LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 24 de agosto de 2014

Vecinos de El Saler exigen la colocación de arrecifes para detener la erosión

Los residentes piden al Puerto que financie la regeneración de la playa con una parte del presupuesto de la ampliación norte
«¿No sería más lógico realizar pruebas piloto precisamente en la zona en regresión?». Esa pregunta resume a la perfección el sentir de los vecinos de la playa de la Garrofera, en la Devesa de El Saler, tras conocer el estudio que se hará de los arrecifes artificiales colocados esta semana en la Malvarrosa.
Los residentes reclaman desde hace años un aporte de arena para frenar la  erosión, por lo que ayer indicaron que «acogen con esperanza» el resultado del estudio citado. El proyecto Arrecifes ha consistido en colocar tres enormes piezas de hormigón, con un peso cada una superior a las 20 toneladas, a 185 metros de la orilla de la playa.
Ayer se puso la tercera y última estructura, confirmaron fuentes de la delegación de Deportes, después de la demora de un día por el mal estado de la mar. Servirán de atractivo turístico para los buceadores, así como para la posible regeneración de la playa al evitar arrastres de arena en el fondo
El catedrático de Puertos y Costas José Serra, quien participa en el proyecto impulsado por el ayuntamiento, sostuvo que en unos pocos años se sabrá si este tipo de arrecifes son útiles para las playas del sur, las más afectadas por la erosión
Tras mostrar su apoyo a la iniciativa, la asociación de vecinos La Casbah (zona residencial en primera línea de la playa de la Garrofera), indicó ayer no entender «la razón de que se haya dado prioridad a una prueba piloto en la zona norte del puerto, cuando la dinámica litoral, según los informes de la Secretaria General para el cambio Climático, indican que el puerto es el causante de la regresión costera».

Ese es el motivo de que «sean las playas del sur las que están en clara regresión, mientras que al norte, la progresión es lo que predomina». El portavoz adjunto socialista en el consistorio, Salvador Broseta, recordaba este jueves que la anchura de la playa del Cabanyal ha crecido de 135 metros en 2007 a 197 metros en 2012, mientras que en la Malvarrosa se ha producido una disminución al pasar de 135 a 104 metros.
La entidad vecinal quiere seguir la evolución de las playas de cerca, por lo que «hace más de un mes pedimos al Jefe de Costas de Valencia acceso a todos los informes de seguimiento de la regresión costera en sur y en especial la situada frente a la urbanización La Casbah».
«En principio observamos cierta inactividad y demora en tomar medidas serias respecto a las playas del sur, ya que toda la fachada marítima del Parque Natural de la Albufera está en peligro, pese al dinero que la Unión Europea y el ayuntamiento han invertido los últimos años».
La próxima actuación, como publicó ayer este periódico, pasa por la regeneración de los terrenos que acogen los restos del antiguo polideportivo municipal, desmantelados hace un año y que requerirá una inversión de 4,5 millones por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
«Nosotros no reivindicamos un arrecife como atractivo del buceo, sino como defensa de las playas del Saler y de una calle de Valencia. Pero si además sirven para incrementar la biodiversidad marina, en ese esfuerzo también se verán recompensados los cientos de pescadores que vienen de infinidad de pueblos próximos a pescar a la Garrofera», indicaron fuentes vecinales, quienes añadieron que el Puerto debería dedicar parte del presupuesto de la ampliación de los muelles a la recuperación del litoral. 
2014
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201408/23/vecinos-saler-exigen-colocacion-20140823000235-v.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=EM

jueves, 21 de agosto de 2014

COSTAS S.A. saca del dominio público un hotel en Lanzarote "a la chita callando" mientras mantiene entretenido al personal con el Algarrobico y la Junta de Andalucía se gasta una millonada tratando de recuperar los terrenos que les vendió en su día.

