LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 28 de diciembre de 2014

LA INOCENTADA DE MARIANO RAJOY ¡¡NO TIENE NINGUNA GRACIA!!

POLÍTICA ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO
Artículo 2. Principios y objetivos de la Política Exterior.
1. La Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto y desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Promoverá los proyectos de construcción europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como el multilateralismo en el seno de la comunidad internacional.
2. Son objetivos de la Política Exterior de España:
c) La promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas;
Artículo 16. Acción Exterior en materia de derechos humanos.
1. La Acción Exterior en materia de derechos humanos promoverá la extensión, reconocimiento y efectivo cumplimiento de los principios fundamentales defendidos por la comunidad internacional de Estados democráticos y reconocidos en la propia Constitución Española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los demás pactos y tratados ratificados por España en esta materia, en especial las Directrices de derechos humanos de la Unión Europea.
2. Asimismo, promoverá la cooperación internacional en materia de defensa y garantía de los derechos humanos y contará para ello con el trabajo de proyección exterior de los órganos constitucionales.
POLÍTICA INTERNA ESPAÑOLA VISTA DESDE EL PARLAMENTO EUROPEO
Conclusión: a falta de la intervención de los peticionarios, prevista para el día siguiente, la comisión concluye que existe un problema de seguridad jurídica y de indemnización justa, que las declaraciones de los representantes del Gobierno español y de la Comisión no son satisfactorias y que el Parlamento proseguirá el examen del asunto.
Decisión: solicitar al Presidente Buzek que remita un escrito al Presidente del Gobierno español, haciendo hincapié, entre otros, en la aplicación arbitraria de la ley, la falta de seguridad jurídica y la indemnización injusta; escribir una carta a la Comisaria Viviane Reding para solicitarle una aclaración de los aspectos de las peticiones relacionadas con la Carta de los Derechos Fundamentales y el CEDH. Los coordinadores debatirán otras posibles medidas de seguimiento.




domingo, 14 de diciembre de 2014

Costas admite la plena consolidación de todos los núcleos del litoral de Marín


El ministerio asume los criterios del gobierno local y confirma el asentamiento urbano de Casás, Teoira, Loira y Aguete » El próximo martes se reunirá la comisión de seguimiento

Costas del Estado ha admitido finalmente el grado de consolidación de los núcleos de Casás, Teoira, Loira y Aguete Sur, siguiendo los argumentos presentados por el Concello de Marín en julio del año pasado. En un informe remitido por la Dirección General de sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, se asumen los argumentos de Marín para defender los asentamientos urbanos que aún quedaban por aclarar en su litoral, adaptándose a la nueva ley de Costas de 2013.
"Se puede concluir que los citados núcleos cumplen con el grado de consolidación exigido para aquellas áreas que no contaban con servicios urbanísticos a la entrada en vigo de la Ley 22/1988, informando favorablemente a la aplicación de la Disposición transitoria primera de la Ley 2/2013", expone en sus conclusiones el informe remitido por el ministerio.
Se incluye a Marín en la disposición transitoria de la ley, que se refiere a los municipios que ya disponían de plan urbanístico antes de la entrada en vigor de la ley de Costas del año 1988, porque el municipio disponía de normas subsidiarias con similar consideración.
Marín había resuelto en gran parte el problema de los núcleos del litoral, al aprobar el nuevo plan xeral de ordenación municipal. Sin embargo quedan pendientes de ordenación estos cuatro lugares.
Estudio
Para solventar la situación, el gobierno local presentó a los integrantes de la comisión de litoral un estudio de consolidación elaborado por el equipo redactor del planeamiento, con el objetivo de reducir la línea de servidumbre para justifica una consolidación de dos tercios en los núcleos del litoral de Casás, Teoira, Loira y Aguete Sur.
El estudio de la consolidación elaborado por el equipo redactor, realizado teniendo en cuenta los cuatro documentos que ya se realizaron anteriormente en el municipio, trataba simplemente de "plasmar la realidad existente", como explicó entonces la alcaldesa, María Ramallo.
Para adaptarse a la Disposición transitoria de la ley, que da cabida a estas excepciones, se tomaron unos parámetros de consolidación, según los cuáles, a la entrada en vigor de la ley de Costas de 1988, Casás tenía un grado de consolidación del 78,48%, para el núcleo de Aguete Sur se establecía un 92,03%, para Teoira un 73,67% y, finalmente, para el núcleo de Loira un 76,04%.
El cálculo se realizó aplicando un método gráfico, que pone en relación la suma de las superficies de las parcelas consolidadas en 1988, con la superficie total del ámbito, tras descontar los viales y zonas verdes existentes en dicha fecha.
El reciente informe de Costas informa favorablemente a la argumentación del Concello para consolidar dichos núcleos, con lo que el gobierno local da por concluida la incertidumbre que pesaba sobre las viviendas afectadas.
Reunión
Para determinar las conclusiones definitivas del informe recibido por el Concello, el próximo martes se reunirá la comisión de seguimiento de la ley del litoral, con la presencia de los responsables de Xunta y Costas del Estado.

