LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

miércoles, 18 de marzo de 2015

Un misterio misterioso

Hay cuestiones que resultan difíciles de entender. Y lo que no se puede entender es imposible que se pueda explicar. Yo, por ejemplo, soy incapaz de explicarme a mí mismo por qué hay que tirar el hotel Médano. Porque, vamos a ver, uno coge el Google Maps, examina las costas de esta isla y no hace más que encontrarse casas tan cerca de las olas que hasta tienen lapas. En Candelaria, en el Puertito de Güímar, en El Médano, en Los Cristianos... En toda la isla hay edificaciones que están pegadas a la pleamar. A la trasera del ayuntamiento del Puerto de la Cruz, sin ir más lejos, casi le llega la espuma de las olas.
¿Se van a tirar todos estos edificios? No. Porque ya estaban en el momento de aprobar la ley de 1988. Las viviendas que ya existían en esa fecha se quedaron "fuera de ordenación", como en Santa Cruz; un limbo jurídico en el que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Con el tiempo, según la ley, muchas pasarían a ser propiedad del Estado. Luego la Unión Europea le dijo a España que era muy feo que se quedara con las viviendas que los pensionistas alemanes habían comprado con sus ahorros. Entonces el Gobierno, en 2013, volvió a regular las costas, pasando la prohibición de construir de cien a veinte metros del marisco, aunque según y cómo también ilegalizaba algunas casas en los otros ochenta metros... ¿Me siguen? ¿No? Tranquilos, yo tampoco.
La Ley de Costas del 88 establecía que a cien metros de la pleamar no puede haber ladrillo sobre ladrillo, excepto en los lugares que ya fueran urbanos en esa fecha. Ahí se aplicaba la frontera de los veinte metros. El dominio público es la ribera del mar. Pero luego hay seis metros de servidumbre de tránsito, aunque sean riscos por los que no puedan transitar ni los cangrejos. Luego hay zona de servidumbre de protección -que afecta a propiedades privadas- que llega a unos cien metros (u ochenta) en la que no se puede edificar. Y ahí es donde está el tomate. Porque uno se lee la ley y se enreda como en un trasmallo.
Al final lo que importa es que Costas, o sea, el Estado, o sea, el Gobierno, es el propietario de las riberas de la mar. Y como es el propietario no construye. Y demás, tampoco deja construir a los vecinos a una incierta distancia. Por qué son cien metros, ochenta o veinte o los que sean y no más o menos, es un misterio arbitrario. Por qué es igual para una costa continental que para otra insular, es más de lo mismo. Y también por qué hay casas que nadie se mete con ellas y otras que dicen que se van a tirar.
Es decir, que lo de Costas es un misterio muy misterioso. Si esto del cambio climático sigue adelante y se deshielan los polos y sube el nivel de la marea, como auguran los calentólogos, que dios nos coja confesados porque Costas se queda con todo. Y encima ruedan los mojones, como los magos, para ampliar la finca. Vaya peligro.

