LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

sábado, 30 de julio de 2016

¿Quién tiene la culpa de los Reinos de Taifas de Costas S.A.? Los distintos ministros que desde 1988, en una dejación de sus obligaciones, han renunciado a cualquier investigación a pesar de la miles de denuncias que se han hecho, en España y en Europa, sobre las irregularidades y opacidad que existe en todo lo referente a los deslindes y obras de Costas. Éste no es un caso aislado, sino uno de los pocos casos que se han destapado y salido a público.

Dominio Público advirtió a Costas que debía parar la obra en la playa de Tauro
Una inspectora se desplazó desde Madrid y constató las irregularidades José María Hernández León no suspendió los trabajos al estar la playa casi terminada

El jefe de la Demarcación de Costas de Canarias hasta el jueves de la semana pasada, José María Hernández León, desoyó órdenes directas de sus superiores en Madrid que le advertían de la obligación de suspender las obras de Tauro, en Gran Canaria, hasta resolver los incumplimientos del Grupo Anfi en la concesión para rehabilitar la playa y explotar durante 50 años los servicios de temporada (hamacas y locales comerciales) en esa franja del litoral de Mogán.
Esa supuesta dejación de Hernández y las irregularidades detectadas por la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre son las dos razones que han forzado su destitución, la cual se produjo después de que la Guardia Civil preguntara a la Dirección General de Sostenibilidad por qué continuaron los trabajos si Dominio Público aconsejaba justo lo contrario, según explican fuentes de la investigación.
Planificación del Cabildo de Gran Canarias para facilitar al Grupo Anfí la destrucción completa de la costa 
El amplio atestado del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está desde la semana pasada en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente Urbanismo de Las Palmas, que ha abierto diligencias de investigación por dos delitos: prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio (construcciones ilegales), los cuales apuntan directamente hacia Hernández porque es el responsable local del expediente, es decir, la persona que ha recabado los informes de las administraciones afectadas por la tramitación del proyecto (Ayuntamiento de Mogán, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias), para luego remitir la información a Madrid y que la Dirección General resolviera la concesión solicitada para ocupar el dominio público marítimo terrestre.
El exjefe de Costas admite que un ingeniero de su departamento se negó a firmar el acta de replanteo con el trazado de las obras, pero niega que los reparos del técnico tuvieran la importancia suficiente para evitar el inicio de los trabajos y, por ese motivo, autorizó verbalmente que comenzaran bajo su responsabilidad, entre otras razones porque el momento clave del procedimiento viene después, con la recepción de las obras, y ésta no se iba a realizar hasta que el empresario subsanara las deficiencias detectadas. Sus superiores, en cambio, no pensaron así y, tras revisar el expediente, le plantearon que la rehabilitación de la playa no debió comenzar hasta solventar esos defectos. El exjefe de Costas asegura que no se paró la obra porque estaba casi acabada y desde el principio pensó que los incumplimientos del promotor eran subsanables.
Hernández, que es decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Las Palmas, autorizó los trabajos el 4 de febrero, pero el ingeniero Ignacio López-Sanvicente, tras negarse a firmar el acta de replanteo, elevó una queja a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que depende del Ministerio de Medio Ambiente. El técnico denunció las presiones de Hernández para firmar el acta y omitir las irregularidades detectadas, entre ellas que la parcela aportada por el promotor no se corresponde con el proyecto original, pues se adentra demasiado en el barranco y sobrepasa el deslinde marítimo terrestre, es decir, la franja de dominio público donde está previsto el paseo marítimo y la colocación de los servicios de temporada para explotar la playa, incluso parte del terreno está ocupado por terceras personas y no es unitario, sino que está partido por una cantina y varias viviendas.
La Dirección General de Sostenibilidad, para aclarar dicha queja, envió a Tauro a la subdirectora de Dominio Público Marítimo Terrestre, Josefa Solernou Sanz, que finalmente hizo la inspección en marzo y constató irregularidades tanto en el acta de replanteo como en la que acredita la entrega de los terrenos. A finales de abril emitió el informe donde revela que las obras no pueden comenzar hasta que se resuelvan esas anomalías, principalmente porque el promotor no ha acreditado la titularidad del suelo colindante y esa es una de las condiciones previas a la ejecución del proyecto de mejora.
Es más. El Grupo Anfi, que está integrado por la familia Lyng y por Hermanos Santana Cazorla, obtuvo la concesión gracias a esa parcela de 3.811 metros que aporta al dominio público, pues la propuesta del otro empresario que se presentó al concurso no incluía una contraprestación de esa naturaleza. Ese otro empresario es Miguel Cazorla, con negocios en la playa vecina de Amadores. De ahí la exigencia de que Anfi Tauro SA acredite la titularidad de dicho terreno como condición previa al inicio de las obras, ya que gracias a esa mejor oferta le concedieron la ocupación de los 11.200 metros de dominio público para rehabilitar la playa y explotar los servicios de temporada, según establece la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en la resolución del concurso, que lleva fecha del pasado 9 de junio de 2015.
La otra condición previa que puede haber incumplido el promotor es no garantizar la servidumbre de tránsito en el espacio colindante a la playa y los accesos a la misma, es decir, el paseo marítimo por no adecuarse al planeamiento urbanístico.