viernes, 12 de diciembre de 2014

El Gobierno canario recurre ante el Supremo el Reglamento General de Costas

El Gobierno de Canarias ha recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto por el que se aprobó el Reglamento General de Costas, al considerar que esta normativa vulnera sus competencias autonómicas.

Canarias cuestiona en su recurso varias disposiciones sobre los núcleos de población en la costa, la clasificación de playas, la limitación de celebración de eventos y la ampliación de las afecciones a las parcelas sujetas a servidumbre de protección, según informa el Ejecutivo regional en un comunicado.

La comunidad autónoma alega que la determinación de qué suelos son merecedores de tener la condición de urbanos, a los efectos de aplicarles o no la servidumbre de protección de costas, es una competencia urbanística (por tanto, local y autonómica), de forma que no debería ser el Estado el que adopte esa decisión.

El Reglamento General de Costas obliga además a los gobiernos autonómicos a distinguir en las playas tramos urbanos y naturales y establece un régimen jurídico para cada uno de ellos.

El Gobierno canario entiende que esa obligación se excede de las competencias estatales, toda vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya al respeto y tiene reconocidas las competencias para la ordenación de las playas a las comunidades autónomas.

El reglamento también limita la celebración de eventos deportivos o culturales en las playas urbanas y establece que éstos tienen que tener relevancia nacional o internacional.

El Gobierno de Canarias recuerda que en las islas "existe una multitud de eventos deportivos, como campeonatos de windsurf o surf, que se vienen desarrollando en playas o tramos de playa naturales, y cuya prohibición no sólo perjudicaría los intereses de la comunidad autónoma, sino que iría en contra de la competencia que ésta tiene en materia de Deportes y Ordenación del Litoral".

El Ejecutivo de Paulino Rivero se opone además a que solo se autoricen eventos de ámbito nacional o internacional, "pues existen numerosísimos campeonatos insulares y locales en todo el archipiélago que son también de interés turístico y deportivo", argumenta.

La comunidad autónoma rechaza, asimismo, que el reglamento amplíe las afecciones en parcelas que se encuentran en la actualidad sujetas a la servidumbre de protección de la costa.

El Estado pretende con este documento ampliar la figura de protección a la totalidad de la parcela que tenga alguna parte afectada por las servidumbres costeras, aun cuando la mayor parte de ella se encuentre fuera de esa protección.

"En una comunidad que basa buena parte de su economía en el turismo asociado a los usos costeros, esta medida podría tener un efecto demoledor", advierte el Gobierno canario, "pues con ello se impediría, entre otras repercusiones, gran parte de la política que se está llevando a cabo de modernización de núcleos turísticos".

El Gobierno de Canarias también ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Costas, la ley que ahora desarrolla este reglamento.