LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 24 de junio de 2014

Los que expolian la costa para "PROTEGERLA". Imputan al delegado del Gobierno en Murcia por “prevaricación” urbanística

El delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, ha sido imputado este martes por un presunto delito de prevaricación por su implicación, cuando era consejero regional de Obras Públicas, en la recalificación de unos terrenos protegidos junto al Mar Menor para construir la macrourbanización de 20.000 viviendas, campos de golf y marina financiada inicialmente por la CAM. El mismo auto ofrece a la alcaldesa de Cartagena y diputada en el Congreso, Pilar Barreiro, “declarar voluntariamente como imputada” por el mismo delito, antes de trasladar el asunto al Tribunal Supremo, puesto que es aforada.
En el procedimiento están también imputados el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y varios cargos políticos y funcionarios de la Consejería de Obras Públicas que intervinieron en la aprobación del proyecto de la promotora Hansa Urbana -participada por la familia alicantina Galea y la CAM, ahora Sabadell-CAM-.
Bascuñana y Cerdá han sido citados para declarar el próximo día 2 de julio en el TSJ de Murcia. Los funcionarios Luis Romera Agulló Antonio Alvarado lo harán dos días después. El día 8 declarará el director general José María Bernabé (exjefe de Costas) y el funcionario Manuel Alfonso Guerrero. El consejero Cerdá declarará por segunda vez.
La imputación de Bascuñana fue solicitada en un informe por el fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, al TSJM por considerarlo la persona que “dio el beneplácito final como consejero de Obras Públicas entre 2003 y 2005 al proyecto urbanístico conocido como Novo Carthago en el que la promotora quería integrar los terrenos del paraje protegido del Saladar de Lo Poyo, única zona costera sin construir en la ribera sur del Mar Menor, frente a La Manga. Lozano consideraba también a la alcaldesa de Cartagena como “formalmente imputada” a expensas de su condición de aforada; el magistrado pide en su auto que se acredite “documentalmente la condición de diputada de doña Pilar Barreiro”.
El magistrado instructor Manuel Abadía estima así las razones aducidas para la imputación del representante gubernamental en Murcia por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano, quien consideraba en su auto del 12 de junio que la aprobación definitiva del proyecto se hizo por orden expresa de Bascuñana y “pudiera entenderse como elemento del tipo de la prevaricación”. Las responsabilidades penales afectan al otorgamiento de Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto y a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 113 del Plan General de Cartagena.
“Como ha puesto de manifiesto el fiscal en su informe con gran acierto, estamos en presencia de un delito de prevaricación continuada”, dice el magistrado Abadía en su auto. Las actuaciones administrativas de los imputados, con el actual delegado del Gobierno a la cabeza como consejero de Obras Públicas, hicieron que suelos de espacios naturales protegidos, que tienen ex lege por los artículos 9 y 65 de las leyes del Suelo Estatal y Autonómica la calificación de Suelo No Urbanizable de Protección Especial fueron “calificados como urbanizables”, vulnerando la Ley de Protección de Espacios Naturales y la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, y provocando que la Comisión Europea abriese “un proceso de Infracción Comunitario sobre el proyecto Novo Carthago”, precisa Abadía.

domingo, 15 de junio de 2014

Propietarios de El Copo derrotan a Medio Ambiente en el Supremo

Los suelos de El Copo de Torre del Mar no están dentro de dominio público marítimo terrestre, según el Tribunal Supremo. La sentencia es firme y sobre ella no cabe recurso. Una entidad mercantil ha llevado hasta el final la orden de 28 de mayo de 2009 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino por la que se aprobó el deslinde del tramo de costa de unos 1.948 metros de longitud, comprendido desde el extremo occidental del paseo marítimo hasta cien metros al este del colegio público Antonio Checa, espacio ocupado por los locales de la tan conocida zona de bares. Después de que la Audiencia Nacional desestimara el recurso contencioso administrativo contra orden del Gobierno, han ganado en el Tribunal Supremo tras interponer un recurso de casación. 

El auto señala que dicho deslinde ordenado por la Dirección General de Costas es "contrario a Derecho" y tras recurrir a la doctrina jurisprudencial, da trascendencia al hecho "de no haberse pronunciado la Administración de Costas acerca de si los terrenos del deslinde practicado, que han perdido sus características naturales de playa o zona marítimo terrestre, son o no necesarios para la protección o utilización del dominio público marítimo terrestre" dado que "es la propia administración de Costas la que reconoce que tales terrenos han perdido sus características naturales de playa o zona marítimo terrestre". 

