LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2012) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 18 de febrero de 2024

La erosión de la costa por diques, puertos y presas es 10 veces mayor que la provocada por el cambio climático

 

El profesor Medina Folgado expone ante los abogados de la Comunitat Valenciana la situación de las costas y los modos de resolver la regresión.

Apenas unos días después de que el Tribunal Supremo tumbase el Reglamento de Costas aprobado por decreto por el Gobierno de Pedro Sánchez el año pasado y que está provocando mucho malestar con los deslindes en municipios como Dénia, el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) celebró el martes una jornada bajo el título "Deslindes de la Ley y de Costas. Cómo defenderse de la Administración", en la que participó el ingeniero y catedrático, Josep Ramón Medina Folgado, director del Laboratorio de Puertos y Costas de la Universitat Politècnica de València.

El doctor e ingeniero fue contundente respecto a la situación de las costas en la Comunitat Valenciana y las causas responsables de la erosión generalizada de las playas, que cifró en un déficit de 2,5 millones de metros cúbicos de sedimentos al año (según se desprende del estudio Beachmed).

Para el experto, la construcción de embalses y presas fluviales, diques, puertos y las extracciones de arena provocan diez veces más regresión del litoral que el aumento del nivel del mar y erosión por efecto del cambio climático.

Medina Folgado remontó su explicación a los años 80 del pasado siglo, cuando la iniciativa pública pasaba por recuperar la costa y regenerar las playas. Y la contrapuso a situación actual en la que el cambio climático es utilizado como "excusa para eludir responsabilidades" por las administraciones, que no van más allá que limitar la propiedad privada en la costa con deslindes.

El ingeniero explicó que el cambio climático sí causa erosión, con el aumento de 1 a 3 milímetros del nivel del mar al año, pero que "este carácter erosivo es muy pequeño respecto a otros factores". La construcción de presas y embalses en los ríos y de diques y puertos en el mar, son en su opinión los mayores causantes de la pérdida de sedimentos "y todas de estas obras, aseguró, son "responsables las administraciones".

Es más, insistió en que son las administraciones públicas las que "tienen las herramientas y recursos" para volver a regenerar las playas con aportes de arena gracias a depósitos submarinos como el de Cullera, procedente de una playa anterior a la última era glaciar y que contiene 90 millones de metros cúbicos que servirían para regenerar las playas de la Comunitat, que de 1946 a 2000 perdieron 135 millones.

Causas de la erosión

El catedrático se detuvo en las principales causas de que las playas estén retrocediendo. Así, comenzó hablando de las presas de los ríos. Los cauces fluviales, expuso, de forma natural transportan los sedimentos gruesos (arenas y gravas) y los sedimentos finos (limos y arcillas) hacia su desembocadura en el mar. Pero si el transporte natural se interrumpe por una presa, los sedimentos gruesos se depositan y acumulan en la cola de los embalses.

"Los ríos de la cuenca del Júcar están acumulando más de 3 millones de metros cúbicos de sedimentos al año. El 10-15% de esos sedimentos gruesos debería llegar a las playas", afirmó el Medina Folgado. En este sentido, el profesor aseguró que el problema se podría resolver haciendo un trasvase de sedimentos aguas abajo de las presas, pero no se está haciendo pese a la que Directiva Marco del Agua así propone.

El otro gran problema son las barreras construidas por el hombre en el litoral (diques, puertos y espigones) que impide el transporte litoral en los primeros metros de profundidad. El caudal de sedimentos se queda acumulado en una parte y provoca erosión en otra.

Se podría resolver restituyendo el flujo natural cogiendo arenas de un lugar y llevándolo a otro. "El oleaje va a continuar y los diques no se van a mover", explicó Medina Folgado, pero para ello habría que trasladar esos sedimentos allí donde se necesitan.

Es en este punto en el que el experto aboga por coger arena de un banco marino y trasladarlo donde se necesita. Una actuación que se hacía antes de los años 90 y que ahora de desestima salvo en casos excepcionales.

https://www.elespanol.com/alicante/20240215/erosion-costa-diques-puertos-presas-veces-mayor-provocada-cambio-climatico/832666914_0.html

viernes, 16 de febrero de 2024

El Ministerio asegura que puede tramitar una nueva modificación del reglamento de Costas anulado por el Supremo

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) asegura que la sentencia del Tribunal Supremo que anula el reglamento de Costas de 2022, tras el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por del deslinde de Costas de Formentera, "no entra en el fondo de la regulación, sino que la anulación es por cuestiones de forma”. Este deslinde afecta a cientos de negocios y propiedades de toda España y, como es lógico, de Ibiza y Formentera.