Correos para acreditar las presiones

  • El ingeniero que puso reparos al inicio de las obras en Tauro, Ignacio López-Sanvicente, ha aportado a la Guardia Civil correos que acreditan las presiones recibidas para firmar un acta de replanteo con la que no estaba de acuerdo. El proyecto aprobado en la concesión administrativa para rehabilitar la playa no se correspondía con la realidad del terreno y, por tanto, se negó a firmar los planos con el trazado de las obras. Eso ocurrió el pasado 4 de febrero en medio de un clima de gran tensión entre el técnico, el jefe de la Demarcación de Costas, José María Hernández, y el empresario Santiago Santana Cazorla, que acudió a la firma del acta en representación del Grupo Anfi. Hernández fue destituido el jueves pasado por sus superiores en Madrid, que corroboraron los reparos del técnico y hallaron otras irregularidades en la parcela que el empresario aportó al Estado para lograr la concesión, pero el exjefe de Costas asegura las trabas de Sanvicente obedecen a una venganza porque le archivaron una denuncia por acoso laboral. Los correos entre ambos revelan que recibió presiones.

martes, 26 de julio de 2016

El exjefe de Costas Hernández obvió el informe de su técnico sobre anomalías en Tauro

El exjefe de Costas José María Hernández informó al Ministerio de Medio Ambiente de que todas las irregularidades en el proyecto de Tauro habían sido «resueltas de inmediato» el mismo día en el que un ingeniero de su departamento informaba a Madrid de un rosario de éstas en el expediente.  

El Ministerio de Medio Ambiente registró en el pasado febrero dos actas de replanteo distintas, resultantes de la reunión que el día 4 de aquel mes celebraron en el barranco de Tauro (Mogán, Gran Canaria) todas las partes implicadas en el proyecto para crear una playa artificial en el paraje y un paseo marítimo; la del ingeniero de la Demarcación de Costas Ignacio López, advirtiendo de diversas irregularidades en el proyecto, y la de su superior, el  hoy destituido jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández de León, asegurando que las objeciones planteadas por López habían sido «resueltas de inmediato».


Las dos actas de replanteo divergentes –al parecer, base de la destitución de Hernández como jefe de Costas la semana pasada– forman parte del atestado incoado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guarida Civil por presuntas irregularidades en la concesión para transformar Tauro, sobre el que se ha apoyado la Fiscalía  de Medio Ambiente y  Urbanismo de Canarias para incoar unas diligencias de investigación (preprocesales) por la posible comisión de delitos de prevaricación urbanística –supuestamente por parte de Costas– y de prevaricación administrativa por parte del Ayuntamiento de Mogán en la concesión de la licencia para la ejecución del paseo marítimo.