De hecho, tal y como consta en la sentencia ese tramo de costa objeto de deslinde están incluido en "una zona totalmente urbana desarrollada principalmente en los últimos 30 años" y que ha tenido "como última actuación relevante la construcción del paseo marítimo de Torre del Mar". Así, el conjunto de bares de El Copo se encuentran separados de la playa por esta infraestructura, una carretera y un parque público. Así, en el auto hacen referencia a esos casi 2.000 metros que ocupa el tramo hasta el colegio Antonio Checa y recuerda que coincide que el límite de la concesión otorgada por una Orden Ministerial en 1934 y que se deslindaba al amparo del artículo 4.5 de la Ley de Costas. Así, hace referencia a estos suelos en los que se levantaban los llamados 'Baños de Octavio' que contaban con la autorización del Gobierno y donde ya quedaba patente que "por cualquier causa habían perdido sus características naturales de playa, acantilado o zona marítimo terrestre". 

El alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla (PP) que desconocía la sentencia ha celebró la decisión del Tribunal Supremo ya que "abre nuevas posibilidades a Torre del Mar. "Es una excelente noticia que llevamos muchos años reivindicando los vecinos, los afectados y el propio Ayuntamiento. Nosotros ya habíamos hecho esta misma reivindicación por escrito a la Dirección General de Costas pidiéndole una modificación en la zona de deslinde", manifestó el regidor, quien también había considerado en sus demandas que "no tenía aplicación el artículo 4.5 de la Ley de Costas de proteger un suelo que ya había cambiado de uso". Delgado Bonilla expuso que el auto del Supremo "posibilita nuevos planteamientos al Ayuntamiento" que desde hace años trabaja por potenciar esa zona de Torre del Mar con nuevos equipamientos turísticos. "Ya hemos planteado varias veces a los propietarios algunos proyectos que pasan por la construcción de algún hotel o algún plan ambicioso que active este enclave", indicó el alcalde para quien "empieza una etapa ilusionante con el nuevo deslinde". "Ahora tendremos que ver cómo se resuelve y qué condiciones está ese suelo. Habrá que ver cuál es la desafección, si es un bien demonial, si existía algún tipo de concesión administrativa o los terrenos son todos propiedad de particulares", señaló el regidor quien comentó que a partir del lunes comenzará a trabajar junto a los servicios jurídicos municipales cuáles son los pasos a seguir. "Esto confirma que nuestros planteamientos eran acertados. Me alegro por los compradores de esos inmuebles que lo hicieron de buena fe, y por todos los vecinos de Torre del Mar para cuyo núcleo se abre ahora un nuevo futuro gracia a los posibles usos de esos terrenos", recalcó el alcalde.

¿Quién compensa a esta gente del daño que ha hecho Costas, de su gusto por lo ajeno y su prepotencia?

5 años de lucha en los tribunales, la propiedad secuestrada, los negocios sin patrimonio que avale una posible y necesitada financiación ¿quién compensa de esta ruina? ¿quién compensa del sufrimiento que conllevan los deslindes?

martes, 10 de junio de 2014

El Dia Mundial del Medi Ambient Compromís exigeix més aigua per l’Albufera i regenerar les costes dels efectes produïts per l’ampliació del Port

El Parc Natural de l’Albufera es troba en una situació crítica per la reducció continua de les aportacions hídriques arreplegades al Pla de Conca del Xúquer

Joan Ribó ha ressaltat el valor medi ambiental, agrícola i turístic de l’Albufera i ha apostat per la seua sostenibilitat

Compromís per València ha ressaltat hui Dia Mundial del Medi Ambient, la pèssima situació en què es troba el llac de l’Albufera com a conseqüència de la manca d’aportacions suficients d’aigua neta procedent del riu Xúquer i han aprofitat per a cridar l’atenció de què el Pla de Conca d’este riu, que està pendent d’aprovació, no comptarà amb els recursos hídrics suficients per a frenar aquesta degradació.

Joan Ribó, portaveu de Compromís, ha censurat el retall d’aigua continu que està patint l’Albufera. Si en 1970 arribaven 500 Hma l’Albufera, estos s’han reduït a 300 Hm3 en l’actualitat i es preveu en el nou pla tornar-los a reduir fins als 167 Hm3.  A més ha denunciat la manipulació del Pla de Conca que està fent el Govern de l’Estat del PP, per no indicar la procedència de l’aigua. No es pot acceptar l’aigua procedent de depuradora al anar aquesta aigua carregada de nutrients que afavoreixen l’eutrofització del llac i la seua consegüent degradació.