Explica que en el caso concreto de la norma anulada por el Alto Tribunal, "se llevó a cabo una amplísima participación pública sobre el proyecto, abierta a toda la ciudadanía y comunicada a todos los potenciales afectados, y se estudiaron y tuvieron en cuenta las numerosas aportaciones recibidas".

Es decir, que el Ministerio considera que se garantizó la "total participación ciudadana" y que "al no haber sido suscitados defectos de fondo [en la sentencia], se puede volver a tramitar la modificación con el mismo contenido".

Insiste en que la modificación anulada de 2022 del Reglamento General de Costas, se refería a "aspectos parciales de una materia" porque afectaba a muy pocos artículos del Reglamento aprobado en 2014. Las modificaciones más relevantes se referían "a concesiones y deslindes, y se introdujeron para adaptar el Reglamento a la normativa vigente así como para tener en cuenta los efectos del cambio climático", puestos de manifiesto en la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española, aprobada en 2017.

Deslindes

Respecto a los deslindes, el Ministerio aclara que el Real Decreto de 2022 eliminó del Reglamento General de Costas "el criterio de alcance del oleaje cinco veces en cinco años para el establecimiento de la ribera del mar" y prescindió de las especificaciones sobre tipos de dunas incluidas en el dominio público marítimo-terrestre, "puesto que en ambos casos se excedía lo regulado en la Ley de Costas y se limitaba la definición de los bienes con características de dominio público, lo que resulta incoherente con los escenarios climáticos a los que nos enfrentamos". 

Al mismo tiempo, el Miteco deja claro que la anulación de la modificación del reglamento de 2022 "no implica la anulación de ningún deslinde". Asegura que en todos los deslindes aprobados desde la modificación reglamentaria "se hubiera establecido la misma línea de ribera del mar aplicando el reglamento de 2014, bien porque el alcance del oleaje ha sido solo uno de los criterios aplicados y el resto (inundabilidad, características de playa o acantilado) ya determinan la pertenencia al dominio público, bien porque el alcance de los mayores temporales coincide con el criterio de alcance cinco veces en cinco años". 

La modificación de los criterios del deslinde del dominio público marítimo-terrestre del reglamento anulado de 2022, "hubiera tenido efectos más a largo plazo, dados precisamente los efectos del cambio climático, pero aún no en los practicados inmediatamente tras su aprobación, puesto que estos efectos aún no son tan patentes como lo serán en los próximos años", subraya el Ministerio. 

Respecto al concreto caso de Formentera, el Miteco asegura que "el deslinde de la mayor parte de la isla se aprobó en 1997 y es firme, al haberse desestimado los numerosos recursos que se interpusieron contra él".

https://www.diariodeibiza.es/formentera/2024/02/16/ministerio-asegura-tramitar-nueva-modificacion-98247272.html

martes, 13 de febrero de 2024

La asociaciones alicantinas afectadas por el Reglamento de Costas anulado por el TS, a la espera de otros recursos


Quieren saber la decisión del alto tribunal sobre otros aspectos denunciados para que el Gobierno no trate de subsanar el error formal y volver a tramitar el decreto como está.

La anulación por parte del Tribunal Supremo del Reglamento de Costas aprobado por decreto en agosto de 2022, echa por tierra todas las actuaciones de la Dirección General del Ministerio para la Transición Ecológica desde esa fecha, muchas de las cuales han tenido una gran contestación social en la provincia de Alicante. De hecho, cada una de las asociaciones de afectados presentó su propio recurso y ahora quedan a la espera de que el alto tribunal responda también a sus argumentos.

Y es que por el momento el Supremo ha tumbado el Reglamento por un recurso de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, por un defecto de forma basándose en que la norma administrativa (que no ley) del Reglamento no pasó por una consulta pública con participación ciudadana.

Los afectados temen que con tan sólo esta sentencia, el Gobierno intente de nuevo aprobar el Reglamento de Costas por decreto subsanando el error por el que el Supremo ha tumbado la norma administrativa. En cambio, si el Supremo entra a valorar el fondo de otros recursos, se conseguiría un "contexto jurídico" más amplio.

En el caso de la Asociación de Vecinos de Playa Babilonia, en Guardamar, el recurso judicial no estaba basado en la ausencia de consulta pública sino en el modo en que se ha tramitado, un reglamento por decreto, para una materia que debería haber pasado por el Congreso de los Diputados en forma de ley.