Según fuentes próximas a la investigación, el atestado aporta pruebas contundentes de que Hernández León había afirmado en falso el 4 de febrero pasado que las irregularidades detectadas por  su subalterno en el proyecto se encontraban solventadas el mismo día del acta de replanteo.

Entre otros documentos, el Seprona cuenta con un escrito en el que el destituido jefe de  la Demarcación de Costas se dirige al Ayuntamiento de Mogán el 15 de febrero –esto es, 11 días después de certificar que los reparos de su técnico habían sido solventados– pidiendo la colaboración municipal para aclarar la titularidad de los terrenos en primera línea de la costa.

El exjefe de Costas compatibilizó su cargo con puestos en seis empresas

José María Hernández dirige negocios de artículos deportivos, servicios de ingenería o fotografía


CONTINUARÁ.....

El Ayuntamiento de Mogán reconoce que no inició la caducidad de la licencia de paseo de Tauro pese al retraso

La caducidad de la licencia tendría que haberse tramitado en 2013, al cumplirse un plazo de dos años, pero el Ayuntamiento nunca lo hizo de oficio, explica la alcaldesa.

El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) no abrió el expediente de caducidad del proyecto de obra del paseo de la playa de Tauro, como tendría que haber hecho en 2013 tras cumplirse dos años desde su concesión.

La  Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas investiga las irregularidades denunciadas por la Guardia Civil en la autorización que la Demarcación de Costas otorgó a la empresa Anfi para transformar la cala de piedras de Tauro en una playa artificial.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha explicado que a su Ayuntamiento sólo le compete el paseo marítimo anexo a la playa, que obtuvo licencia en 2011, otorgada por el anterior grupo de gobierno (PP) y condicionada a la corrección de una serie de deficiencias del proyecto de regeneración.

Estas deficiencias quedaron subsanadas en 2015 cuando se presentó nuevamente el proyecto de regeneración, "pero el técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano Rural ha cuestionado el permiso porque no se caducó a los dos años", ha indicado.

La caducidad de la licencia tendría que haberse tramitado en 2013, al cumplirse un plazo de dos años, pero el Ayuntamiento "nunca lo hizo de oficio y por eso se mantiene activa", ha explicado Bueno.

El proyecto de construcción de la playa artificial de Tauro incluye el paseo marítimo, los servicios de temporada y los comercios, motivo por el que la pasada semana varios agentes del Seprona solicitaron el expediente del paseo al Ayuntamiento de Mogán por orden de la Fiscalía.

A juicio de la alcaldesa de Mogán, estas supuestas irregularidades entre el promotor y Costas podría tener consecuencias, como la no recepción de la playa por el Ayuntamiento.

lunes, 25 de julio de 2016

Destituido el Jefe de Costas de Gran Canarias por irregularidades en la concesión de la nueva playa de Tauro

El Seprona ha abierto una investigación para esclarecer si la construcción se ajusta a la legalidad, lo que ya ha supuesto la destitución del jefe de Costas de Canarias.