Per a Compromís el problema és que des de Madrid es donaren drets d’ús d’aigua tant a la Manxa Oriental com al Vinalopó molt per damunt dels recursos disponibles. No poden passar per davant de l’Albufera ni els interessos dels regants de Castella La Manxa, ni els urbanístics del Vinalopó.

Però malauradament els problemes del Parc Natural del Saler i l’Albufera no acaben ací. L’amenaça de regressió de les seus costes cada dia és un fet més evident que ja només no vol veure l’Autoritat Portuària de València responsable de la desfeta per l’ampliació del Port tant de l’acumulació d’arena en les platges del Nord (Malva-rosa, Cabanyal) com per la regressió de les platges del Saler i Pinedo. Ribó ha exigit a l’Autoritat Portuària que complisca amb les obligacions que li va assignar la declaració d’impacte ambiental en el sentit de regenerar les costes dels efectes produïts per l’ampliació.

Pero desgraciadamente los problemas del Parque Natural del Saler y la Albufera no acaban aquí. La amenaza de regresión de las sus costas cada día es un hecho más evidente que ya solo no quiere ver la Autoridad Portuaria de Valencia responsable del descalabro por la ampliación  del Puerto tanto en la acumulación de arena en las playas del Norte (Malvarrosa, Cabañal) como por la regresión de las playas del Saler y Pinedo. Ribó ha exigido a la Autoritad Portuaria que cumpla con las obligaciones que le asignó la declaración de impacto ambiental en el sentido de regenerar las costas de los efectos producidos por la ampliación. 

Joan Ribó, portaveu de Compromís, ha declarat: “En el dia Mundial del Medi Ambient, València té tasques estratègiques que afrontar i que, per desgràcia, Barberà mira cap a un altre lloc per a no molestar als seus companys de Partit del govern estatal. L’Albufera és un recurs medi ambiental estratègic per a la ciutat de València, a més d’una font de recursos provinents tant de l’agricultura, com del turisme sostenible


sábado, 7 de junio de 2014

Fomento explica a Benzú que el nuevo PGOU incluye la construcción de casas en la barriada

Román trasladó a Mokhlis que existe presupuesto para la promoción, aunque no tiene fecha de inicio.
Aunque la reunión entre la consejera de Fomento, Susana Román, y la presidenta tanto de la Plataforma en Defensa de Benzú como de la Asociación de Vecinos de esta barriada, Rahma Mokhlis, “debió mantenerse antes”, la cita quedó pospuesta por motivos de agenda y hasta que el Ejecutivo local tuviese ultimados los detalles. Un encuentro finalmente celebrado ayer y que fue valorado como “muy positivo” por la portavoz de los afectados por la aplicación de la Ley de Costas. La presidenta se llevó un mensaje “tranquilizador” que trasladará a los residentes.
Román explicó ayer a Mokhlis, como los representantes vecinales reclamaban, que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla la construcción de unas 40 viviendas donde se alojará a aquellos vecinos cuyas casas recibieron la notificación de recuperación posesoria por ocupar el dominio público marítimo terrestre y cuyos expedientes quedaron archivados por su caducidad. Es decir, que los vecinos no tendrán que abandonar la barriada porque “se les alojará en esta nueva promoción en Benzú”, como reivindicaba el colectivo.   
En cuanto a la financiación, el PGOU incorpora una memoria económica en la que figura el presupuesto para este fin. No obstante, como paso previo, el Pleno de la Asamblea tiene que aprobar este documento.
“Román me comunicó que los vecinos de Benzú no tienen por qué preocuparse ya que pueden quedarse en sus casas hasta que se formalice todo y eso es para largo”, reprodujo Mokhlis tras la conversación con Román.
Sin fecha aún para la ejecución de este proyecto, la retirada de vehículos del depósito de Benzú –donde se construirá– ya ha comenzado a pesar de que es a “cuentagotas”. Esta promoción tendrá que adaptarse a las características del terreno ya que esta zona comprende parte de la Red Natura 2000 o la cantera, lo que requiere la realización de un estudio técnico previo.
Una cuestión que va por el “buen camino” pero, señaló Mokhlis, “si volvemos a las mismas, nos volveremos a manifestar y lo haremos aunque sea solo por un vecino”. La presidenta de la barriada se preguntó por qué cinco expedientes abiertos por supuesta usurpación del espacio público continúan adelante en Madrid, mientras que el resto fue archivado por su caducidad. “Esperamos que todos se paralicen y sigan el mismo cauce ya que se tramitaron en la misma fecha”, indicó.