"El Reglamento entra a regular materias que no son desarrollo de una ley, sino una ley en sí misma, que es lo que debe reformarse y debatirse en las Cortes. Entre otras cosas porque regula la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) o el alcance de los deslindes cambiando la ley de Costas y conduciendo a una situación de inseguridad jurídica ya que un reglamento no puede crear derecho", explica Manuel López, de dicha asociación.

También en Dénia otros afectados agrupados en la Asociación en Defensa de la Playa Norte y la Asociación de Playa Les Deveses registraron sus recursos propios, incluyendo uno más en conjunto con la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas que preside Carmen del Amo.

Rosa Marín, vicepresidenta de la Asociación de Playas Norte de Dénia y secretaria del colectivo vecinal de Les Deveses, explica que en tanto en sus recursos como en el general que hizo la asociación de Carmen del Amo, también se contempla la falta de participación ciudadana que ha servido para tumbar el Reglamento, "porque los afectados entendían que les provocaba una indefensión".

Pero además, tanto en este recurso como en las alegaciones que se han realizado a los deslindes del pasado otoño en el municipio alicantino, se exponen más argumentos contra el Reglamento aprobado por decreto, como el hecho de que no se debatan todos estos asuntos en procedimiento de ley.

https://www.elespanol.com/alicante/20240213/asociaciones-alicantinas-afectadas-reglamento-costas-anulado-ts-espera-recursos/832166973_0.html

El varapalo del Supremo a los deslindes del Gobierno no calma a los afectados: "Es un galimatías jurídico que obligará a revisar caso por caso"


En su primera respuesta a la cascada de recursos, el Alto Tribunal anula el reglamento de Costas que dejaba en manos del Estado numerosos inmuebles en primera línea de playa 

Miles de propietarios en primera línea de playa están a un paso de perder sus casas o negocios. Sin embargo, la anulación por parte del Tribunal Supremo del reglamento de Costas de 2022 abre ahora la puerta a tumbar los deslindes kilométricos que en los últimos meses había ido realizando por toda la costa española el Ministerio para la Transición Ecológica. Unos deslindes que, al ampliar el alcance del dominio público marítimo-terrestre con el argumento de proteger las playas, afectaban a numerosos inmuebles que, en la práctica, iban a pasar a manos del Estado.

Pero la reciente sentencia del Supremo declara la "nulidad de pleno derecho" del Real Decreto por el que se modificó el reglamento de Costas en 2022. Es la primera respuesta a la cascada de recursos planteados, en este caso, el de los afectados de Formentera. Según el fallo, el cambio del reglamento debía haber pasado por el trámite de la consulta pública, que no se hizo.

Esto significa que los deslindes que ejecutó la Demarcación de Costas conforme a esta norma dejan de ser válidos, pero no los que se iniciaron anteriormente según el reglamento de 2014. Todo "un galimatías jurídico que obligará a revisar caso por caso".

Así lo advierte Manolo López, portavoz de Somos Mediterrania, una entidad que agrupa a medio centenar de colectivos de afectados por la Ley de Costas en toda España. "Que desaparezca la reforma del reglamento de 2022 nos retrotrae a la normativa anterior: el reglamento de 2014, que no es mejor", explica. Por tanto, "solo decaerán automáticamente los deslindes que se estaban sustentando sobre el último reglamento, porque la retroactividad de la norma es limitada".

Y aquí es donde aparece la primera complicación, tal y como constata Pedro Pastor, presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Denia. En este municipio alicantino, con gran proyección turística, los vecinos se han levantado en armas en los últimos meses para tratar de salvar los 3.617 inmuebles afectados. De estos, 103 son los que quedarían directamente dentro del dominio público con la propuesta de deslinde. Dicho con otras palabras, sus legítimos propietarios dejarán de serlo en beneficio del Estado. Un caso de "confiscación en toda regla" que denuncia Somos Mediterrania.

Aun así, no está claro que los deslindes en Denia se puedan paralizar sin más. "El deslinde a día de hoy sigue vivo y entendemos que está vigente", lamenta Pastor, que denuncia "la falta de transparencia de Costas". "No hemos podido ver aún ningún informe técnico que justifique los deslindes en Denia, por lo que Costas podría subsanar cualquier defecto y volver a presentar el deslinde", insiste. Y ello porque el deslinde definitivo no está ejecutado, a pesar de que ya se han superado las fases de incoación y del acto de apeo. Dicho de otro modo, está por ver si Costas podría acogerse al reglamento de 2014 y completar el trámite.