viernes, 13 de marzo de 2015

El enigma de las coordenadas

Un supuesto error de Costas en el vértice M-336 que coincidía con el campo de fútbol hace tambalearse la sentencia del mamotreto. La invasión de la zona de servidumbre de protección sería mínima.
Dicen que fue un error de transcripción. Que el funcionario o funcionaria que copió en el plano las coordenadas del deslinde marítimo terrestre de 1961 al de 2009 se equivocó en el M-336 y lo puso en el córner del campo de fútbol, un poco más arriba de donde debía ir.
Así se reconoce en un documento perteneciente al nuevo deslinde iniciado por Costas de Las Teresitas, en el que se establece que "la línea de deslinde propuesta [...] es coincidente totalmente con la aprobada por Orden Ministerial de fecha 12/02/2009 hoy anulada, salvo en el vértice M-336, donde se detectó que no coincidía con el vértice del tramo adyacente, error que se ha corregido".
Este error no pasaría de ser anecdótico si no fuera porque se examinaron y resolvieron alegaciones sobre ese vértice sin que nadie se diera cuenta en 2009 y porque ese vértice o mojón fue una de las bases del juicio del mamotreto, en el que han sido condenados y se ha ordenado entrar en prisión a dos concejales y una técnico de Urbanismo.
Costas, en vez de reconocer y clarificar estos hechos, salió el lunes al paso con un comunicado intencionadamente ambiguo en los medios de comunicación. "El deslinde que se está tramitando actualmente es coincidente aproximadamente con el del año 2009 [...]. Así mismo, este deslinde es prácticamente coincidente con el anterior (O.M. de 13 de mayo de 1961) en la zona del mamotreto. El deslinde del año 1961 es el vigente hasta tanto se apruebe el recientemente incoado".
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido un informe aclaratorio a Costas, pero ya está sacando la calculadora para empezar a sumar lo que les costó paralizar la obra porque invadía no solo el dominio público marítimo terrestre sino también la servidumbre de protección.
Sin embargo, la sentencia del Juzgado de lo Penal número cinco se refiere en sus hechos probados al deslinde de 1961, que estaba supuestamente bien pasado a plano. Aunque también lo hace al de 2009, con una frase: "Por Resolución de fecha 12 de diciembre de 2009, se aprobó el deslinde de los bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre en este tramo de costa, que es coincidente con el anterior (O.M. de 13 de mayo de 1961), en lo que atañe a los hechos aquí descritos".
Los abogados en la defensa están ahora personándose en el expediente administrativo de Costas, para poder examinar los deslindes y, en concreto, dónde estaba el vértice M-336 en el de 1961. Si estaba en el córner, nada habrá cambiado, si estaba más abajo, tienen que medir cuánto para comprobar entonces qué parte del mamotreto invadía la servidumbre de protección.
El último movimiento que se ha hecho del mojón en el nuevo expediente de deslinde que se ha incoado este año lo sitúa un poco más abajo y la invasión del mamotreto de la servidumbre pasaría de los 450 metros cuadrados a entre 25 o 50 metros.
Si esto fuera así, aplicando el principio de proporcionalidad de la Justicia, se pararía supuestamente la demolición ordenada en la parte de servidumbre de protección.
Además, algunos apuntan a que podría incidir en los delitos contra la ordenación del territorio por el que ya han sido condenados con sentencia firme Candelaria Benítez, Norberto Plasencia, Loreto Ariz, Epifanio Gómez, José Domínguez Pastor y Manuel Parejo.
El abogado de Candelaria Benítez, Alfonso Delgado, explica que "lo primero" ante esta situación es la "prudencia". Una vez que comprueben que el mojón M-336 del deslinde de 1961 no está en el córner, pedirán un "recurso de revisión de la sentencia al Tribunal Supremo" o "el indulto".
De cualquier forma, con este nuevo giro el proceso judicial puede alargarse tal vez años.
Ahora el enigma se centra en quién cometió aquel error fatal de transcripción, para rastrear si existió algún posible interés o fue la concatenación de una suma de errores "inaudita", en palabras del alcalde de Santa Cruz de Tenerife.
También se cuestiona incluso qué funcionarios de Costas rechazaron dos alegaciones al deslinde de 2009, amparándose, precisamente, en que el vértice M-336 "se representa en el interior del campo fútbol" y es "coincidente" con el de 1961. Y sobre todo, cómo es que nadie se percató del error en seis años.
Los culpables, ¿seguirían siéndolo?
Aunque los abogados de los condenados van a hacer todo lo posible para que se revisen las penas, no está tan claro que eso sea posible. El portavoz de Sí se Puede y también abogado Pedro Fernández Arcila sostiene que "el mamotreto era ilegal cuando se construyó porque el proyecto final invadía el dominio público marítimo-terrestre, considerando tanto donde antes se encontraba el mojón como donde se dice ahora que debiera estar, y, dado que esto es así, alguien informó favorablemente una obra que no debía ser autorizada". Además, aclaró "algo que los concejales de Coalición Canaria eluden de manera consciente o inconsciente: la acción que condena la justicia no tiene que ver solo con lo que está construido, sino también con lo que se autorizó". El citado fallo dice además que con esta acción, los condenados vulneraron aspectos legales en materia de ocupación, de usos del suelo, de altura y de edificabilidad, entre otros. Y, además, sigue siendo ilegal según el PGO, añadió.
Más información
El concejal del Partido Popular (PP) Carlos Garcinuño ha solicitado al consistorio una copia de la incoación del nuevo expediente de deslinde marítimo-terrestre en el que se reconoce el error. Tanto ediles del gobierno como de la oposición han tildado el supuesto error en ese mojón clave de "raro", debido a las numerosas ocasiones en las que ha habido que repasarlo e incluso declarar sobre él en el juicio por parte de los técnicos de Costas.