"Prestar conformidad al plano n.º 1, a escala 1/1.000, fechado en marzo de 2014, en el que se modifica, de manera que se excluye del dominio público marítimo-terrestre la parcela de titularidad del hotel Robinson, la línea de deslinde en el tramo comprendido aproximadamente entre los vértices N-61 a N-65, del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos tres mil setenta y seis (3.076) metros de longitud, comprendido entre la Punta del Matorral y Valluelo de la Cal, término municipal de Pájara, isla de Fuerteventura (Las Palmas), aprobado por O.M. de 27 de mayo de 2009."

Madrid, 10 de julio de 2014.- El Coordinador de Área, José Ramón Martínez Cordero.



Si Costas S.A. puede sacar del dominio público un hotel con una simple orden, ¿por qué hay que pagar nada por el Algarrobico? Se hace un nuevo deslinde y se acabó el problema y el tirar el dinero público en juicios, compras y derribos. 

En casos como estos es donde se ve la vara de medir de Costas: unos dentro, otros fuera... como y cuando se les antoja.

miércoles, 20 de agosto de 2014

No habrá desalojos en Benzú para los seis expedientes que quedan abiertos

Delegación asegura que no habrá desalojos en la barriada de Benzú, a pesar de que los expedientes que aún continúan abiertos por la ocupación que se considera ilegal del borde marítimo terrestre continúan adelante con su  tramitación.
Fuentes de la Administración General del Estado en nuestra ciudad han señalado a esta redacción que los ciudadanos que allí habitan no tendrán ningún problema, si al final, por cualquier circunstancia, se derivara del expediente administrativo de que no han aportado la suficiente documentación para acreditar su residencia en esa vivienda concretamente. Y es que al final, tal y como señaló en su día la consejera de Fomento, Susana Román, cuando se reunión con estos vecinos, tanto una como otra administración habían llegado al acuerdo de que la legislación vigente se tiene que cumplir porque no queda otro remedio y es normal, pero que la tramitación de todos los expedientes irá corriendo en paralelo con las gestiones del Gobierno presidido por Juan Vivas para la construcción de viviendas en este núcleo de población. 

Hemos de recordar que la edificación de casi cincuenta viviendas en esta barriada, que irían situadas en donde actualmente se encuentra el depósito de vehículos de la Ciudad Autónoma, forma parte de las peticiones realizada por el Gobierno a la Administración General del Estado para la reforma de la frontera del Tarajal y todo su entorno, donde se encuentra, como es lógico, también la barriada de Benzú, porque no olvidemos que allí está también el paso para Beliones. 

Cuando se conoció, a primeros de año, la apertura de estos expedientes por parte del área de Fomento de la Delegación del Gobierno, lo cierto es que se produjo un gran revuelo en la barriada, llegando incluso a celebrarse una manifestación en protesta por esta situación, contando los vecinos con el apoyo de especialistas en la materia. Al final, de todos los expedientes abiertos, actualmente nada más que queda unos seis.