Para el director general de Costas de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, "los criterios de deslinde que venía aplicando el Ministerio hacen referencia al temporal Gloria de 2020, por lo que queda claro que el reglamento que se aplicaba era el de 2022". "Es nulo y no se pueden validar los actos administrativos", subraya. En su opinión, "el Ministerio vuelve a la casilla de salida".

https://www.elmundo.es/economia/2024/02/13/65ca5878e85ece8c4a8b45a1.html

domingo, 11 de febrero de 2024

El Supremo anula el reglamento de Costas de Ribera por saltarse la consulta pública

 

El Gobierno se saltó el trámite de consulta pública y, ahora, el Tribunal Supremo ha decidido anular entero el real decreto por el que el Ministerio para la Transición Ecológica reformó en 2022 el reglamento general de Costas. Este texto cambió, entre otras cosas, las condiciones por las que debían regirse los chiringuitos, las normas para los deslindes o las prórrogas para la ocupación del dominio público-terrestre.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pronuncia así tras el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera. La consecuencia inmediata es que ahora está en vigor el reglamento elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. El Ejecutivo de Sánchez lo cambió para aclarar que las concesiones de dominio público marítimo-terrestre tenían un plazo máximo de 75 años, a contar desde la ley de Costas del 88 (y no desde la solicitud de una prórroga años después), pero también para facilitar los deslindes y para restringir las infraestructuras de los chiringuitos.

Sin embargo, el Gobierno se saltó un paso fundamental de la tramitación: el de escuchar a los ciudadanos. En su fallo, el tribunal señala que para poder prescindir del trámite de consulta pública en un reglamento «han de concurrir las circunstancias acumuladas de que se trate de normas presupuestarias u organizativas y, además de esas específicas normas reglamentarias, que concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o regulen aspectos esenciales de una materia». En cambio, el real decreto que sacó adelante el departamento de la ministra Teresa Ribera, «en modo alguno tiene naturaleza organizativa o presupuestaria y, además y a los solos efectos del debate suscitado, en modo alguno cabría infravalorar, como se razona en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo, los efectos de la reforma», aperciben los magistrados.

La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados, que consideran que la nulidad absoluta del reglamento es desproporcionada. Según argumentan, hubo participación ciudadana, aunque fuese en un momento posterior a la elaboración del proyecto.

Consecuencias

«A día de hoy, el real decreto no tiene aplicación. Volvemos al reglamento de 2014«, explica Daniel Olabarría, especialista en materia de costas y derecho inmobiliaria en Buades Legal ajeno al proceso. Entre las consecuencias que prevé el abogado se encuentra que los nuevos negocios en la costa podrán optar a concesiones de hasta 75 años, por ejemplo, ya que era el real decreto de 2022 el que limitaba la posibilidad a 30 años.

Además, las condiciones para los chiringuitos volverán a ser las previas. «El reglamento les limitaba mucho los espacios», reconoce Olabarría. El reglamento de Ribera introdujo que estos solo podían ser de una planta y sin sótano. También establecía que las edificaciones no podían «limitar el campo visual ni romper la armonía del paisaje costero o desfigurar su perspectiva». Unas modificaciones que levantaron ampollas entre los hosteleros.

Nuevos deslindes

Para facilitar nuevos deslindes, el reglamento establecía nuevas normas, que han generado afectados por toda la costa española. «Ese reglamento dice cosas como que un único temporal, en un único lugar, una única vez incluso en cien años, sea suficiente para que si llega una ola deje de ser propiedad privada y pase a ser dominio público. Aberraciones como esa y otros pronunciamientos igual de agresivos es lo que propone el reglamento», recordaba ayer haber avisado Vicente Martínez Muz, director general de Costas de Comunidad Valenciana. Entonces avisó de que el reglamento se había elaborado a espaldas de los ciudadanos, y que había miles de alegaciones en contra.

También ampliaba el dominio público al blindar todos los tipos de dunas al mismo nivel, frente a la diferenciación que hacía el anterior reglamento. Y establecía que, en caso de silencio administrativo, se diera por hecho el «no» a la petición que se cursara, explican María José Mayans y Vicente Tur, presidenta y vicepresidente de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, quienes han conseguido la sentencia con la ayuda de Cuart Abogados.

Sin embargo, sobre otro de los puntos más polémicos, en opinión de Olabarría la decisión de Supremo no tendrá efecto: las prórrogas de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno de Rajoy intentó que se computasen desde la solicitud de la prórroga, ampliando de facto unos 30 años la posibilidad de las licencias. Este era uno de los puntos más polémicos. Sin embargo, además de acortar esta posibilidad en el reglamento, Teresa Ribera también la introdujo en la ley de Cambio Climático: «Los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser estas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley 22/1988», decía la ley climática. Es decir, que existe una norma con rango de ley que reitera el cómputo de los plazos de licencias que estaría por encima del reglamento de 2014, recuerda Olabarría.

