni siquiera en las mayores tempestades que se han producido en esta zona, las olas hayan alcanzado una altura entre los 9 y los 13 metros, como sostiene la Orden impugnada, hecho que queda demostrado por cuanto la vegetación existente en la zona (laureles centenarios), supuestamente alcanzada por la acción del mar, resulta incompatible con la salinidad, y por el hecho de que las edificaciones existentes quedarían invadidas por el mar, hecho que nunca ha sucedido.

La resolución administrativa impugnada justifica la línea de deslinde al amparo del art. 3.1.a) de la Ley de Costas por constituir el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o cuando lo supere el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Se basa en la batimetría del fondo marino próximo a la zona de rotura, considerando que al tratarse de un tramo en el que la verticalidad de la zona emergida es pronunciada el oleaje llega a la misma y el cambio de nivel en la zona.
Lo cierto es que el anterior deslinde ya fijó la línea de dominio público marítimo terrestre en atención al alcance de las olas y aunque es posible, tal y como hemos señalado, realizar uno nuevo si se llega a la conclusión de que es necesario acomodarlo a la realidad física existente, es preciso demostrar por parte de la Administración que la nueva línea se corresponde con ese alcance de las olas en los temporales conocidos, sin que esta conclusión pueda basarse en meras afirmaciones carentes de los necesarios estudios o documentación que lo avale. 

¿Dónde está Costas que no ha ido con el metro a hacer ningún deslinde existiendo imágenes de "hasta donde alcanzan las olas" desde los años 50 y se pone en el Registro las propiedades a su nombre?

¿Hay alguna excepción en el Art 3 de la Ley de Costas que desconozcamos los demás afectados a quienes se les ha confiscado la propiedad con la excusa de la dichosa ola?

¿Son consciente de que están vulnerando la igualdad ante la ley y tratando con discriminación a otros ciudadanos europeos?


¿Quiénes son los de Costas para vulnerar su propia ley, la Constitución y el Derecho Internacional y que no actúe la Fiscalía de oficio? 

El PSOE buscará soluciones para Benzú

(foto JP Gamero)

El Partido Socialista Obrero Español, con su secretario general a la cabeza, ha mostrado su apoyo a la Plataforma en Defensa de Benzú en una reunión mantenida en la noche de ayer con los vecinos.

Los socialistas han entendido que la reivindicación que lleva a cabo el colectivo es totalmente justa, máxime después de que la Delegación del Gobierno en Ceuta comunicara a unos quince vecinos de la barriada el inicio de un expediente de derribo de sus viviendas por incumplir la Ley de Costa.

Carracao explicó ayer a los vecinos durante el encuentro, que su formación está buscando soluciones jurídicas para que estos vecinos que se ven amenazados con el derribo queden exentos de los mismos y para ello están realizando consultas con responsables de la organización política en Madrid.

El socialista entiende que su formación política y él mismo no van a permitir que se derribe “ninguna casa”, ya que, entre otras cuestiones, hay que contemplar que existe una realidad histórica “que hay que reconocer y tener en consideración”.

El secretario de los socialistas ceutíes criticó la postura y la forma de actuar de la Delegación del Gobierno y de su titular, ya que lo están haciendo “de una manera impersonal, como si lo que fuesen a tirar son bordillos”.

Carracao dejó claro que hay que la Delegación del Gobierno tiene que tener en cuenta la realidad de esa barriada y que, además, y que tiene posibilidades para evitar los derribos, recordando que ha precendentes de que ha existido amnistias en este tipo de asuntos.

El socialista dejó claro que si es el primero que tenga que estar con ellos en las protestas, “estaré y seré el primero”.

En lo que se refiere a la Ciudad, José Antonio Carracao, dijo que lo que pretende es engañar a los vecinos, puesto las palabras de realojos no van acompañadas de realidades. No existen propuestas presupuestarias para construir las casas, dijo. 
http://www.elpueblodeceuta.es/201402052101.html

El PSOE fue el que hizo la ley. ¿Cómo es posible que digan que no van a permitir los derribos si la hicieron precisamente para eso?
¿Por qué no piden que se derogue esta ley tan injusta que solo ataca a la gente humilde? Eso no lo ha pedido jamás ningún político, ni del PSOE, ni del PP, luego están de acuerdo con ella y ya saben las consecuencias que conlleva el monstruo que crearon.