miércoles, 13 de agosto de 2014

El inaudito caso de las comisiones del ex jefe de Costas Garau Mulet

El fiscal pidió 5 años de cárcel por cohecho pero la Audiencia lo declaró prescrito
El hotelero admitió en el juicio que era un pago por «miedo» a perder sus negocios
En un caso sin precedentes, un juzgado de Palma acaba de ordenar a la mujer de un histórico alto cargo público de las Islas, el ex jefe de Costas Antonio Garau, que devuelva el dinero que cobró para su marido durante la década de los 90 en concepto de comisiones de manos de un empresario con intereses en el litoral, el hotelero Jaime Moll, dueño del grupo Royaltur. En total, 240.400 euros más intereses que, según el propio empresario y la Fiscalía, le fueron abonados para que no torpedease sus negocios costeros.
Es el rocambolesco desenlace de un escándalo desvelado por EL MUNDO/ El Día de Baleares en agosto de 2007 y que desembocó en la Justicia de una forma asombrosa: después de que el propio Garau reclamase a Moll por vía judicial que le pagase dos anualidades de los 30.000 euros anuales pactados, denunciando que el hotelero había dejado de entregárselos en 2004 tras 13 años pagando.
El caso fue a juicio en el año 2008 y no ha sido resuelto hasta ahora debido a que, tras estudiar el asunto, la magistrada se vio obligada a paralizar la causa y enviarla a la Fiscalía al ver que podía estar ante la comisión de un delito de cohecho. Un asunto cuya magnitud superaba la órbita de su jurisdicción.
Y es que durante el juicio de esa demanda impulsada por Garau con ánimo de reclamar a Moll la totalidad del dinero acordado, afloró la demoledora confesión del hotelero, que, ratificando las revelaciones de este diario, narró ante la mirada atónita de la jueza cómo pagaba a su viejo amigo Garau con "paquetes de dinero negro bien hechos" que le dejaba en el hall del Banco de Crédito Balear de Palma. Agregando, como recoge la sentencia dictada hace unos días, que lo hacía por "miedo" a las represalias, para que el jefe de Costas no entorpeciera su negocio costero en la playa de Sa Coma. Concretamente, la explotación de 475 sombrillas, 1.580 hamacas, 20 velomares y 3 bares junto a su hotel Royal Mediterráneo.
Para articular y enmascarar el pago, admitió, suscribió un contrato falso con la esposa de Garau, Concepción Obrador, ama de casa de profesión y con nula capacitación, por el que se comprometía al pago de "5 millones de pesetas anuales" a cambio de unos trabajos inexistentes sobre asesorías turísticas. Para aparentar la realidad de esos trabajos, Garau entregó unos informes repletos de obviedades donde se llegaban a presentar como un sesudo análisis aseveraciones como que "en la Playa de Palma hay muchos alemanes". Garau defendía esos trabajos y sostenía que aquel contrato que la jueza ahora tilda de "simulación contractual" se pactó por amistad estando él fuera de Costas. La jueza descarta sus argumentos y recalca que el contrato ni tiene fecha.
La jueza Ana Arbona dio traslado a la Fiscalía, que denunció los hechos y acusó a Garau y Moll de cohecho, solicitando para el ex cargo público una condena de 5 años de cárcel y pidiendo dos años de prisión para Moll y la esposa del ex jefe de Costas. En su escrito de acusación en ese proceso paralelo, el fiscal denunció como "entre 1990 y 2003, Garau, en su condición de funcionario público y ostentando hasta 1992 el cargo de jefe de la Demarcación de Costas de Baleares, instó a Moll el pago de cinco millones de pesetas anuales". Ese requerimiento, "lo efectuó mediante constantes presiones merced de los contactos e influencias que tenía en Costas".
Según la investigación del fiscal, "ofrecía favorecer y en todo caso no perjudicar los intereses de Moll y su empresa Redo SA -la que figuraba en el contrato- al objeto de no resultar entorpecida la renovación anual de la autorización para la ocupación de bienes de dominio público con instalaciones desmontables en la playa de Sa Coma". Para enmascarar ese pago, agregó el fiscal, "Garau confeccionó un documento sin fecha denominado M-O -las iniciales de Moll y Obrador- en el que su esposa,consciente y voluntariamente y de acuerdo con aquel, figuraba como receptora de los 30.000 euros a cambio de unos supuestos trabajos técnicos que nunca se realizaron". El pacto se cumplió y "por ello no constan expedientes de infracción graves durante esos años". El pago inclusoera hereditario a la descendencia en caso de fallecimiento.
El pasado año, el caso llegó a la Audiencia de Palma pero fue archivado por prescripción del delito al considerar este órgano judicial que los cobros tras la salida del cargo público no podían ser constitutivos del delito de cohecho y que por tanto había transcurrido el plazo de prescripción desde el último cobro. En su pronunciamiento, la Audiencia aclaraba que no entró a valorar el fondo del asunto sino la incidencia de prescripción. Tras esa resolución, la jueza que se ocupaba de la reclamación de Garau (a la que Moll reaccionó demandándole y reclamando todo el dinero) acaba de resolver el caso. En su sentencia, que puede ser recurrida, la jueza concluye que "los trabajos de Obrador no se llevaron a cabo" y que nada aportaron a la empresa de Moll. Por tanto, el contrato fue "inexistente o nulo de pleno derecho" por lo que debe ser desecho.
La jueza limita su análisis al ámbito económico y no penal. Pero sí enumera hasta 6 argumentos que, según su criterio, hacen que "cobre más sentido la versión que ofreció Moll en el juicio cuando dijo que la mujer de Garau no realizó ningún trabajo sino que fue Garau quien le exigió que para obtener la autorización anual de los elementos desmontables de la playa de Sa Coma le debía entregar a cambio 5 millones de pesetas". Pidiéndole Moll unas navidades que le pagara en efectivo, por lo que le entregó el dinero en efectivo en el hall de una entidad bancaria". La sentencia condena a Obrador a devolver el dinero por ser quien figura en el contrato pero aclara al desgranar las pruebas que era Garau "quien percibía los 5 millones de pesetas, tal y como reconoció Obrador en el juicio".
Un escándalo destapado por EL MUNDO/ El Día de Baleares
Agosto de 2007
Este diario ya venía denunciando las prácticas del histórico jefe de Costas Antonio Garau desde hacía meses. Ese verano, uno de los empresarios con intereses en la costa, Jaime Moll, confesaba haberle pagado.