Transición Ecológica no ha respondido a preguntas de este periódico sobre si iniciará un nuevo proceso para aprobar un reglamento.

https://www.abc.es/sociedad/supremo-anula-cambio-reglamento-costas-gobierno-omision-20240208142358-nt.html  

sábado, 4 de marzo de 2023

La ley de Costas de Rajoy zozobra diez años después

Diez años después de su aprobación, la reforma de la ley de Costas del Gobierno de Mariano Rajoy en el 2013 sigue sin atar cabos. Decenas de instalaciones industriales y construcciones en el litoral aguardan la letra pequeña de la sentencia de Ence para aclarar por fin su situación mientras la Comisión Europea acaba de abrir un procedimiento de infracción contra España por ampliar las concesiones durante 75 años sin la transparencia suficiente.

“Nosotros ya le dimos al PP soluciones factibles, pero hicieron caso omiso”, afirma Carmen del Amo, presidenta de la Plataforma de Afectados por la ley de Costas, que denuncia la “indefensión” de cientos de concesiones junto al mar y que critica a los gobiernos de todos los colores por los sucesivos “parches” legales.

Decenas de fábricas y urbanizaciones esperan que el Supremo aclare si sus prórrogas son legales

La ley de Costas de 1988 daba 30 años de prórroga a las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. En 2018 vencían los plazos y, para evitar los efectos sobre industrias y viviendas, el Gobierno de Rajoy aprobó en el 2013 una reforma que permitía ampliar en 75 años las concesiones. El actual Ejecutivo también ha lanzado su propia ley, en la que puntualiza que los 75 años se aplican desde la construcción y no desde el 2013, pero sin carácter retroactivo, de modo que las ampliaciones de concesiones aprobadas en la etapa de Rajoy salen indemnes.

¿Caso resuelto? En absoluto. El ejemplo más claro es la fábrica gallega de celulosa de Ence, que recibió la prórroga, pero se encontró luego con una batalla jurídica que ha estado a punto de echarla por tierra. La Audiencia Nacional anuló la prórroga porque, como establecía la reforma de 2013, no se justificó la inexistencia de una ubicación alternativa. Sin embargo, el Supremo, con la misma ley sobre la mesa, ha dicho que el criterio debe ser otro: con un informe ambiental favorable es suficiente.

“La interpretación de la reforma de 2013 consiste en que la justicia es favorable a prorrogar mientras no exista afección al medio ambiente”, explica Francisco Javier García Martínez, el socio de Garrigues que ha defendido al comité de empresa de Ence.

Este es el punto clave, pero el Supremo aún debe redactar la sentencia, en la que se le ha pedido que siente doctrina sobre otras cuestiones y aclare por fin qué ocurre con las prórrogas del anterior Gobierno encalladas en los tribunales.

La sentencia del Supremo sobre Ence tiene a miles de personas en vilo. Por lo pronto, el tribunal ha adelantado que la concesión de una urbanización en Alicante, al no tener informe ambiental, no es válida, lo que pone contra las cuerdas a las viviendas. “¿Cómo va a tener informe ambiental una urbanización?”, se quejan en la asociación de afectados. Hay muchos casos que se han librado del problema porque nadie los ha judicializado, como ocurre con los restaurantes de la playa de la Malvarrosa, en Valencia.

¿A cuántas instalaciones afecta el desaguisado? Los actuales abogados del Estado pidieron al Supremo que use el caso Ence para fijar doctrina tras asegurar que “se han otorgado 25 prórrogas para usos expresamente prohibidos y otras 27 para usos que precisan justificar su ubicación en dominio público, estando pendientes de resolver 285 prórrogas para usos alojativos”.

En el ámbito industrial, los problemas se concentran en el litoral cantábrico. Hay un caso calcado al de Ence, el de la antigua Pontesa, que previsiblemente saldrá bien parada si se confirma el criterio del Supremo. Lo mismo ocurrirá con las conserveras gallegas. Está por ver cómo afecta el nuevo criterio a otro tipo de instalaciones. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica calculan que 23 construcciones residenciales y cinco hoteles pueden verse afectados, pero no precisan su ubicación porque las resoluciones no son públicas.

A todo esto se suma la reciente decisión de la Comisión Europea de abrir expediente a España por ampliar en 2013 las concesiones por hasta 75 años. Ence, que todavía se encuentra celebrando la supervivencia de la fábrica gallega, ha emitido un comunicado descartando que el procedimiento de infracción abierto por Bruselas pueda afectar a la prórroga de las concesiones de su fábrica de Pontevedra.