¡ Cómo se nota que estamos en elecciones ! 

domingo, 2 de febrero de 2014

El casco viejo de San Sebastián ya es de titularidad estatal por ley

             
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (publicada en el BOE de 30 de mayo)

Artículo 3
Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución:
1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:
a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Artículo 11
1. Para la determinación del dominio público marítimo-terrestre se practicarán por la Administración del Estado los oportunos deslindes, ateniéndose a las características de los bienes que lo integran conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de la presente Ley.
2. Practicado el deslinde, la Administración del Estado deberá inscribir los bienes de dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas.



sábado, 1 de febrero de 2014

El PSOE local rechaza el plan de la Junta para derribar el Algarrobico

El PSOE de Carboneras ha expresado su rechazo al plan de empleo asociado al derribo del hotel de El Algarrobico que ha anunciado recientemente la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
La ejecutiva local socialista ha emitido una nota en la que considera "un error" este plan que supuestamente pondrá en marcha la Administración andaluza, porque asegura que rechaza cualquier acuerdo que sea contrario a la apertura del hotel. "Solicitamos a todas las administraciones supramunicipales que hasta el último céntimo que venga a Carboneras se dedique para generar empleo y no para derribar nada. Estamos convencidos de que la apertura del hotel generaría empleo sin que la administración gastara ni un solo euro", dicen los socialistas.
El PSOE local sigue expresando su "compromiso decidido de luchar por la apertura del hotel del Algarrobico como un proyecto generador de empleo y desarrollo para Carboneras". "Siempre hemos sido coherentes en nuestra posición. Antes, ahora y siempre vamos a defender y luchar por el futuro de los carboneros, si hiciéramos lo contrario no podríamos llamarnos socialistas", mantienen.
La ejecutiva local del PSOE de Carboneras está presidida por Rosario Fernández, hermana del ex alcalde Cristóbal Fernández, principal impulsor político del hotel, bajo cuyo mandato se hizo posible su construcción y la declaración del terreno como urbanizable, a pesar de situarse en zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar e invadiendo la zona de servidumbre de 100 metros exigida por la Ley de Costas. El secretario de Relaciones Institucionales y Política Municipal de la ejecutiva local es Antonio Amérigo Fernández -sobrino de Cristóbal Fernández-, quien también es secretario de Ideas de la ejecutiva provincial del PSOE. Y su hermano José Luis Amérigo Fernández es portavoz municipal socialista en Carboneras. Aunque Cristóbal Fernández se ha apartado de la política tras no conseguir la mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales, continúa también como vocal de la ejecutiva local.
En su nota, el PSOE de Carboneras dice que sigue "sin entender cómo el hotel pasa de legal a ilegal según el "gusto" de los ministros y ministras de Medio Ambiente", aunque elude criticar abiertamente a la Junta de Andalucía, que primero apoyó abiertamente la construcción del hotel y en la actualidad pide su demolición. Sin embargo, los socialistas de Carboneras dicen no olvidar "que el hotel contaba con el visto bueno de todas las administraciones, provinciales, andaluza, española y europea". Y añade: "Ante ejemplos como la aprobación de un decreto para legalizar 250.000 viviendas que se construyeron en terrenos "no urbanizables", o las modificaciones urbanísticas en el municipio de Aznalcollar, defendidas por PSOE e IU, para que se reabra la mina que cerró de una manera catastrófica, es inconcebible cómo es que no se invierte el mismo y justo esfuerzo político en la regularización (legal desde el inicio) del hotel carbonero para su definitiva apertura".
Eso sí, el PSOE critica abiertamente al nuevo equipo de gobierno municipal -formado por el partido independiente Gicar y el PP- por, según dice, "haber retirado los recursos judiciales en defensa del proyecto del hotel y del empleo en Carboneras o abandone otras acciones gubernamentales", algo que en realidad no ha hecho, sino que ha renunciado a seguir interponiendo recursos a las sentencias judiciales.
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Presentado el 05/12/2005, calificado el 13/12/2005

184/053565
(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lara Carbó, Teresa de (GP).

Respuesta del Gobierno:
En relación con la información solicitada, se señala que el hotel en construcción al que se refiere Su Señoría no está situado sobre el dominio público marítimoterrestre.
Fuera del dominio público marítimo-terrestre y de la zona de servidumbre de tránsito, que es la situación de las obras en cuestión, las competencias de gestión no corresponden al Ministerio de Medio Ambiente.

¿Quién puede estar seguro en país donde, dependiendo de los caprichos o intereses de unos gobernantes, te encuentres de la noche a la mañana que tu propiedad, tu inversión ha desaparecido y estás en la ruina? 

¿Qué Estado de Derecho permite que, mediante un deslinde en 1995, autorice una construcción y en 2005, ¡¡diez años después!!, hagan uno nuevo para evitar tener que expropiar y justificar ¿legalmente? una confiscación con la inestimable ayuda de los jueces que no ven inseguridad jurídica, ni retroactividad, ni arbitrariedad, ni despojo en los vaivenes de una ley injusta? 
Ninguno. Por eso, donde ocurren estas cosas se les califica de repúblicas bananeras.