La nueva playa artificial Anfi Tauro ha centrado el foco de atención en los últimos días,  no sólo por la novedad de su estreno el próximo mes de agosto, sino por la investigación abierta para comprobar que su construcción se ajusta a la legalidad.
Concretamente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil quiere esclarecer si los terrenos concedidos al Grupo Anfi para ejecutar el proyecto fueron tramitados de forma legal. 
Según adelanta el periódico La Provincia, esta investigación ya se ha cobrado la destitución del jefe de Costas en Canarias, José María Hernández (cargo que depende del Ministerio de Medio Ambiente).
Además, informan de que las pesquisas afectan a las cuatro administraciones que han intervenido en la tramitación del proyecto: Ayuntamiento de Mogán, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y, sobre todo, al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad y su Demarcación en las Islas.
La Guardia Civil lleva investigando la concesión desde que comenzaron los trabajos el pasado mes de febrero, tras recibir una denuncia de la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, alertando de que estas obras podían afectar a la ZEC Franja Marina de Mogán, un espacio marino declarado para la protección del hábitat de interés comunitario y que se encuentra a apenas 300 metros de donde se han venido realizando las obras.
Para la construcción de esta playa, el grupo Anfi Tauro (formado por la familia Lyng y el Grupo Santana Cazorla) ha invertido seis millones de euros y ha despositado para ello más de 70.000 toneladas de arena del Sáhara.
A este emplazamiento de Anfi Tauro, el grupo pretende unir a medio plazo un puerto deportivo para 300 atraques y varios complejos hoteleros, que suman 7.500 camas.

miércoles, 20 de julio de 2016

COSTAS S.A. ya ni disimula: "UNA NUEVA PLAYA ARTIFICIAL PARA BENEFICIO PRIVADO PUEDE DESTRUIR EL MEJOR SEBADAL DE TENERIFE"

Los ecologistas denuncian la "desvergüenza" del proyecto aprobado por Costas para San Miguel de Abona

Ben Magec - Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto de regeneración y acondicionamiento del paseo y la playa de San Blas, en la isla de Tenerife, aludiendo al previsible impacto sobre la Zona Especial Canaria (ZEC)  Sebadales del Sur.

 Los ecologistas denuncian también que se utilice dinero público  para construir una playa que "responde casi exclusivamente a la demanda de un hotel".

 La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha sacado a exposición pública el proyecto y el correspondiente estudio de impacto ambiental de la "Regeneracion y acondicionamiento del paseo y la playa de San Blas, en el municipio de San Miguel de Abona, con un presupuesto base de licitación de 3.348.756,09 €

La obra a realizar - explican desde la federación ambientalista - "además del machaqueo del callado, consiste en un dique sumergido como prolongación de la Punta Natural del Jurado Grande con una longitud de 85 m, siendo la cota más profunda de -4 m y 6 m de ancho"

Para la ejecución del mencionado dique se realizará otro de carácter provisional de una longitud de 110 m y 10 m de ancho a una cota + 4 m.

Ben Magec alerta de que este proyecto de construcción, que se ubicaría en el frente mismo de la playa, supondría un riesgo significativo para   un ecosistema tan frágil y valioso como es el sebadal.

"La regeneración de la seba (Cymodocea nodosa), una planta protegida tanto en el Catálogo de Especies Protegidas, al encontrarse en una zona ZEC, como por la Ley de Pesca de Canarias, se vería afectada por el aumento de la turbidez del agua"-apuntan.

"Además -añaden desde Ben Magec -  especies ligadas a estas praderas submarinas, algunas de ellas de importancia comunitaria, como la tortuga boba, el delfín mular o la tortuga verde sufrirán las consecuencias del deterioro del sebadal".

Finalmente, los ambientalistas recuerdan que, aunque es preceptivo, este espacio de interés comunitario aún no cuenta con una zonificación que identifique los usos compatibles con la conservación, lo cual implica suspender la tramitación de cualquier proyecto que potencialmente pueda afectar a una zona sensible del sebadal.

 "La playa de San Blas - concluyen - dará servicio claramente a un hotel sin ningún otro interés social, aunque los más de tres millones de euros que cuesta serán abonados con dinero público".

Algo que la federación ecologista califica de "total irregularidad y completa desvergüenza en un momento de gran austeridad y recortes en temas verdaderamente útiles".


¿Desvergüenza? no, INTERESES. Costa S.A. nunca ha tenido vergüenza, ha tenido y tiene intereses creados, sino ¿para que hicieron la Ley de Costas sino es para tener Patente de Corso y dar apariencia de legalidad a todo lo que se les antoje hacer? Son como el caballo de Atila, arrasan con todo lo que se les ponga por delante.