"Incluso en un hipotético escenario futuro en el que, como consecuencia de este procedimiento, España tuviera que modificar finalmente su Ley de Costas, dicha modificación no tendría en ningún caso carácter retroactivo", señala.

Los vecinos de Les Deveses exigen a Mazón que si gobierna en la Comunitat paralice el deslinde y cambie la Ley de Costas

 El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha denunciado este jueves 3 de marzo “la grave situación en la que se encuentran a lo largo de la Comunitat Valenciana numerosos municipios costeros y propietarios ante las nefastas consecuencias de la ley de costas y la apropiación indebida de terrenos para dominio público”.

Mazón ha hecho estas declaraciones en Dénia, donde se ha reunido con las 46 asociaciones que defienden el litoral por toda España, no solo en la Comunitat. Los participantes en el encuentro han sido claros y le han dicho a Mazón lo que espera de él si gobierna la Generalitat: “Que asuma la moción que redactamos los vecinos y que se aprobó en Dénia por una unanimidad”, ha indicado el portavoz de los residentes en Les Deveses, Sebastián Alcaraz.

Este documento, han recordado, reclama que se paralice el deslinde, que se cambie la Ley de Costas y que si hay alguna expropiación por el tema del dominio marítimo terrestre que se compense a las personas afectadas de forma justa. Al encuentro han asistido también el senador Vicente Martínez; la portavoz de medio ambiente del Grupo Popular en Les Corts, Elisa Díaz y la vicesecretaria de ecología y desarrollo del PP, Elena Albalat. 

Mazón ha informado ante los afectados que el Partido Popular “trabaja ya con rigor y seriedad en una nueva ley autonómica de ordenación del litoral de la Comunitat Valenciana con el fin de compatibilizar su uso con la protección, ya que la aplicación del nuevo reglamento de la Ley de Costas por parte del gobierno de España está siendo nefasto para los propietarios, que se sienten expoliados sin que Ximo Puig abra la boca para buscar soluciones”.

Derecho de la propiedad

Ha explicado que desde la administración pública “necesitamos medidas capaces de mitigar los efectos perniciosos de la ley estatal en el ámbito autonómico y ser capaces a su vez de compatibilizar el derecho a la propiedad con la actuación para preservar nuestras costas”. “Hoy aquí somos más de cien personas, he asistido a protestas en otros municipios de Valencia y de Castellón con cientos de afectados para dar apoyo a vecinos que ni siquiera pueden hacer reparaciones en sus casas”, ha explicado.

En este sentido, ha insistido en que “hay que afrontar de una vez esta tropelía ante la que el Consell de Puig ha callado sin velar un ápice por los afectados, por el turismo y por nuestras playas”, ha zanjado. Carlos Mazón se ha comprometido a llevar a cabo las principales actuaciones que necesita el municipio de Dénia y ha asegurado que “solucionaremos los problemas de movilidad de Dénia y su comarca con el tranvía Gandía-Dénia, la nueva estación de autobuses y la conexión con el puerto” y ha lamentado que “Para Puig y Sánchez, Dénia no está entre sus prioridades para llevar a cabo inversiones que generan crecimiento”.

sábado, 25 de febrero de 2023

Los afectados por la Ley de Costas claman en la Comunitat contra el «expolio» de sus viviendas

 

«No solo no puedes vender tu vivienda, repararla o hipotecarla. Es sobre todo la sensación de que te están quitando algo tuyo, y sin pagarte nada». Habla María, de Dénia, que junto a su vecina Ana Lillo ha participado en la protesta organizada este sábado por el movimiento Somos Mediterrania frente a la Delegación del Gobierno de Valencia, que tenía por objetivo visibilizar los efectos de la aplicación del reglamento que desarrolla la Ley de Costas, vigente desde mediados de 2022. De manera simultánea se han celebrado manifestaciones en Alicante, Castellón y Madrid, en este caso frente a la sede del Ministerio de Transición Ecológica.

Entre las críticas de la plataforma, en la que también hay entidades locales -algunas con representación en las concentraciones- destaca el nuevo sistema para determinar el alcance del dominio público marítimo-terrestre (que pasa a manos del Estado). Antes de la llegada del actual reglamento el criterio para fijar su extensión era el alcance de las olas en cinco temporales, y ahora se determina con la ola de mayor amplitud en un único episodio.