'30.000 euros de por vida'
El titular de EL MUNDO, una entrevista al hotelero, era explícito. "Me dijo: 'Tu hotel invade la servidumbre, con 30.000 euros de por vida te lo arreglo'.

La reacción, años después
Este periódico siguió desvelando detalles de aquellas transacciones pero el caso sólo llegó al Juzgado cuando, sorprendentemente, Garau demandó al hotelero Moll por no pagarle dos anualidades.

La resolución
La Fiscalía denunció el caso por cohecho y pidió prisión pero la Audiencia declaró los hechos prescritos. Una jueza ordena ahora deshacer los pagos.


Costas S.A. es el departamento de la Administración española más opaco y protegido que existe. Nadie les vigila, ni les audita, ni les controla... tienen patente de corso y jamás la Fiscalía ha actuado de oficio a pesar de las denuncias, pocas, que algunos medios de comunicación se han atrevido a publicar. 
Este es uno de esos casos, pero hay más. 

La Audiencia Nacional anula el deslinde entre El Puntal de Laredo y el arroyo de El Regatón

La Audiencia Nacional ha anulado el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de los 2.297 metros comprendidos entre El Puntal de Laredo y el arroyo de El Regatón, ubicado también en el mismo municipio, al considerar que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) lo aprobó fuera de plazo.
Este deslinde afectaba a una gran zona que se extiende por la margen derecha de la avenida de los Derechos Humanos y que incluye una colonia de más de cuarenta chalés y a varios edificios.
En una sentencia fechada el pasado 22 de julio, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional señala que cuando el MARM aprobó el pasado 8 de febrero de 2011 la resolución sobre el deslinde, habían expirado ya los dos años de plazo que hay para resolver y notificar el expediente de deslinde desde la incoación del mismo. Para ello, se cuenta desde que el expediente de deslinde fue incoado el 11 de julio de 2008.
En mayo de 2010, la Dirección General de Costas aprobó ampliar el plazo otros doce meses el plazo de resolución y notificación de dicho expediente, una decisión que justificó en la necesidad de habilitar medios personales adicionales para estos expedientes, en la dificultad para hacerlo y en el "gran número" de expedientes de deslinde, concesiones y autorizaciones que estaba tramitando la Demarcación de Costas.
Ahora la Audiencia Nacional considera "improcedente" la ampliación que se acordó al considerar que la justificación que se dio para ello no era "concreta ni suficiente" y tampoco se dan las circunstancias excepcionales para ello.
Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación, plazo para lo que se daban diez días hábiles desde la notificación de la misma.

SENTENCIA
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7142256&links=deslinde&optimize=20140808&publicinterface=true

¿No es esto malversación de fondos públicos por dejación del deber de las administraciones?
¿Como puede permitirse un Estado de la Unión Europea tener en un limbo jurídico la propiedad privada durante años con una raya en un plano?
¿Por qué nunca existen consecuencias para el mal proceder de unos funcionarios, convencidos de que pueden hacer lo que les da la gana, y acaban pagando sus desmanes los ciudadanos?