La entidad apuesta por fórmulas que eviten «expolios» y «derribos», en palabras de Javier Cremades, presidente de la asociación Salvem les Platges al Sud de Gandia y portavoz de Somos Mediterrania. Por ejemplo, se aboga por políticas intensivas de regeneración de playas. Así, en el peor de los casos el cálculo para realizar un deslinde (la pastilla de terreno litoral público) llegaría después de estas actuaciones medioambientales, lo que permitiría recuperar litoral y a la vez preservar propiedades privadas o municipales.

«Son miles de afectados por una ley, un reglamento y una administración de Costas que no muestra ninguna sensibilidad ni conocimiento de la realidad social y medioambiental de los territorios que debe gestionar», se decía en el manifiesto leído en las cuatro protestas. «Estos mismos días están llegando notificaciones en diferentes puntos de la geografía española afectando a miles de familias con deslindes sin sentido y avisos de destrucción de viviendas, que se suman a los tantísimos casos que desde hace años son víctimas de un mal medioambiental que no provocan», continuaba. «Territorios municipales, bienes de los ciudadanos o concesionarios que no provocan daños medioambientales ven como sus títulos (de propiedad) valen menos que el papel mojado y son constantemente privados de sus derechos fundamentales», añadía.

Cuando una propiedad se ve afectada por un deslinde la alternativa a la demolición es disponer de una concesión. Se pierde la titularidad de la vivienda, pero se puede disfrutar durante un periodo de tiempo (puede ser de 50 años prorrogables a otros 25). Eso sí, con grandes limitaciones, como las citadas por las vecinas de Dénia. «Por ejemplo tras un temporal que derribó un muro (el cerramiento de la parcela) no se te permite reconstruirlo. Lo único que puedes hacer es retranquearlo», explica Ana Lillo.

La Ley de Costas tiene como objetivo principal proteger el litoral y recuperar espacios públicos, aunque sus efectos prácticos han desatado una oleada de protestas a lo largo de la geografía española que, tras la aprobación del reglamento que la desarrolla, han cristalizado en Somos Mediterrania, conformada actualmente por 46 asociaciones. En la concentración de Valencia, en la que se ha hecho una 'performance' de deslinde, se han reunido afectados de Piles, Cullera, Gandia, El Perelló, Sagunto, Tavernes, Daimús o Miramar, entre otros.

La entidad también está de acuerdo con la idea de garantizar la sostenibilidad del litoral, pero no con los medios utilizados. «No pararemos hasta que se cambie la manera de proteger nuestra costa», recogía el manifiesto, que a continuación hacía referencia a la necesidad de actuar en el origen del problema, es decir, en las causas que han provocado la regresión de las playas, y por extensión, la mayor afección de los deslindes.

Por ejemplo plantean la liberación de sedimentos retenidos en pantanos y en instalaciones portuarias para realizar las regeneraciones pertinentes, aludiendo a la afección que han tenido en las dinámicas litorales. «No es justo que la administración del Estado consienta el avance del mar y que sus víctimas tengan que restituir el dominio público con sus bienes y con la privación de sus derechos», se ha concluido.

La alternativa de Mazón

La plataforma pide por ello la derogación del reglamento, un diagnóstico técnico riguroso con soluciones adaptadas a cada lugar «para la regeneración de nuestras playas y sus ecosistemas» y la paralización de nuevos deslindes, «absolutamente descabellados y arbitrarios al pretender expoliar los bienes de los municipios y ciudadanos».

En la concentración ha participado el presidente del PPCV, Carlos Mazón, que ha advertido de que la aplicación del nuevo reglamento «está provocando una situación muy grave en muchos municipios de la costa con la apropiación indebida de terrenos para dominio público». «No tiene ningún sentido, hace que los vecinos paguen con su dinero y no protege las playas, que están desapareciendo», ha dicho, antes de añadir que si su partido alcanza la Generalitat en las próximas elecciones promoverá una ley que evite estos efectos, como ya sucede, ha puntualizado, en Galicia.

https://www.lasprovincias.es/comunitat/costas-ley-costas-manifestacion-20230225144915-nt.html

Concentración en la Plaza de la Montañeta de Alicante para reclamar la reforma de la regulación de la Ley de Costas

Desde la plataforma SOS Albufereta explican que la actual ley "no está sirviendo para proteger a la costa ni a las personas" y añade que es "injusta con los propietarios que adquirieron su vivienda de forma totalmente legítima"

Alicante

La plataforma SOS Albufereta, junto con la Asociación de Vecinos Serra Grossa y el Movimiento "Somos Mediterránea" se han concentrado este mediodía frente a la subdelegación del gobierno de Alicante para reclamar la reforma de la regulación de la Ley de Costas que responda a las exigencias y sensibilidades de los territorios y sus habitantes.

La concentración se ha celebrado simultáneamente en Madrid, Valencia y Castellón. Un acto de protesta en defensa del litoral de la Comunitat Valenciana para pedir soluciones ante la erosión de "casi un 70 por ciento del litoral mediterráneo" y ha defendido que las costas "son compatibles con el modelo turístico y con la propiedad privada". Los afectados lamentan que no se está actuando sobre el origen del problema y sí sobre las víctimas.

Desde la plataforma explican que la actual ley "no está sirviendo para proteger a la costa ni a las personas" y añade que es "injusta con los propietarios que adquirieron su vivienda de forma totalmente legítima".

Su portavoz, Rafael Pinilla asegura que el cambio climático puede aumentar el nivel del mar y se comerá playas pero la mayor parte de los daños que tiene la costa ahora mismo se deben a los embalses que se han construido, que hace que no lleguen sedimentos a la costa; y por la construcción de puertos en el Mediterráneo.

El Estado, indica, está confiscando las viviendas de aquellos propietarios que tienen una vivienda en primera línea del mar, que cuando la adquirieron tenían 100 metros de playa y ahora tienen las olas golpeando en la puerta. "Son víctimas de las obras que se han hecho en el Mediterráneo" lamenta.

Pinilla señala que, con la regulación contradictoria que ha habido hasta ahora, en la Albufereta va a ser "virtualmente imposible resolver el problema".

Todo ello pese a la colaboración de la plataforma con la Administración de Costas a nivel provincial para reubicar la estación de bombeo de aguas residuales o para mejorar el acceso público a la costa o desocupar algunos espacios que tienen que ser de uso de los ciudadanos. "Lo que no podemos resolver a nivel de Alicante es la regulación, eso debe resolverse desde la Administración Central y que se haga con el mayor consenso político posible"

https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2023/02/25/concentracion-en-la-plaza-de-la-montaneta-de-alicante-para-reclamar-la-reforma-de-la-regulacion-de-la-ley-de-costas-radio-alicante/

El litoral de Castellón exige soluciones al Gobierno y una reforma legislativa ante la regresión

Clamor en Castelló contra la política de Costas por la "falta de diálogo" con la sociedad

Exigir soluciones dialogadas al Gobierno ante la regresión del litoral y una reforma de la actual legislación «que responda a las exigencias y sensibilidades de los territorios» fue el objetivo de la concentración convocada este sábado por el movimiento Somos Mediterránea en la plaza María Agustina de Castelló, frente a la Subdelegación.

Vecinos de localidades como Nules, Almassora, Moncofa, Orpesa o Cabanes, así como representantes políticos se sumaron a la protesta que pretendía reclamar acción a la administración central ante la erosión de «casi un 70% del litoral mediterráneo». A la práctica, los municipios padecen inundaciones y destrozos con cada temporal o tienen viviendas bajo amenaza de derribo.

Por ejemplo, la portavoz de la plataforma Morro de Gos de Orpesa --entidad adherida al movimiento--, Elena Sánchez, demandó «más actuaciones a Costas para evitar el avance del mar y la destrucción de viviendas y negocios a pie de playa», así como «la modificación de la Ley de Costas, la anulación del reglamento aprobado en agosto pasado y la regeneración de las playas, un trabajo que no se está realizando». «Tienen que hacer algo», sentenció.

Allí estuvieron presentes diferentes alcaldes y miembros del PP, entre ellos la presidenta provincial, Marta Barrachina, quien defendió que «frente a reglamentos intrusivos como los aprobados por el PSOE y planes estratégicos que solo apuestan por abandonar a su suerte las costas, hay otra forma de gestionar».

Respeto o inacción

Mientras, desde Ciudadanos asistieron el candidato a la alcaldía de Castelló, Eduardo del Pozo, y la primera edila de Orpesa, Araceli de Moya, quien declaró que «la regresión de las playas es evidente, pero también la inacción del Gobierno, que confunde, deliberadamente, respeto por el medioambiente con no hacer nada».

La estampa se repitió en otras ciudades de la Comunitat Valenciana, como Alicante o València. En esta última el presidente del PPCV, Carlos Mazón, exigió «paralizar los desmanes de la ley de costas que se cargan nuestras playas y nuestro desarrollo». Otra de los motivos de la protesta, que no resulta la primera, fue denunciar la «falta de diálogo con la sociedad civil» por parte del ejecutivo central en materia de las políticas sobre el litoral: «Ante la mano tendida para el diálogo y la profunda repercusión de esta inédita unidad que representa Somos Mediterránea, no se han producido cambios, siquiera contactos con la sociedad», señalaron.